ONG informa de la visita al DF de un colectivo opositor a presa El Zapotillo.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se opone a que la presa El Zapotillo inunde sus asentamientos, logró de la Comisión Nacional del Agua (CNA), “hacer una revisión del proceso desde la perspectiva de la viabilidad social y los derechos humanos, para que se cumpla con los compromisos del convenio de colaboración de 1997 entre los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco y la CNA, de no afectar derechos de terceros”, para lo cual, personal de la dependencia visitará la zona en las siguientes semanas.
Ese fue uno de los principales resultados “del viaje de la representación de nuestras comunidades a la ciudad de México en los pasados 17 y 18 de febrero. La comitiva estuvo compuesta por 70 personas entre niños, ancianos, jóvenes y adultos, los cuales participaron en las diversas reuniones y acciones realizadas”, informó el organismo en un comunicado.
La comitiva realizó el día 17 una marcha pacífica a la sede de la CNA, y de forma simultánea, “una comisión sostuvo una reunión de interlocución con el coordinador general de Atención a Emergencias y director de Cuencas de la CNA, Raúl Vázquez y su equipo de colaboradores, ya que consideramos que el diálogo con las instancias estatales está agotado, ante sus amenazantes declaraciones, hostigamiento y promesas incumplidas”.
En la reunión, además de la señalada revisión del cumplimiento del proceso sin daño a las garantías de los moradores, “también se acordó que la CNA revisaría la forma en la que se han venido dando las declaraciones de los funcionarios federales en cuanto al proyecto y cómo ha venido trabajando esta institución en cuanto a las negociaciones con los pobladores”.
Otro acuerdo “fue que visitarían Temaca en el mes de marzo y se continuaría con el diálogo para buscar soluciones ante la negativa de las comunidades a ser reubicadas”.
Otra representación de los opositores a El Zapotillo igualmente acudió a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, en el DF, “donde pidieron a este organismo que diera seguimiento al caso y que se mantuviera al tanto de lo que sucede en las comunidades afectadas, para evitar que se sigan violando los derechos humanos de los pobladores”.
Además de diversas manifestaciones, se entregó en Palacio Nacional una carta al Presidente de la república “pidiendo que se cancelara definitivamente el proyecto” y otra más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para que estuviera atenta ante las violaciones de nuestras garantías individuales”.
Fuente: Milenio, Guadalajara/Agustín del Castillo
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