La Jornada Jalisco - 09/01/07
Vicente Fox no se podía retirar de la Presidencia de la República sin cumplir sus compromisos de campaña, sin pagar las facturas de las deudas que contrajo para obtener el poder. Por supuesto que no me refiero al crecimiento de 7 por ciento de la economía del país ni tampoco a resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos, no, me refiero a compromisos adquiridos por el candidato y el recién desempacado presidente del cambio con los hombres más ricos de México, a quienes inmediatamente que tomó posesión les entregó dos secretarías estratégicas para que las ocuparan algunos de sus empleados cercanos.
Una de ellas, la de Hacienda, la entregó a Francisco Gil Díaz, quien hasta unos días antes de ser secretario de Estado trabajaba como director general de la empresa telefónica Avantel, empresa filial del Grupo Banamex, que pertenecía a Roberto Hernández hoy accionista del Consorcio Financiero City Group. La otra secretaría fue la de Comunicaciones y Transportes que encabezó Pedro Cerisola, quien antes de ser coordinador general de la campaña de Vicente Fox, fue un alto directivo de Telmex, la empresa estrella de Carlos Slim.
Algunos de los resultados más relevantes y controvertidos de la gestión de estos dos secretarios fueron acciones que beneficiaron a sus anteriores patrones. Debemos recordar que Roberto Hernández se vio favorecido por el “gobierno del cambio” al lograr la venta de Banamex a City Group por más de 12 mil 500 millones de dólares sin pagar un solo peso de impuestos por la transacción. Asimismo, en los últimos días del sexenio, para ser exactos el 3 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de convergencia, mejor conocido como el "Acuerdo Telmex” el cual le permite la entrada a Telmex a la carrera del “Triple Play”, es decir, la posibilidad para que operadores de telecomunicaciones utilicen su infraestructura para brindar servicios de voz (telefonía), datos (Internet) y video (televisión). Hay que recordar que Telmex es dominante en los servicios de telefonía fija con 94 por ciento y en el de servicio de Internet de banda ancha con 45 por ciento de la participación en el mercado. Telmex se beneficia porque podrá ofrecer servicios de televisión restringida sin realizar ningún pago adicional al estado, a pesar que de que la Secretaría de Hacienda se expresó en el sentido de que esta empresa tendría que realizar una contraprestación.
Otro feliz beneficiario del sexenio fue Emilio Azcárraga Jean, quien obtuvo como bono sexenal la llamada ley Televisa, que le permitirá seguir manteniendo junto con TV Azteca la hegemonía que hoy tienen en el mercado televisivo. De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Competencia, México es de los pocos países donde la concentración de la producción y distribución de los contenidos televisivos está tan restringido, ya que Televisa controla 258 de las 455 estaciones televisivas en México, es decir, 68.5 por ciento de las audiencias y TV Azteca 28.3 por ciento. Otro dato revelador es que televisa en 2005 acaparó 71 por ciento del monto total de publicidad en televisión.
Retomo estos datos porque durante este año se visualiza una batalla en el campo de las telecomunicaciones, donde el Estado no puede estar ausente y mucho menos jugar del lado de uno de los competidores, Televisa y Telmex se aproximan a librar una batalla en la que en teoría el consumidor es el que tendría que salir beneficiado. Pero el escenario no es nada alentador. De entrada, Felipe Calderón a nombrado como responsable de este sector a Luis Téllez, quien fue vicepresidente del Grupo Desc, uno de los grupos industriales más importantes en México con ventas de aproximadamente 2 mil 200 millones de dólares y casi 14 mil empleados, con participación de negocios en los sectores de la química, los alimentos, autopartes y bienes raíces. Por cierto en la página web del Grupo Desc, www.desc.com.mx, el actual secretario todavía aparece como miembro del consejo de administración y co-director del Grupo Carlyle en México en el cual trabajó hasta poco antes de ser nombrado secretario de Estado. Una descripción del Grupo Carlyle, elaborada por el Consejo Económico y Social de la ONU y retomada por la revista Proceso (no. 1571), señala que la compañía: “administra 13 mil millones de dólares en activos, participa en 164 empresas y sus beneficios actuales se elevan a 16 mil millones de dólares. Tiene relaciones de negocios con unas 450 instituciones, entre ellas bancos (ingleses, alemanes, franceses, coreanos) compañías de seguros, emires árabes, fondos de pensión públicos y privados…” según puede observarse en la página web de este consorcio transnacional, www.thecarlylegroup.com, se interesa también en el negocio de las armas, en las tecnologías de la información, en la biotecnología y en la industria farmacéutica, incluso, poseé 60 por ciento de las acciones del tradicional periódico francés Le Fígaro.
El asunto es, con la experiencia del sexenio pasado, nos damos cuenta que algunos secretarios de estado, antes que pensar en generar política públicas que beneficien a la gran mayoría de los mexicanos están pensando en quedar bien con sus anteriores empleadores, esto sin descartar que pudieran existir compromisos previos, por ejemplo privatizaciones, desregulaciones o regulaciones con dedicatoria, etc. habrá que seguir de cerca las acciones que emprenda el gobierno Felipe Calderón y revisar bien cuáles son los grupos empresariales más beneficiados de este sexenio.
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