El Nigromante y la revocación del mandato

Invitado

Gerardo Fernández Noroña *

Público

El autor considera que Calderón incurre en las omisiones que el liberal mexicano definió para que un presidente salga del cargo

	Los retenes militares, un motivo para revocar el mandato de Calderón, dice Fernández Noroña. Foto: Héctor Téllez

La discusión que en la actualidad se realiza sobre la revocación del mandato ha tenido un espacio destacado en el diario MILENIO. De hecho, han tenido voz quienes han polemizado sobre el tema de manera destacada como Porfirio Muñoz Ledo y articulistas de primera línea de esta casa editorial como Ciro Gómez
Leyva, quienes han fijado su posición sobre el tema. Es en este marco que quiero contribuir al debate que, como se verá, es añejo. Las ideas que quiero compartir al respecto tienen la friolera de 152 años y fueron expuestas por Ignacio Ramírez, El Nigromante, brillante político liberal y diputado constituyente de 1857. Éste planteaba en sus propuestas al Congreso mexicano de ese año que:

Artículo 1º. “Todo individuo o persona sin excepción gozará de los derechos y obligaciones, garantías y beneficios que otorga la Carta Magna sin limitación o excepción alguna, corresponderá a los poderes de la Unión vigilar su exacta observancia y aplicación, incluyéndose al Presidente de la República, so pena de destitución por el Congreso” (las negritas y cursivas son mías en todo el texto).

Artículo 5º. “El Presidente de la República es otro empleado de la Unión. Nada más que esta designación se realiza por elección popular. El presidente deberá observar, cumplir y pregonar, con el ejemplo propio, el estricto cumplimiento de la Constitución… Por lo cual… el pueblo mexicano debe tener formas y procedimientos concretos para remover, en casos determinados en la Constitución Política al Presidente de la República si, como cualquier empleado de gobierno o particular, carece de la capacidad profesional o mental con que se ofertó al pueblo mexicano…”

A continuación, El Nigromante argumenta los casos en los que, desde su punto de vista, debe ser removido un Presidente de la República:

a) “Por traición a la patria, comprometer el patrimonio y los recursos nacionales a favor de Estados o empresas extranjeras o nacionales, en detrimento del pueblo de México o por asociarse de forma reiterada con minorías o congregaciones religiosas que promueven fueros, privilegios o exenciones legales, violando las leyes de equidad vigentes en México”. Esta condición la cubriría de sobra el actual gobierno de facto al entregar Pemex, electricidad y los energéticos sin contar con una larga lista de privatizaciones, privilegios, exenciones al gran capital y monopolios que saquean al país.

b) “Incapacidad mental o administrativa, basada en el comportamiento personal del mismo presidente…”. No necesita mayor comentario, se cubre de sobra el requisito.

c) “Mentir al pueblo de México en asuntos de interés general, así como comprometer la soberanía política o económica de la nación; falsear documentos e informes de la administración pública y desviar recursos presupuestales serán delitos graves…”. Sólo baste recordar las declaraciones respecto a que la crisis económica en Estados Unidos no nos afectaría, ya no digamos las promesas en campaña. De falsear documentos y desvíos de recursos, ni tocar el tema, ya que es inagotable.

d) “Permitir que se viole la filosofía pacifista del gobierno mexicano frente a todas las naciones o el ingreso de tropas extranjeras o policías foráneos a territorio nacional que pongan en peligro la integridad del país y su gente”. Dirán que no, pero la presencia de militares estadunidenses y la amenaza de enviar tropas con pretexto del narcotráfico ahí están.

e) “Disponer del ejército o de las fuerzas del orden público en contra del pueblo de México…” Que me lo pregunten a mí, o a los oaxaqueños que exigían la salida de Ulises Ruiz o a los civiles asesinados en retenes militares inconstitucionales.

f) “No acatar las resoluciones y leyes emanadas del Congreso”. Creo que ésta también se cumple, pero le doy el beneficio de la duda.

Así las cosas, de seis condiciones que Ignacio Ramírez plantea para revocar el mandato a un Presidente de la República y que en ningún momento propone que tengan que darse todas, con una bastaría, Calderón cumple prácticamente todas. Dicho de otra manera, Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Santos Degollado y la pléyade de brillantes liberales del siglo XIX exigirían la revocación del mandato de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Eso sin considerar su origen y su ilegitimidad.

Finalmente, y sólo como dato anecdótico adicional, el entonces arzobispo primado de México, Clemente de Jesús Murguía, comentó sobre la Constitución de 1857 (recordemos que ésta separó la Iglesia del Estado y provocó, la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, promovidas ambas por conservadores y el clero):

“La nueva Constitución que llegó a mis manos me ha causado horror y gran aflicción, por lo que sentí la necesidad de amonestar a los fieles para que no presten juramento a esa Carta Magna, ya que pueden convertirse en reos de gran pecado”.

Hay que reconocerle a Norberto Rivera Carrera que, como dice el refrán: “Lo que se hereda no se hurta”.

Los datos aquí reproducidos se encuentran en el libro Ignacio Ramírez, El Nigromante. Memorias prohibidas, escrito por Emilio Arellano (con documentos de la familia del destacado liberal, que fueron resguardados por 100 años) en Editorial Planeta edición 2009.

* Político de tiempo completo y ciudadano
de a pie

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::