Ciudad de México, 10 de agosto de 2007
Servicio informativo núm. 161
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Sumario:
I. Revela López Obrador reunión secreta Salinas-Calderón, el sábado pasado, “porque están preocupados por el avance del movimiento de cambio auténtico que se gestó después del fraude electoral”
II. Dio a conocer el Tribunal de Justicia Popular los resolutivos de su sesión de instalación
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REVELA LÓPEZ OBRADOR REUNIÓN SECRETA SALINAS-CALDERÓN, EL SÁBADO PASADO, “PORQUE ESTÁN PREOCUPADOS POR EL AVANCE DEL MOVIMIENTO DE CAMBIO AUTÉNTICO QUE SE GESTÓ DESPUÉS DEL FRAUDE ELECTORAL”
Durante su encuentro con el pueblo de Copainalá, en el tercer día de la gira que realiza por el norte de Chiapas, López Obrador dio a conocer la realización de un cónclave Salinas-Calderón, en la Riviera Maya, el pasado sábado, en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen. “Tengo una información para todo el país”, inició esta vez su alocución el presidente legítimo de México, y vertió la información de la citada reunión.
Andrés Manuel López Obrador reveló que “el presidente pelele recibió consejos del perverso de Salinas de Gortari, para poder legitimarse ante el pueblo de México, porque no sabe qué hacer y no sólo es espurio, sino que es incapaz y totalmente mediocre”, afirmó.
En el encuentro, afirmó, “ambos personajes acordaron cómo van a enfrentar en el futuro al movimiento de transformación de México, porque no quedaron satisfechos con robarse la elección presidencial”, precisó el presidente legítimo de México. “Salinas y Calderón —subrayó— están preocupados por el avance del movimiento de cambio auténtico que se gestó después del fraude electoral del 2 de julio de 2006 y en el encuentro a escondidas se pusieron de acuerdo acerca de cómo nos van a enfrentar hacia adelante”.
Sin embargo, aclaró que seguirá con el movimiento para renovar las instituciones públicas y con el recorrido que realiza por los dos mil 500 municipios del país. “Vamos a seguir adelante, no les tenemos ningún miedo —ni a Salinas ni a Calderón—y más temprano que tarde vamos a derrotar a esa mafia”, manifestó.
López Obrador explicó así los motivos del encuentro de Salinas y Calderón: “Fue para que Calderón recibiera consejos del perverso de Carlos Salinas de Gortari. Calderón está pidiéndole consejos a Salinas, para ver cómo se va a legitimar, porque lo impuso en el cargo la mafia de la política. No sabe qué hacer, porque no sólo es espurio, sino que es incapaz, es totalmente un mediocre, eso es el presidente pelele que desgraciadamente se tiene en el país”, destacó.
En vísperas de las elecciones locales chiapanecas, en donde se renovarán 118 alcaldías, López Obrador expresó su seguridad de que no siempre triunfa el dinero sobre la dignidad y la moral del pueblo de Chiapas. “Los comicios representan una contienda política entre la dignidad y el dinero”, opinó en referencia al reparto de dinero en efectivo por parte del candidato del PRI a presidente municipal de Copainalá.
Un día antes, el presidente legítimo de los mexicanos había hecho referencia también a la necesidad de mantener la unidad de los chiapanecos de abajo.
En la reunión informativa con la comunidad de Venustiano Carranza, con la asistencia de seis mil simpatizantes de su causa, López Obrador convocó al pueblo chiapaneco a la unidad y a mantener la paz y la armonía, y condenó los enfrentamientos entre le pueblo de Chiapas. “No tenemos por qué seguir con enfrentamientos entre hermanos, quizá en otra época sí hubo justificación para ello, pero ya no; ahora tenemos que estar todos juntos y unidos.
La declaración de López Obrador se circunscribió en el marco del atentado del cual fue víctima hace poco más de un mes el candidato a la presidencial municipal de Venustiano Carranza por el Partido de la Revolución Democrática, José Bernardo Magdalena Velásquez, del que resultó herido de bala. “Desde aquí les digo que vamos a apoyar a ‘Nino’ —como llamó a José Bernardo— y contará con todo mi respaldo y mi apoyo. Mientras se recupera voy a pedirles a compañeros de México y de Chiapas para hacer campaña a favor de nuestro candidato para que él sea el próximo presidente municipal de Venustiano Carranza”, afirmó el presidente legítimo de México.
El día de hoy, en el mensaje que dirigió al pueblo de Chiapas que radica en los municipios de Francisco León, Tecpatán, Ocotepec, Coapilla y Osumacinta, López Obrador informó que en la radio y televisión se habla hasta la saciedad de la llamada reforma fiscal. Y preguntó a la ciudadanía: “¿Qué entienden de la reforma fiscal? Seguramente no podrán contestar, porque nadie sabe qué significa la reforma fiscal, porque el gobierno usurpador, con la asociación de algunos medios de comunicación, oculta la verdad”, aseguró. “Lo que quiere el gobierno usurpador es cobrar más impuestos a los trabajadores, a los productores y a los pequeños y medianos comerciantes y empresarios. En la reforma fiscal calderonista, se incluye un proyecto para aplicar un impuesto especial a la gasolina y al diesel. Ahora quieren aumentar 50 centavos el litro de la gasolina y no lo sabe la mayor parte de la gente. Con la denominada reforma fiscal, el gobierno usurpador quiere exprimir más al pueblo, quiere dejar al pueblo como un limón exprimido”, agregó.
Dio a conocer también que el presidente pelele tiene la intención de privatizar el sector energético, en particular pretende depositar el petróleo en manos del capital privado extranjero, pero, aclaró, “no vamos a permitir que siga la entrega de bienes nacionales, como el petróleo, a extranjeros”.
