Opinión - Ricardo Monreal

Atencazo judicial

Publico

Hanoi, Vietnam. Aquí, al otro lado del mundo, en el punto más equidistante de México en el planeta, nuestra desnudez es noticia. El guía del grupo de legisladores mexicanos que nos encontramos en Vietnam, atendiendo una invitación del parlamento y del gobierno de esta nación, nos muestra una foto. “Vean… Esto pasó en su país”. Es el Zócalo de la Ciudad de México, cubierto por casi 20 mil nudistas que atendieron la convocatoria del fotógrafo Spencer Tunick. Un récord cultural, como los muchos que se han impuesto en ese mismo espacio desde la época precolombina.

Sin embargo, de manera simultánea, la prensa nacional (especialmente MILENIO internet) da cuenta de otra desnudez menos artística. Más bien terrorífica y atroz. La desnudez de nuestro sistema judicial. La sentencia de 67 años con 6 meses impuesta a los líderes de Atenco, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, por el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas, por el delito de “secuestro equiparado”. Una sentencia benigna, a juicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, ya que se les pudo haber aplicado el doble de años. A esta generosa forma de aplicar la ley e impartir justicia podríamos bautizarla como el atencazo judicial.

Atenco se ha degradado. Es un asunto de revanchas y venganzas, no de justicia. Desde que estalló el conflicto en el gobierno de Fox hasta la sentencia del pasado fin de semana, la inquina ha sido el verdadero combustible de este conflicto que ha crecido bajo la sentencia de Epicuro: “La justicia es la venganza del hombre que vive en sociedad; la venganza, en cambio, es la justicia del hombre salvaje”.

Un grupo de campesinos blandiendo machetes cancelan el proyecto de inversión más ambicioso del sexenio pasado, la construcción del aeropuerto del Valle de México. Desde entonces, doblegar a los “campesinos macheteros” se volvió sinónimo de autoridad, orden y progreso, las más caras divisas porfirianas.

Un conflicto entre comerciantes ambulantes y autoridades municipales en 2006, en plena campaña presidencial y a unos meses de que las nuevas autoridades hubieran asumido el poder, se convirtió en la señal de arranque. Había que demostrar que el novel gobierno no se dejaría intimidar. Fuerzas federales y estatales tomaron Atenco aquella tarde-noche de mayo de 2006, cada una con la factura por cobrar de sus respectivos jefes bajo el brazo: la PFP cargaba con la afrenta de la cancelación del proyecto presidencial más ambicioso; la policía estatal, con la necesidad política de inaugurar el nuevo gobierno con “un acto de autoridad ejemplar”.

La revancha terminó en brutalidad policiaca, documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sancionada con la renuncia de algunos jefes de la policía estatal, a lo que ahora se responde con esta sevicia judicial o crueldad excesiva de los 67 años de cárcel dictados por Benigno, el juez.

No podemos soslayar las consecuencias previsibles del atencazo judicial. La más inmediata es su generalización por el principio de proximidad y equiparación en casos similares. Tenemos a los líderes de la APPO de Oaxaca, en la misma cárcel y con cargos similares a los de Atenco, esperando sentencia. Más los líderes de movimientos de protesta que surjan en los próximos años, por la proclividad de los actuales gobiernos de enfrentar la presión social con la represión policial.

Criminalizar la protesta social es uno de los instintos básicos de los gobiernos de derecha. Les aterra ver a los marginados, excluidos y pobres en las calles defendiendo sus derechos más elementales. El término “luchadores sociales” o “demandantes de justicia” no existe en su mapa conceptual. “Si fueran eso que dices tendrían abogados serios de despachos famosos litigando en los tribunales”, piensan muchos de ellos. “Terrorismo”, es el término con el que sienten más cómodos, seguros y confiados en esta guerra en favor del orden y la seguridad.

Por ello, la derecha actúa igual en todas partes. En la plaza de un barrio hispano en Los Ángeles, frente a migrantes hispanos exigiendo sus derechos. En la plaza de Santo Domingo, en Oaxaca, frente a ciudadanos que piden la renuncia de un gobernador.

Orden, seguridad y autoridad, son las coordenadas de la derecha. Para “socializar” estos principios tiene un ejército de maestros, la policía; una escuela, la cárcel; y una coartada paramilitar, el “terrorismo”

El atencazo judicial desnuda al Estado de derecha (no de Derecho) que se quiere implantar en el país. Hay que revestirlo y, por supuesto, revertirlo.