Alberto Osorio Méndez - Proceso Jalisco 122
Como en otros municipios, el equipo del alcalde entrante de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, se ha convertido en un banquete de caníbales; en la repartición de las cuotas de poder predomina el grupo del actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, seguido de la camarilla del gobernador electo Emilio González. El gran perdedor es el exalcalde tapatío Fernando Garza, cuyos alfiles han sido desplazados por la mala (con infundios y bloqueos) y se han tenido que refugiar en Zapopan.Apenas se están haciendo los últimos ajustes para presentar el equipo de trabajo del nuevo presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, que empezará este lunes 1 de enero su trienio (2007-2010), y los diferentes grupos políticos del Partido Acción Nacional (PAN) ya libran una lucha a muerte para adelantarse a quienes pudieran colarse como precandidatos a la presidencia municipal tapatía para 2009.
Con la imagen de un muchacho de “buena familia” y de actitudes sanas, Alfonso Petersen Farah mantiene las simpatías del panismo tradicional, en el que incluso es visto como candidato natural para la gubernatura en 2012, pero la integración de su gabinete en el municipio de Guadalajara comenzó ya a salpicarse con la guerra de señalamientos de corrupción.
El gabinete de Petersen reservó varios de los puestos más importantes para el equipo de su exjefe, el exgobernador de Jalisco y actual titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, lo que a la vez ayuda a desplazar de la estructura municipal a los funcionarios del grupo de Fernando Garza Martínez, expresidente municipal de Guadalajara, según información recabada dentro del mismo partido blanquiazul.
El primer caído en esa confrontación fue el diputado y líder del PAN en Guadalajara, Alfredo Argüelles Basave, quien hace varias semanas se perfilaba para la Secretaría General del ayuntamiento pero fue detenido en seco por un grupo de siete regidores que asumirá este lunes 1 junto con Petersen. Este grupo de panistas amagó con obstruir y echar abajo la designación de Argüelles en caso de que se concretara.
El diputado tenía otra opción: la dirección de Desarrollo Social, pero también se le vino abajo por el bloqueo de los mismos regidores, encabezados por Alejandro Madrigal.
Aunque todos los involucrados niegan que exista una confrontación por los puestos en el gobierno de Guadalajara, es evidente que en esa estrategia coinciden los intereses del grupo de Ramírez Acuña, de Eduardo Rosales (líder del PAN jalisciense) y del nuevo gobernador, Emilio González Márquez.
Bombardeo
Semanas antes de darse a conocer los nombres de los integrantes del gabinete de Petersen, se ofreció a algunos medios de comunicación una noticia bomba: los diputados Alfredo Argüelles Basave y Ricardo Ríos Bojórquez –los números uno y dos del Comité Directivo Municipal del PAN en Guadalajara, ligados al grupo de Fernando Garza– fueron señalados y exhibidos por un supuesto intento de soborno a empresarios del transporte.
El lunes 18 de diciembre, cuando faltaban sólo cuatro días para que Petersen Farah diera a conocer los primeros nombres de su gabinete, el periódico Público encabezó así su nota principal: Pidieron mordida para subir el pasaje. El balazo dice: “De trece a diez millones fue la propuesta, revelan camioneros”.
En la información, desplegada en las páginas 6 y 7 de esa edición, se afirma que “el dinero sería para los diputados del PAN Ricardo Ríos y Alfredo Argüelles”, a cambio de facilitar el aumento al precio del trasporte.
En el rotativo, que dirige el hermano del nuevo alcalde de Guadalajara, Diego Petersen Farah, esa acusación aparece sustentada en una declaración anónima de un individuo que es presentado como delegado de ruta, a quien sólo identifican como “Tito”.
Según las declaraciones hechas por ese sujeto a Público, el 24 de noviembre el director de la Mutualidad del Transporte Urbano del Estado de Jalisco (Mutujal), Fernando Soto Casillas, convocó a los integrantes de la organización para notificarles que les estaban pidiendo 10 millones de pesos para los diputados.
