La Jornada Jalisco - 08/01/07
Termina momentáneamente la era Azuela Guitrón y empieza la era Ortiz Mayagoitia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 2 de enero de este año, en sesión plenaria y con siete de 11 votos de los ministros que lo componen, se eligió a Guillermo Ortiz Mayagoita como nuevo presidente del máximo tribunal del país y, en consecuencia, nuevo representante formal del Poder Judicial de la Federación.
Apenas tomó protesta como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ortiz Mayagoitia se comprometió a dar continuidad a todos los proyectos iniciados e impulsados por Mariano Azuela, el presidente saliente. Se comprometió también a dar cumplimiento a los refranes de la jerga jurídica: “más vale un mal arreglo que un buen pleito”, dijo, indicando con ello la calidad y el tipo de juicios judiciales que promoverá durante los próximos cuatro años. Además, como una muestra inmediata de su “imparcialidad” Ortiz Mayagoitia ordenó a dos hijos suyos, que ocupaban puestos claves en el Consejo de la Judicatura, a que renunciaran a los mismos a efecto de no manchar la “ética” de su cargo. ¿Alguien tendrá duda de la oportuna probidad de este ministro?
Con Ortiz Mayagoitia es previsible entonces que la Suprema Corte de Justicia mantenga las líneas de continuismo, desprestigio, conservadurismo rancio y dependencia al Poder Ejecutivo como la mantuvo su antecesor.
enano
En teoría –sin los poderes fácticos que son muy poderosos y sin leyes que los sometan–, el Estado moderno mexicano se compone únicamente de tres Poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que están equilibrados y son contrapeso uno del otro. La realidad dice lo contrario.
Como uno de los tres Poderes del Estado, el Poder Judicial de la Federación está obligado, como el Estado mismo, a cumplir las leyes y tratados internacionales de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en los hechos, es de los más sordos y proclives en permitir el abuso de la ley. Apenas existe un pronunciamiento de algún organismo internacional sobre la forma discrecional de la aplicación de las leyes por los jueces en nuestro país cuando de inmediato éstos, desde los más encumbrados hasta los más sencillos, despliegan toda serie de descalificaciones hacia el organismo que osó cuestionar nuestras “perfectas” leyes, al tiempo de invocar la sacrosanta “soberanía” nacional.
El Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución de la República, se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el Tribunal Electoral y en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. El Consejo de la Judicatura, creado en 1995 gracias a las reformas que impulsó Ernesto Zedillo Ponce de León, tiene por objeto la administración, la vigilancia y la disciplina de la actuación de todos los juzgados federales, que son cerca de 560 en todo el país. ¿El Consejo ha servido?
A poco más de 10 años de la reforma al Poder Judicial de la Federación los resultados han sido magros y casi desastrosos: la calidad de la justicia deja aún mucho qué desear; no hay prácticamente ningún juicio “ejemplar” en el que podamos decir con orgullo que en México existe el estado de derecho, prevalece la impunidad a lo largo y ancho del país; la confianza ciudadana en los jueces es muy baja; son vergonzosos los salarios que perciben los ministros (de casi medio millón de pesos, en medio de una pobreza generalizada); son faraónicos y deshonestos los fideicomisos creados por los ministros para autoasignarse pensiones de ensueño, mientras que el ISSSTE, donde deberían estar incorporados, sufre de quebrantos y riesgos de cancelación para millones de jubilados. Por si lo anterior no fuera poco, la justicia es facciosa e ideológicamente de derecha, al servicio del gran capital.
Durante 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprendió una costosa consulta para reformar el Poder Judicial de la Federación, que finalmente fracasó. Se crearon muchas expectativas en torno a las grandes propuestas de cambio y transformación que requería la justicia del país; se generaron cientos de propuestas por abogados, juristas y ciudadanos en general para modernizar y limpiar un aparato de justicia pesado, burocrático, obsoleto, deficiente y coptado por familias y grupos de poder en su interior. Se propuso establecer la “agenda judicial” para el siglo XXI, y a modo de resumen y sin ser referente para ninguna decisión de fondo, se elaboró el Libro Blanco de la Reforma Judicial, que sugiere 33 acciones que nadie analiza ni discute. Para colmo de autoritarismo, se aprueba un Código de Etica que no concibe mecanismos de sanción para jueces corruptos. Hoy por hoy, lo que menos existe es una justicia pronta, completa, expedita e imparcial.
El sometimiento del Poder Judicial tanto a nivel federal como en los estados, sigue siendo un botín político para los Poderes Ejecutivos en turno. Cada seis años se le permite al Ejecutivo dar directrices políticas y controlar al Poder Judicial, cuyo poder siempre está deformado. Hoy la sociedad civil debe exigir al Poder Judicial de la federación, y a los tribunales de los estados, que den respuesta al menos a los siguientes puntos:
Uno.- Rescatar la credibilidad del Poder Judicial de la Federación. Dos.- Dar muestra clara de independencia del Poder Ejecutivo. Tres.- Impulsar una democratización de la justicia para hacerla accesible y pronta para al pueblo. Cuatro.- Determinar y ejemplificar sanciones a jueces que incumplan las leyes. Cinco.- Cumplir los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 y 40/146 de 1985, y darles amplia difusión. Seis.- Conseguir la reforma del juicio de amparo a efecto de que deje de ser un instrumento clasista. Siete.- Desmantelar los ilegales fideicomisos para la jubilación de ministros (cuyos fondos ascienden a más de 3 mil 500 millones de pesos). Ocho.-. Promover una eficaz transparencia de los recursos judiciales. Nueve.- Impulsar una auténtica carrera judicial que destierre el nepotismo, el credencialismo, la inamovilidad y los altos salarios. Diez.- Aplicar los pactos y tratados internacionales de derechos humanos como parte indiscutible que es del Estado mexicano, para que el Poder Judicial se sujete también al imperio de la ley.
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