La amenaza formulada el día 9 por Miguel Angel Yunes, en el sentido de despojar de todas sus prestaciones y garantías sociales a quienes se atrevan a interponer demanda de amparo en contra de la Ley del ISSSTE, corresponde perfectamente a su mentalidad de ex policía, comisionado por Elba Esther Gordillo para desmantelar esa institución de seguridad social. Ese burdo intento por intimidar a los trabajadores y frenar el repudio generalizado al atraco que constituye esa nueva ley acredita su temor a las masivas manifestaciones y paros que se han extendido en todo el país, y que en conjunto con los cientos de miles de demandas de amparo constituyen un verdadero referéndum de rechazo a la política antipopular del gobierno espurio.
Nadie, mucho menos este torvo personaje, puede negar o condicionar a los ciudadanos el ejercicio del derecho consagrado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, para recurrir al juicio de amparo en contra de cualquier acto de autoridad que viole sus garantías individuales, sin que por ello se le pueda amenazar o reprimir; por lo que no se deben tomar en serio sus balandronadas de testaferro que con esta ruin actitud nuevamente exhibe la falta de ética que lo distingue.
Por esta razón, exigimos el cese inmediato de este irresponsable funcionario, y llamamos a toda la población a expresar abiertamente su repudio a este tipo de actos.
Atentamente.
Por la ANAD: José Luis Contreras, Lauro Sol, Marina Téllez, Estela Ríos, Francisco Ramírez, Ernestina Godoy, Maricarmen Fernández, José Luis Romero, María Luisa Campos, Oscar Alzaga, Enrique León, Edith Ramírez, Antonia Hernández y 24 firmas más
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/11/index.php?
Abogados y legisladores acusan de "terrorismo laboral" al titular del ISSSTE
"Aberrante", la advertencia de Yunes de suspender derechos a inconformes
DE LA REDACCION
Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constitucionalistas, abogados laborales y legisladores calificaron de acto de "intimidación" y "aberración" las declaraciones del director general de ese organismo, Miguel Angel Yunes Linares, quien advirtió que quienes se amparen contra la nueva ley que rige al instituto y obtengan una suspensión de un juez federal podrían perder temporalmente sus derechos a los servicios y prestaciones que ofrece esa dependencia a los empleados gubernamentales.
Expertos en derecho constitucional aseguraron que se trata de una estrategia de "terrorismo laboral" que sólo busca "inhibir" la participación ciudadana en la defensa de sus garantías, pues aseguraron que no está "sujeta a la voluntad de ningún funcionario" la vigencia de obligaciones constitucionales como el derecho a la salud, y "en caso de ser amparados, a los trabajadores se les aplicará la ley que estaba vigente, con todos sus beneficios".
Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que de incurrir en la suspensión del servicio o en el disfrute de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, se podría imputar a Yunes responsabilidad penal, porque ni la salud ni los beneficios que otorga la ley son una "concesión otorgada por algún funcionario".
Miguel Angel Eraña, experto en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, señaló que "cualquier abogado, por menor que sea, tiene conocimiento de que un juicio de amparo no anula derechos. Por el contrario, se trata de una figura garantista que pretende proteger a los ciudadanos contra abusos del Estado", por lo que consideró que lo expresado por el director del ISSSTE es una "declaración de mala fe".
Por su parte, el PRD en la Cámara de Diputados consideró que la postura de Yunes Linares "constituye una agresión injustificable y desesperada" ante los miles de trabajadores que ya han recurrido al amparo contra la nueva ley de la institución.
En conferencia de prensa, diputados de ese grupo parlamentario resaltaron que es falso que el ISSSTE pueda dejar de prestar servicios a quienes se amparen, porque constitucionalmente la presentación de una demanda de este tipo no implica la pérdida o coacción del derecho a la salud.