A Alfredo Argüelles y a Ricardo Ríos se les ubica como los beneficiarios de esa cantidad, que presuntamente se reuniría mediante la colecta de 3 mil pesos por cada permisionario y que se justificaría a través de la propuesta de reforma a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, en la cual ambos legisladores promoverían que se aumentara en un peso el pasaje y que se sometiera la tarifa a un incremento anual automático.
En entrevista con Proceso Jalisco, Argüelles Basave afirma que se trata de una maniobra burda para dejarlos fuera de la jugada en la integración del gabinete de Alfonso Petersen, y rechaza hablar sobre conflictos con el inminente alcalde tapatío. También niega que esté ligado a cualquier acto de corrupción e indica que junto con Ríos Bojórquez levantó ya una denuncia penal por difamación en la Procuraduría de Justicia del Estado en contra de quien resulte responsable.
Por su parte, Alfonso Petersen Farah entra en el juego de las negaciones y desestima la interpretación de que su gabinete esté dominado por el equipo de Francisco Ramírez Acuña, ya que, dice, ha buscado el mejor perfil para el desempeño de los distintos cargos.
De paso, rechaza que exista la intención de intervenir en la línea editorial de Público, diario que dirige su hermano Diego Petersen, aunque levantó suspicacias el manejo de las versiones sobre la presunta extorsión a los transportistas por parte de Alfredo Argüelles y Ricardo Ríos. “Se lo digo así de claro: ni el alcalde manoseará a Público ni Público manoseará la nueva administración”, afirma.
A pesar de los comentarios del nuevo alcalde, lo cierto es que en el reparto de posiciones gana el gobernador con licencia Ramírez Acuña. Por su parte, el gobernador electo Emilio González Márquez queda en segundo lugar, y Fernando Garza Martínez se convierte en el gran perdedor.
En esta circunstancia, los seguidores de este último, que en no pocas ocasiones le provocaron conflictos a González Márquez cuando era presidente municipal de esta capital, se resignan a convertirse en un grupo de huérfanos.
Por ejemplo, una de las posiciones clave, la Secretaría General del ayuntamiento, Petersen se la asignó a Alfonso Rejón Cervantes, un excolaborador de Ramírez Acuña que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Vialidad se caracterizó por llevar una relación despótica con los medios de comunicación. Muchos reporteros coincidían en que el funcionario quería tratarlos como empleados a su servicio.
Durante toda su gestión, Rejón mantuvo una relación tormentosa con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), encabezada por Carlos Corona, y le decomisó varias unidades de transporte urbano que operaban fuera de la ley, es decir, sin el permiso de la Secretaría de Vialidad.
Por su parte, la FEU siempre consideró a ese funcionario como el protector de los intereses y los prestanombres de Ramírez Acuña en los negocios ligados al trasporte público. Rejón Cervantes, según ha dicho Carlos Corona, nunca aceptó entregar a esa organización una copia de los nombres de las personas a las que se han otorgado nuevos permisos, entre quienes hay –según el dirigente de la FEU– una buena cantidad de camioneros que le trabajan a Ramírez Acuña.
Las tribus del PAN
Otra posición importante es la del secretario de Seguridad, donde Alfonso Petersen designó al exalcalde de Zapopan Macedonio Tamez Guajardo, político bien visto por amplios sectores de la población y quien, después de aspirar a la gubernatura y de reconocer problemas en el sistema interno para la selección de candidato en el PAN, ahora termina como el responsable de los uniformados municipales.
En la Tesorería estará Armando González Cantú, quien tiene experiencia en el puesto, pues como tal brincó de Zapopan a Tlajomulco con el alcalde saliente Andrés Zermeño.
A la oficina de Coordinación y Evaluación Municipal llega Víctor Martínez de Castro, quien trabajó con Ramírez Acuña como titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade). Aída Lucía Aguirre Varela es otra de las excolaboradoras de Ramírez Acuña que se integra al gabinete de Petersen como directora administrativa.
A su vez, Gilberto Toscano García de Quevedo queda como director de Obras Públicas, después de dirigir el Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe) en la administración de Ramírez Acuña.
