Opinión - Jorge Rocha

Señales encontradas en seguridad pública y derechos humanos
Jornada Jalisco - 12/01/07

Las señales y acciones que los nuevos gobiernos panistas, de los distintos niveles, han estado realizando en materia de seguridad pública y derechos humanos son por demás contradictorias y en algunos casos preocupantes.

Por un lado, tanto el reciente gobierno municipal de Guadalajara como el de Zapopan, en un acto de sensibilidad social y racionalidad política, eliminaron las inconstitucionales revisiones aleatorias, los retenes en las calles y además han expresado públicamente que son decisiones en función de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que vivimos y transitamos en estas demarcaciones. Además aseguran que la mejor forma de garantizar la seguridad pública es mejorando los métodos de investigación policiaca.

Por otro lado, en entrevistas en medios electrónicos, algunos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del estado han expresado que para ellos las revisiones siguen siendo necesarias, ya que han reducido la delincuencia, claro que no proporcionan datos al respecto, ni comparativos con otros años, ni índices de efectividad. Tampoco comentan de forma detallada la manera como realizan y definen las revisiones: si es por “delito de portación de rostro”, es decir, si las personas tienen cara de presunto delincuente; si es por “melatismo”, o sea, que al miembro de la corporación policial le da una corazonada de que alguien en la calle realizará un ilícito, o algún otro pseudométodo de investigación.

El gobernador electo de Jalisco, Emilio González Márquez, no ha hecho una declaración pública al respecto, se comenta en los pasillos de la política local que Luis Carlos Nájera Gutiérrez será el próximo secretario de Seguridad Pública del estado, y aunque ha tenido acercamientos con distintas universidades para hacer un plan de seguridad pública que respete los derechos humanos y que sea efectivo en la tarea de combatir el crimen, pesan sobre él las imputaciones que diversas ONG hacen sobre su actuación en el caso 28 de mayo.

En la escena nacional el panorama es desalentador, Felipe Calderón ha puesto en manos del Ejército Mexicano la tarea de la seguridad pública y del combate al narcotráfico. Un presidente civil vestido de militar, un presidente que para tomar posesión tuvo que ponerse en manos del Estado Mayor Presidencial, un presidente que ha pedido austeridad, pero que les prometió aumento de sueldo a los militares. Un presidente que desoyó las recomendaciones internacionales de desmilitarizar las tareas de la seguridad pública.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde su primera visita a México, en 1996, ha recomendado al gobierno mexicano, en innumerables ocasiones, que desmilitarice las tareas de la seguridad pública, en primer lugar porque es anticonstitucional, ya que en nuestra Carta Magna están claramente definidas las tareas del Ejército y la Marina; y en segundo lugar, porque no tienen la preparación técnica y específica que requiere la persecución del delito, y en tercer lugar porque la historia reciente de nuestro país marca que el Ejército ha estado inmiscuido en muchos casos de violación a los derechos humanos documentados tanto por la CIDH como por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Esta tendencia a militarizar las tareas de seguridad pública se ha ido acrecentando con el paso de los años, incluso los gobiernos federales panistas la acentuaron, primero con Vicente Fox al nombrar como procurador general de la República a un militar (Macedo de la Concha) y ahora con Felipe Calderón poniendo su gobierno en manos de las fuerzas armadas.

Todo lo anterior nos refleja una política pública poco clara de parte de los gobiernos emanados del blanquiazul ante dos puntos fundamentales de la agenda nacional: la vigencia de los derechos humanos y las tareas de la seguridad pública. Parecería que los conceptos fundamentales para explicarse y comprender las acciones necesarias de esta agenda pública no están discutidos, estudiados, ni consensuados entre los miembros de Acción Nacional, por lo cual, las estrategias a seguir dependen de la buena voluntad de los políticos en el gobierno en turno, o de las presiones sociales que los impulsen a optar por una u otra vía. Como se ha señalado antes, el debate sigue siendo excluyente y dicotómico, es decir, no se ha entendido por los miembros de la clase política que una buena estrategia de seguridad pública contempla un irrestricto respeto a los derechos humanos.

Un comentario más sobre las estrategias de combate al narcotráfico. En lugar de llenar de militares las calles de algunas ciudades del país, de televisar los operativos de cientos de soldados entrando a las poblaciones, ¿no será mejor empezar a escudriñar las instancias gubernamentales para ver sus complicidades con los narcotraficantes?, dicen las señoras que mucho saben de la vida: “el buen juez por su casa empieza”.