Las bombas detonadas en la ciudad de México el pasado 6 de noviembre, son la secuela de la intimidación política ejecutada por el Establishment oligárquico “TLC-Neocon”, primero con el intento de desafuero entre abril y mayo del 2005 del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y después, con el monumental fraude electoral cometido en su contra en la elección presidencial del pasado 2 de julio.
La generalización de la violencia en la ciudad de México y en otros lugares del país, tiende a repetir en mayor escala el clima de miedo que se creó durante la campaña presidencial contra Andrés Manuel López Obrador, cuando se orquestó una guerra sucia acusándolo de ser supuestamente un “radical”, un “violento”, y por ende, “un peligro para México”; guerra sucia ideada por el inefable personaje norteamericano Dick Morris, quien fue contratado como asesor electoral del candidato Felipe Calderón. La decisión de AMLO de convocar una “resistencia civil pacífica” desarmó en principio la tramoya montada para tratar de desvirtuar la emergencia del movimiento legítimo patriótico contra el TLC. Se aisló del contexto político la posibilidad de actos terroristas preplaneados como parte de una operación de caos y confusión en un escenario post electoral signado por la crispación política.
La realidad es que la propia toma de posesión de Felipe Calderón como Presidente de la República el primero de diciembre, está en entredicho debido a la pérdida de legitimidad del proceso de la sucesión presidencial. La falta de legitimidad electoral se agrava en el contexto de régimen de excepción que impera para tratar de perpetuar el modelo neoconservador del TLC y sofocar el descontento y las disidencias crecientes del propio sistema originado en el gobierno del truculento presidente Carlos Salinas de Gortari. Un régimen de excepción que no sorprende, en la medida de que se trata de una copia fiel del modelo tramado por la camarilla neoconservadora en Washington contra la Constitución de los EUA y los derechos civiles de su propia población, alegando que es una necesidad hasta que surta efecto la pregonada “guerra global contra el terrorismo”. En este caso, está también presente la intención manifiesta angloamericana de ampliar a territorio mexicano el paraguas de seguridad bajo el Comando Norte, cuya aceptación sometería a México a una condición colonial abyecta por carente de soberanía nacional, encubierta apenas tenuemente por el Tratado de Libre Comercio.
En la ciudad de México, cinco grupos, encabezados según su propio comunicado por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas, se atribuyeron los atentados terroristas perpetrados para forzar la salida del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, según lo afirman en un comunicado puesto en circulación el 6 de noviembre en la Internet en el sitio del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (www.cedema.org
Todo indica que se trata de acciones de “terrorismo sintético”, semejantes a otras que el mundo ha presenciado en los últimos cinco años. Es decir mantienen el mismo DNA de los grupos terroristas islámicos, estilo “Al-Qaeda”, que aparecen oportunamente en diferentes lugares del mundo cada vez que los neocons de Washington necesitan crear la tensión suficiente para bombear gasolina y mantener viva su doctrina de “guerra perpetua contra el terror”.
En su columna del 8 de noviembre en El Universal, el periodista Raymundo Riva Palacio, aporta datos valiosos que ratifican lo anterior. Por ejemplo los explosivos que se usaron fueron Semtex, también utilizados por grupos terroristas como ETA, Al-Qaeda y el IRA de Irlanda, lo que indica que la acción fue realizada por profesionales. Por ser un explosivo altamente mortífero existe un control del mismo muy estricto en el mundo. Sin embargo, anota, no hay ningún registro de robo reciente de este explosivo en el mundo, por lo que la pregunta obvia es de dónde vinieron.
Es evidente que los acontecimientos en México son decisivos en la estrategia neocoservadora, que ha recibido duro golpe en las elecciones del 7 de noviembre, y de ahí que el proceso electoral mexicano y sus secuelas estén a la orden del día entre las altas esferas del gobierno norteamericano, sobre todo de las que participan directamente de los asuntos de seguridad. Basta centrar la atención en uno de estos personajes, John Dimitri Negroponte, quien fuera embajador en México y ahora ocupa el cargo de Director Nacional de Inteligencia. En un testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado de EU el 2 de febrero de 2006, después de afirmar que la elección presidencial de México era de la mayor “importancia para los intereses de los Estados Unidos”, comparó a México con Haití y Afganistán: “se puede desarrollar un circulo vicioso donde un gobierno debilitado permite a criminales socavar peligrosamente la credibilidad del Estado y la Autoridad”. “Estamos particularmente preocupados por ese ciclo de países del otro lado del mundo como Afganistán, Kirguistán y Birmania, así como en otros países cercanos a casa, como Haití, Jamaica y México”.
Aunque Negroponte se refería al crecimiento exponencial del flagelo del narcotráfico en estas regiones, omitió algunas verdades. La más descarnada es el hecho de que en Afganistán, luego de la invasión norteamericana, el tráfico de drogas y la violencia entre las bandas de narcotráfico crecieron descontroladamente. También se trata de encubrir que precisamente, con anterioridad, Negroponte conquistó mala fama por su participación en la política de promoción de los contras nicaragüenses y del escándalo del Irán-contras, que involucraba operaciones de tráfico de drogas; también participó en otras operaciones sucias de inteligencia angloamericana, en síntesis, un maestro en la capacidad para manipular situaciones de enfrentamiento de grupos armados. Por último cabe mencionar que el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos –que remplaza a Donald Rumsfeld- Robert Gates, director de la CIA entre 1991-1993 en el gobierno de George Bush padre, también tuvo su tajada de participación en el Irán-contras.
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