Y con el apoyo del grupo de Fernando Garza, José María Martínez, actual coordinador de los diputados panistas, será el líder de los regidores de su partido, pero incluso ese nombramiento estaba a punto de caerse al cierre de esta edición, mientras que la dirección de Promoción Social queda en manos de Martín Camarena, exdirigente del PAN en Guadalajara y también ligado a la corriente del ingeniero Garza.
En medio de este acomodo de fichas, una de las pérdidas más grandes que ha enfrentado Alfonso Petersen en las últimas semanas es el retiro de José de Jesús Levy García, exdirigente de la Coparmex y titular de finanzas bajo la administración de Alberto Cárdenas Jiménez. Molesto por la forma en que los diferentes grupos se reparten las posiciones municipales, Levy García prefirió sumarse al equipo de trabajo de Cárdenas Jiménez en el gobierno federal (la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
Migración de garzas
El complejo escenario que ofrece Guadalajara para el trabajo político de quienes integran el equipo de Fernando Garza hace que ese grupo busque refugio en el ayuntamiento de Zapopan.
En este ayuntamiento, uno de los suyos, Juan Sánchez Aldana, ganó la presidencia municipal a pesar de todos los pronósticos y del nulo apoyo que recibió del grupo de Ramírez Acuña y de la raquítica ayuda que le dio Eduardo Rosales Castellanos desde la dirigencia estatal del PAN.
Convertido en un político lejano de los medios de comunicación, que le resultan incómodos, y fiel a las instrucciones de sus asesores, encabezados por José Roberto López –quien será su secretario particular, como lo fue de Fernando Garza Martínez–, Sánchez Aldana está resintiendo toda la presión de aquellos panistas que impulsaron a Fernando Garza en la contienda interna y que luego de la derrota buscan recuperar posiciones y algo del dinero invertido en la campaña de su gallo.
Entre esos refugiados están viejos amigos del desaparecido grupo Zapopan y exfuncionarios de Guadalajara, como Cecilia Wolf Madero, quien dirigirá el Instituto de la Cultura, mientras Antonio Diosdado Trujillo ocupará la Tesorería.
La oficina de Comunicación Social está reservada para Sergio Velasco Duarte, que siempre ha mantenido su cercanía con el grupo de Garza y desempeñó la misma función en la administración municipal de Emilio González Márquez, pese a que su relación con el hoy gobernador electo no siempre fue buena.
Vicente Viveros estará al frente de la coordinación de asesores, María Teresa Brito Serrano se desempeñará como secretaria general del ayuntamiento y el exsenador Felipe Vicencio Tovar –uno de los principales críticos de la Ley Televisa dentro del PAN– se encargará de Desarrollo Social, en una posición que podría ser de vital importancia si quiere buscar la alcaldía zapopana dentro de tres años.
Para Seguridad Pública, una de las áreas más cuestionadas durante la administración que termina –encabezada primero por Arturo Zamora Jiménez y luego por Ismael Orozco–, se designó a Francisco Martínez, quien tendrá que reinstalar en sus cargos a funcionarios cesados por la administración priista, o de lo contrario pagarles liquidaciones millonarias, como ordenan autoridades laborales y judiciales.
Al frente de la oficina de Padrón y Licencias fue nombrado Eraclio Reséndiz, mientras que a Gabriel Hernández se le asignó la de Servicios Públicos y a Leopoldo Pérez Méndez la Oficialía Mayor Administrativa.
Desde este punto de vista, Zapopan será la trinchera del grupo de Fernando Garza, quien podría regresar a Jalisco como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que su presencia resultaría incómoda para el gobernador Emilio González Márquez.
Entretanto, en Tonalá, el presidente municipal electo, Jorge Vizcarra Mayorga, tiene serios problemas desde antes de difundir los nombres de los integrantes de su gabinete.
Aunque todavía no empieza su gestión, se ve en la necesidad de hacer cambios sobre la marcha para dejar fuera a personas que, lejos de ayudarle en la administración, levantan polémica por sus antecedentes penales.
Por ejemplo, Vizcarra tenía reservado el puesto de secretario particular para Carlos Romo Guízar, pero hace unos días tuvo que dar marcha atrás porque se supo que Romo ha enfrentado cuatro denuncias penales por abuso de confianza, despojo y fraude entre 1992 y 2000.
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