En tanto, la Coordinadora de Trabajadores y Organizaciones en Defensa del ISSSTE recomendó a Yunes que deje que las autoridasdes judiciales dictaminen en torno a los amparos interpuestos en contra de la nueva Ley del ISSSTE "y que no se atreva a negar los servicios a los trabajadores, porque eso sería inconstitucional e ilegal".
La Unión de Juristas de México, que encabeza la representación jurídica de más de cien mil trabajadores que se han amparado contra la nueva ley del instituto, rechazó que los burócratas inconformes corran el riesgo de perder sus derechos y prestaciones médicas en caso de que obtengan una suspensión provisional.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de ese organismo, aseguró que "Yunes está tratando de sorprender e intimidar a los empleados; su actitud, grave e irresponsable, puede configurar los delitos de abuso de autoridad e intimidación, sancionados con prisión de uno a nueve años".
En tanto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación calificaron de acto de "provocación" el arribo, al filo del mediodía, de Yunes a las oficinas centrales del ISSSTE, donde los inconformes mantienen un plantón permanente para exigir la derogación de la legislación.
Tras un forcejeo con elementos de la Policía Federal Preventiva cuando intentaban evitar el ingreso del vehículo en el que se trasladaba el director general del organismo, maestros disidentes afirmaron que no caerán en nuevas provocaciones con la fuerza pública, porque "Yunes no es más que un instrumento al servicio de los intereses de Elba Esther Gordillo, y sabemos que sólo llegó para sacarse la foto y provocar un zafarrancho".
Por su lado, integrantes del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador rechazaron ayer que los burócratas que interpongan amparos se puedan ver afectados en sus derechos, pues ese procedimiento impugna artículos específicos y no la legislación en su totalidad.
Mario di Costanzo, secretario de Hacienda; Bertha Luján, titular del Trabajo, y Asa Cristina Laurell, de Salud, explicaron que de lograrse la suspensión de las reformas aprobadas lo que quedaría sin efecto serían las nuevas disposiciones, sin lesionar de ninguna manera los derechos adquiridos y la antigua normatividad.
Respecto de las declaraciones de Yunes, sostuvieron que sus advertencias sólo muestran que los operadores de Elba Esther Gordillo están desesperados ante el rotundo fracaso jurídico y social que representa la reforma a esta legislación.
La aseveración de Yunes es mentirosa, en virtud de que el derecho a la salud y a la jubilación emana de principios consagrados en la Constitución, por lo que el Estado está obligado a otorgar atención médica, seguridad social y servicios sociales a sus trabajadores en todo momento, subrayaron.
Por esta razón, resaltaron que ningún juez puede ordenar que a un trabajador se le retiren sus derechos por estar ejerciendo otra garantía consagrada en la Carta Magna.
Aseguraron que los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria no condicionan la presentación de la demanda de amparo ni su resolución a la pérdida o coacción en el ejercicio de los derechos de los asalariados.
En consecuencia, resulta absolutamente falso y tendencioso afirmar, con el objeto de amedrentar a los trabajadores, que el ISSSTE podría dejar de ejercer sus obligaciones, agregaron.
Puntualizaron que si Yunes no respeta los derechos de los burócratas incurriría en una flagrante violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que se haría acreedor a un juicio político.
Laura Poy, Enrique Méndez, Matilde Pérez y Alfredo Méndez
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/11/index.php?
Yunes: perderán derechos quienes se amparen contra Ley del ISSSTE
No habrá ninguna transacción con los inconformes, dice el director de la institución
Descalifica a grupos que promueven esos recursos; "está abierta la vía jurídica", señala
ANGELES CRUZ MARTINEZ
Los trabajadores que solicitan amparos en contra de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrían perder temporalmente los derechos a los servicios y prestaciones que les ofrece el instituto, incluida la atención médica, advirtió el director general de este organismo, Miguel Angel Yunes Linares.