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DIO A CONOCER EL TRIBUNAL DE JUSTICIA POPULAR LOS RESOLUTIVOS DE SU SESIÓN DE INSTALACIÓN
Conforme a la convocatoria de distintas organizaciones sociales y ciudadanos, el pasado fin de semana se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México el Tribunal de Justicia Popular con el fin de enjuiciar a los responsables de delitos de distinta índole que agravian a la sociedad mexicana y a la humanidad entera.
Una de las organizaciones participantes, la Convención Nacional Democrática, y en particular sus núcleos de Coyoacán, han hecho llegar a servicio de noticias ISA los resolutivos adoptados, mismos que a continuación resumimos.
Bajo el considerando de que “el Estado mexicano ha abandonado el principio constitucional fundacional de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste y se ha olvidado de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, lo que ha generado una política de criminalización de las luchas sociales y de persecución, hostigamiento, represión brutal —que ha reeditado prácticas como la tortura, el asesinato político y la desaparición forzada—, “violentando en todos los casos el conjunto de las garantías individuales del pueblo”, y frente al abandono, indolencia, incapacidad y complicidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y los tres poderes de la unión: ejecutivo, legislativo y judicial, al haber abandonado sus obligaciones constitucionales, las organizaciones convocantes se constituyeron en Tribunal de Justicia Popular.
En ese carácter, manifestaron que, “ante la inutilidad y parcialidad manifiesta de los órganos de procuración e impartición de justicia mexicanos, decidieron enjuiciar a: Felipe Calderón, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto, Mario Marín, Santiago Creel, Diódoro Carrasco, César Ruiz, Roberto Albores, Rafael Macedo de la Concha, Alfredo Oropeza Garnica, Francisco Ramírez Acuña, Guillermo Galván Galván, Eduardo Medina Mora, Wilfredo Robledo, Abel Villicana, Nazario Gutiérrez, Vicente Fox, general “n”. Vargas Fozado y a Genaro García Luna, a quienes resulten responsables como probables autores intelectuales y a las fuerzas represivas de los estados de Oaxaca, Estado de México, y Policía Federal Preventiva, “así como al ejército mexicano que ha actuado inconstitucionalmente en labores de policía, reprimiendo al pueblo mexicano, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante jurisprudencia permitió la utilización del ejército en esas labores”.
El Tribunal de Justicia Popular Nacional fundamentó su trabajo en lo dispuesto por los artículos 20, apartado A, fracción VI, 39, 108 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, así como las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicos internacionales que regulan y sancionan los crímenes de lesa humanidad, respecto a los cuales México es signante y ratificante, y quedó conformado por “ ciudadanas y ciudadanos independientes, en ejercicio pleno de nuestra libertad de expresión y manifestación”.
En la sesión del 3 de agosto de 2007, fueron presentadas y ratificadas las denuncias y recibieron pruebas que “inicial e indiciariamente acreditan la probable responsabilidad de los acusados en la comisión de delitos diversos, como son los siguientes: a) ordenar y propiciar ejecuciones extrajudiciales; b) ordenar y propiciar desaparición forzada de personas; c) ordenar y propiciar la aplicación de tortura, en forma sistemática, a todos los detenidos en los diversos movimientos sociales, en particular en San Salvador Atenco y Oaxaca; [...] d) ordenar y propiciar ataques a la integridad corporal y a la salud de grupos nacionales, particularmente los pueblos indios, toda vez que los acusados han aplicado una política económica en México que ha generado 60 millones de pobres y cientos de miles que mueren de inanición cada año, especialmente nuestros niños; [..] e) ordenar y propiciar lesiones; f) ordenar y propiciar violación sexual; g) ordenar y propiciar robo; h) ordenar y propiciar allanamientos de morada; i) practicar delincuencia organizada; j) el ejercicio indebido de la función pública; y h) daños en las cosas y lo que resulte”.
Por todas las consideraciones anteriores, por la gravedad de las acusaciones “y por el terrible drama social que ese estado de cosas representa para la nación mexicana”, el Tribunal acordó la continuación del juicio, para lo cual la Procuraduría Popular Nacional procederá a recabar el mayor caudal probatorio posible, como son las denuncias de sobrevivientes de la tortura, de víctimas de los hechos punibles, de familiares, amigos, compañeros y vecinos, así como mediante diligencias, como la inspección y el levantamiento de las actas circunstanciadas en los lugares de los hechos, incluidos los nuevos testimonios y dictámenes periciales de expertos en la materia que analicen a profundidad las circunstancias que inciden en este proceso.
Expuesto y fundado lo anterior, el Tribunal Popular Nacional resolvió instaurar juicio popular en contra de los acusados “por existir indicios preponderantes suficientes, así como fuertes presunciones legales y humanas, para procesarlos.
Asimismo, en tanto el Tribunal de Justicia Popular tramita el citado juicio, se declaró a los enjuiciados inhabilitados moralmente para realizar cualquier acto o declaración a nombre del pueblo de México o de alguno de sus sectores. Asimismo, deberán permanecer dentro del territorio nacional, en calidad de arraigados, a fin de que respondan de las acusaciones que el pueblo les formula y que se realizaron ante el Tribunal.
Toda vez que los acusados no comparecieron a juicio, se les hace efectivo el apercibimiento dictado con anterioridad y para no dejarlos en estado de indefensión este Tribunal Popular les designará un defensor, para que en su nombre alegue y, en su caso, ofrezca pruebas de descargo.
Finalmente, se dispuso continuar el Juicio con apego estricto a las normas constitucionales y legales nacionales invocadas, así como de los instrumentos jurídicos internacionales a los que se hizo alusión, hasta concluir con una resolución plenamente ajustada a derecho y con base en que el Tribunal Popular Nacional es un Tribunal de Conciencia.
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