- La Comisión refutó la aprobación de la medida; atenta contra la Constitución
- Si el Congreso ratifica las reformas, oficializará los excesos policiacos, alertó Mauro Gallardo
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco 20 /01/07
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) es ilegal, imposible y por demás sospechosa la aprobación de facto en el Congreso crear la figura del policía infiltrado, ya que generará abuso de poder contra la ciudadanía, quién se verá coartada en denunciar agresiones al cambiar de identidad el agente El primer visitador del organismo, Mauro Gallardo, además se pronunció en contra del operativo mochila implementado en Guadalajara, ya que es ilegal revisar al vendedor ambulante salvo que se detecte en flagrancia.
Aún sin conocer de fondo la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que otorgará atribuciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado para supuestamente infiltrar agentes policiacos en bandas de delincuencia organizada la CEDHJ refutó la medida aprobada el pasado miércoles en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, por ir en contra de los preceptos constitucionales.
“Nosotros hemos dado seguimiento a la iniciativa, nos daremos a la tarea de revisar qué fue exactamente lo que se aprobó; en principio es ilegal e imposible que se diera la figura de personas infiltradas, porque se tienen que cambiar de identidad. Desde luego no nos satisface, nos hace ruido, es muy sospechoso y puede generar mucho abuso de poder hacia el ciudadano”, sostuvo el primer visitador del organismo público autónomo.
Señaló que la medida legal no es sino oficializar a los abusos policiacos que mantienen en primeros lugares de quejas ante la CEDHJ a la PGJE, represiones que ahora serán parte de las atribuciones de lo que sería una policía secreta, tras beneficiar a los elementos con un cambio de identidad para evadir la acción de la justicia.
“Desde luego que van a oficializar a un elemento a través de ocultar su identidad, es una situación muy difícil de opinar porque no conocemos la iniciativa, la solicitaremos en breve a los diputados para emitir una declaración fundada”, indicó.
Externó que para aprobar la figura de un policía infiltrado, se tendría que modificar desde la Constitución, varias leyes y códigos, reformas que aún no se determinan, y que de llevarse a cabo otorgaría una protección extraordinaria a los elementos en contra de los derechos legales y civiles de los ciudadanos.
“Habría que modificar desde el código civil, la Ley de Seguridad Pública del Estado, porque señalan que todo elemento policiaco debe estar identificado con los logotipos y el uniforme de donde trabaja; son muchos puntos que tienen que ser revisados, y de momento advertimos que puede haber irregularidades en esa posible ley”, señaló.
Mauro Gallardo se mostró cauto en adelantar juicios, ya que desconoce el texto completo del decreto aprobado de facto por los diputados y que fue propuesto por el otrora secretario general de gobierno y hoy en día gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez.
“No podemos adelantar juicios hasta no conocer la iniciativa correspondiente”, externó el funcionario.
Otra de las acciones que rechazó el representante de la CEDHJ fue el operativo “mochila”, implantado por el Ayuntamiento de Guadalajara y que obliga a revisar a todo aquel ciudadano que por la sola sospecha de ser vendedor ambulante e intentar ofertar sus mercancías en la Zona Centro, será detenido, revisado y consignado por los agentes de la policía municipal.
Para la Comisión, la medida es censurable y reprobable porque es ir contra el derecho, sólo por la simple sospecha de ser considerado comerciante golondrino sea considerado en primer término como sospechoso.
“No es posible que la policía pretenda infraccionar a comerciantes en el Centro Histórico porque posiblemente estén violentando el reglamento de comercio y que desde luego esa acción, en caso de que existan efectivamente comerciantes sin permiso, los que pueden ejercer alguna acción coercitiva serán los inspectores de reglamentos. Se podrían auxiliar por los agentes cuando determinen que su vida corre peligro por agresión de algún comerciante, muy distinto sería que los agentes realizaran medidas preventivas sólo para inhibir a los infractores”.
Argumentó que la medida de la revisión sería valida en el momento en que se detectara in fraganti al comerciante ambulante, pero no al hacerla selectiva y por presunción.
“No es posible que cualquier ciudadano que pase por esa zona y que porte un bulto o una mochila con sus pertenencias o comida sea sujeto de sospecha y que pretendan revisarlo, es un acto de molestia violatorio de los derechos humanos y de la Constitución que violenta las garantías de legalidad y seguridad jurídica”.
El primer visitador estimó que hay versiones encontradas dentro del mismo ayuntamiento, ya que el director operativo de la dirección, José Francisco Ornelas Morales, esgrimió que la medida no es aplicada por los elementos bajo su mando, y su función es la de apoyo a los inspectores.
Sin embargo, reiteró que el operativo solo tendrá validez en caso de encontrar en flagrancia al vendedor, por parte de los inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia municipal que deberían aplicar los reglamentos y actuar en consecuencia al levantar el acta e incautar la mercancía.
Por último adelantó que ya iniciaron una investigación y solicitaron información al presidente municipal, Alfonso Petersen, y al director de Seguridad Pública, Macedonio Tamez, para esclarecer la forma en que se llevan a cabo los operativos de revisión a las mochilas de los supuestos sospechosos de vender mercancías en la zona centro y emitirán medidas cautelares para evitar el abuso en la medida.
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