"No quiero que ningún trabajador deje de recibir los servicios de la institución y de hecho, no dejaremos de dar servicio a nadie, pero si un juez lo ordena...", señaló el funcionario en velada amenaza durante la primera conferencia de prensa que ofrece luego que el Congreso de la Unión aprobó el nuevo ordenamiento que rige al ISSSTE.
Informó que hasta el pasado martes, el instituto había sido notificado de la presentación de 550 demandas de amparo, de las cuales sólo a un empleado de Querétaro le fue concedida la suspensión provisional, pero le negaron la definitiva. "Sin pretender minimizar las expresiones de rechazo" de los trabajadores, Yunes señaló que la cantidad de solicitudes, aunque fueran 60 mil, no son representativas de todos los servidores públicos, jubilados y derechohabientes del instituto, cuyo número es de unos 10 millones de individuos.
Resaltó que los promotores de las demandas de amparo, a los que luego identificó como miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), han incurrido en una actitud irresponsable al desinformar a los servidores públicos sobre los efectos de la ley, y principalmente al omitir explicaciones sobre las consecuencias que habría si el juez determina conceder la suspensión definitiva. En ese momento, para los quejosos dejaría de tener aplicación la ley y todos sus beneficios, entre ellos los servicios de salud, indicó.
Detrás de las expresiones de inconformidad hay un propósito político que, al no haber logrado frenar el proceso legislativo, intentan por la vía de los amparos, dijo el director del ISSSTE, quien incluso aseguró que "lo que hay es deseo" de los trabajadores por "conocer más y mejor" la nueva legislación.
Enseguida se refirió a las movilizaciones de protesta realizada en días recientes y que aparentemente crecerán en los siguientes, y afirmó que no habrá ningún tipo de transacción con los inconformes, como ocurría en el pasado, en que las autoridades acordaban el otorgamiento de préstamos "rojos" para acallar a los opositores.
Yunes Linares subrayó que en esta ocasión no se permitirán esas presiones, además de que descalificó a las organizaciones que promueven los amparos y a la vez impulsan paros y bloqueos en las calles. "Esto no es válido, sobre todo porque está abierta la vía jurídica" para la resolución de inconformidades, dijo.
También descartó la posibilidad de que prosperen las demandas de amparo porque la nueva ley del ISSSTE tiene su sustento en la Constitución. En todo caso, previó que la resolución de la autoridad judicial será similar a la que se dio con las inconformidades presentadas en contra de los cambios a ley del IMSS en 2004.
En esa ocasión, recordó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el amparo no procedía porque no había "derechos adquiridos" afectados, sino expectativas de derechos.
La declaración del director del instituto, se dio luego de una amplia explicación de José Enrique Ampudia Mello, secretario de la Junta Directiva del ISSSTE, sobre los beneficios de la nueva ley en el régimen de pensiones, los servicios de salud, y las prestaciones sociales.
Al respecto, Yunes Linares reconoció, por primera vez, que los servicios médicos del instituto enfrentan serias deficiencias, como el desabasto de medicamentos, retrasos de hasta 60 días en las consultas de especialidades y listas de espera de al menos cuatro años para conseguir un trasplante de órganos.
También mencionó el déficit de plazas del área médica que empezará a revertirse con la conversión de 600 puestos de trabajo desocupados del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, los cuales serán alrededor de 150 de médicos y enfermeras.
Aunque no especificó el número de plazas laborales que se requieren para mejorar la calidad de la atención médica en clínicas y hospitales, Yunes aseguró que el rezago acumulado en los pasados 25 años se empezará a subsanar en los siguientes tres o cuatro años, una vez que se definan los lineamientos del Plan Maestro en Salud y la forma en que se aplicarán los 8 mil millones de pesos que con motivo de la reforma legal entregará el gobierno por única vez entre 2007 y 2009.
Con respecto al equipamiento, dijo que se tiene previsto sustituir 25 mil equipos médicos y concluir obras que han estado abandonadas en Morelos y Acapulco, entre otras ciudades
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/10/index.php?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario