- Preocupa que el Presidente nunca haya tocado el tema, señalan familiares de víctimas
ALFREDO MENDEZ ORTIZ - La Jornada 18/01/07
Han pasado 35 años de la detención y ejecución "extrajudiciales" de Diego Lucero Martínez, uno de los fundadores de la Liga 23 de Septiembre, ocurridas el 16 de enero de 1972 en la ciudad de Chihuahua, y la asignatura pendiente en ese y otros casos similares es la falta de justicia, asegura Diego, hijo del guerrillero, quien recibe el apoyo de miembros de organizaciones de derechos humanos.
Atrás quedó el sexenio foxista y el "fracaso" en su intención, por medio de la disuelta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), de esclarecer ese y otros casos de represión contra movimientos armados durante la llamada guerra sucia.
La exigencia ahora, dice Diego Lucero Estrada, es para el presidente Felipe Calderon, a fin de que no solape con impunidad los actos represivos de anteriores regímenes priístas, como el que encabezó el ex presidente Luis Echeverría Alvarez; de los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, así como diversas autoridades militares.
"Nos preocupa el hecho de que Calderón no se ha pronunciado respecto al caso de los 'desaparecidos políticos' de la guerra sucia; no lo hizo en campaña y menos ahora como gobernante", refirió.
"Ahora como Presidente las señales que nos manda son peores; su secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, es famoso por no respetar los derechos humanos hace dos años en Jalisco, cuando encerró a algunos altermundistas.
"Pero el propio Calderón ordenó reprimir a líderes sociales como en el caso de la APPO; además de que para nada le importan las violaciones contra las personas detenidas tras el conflicto en Atenco", puntualizó.
En conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la que estuvo acompañado por la abogada de esa organización, Luisa Pérez; del articulista de La Jornada, Marco Rascón, y del presidente de la Fundación Diego Lucero, Julio Pimentel, el hijo del ex guerrillero aseguró que el propósito fundamental de su lucha no es obtener venganza por la detención y muerte de su padre, sino "que exista registro nacional e internacional para que no se repita y mucho menos solape cualquier tipo de actos represivos desde el poder".
Al hacer un balance sobre el desempeño de la Femospp, que fue disuelta por orden del ex procurador general Daniel Cabeza de Vaca, Diego Lucero aseguró que "la fiscalía de Ignacio Carrillo Prieto no hizo nada en el caso de mi padre; sólo lograron determinar que uno de los dos autores materiales del homicidio, que vienen en los expedientes, sigue con vida.
"Ahora me entero que la fiscalía desaparece en lo oscurito, sin que a los familiares de las víctimas y las organizaciones que estaban actuando como coadyuvantes nos avisaran; nos dicen que todas las investigaciones de la guerra sucia van a pasar a la Dirección General de Investigación de la PGR".
Sin embargo, está convencido de que no fue un error, ni mucho menos una pérdida de tiempo y de recursos económicos, haber creado en el sexenio foxista la Femospp, porque "la verdad jurídica es una verdad histórica, y en ese sentido una comisión de la verdad no sirve si no se garantiza la aplicación de la justicia en el ámbito jurídico y el castigo penal de los responsables".
En opinión de Marco Rascón, existe en el actual régimen presidencial la idea de "mantener una complicidad evidente con quienes sistemáticamente han utilizado a las desapariciones políticas como medida de contención social".
Agregó que aún existe "un problema de origen que no ha logrado resolver el Estado mexicano; hay una renuencia para desprenderse de los vicios del viejo régimen".
A su vez, Julio Pimentel indicó que si bien no todo en la Femospp fue "inútil", porque esa instancia permitió que hoy se conozca más en México sobre la represión que ejercieron regímenes priístas para contener al comunismo y a los movimientos guerrilleros que lo alentaban, "no soslayamos que la asignatura pendiente sigue siendo la justicia para los familiares de cientos de desaparecidos políticos".
Diego Lucero Martínez fue detenido un día de enero de 1972 por integrantes de la policía judicial estatal y luego interrogado por agentes de la DFS, que entonces encabezaba el capitán Luis de la Barreda Moreno.
Su captura ocurrió después de un triple asalto bancario realizado en la ciudad de Chihuahua. Existen testigos de que se encontraba con vida en manos de las fuerzas policiacas y que enfrentó interrogatorios extralegales, pero fue asesinado presuntamente porque se negó a colaborar con la autoridad.
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