- Policías encubiertos se infiltrarían entre las bandas de la delincuencia organizada
- La iniciativa, convertida ya en proyecto de ley, fue promovida por Gerardo Octavio Solís
EUGENIA BARAJAS , JUAN C. G. PARTIDA - La Jornada Jalisco 18/07/01
Agentes encubiertos podrían operar en Jalisco bajo el mando de la Procuraduría General de Justicia del Estado en caso que el pleno del Congreso apruebe el dictamen que ayer pasó sin problema su última prueba en comisiones y está listo para ser sometido a votación final. De ser aprobado, los policías secretos, que supuestamente serían infiltrados en bandas de delincuencia organizada, tendrían protecciones extraordinarias que incluirían el cambio de identidad y atribuciones que les permitirían librar ordenamientos legales durante su actividad de espionaje.
La iniciativa, convertida ya en proyecto de dictamen de ley, fue promovida por el gobernador interino y ex procurador estatal Gerardo Octavio Solís Gómez, quien la envió al Congreso apenas el pasado 8 de enero y rauda pasó sin escollos en poco más de una semana la aprobación de los diputados que integran las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil.
En la exposición de motivos de su iniciativa, Solís Gómez explica lo que a su juicio es delincuencia organizada, al señalar que se trata de bandas organizadas “que se dedican a cometer robos, secuestros o cualquier otra figura catalogada en el Código Penal como típica, antijurídica, culpable y punible. Este nuevo tipo de delincuencia, que se caracteriza por hacer de su modus vivendi, una estructura sistemática y ordenada, cuyo actuar lacera a la sociedad y desestabiliza la paz y armonía social en el Estado, como ya quedó asentado, requiere de nuevos métodos de combate, a la vez de nuevas normas jurídicas que la contemplen y la sancionen.”
Entre las figuras catalogadas por el Código Penal como “típica, antijurídica, culpable y punible” se encuentran actos como el cierre de vías de comunicación, el entorpecimiento en el funcionamiento normal de las dependencias gubernamentales y, en general, la mayor parte de los delitos enumerados en el título sexto, capítulos primero y segundo, de la mencionada ley federal, los cuales comúnmente se hacen por un grupo de personas y no por un solo particular y que, por ejemplo, han sido recurrentes después de las elecciones del 2 de julio pasado por grupos que repudiaron el resultado oficial de los comicios.
Aunque aparentemente la jurisdicción de estos policías secretos estaría sujeta a lo que establece la Ley contra la Delincuencia Organizada del Estado de Jalisco –en vigor desde marzo del 2004, a iniciativa del gobernador con licencia Francisco Ramírez Acuña–, en los hechos la iniciativa no excluye a grupos sociales que pudieran ser considerados en un momento dado como delincuencia organizada a juicio de la PGJE, lo que los haría también sujetos de infiltración y espionaje.
La posible aprobación de la iniciativa de Solís Gómez se da en el marco de una escalada de acontecimientos que algunos diputados, sobre todo del Partido de la Revolución Democrática, han ligado a la posibilidad de espionaje, como la instalación de cámaras de video en el propio Congreso del Estado.
El diputado priísta Francisco Javier Hidalgo y Costilla, entrevistado sobre el dictamen que está a punto de ingresar al pleno legislativo, explicó que entre las atribuciones previstas estaría que los jueces serán irrecusables. “Esto es, en ocasiones las partes como el acusado, su defensor o el Ministerio Público pueden recusar a los jueces, en este caso no se puede y los jueces sí podrían excusarse por causas como parentesco e interés, por ejemplo”.
Señala que otro aspecto que incluye es la reserva en la información “ya que todos los documentos y archivos serán confidenciales, no públicos”.
“Se prevé por primera ocasión, la presencia de una institución que son los agentes encubiertos, aquí por acuerdo del señor procurador, fundado y motivado él puede asignar agentes encubiertos para infiltrarlos en la delincuencia organizada y obviamente que aporte información privilegiada para lograr una buena investigación”, afirmó.
Los informes que se generen y la identidad de los agentes quedarían en reserva total e incluso el propio procurador estatal puede establecer medidas para evitar, mediante el cambio de identidad, los actos que pudieran generar riesgos para su vida y la de su familia.
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