Catástrofe poco silenciosa
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La errática política de Estado sobre las aguas que corren y se contienen en las trece regiones hidrogeográficas del país han sido, por decenios, aplicadas con una visión hidráulica —y por consiguiente reducida— cuya característica predominante se concreta a presas y tubos. Las grandes “obras para el progreso” que han significado el aseguramiento de magnas cantidades de agua para riego agrícola, generación de energía, abastecimiento humano y control de inundaciones, han de ser revisadas y superadas a la luz de los avances científicos e innovaciones tecnológicas, alternativas sociales y cambios políticos, que nos orienten a desarrollar, entre otras cosas, una nueva cultura del agua.
La incapacidad típica de los funcionarios del agua, su inmediatez y pragmatismo —por su formación o longevidad burocrática—, así como sus intereses económicos y de poder político, nos han llevado a la imposibilidad de comenzar transformaciones estructurales y cualitativas en el manejo de agua para lograr su uso eficiente y asegurarla para el devenir de las próximas demandas.
No sólo se han dejado de lado acciones de conservación de acuíferos y se han descuidado los factores naturales de aportación y recarga, para mantener en equilibrio el balance hidrológico, sino que, peor aún, las cuencas del territorio nacional están siendo por lustros contaminadas: aguas superficiales y suelos son el destino final de residuos sólidos (basura) y sus lixiviados. Por una parte, las diversas poblaciones descargan aguas residuales domésticas e industriales, y por la otra, las actividades agropecuarias generan contaminación por agroquímicos, como plaguicidas, pesticidas, fertilizantes químicos y excretores que química y bacteriológicamente —al igual que el de humanos— son de alto riesgo.
No se deben olvidar los impactos ambientales de ingenios azucareros, como el Melchor Ocampo al río Ayuquila o Pemex al río Coatzacoalcos. En el primero de los casos, no obstante la irresponsabilidad de la empresa, la entusiasta labor de rescate a la cuenca por parte de diez ayuntamientos de la sierra de Amula y la Costa Sur de Jalisco ha tenido un pírrico apoyo de los gobiernos federal y estatal. En el segundo, el ecocidio propiciado por descargas de hidrocarburos —entre otras sustancias peligrosas— ha propiciado daños de hasta 40 años para poder restaurar su equilibrio ecológico. Hechos inadmisibles, también, son lo de algunas industrias mineras y tequileras, a las que ni sistemas regulatorios como normas oficiales que cumplir e instrumentos de vigilancia y control gubernamental que realizar permiten su libre albedrío. El saneamiento y estricto control de las cuencas hidrológicas es una tarea de Estado inaplazable y su gestión ambiental a escala municipal merece un alto valor cívico y patriótico.
El agua es un bien que se está agotando y su calidad se ha degradado, propiciando daños a la salud. El colapso ambiental tiene consecuencias alarmantes a la biodiversidad y a la salud humana. Revisemos con atención las amenazas a las que estamos expuestos para asombrarnos de un país donde las profundas injusticias, además de los intereses económicos y “políticos” perversos, han llevado a la naturaleza y a la población al borde de la catástrofe que ya empezará a ocasionar mucho ruido.
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