El Consejo para la Defensa de la Costa Pacífico exige la destitución del titular de la Dgira
Fue una simulación para apoyar el desarrollo conocido como Rancho Don Andrés: Székely Sánchez
RAUL TORRES
Durante la consulta pública realizada el martes pasado en el municipio de La Huerta, Jalisco, para analizar el proyecto hotelero Rancho Don Andrés, que ejercería una fuerte presión sobre la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, no hubo ninguna objeción de carácter ambiental, porque las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impidieron arbitrariamente la participación de los grupos que se oponen a la construcción del complejo turístico.
Por esta razón, el Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico exige la destitución inmediata del titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, sobre quien ya existen al menos 19 quejas por distintas situaciones ante la Secretaría de la Función Pública.
“Fue una simulación de consulta”, aseguró en entrevista telefónica Alberto Székely Sánchez, abogado del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, quien fue excluido del evento a pesar de que se inscribió a éste desde el 19 de abril.
La intervención de Székely Sánchez se basaría en un documento enviado a los funcionarios de Semarnat días antes, y en el que, a través de 271 argumentos científicos y técnicos, se intenta demostrar la ilegalidad del proyecto Rancho Don Andrés.
Aunque los burócratas federales reconocieron haber recibido la solicitud del abogado, el día en que se llevó a cabo la consulta no lo dejaron participar, argumentando la falta de un requisito “indispensable”: un formulario al que se podía acceder a través de la página de Internet de Semarnat.
“Les demostré que había otra gente en el salón, que se había inscrito, y no estaban en la lista a pesar de que habían llenado todos los formularios que aparecían en la página de Internet; se negaron a hacerlo (dejarlos participar) y le pedí directamente al director de Impacto Ambiental, el señor Juárez, que no violara nuestro derecho de participación en la consulta y no violara nuestra garantía individual de libertad de expresión, y a pesar de ello se negó a dejarnos participar. Es evidente que el evento estaba arreglado para oír nada más a los amigos del proyecto”.
Székely Sánchez asegura que fueron seis o siete personas a las que se les impidió, de forma autoritaria, tener voz en la consulta para evitar que expusieran las irregularidades del proceso.La actitud intransigente de los representantes del gobierno federal obligó a que el apoderado del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico se retirara de la reunión para no dar su aval.
Exigen la destitución de Ricardo Juárez
“Ese funcionario debe ser cesado de inmediato de su puesto”, afirma enérgicamente Sékely Sánchez al referirse a la forma en que actuó el director de Impacto y Riesgo Ambiental.
“Es un acto más de arbitrariedad y autoritarismo del biólogo Ricardo Juárez, estoy procediendo a hacer la denuncia de responsabilidades consecuente, tengo todos los elementos de prueba necesarios”, advierte el abogado.
En su opinión, los proyectos de Tambora y Marina Careyes fueron aprobados por Juárez Palacios de manera similar, atropellando las disposiciones legales.En los últimos seis años, la Secretaría de la Función Pública ha recibido al menos 19 quejas en contra del titular de la Dgira, tal como lo publicó el pasado 16 de abril Angélica Enciso (La Jornada 8136).
Dichas quejas fueron interpuestas por grupos ambientalistas y científicos que argumentan autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) con irregularidades, a favor de empresarios y en detrimento del medio ambiente.
A este respecto, Sékely Sánchez asegura que Juárez Palacios bloqueó el acceso al MIA del proyecto Rancho Don Andrés en la página de Semarnat para que nadie pudiera estudiarlo.
“Por lo menos un mes después de presentada la Manifestación de Impacto Ambiental y subida al sitio de Semarnat en Internet, era imposible bajarla, presenté una protesta y el biólogo Juárez respondió diciendo que el promovente (los empresarios Brignone) le había puesto candado a la página de Semarnat”.
Con esta acusación de interferencia al portal de una institución federal, el funcionario intentó deslindarse de la responsabilidad, lo que demuestra que todo el procedimiento está viciado y se dirige hacia la comisión de un ilícito, sostiene Székely Sánchez.
El Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico interpondrá, por cuarta vez, una denuncia contra el funcionario de Semarnat.
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