Más allá de Gobernación...

Pedro Matías y Rosalía Vergara

Mientras algunos actores políticos le apuestan a la solución de las
demandas salariales de los maestros de Oaxaca para desactivar el
conflicto que ya cumple cuatro meses, los verdaderos protagonistas de
la lucha saben que no será tan fácil: los priistas del estado desean
la intervención de la fuerza pública, las organizaciones civiles
advierten que eso sólo sería el inicio de los enfrentamientos armados,
y comienza a oírse con más claridad la voz de los grupos radicales.



OAXACA, OAX.- La negativa del Senado a desaparecer los poderes en
Oaxaca cerró las puertas jurídicas e institucionales para arreglar el
conflicto popular-magisterial; ahora sólo quedan dos vías: la política
y el uso de la fuerza pública.

Pero el gobernador Ulises Ruiz no se quiere ir. Es más, el jueves 19
por la noche afirmó, ante las cámaras de Televisión Azteca, que este
viernes pediría el uso de la fuerza pública para desalojar a los
manifestantes del Zócalo oaxaqueño, quitar barricadas y borrar las
pintas de las calles.

Marcos Leyva, defensor de derechos humanos y miembro de la Comisión
Única de Negociación, coincide con el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo
en que los oaxaqueños ya no confían en sus instituciones y la decisión
del Senado sólo atizó la inconformidad. Ambos temen que, canceladas
las vías legales, sólo parezca viable la salida de "las armas y las
botas militares", la que de concretarse podría dar paso a un
movimiento armado.

Cruz Acevedo considera que el conflicto es resultado de 77 años de
agravios de gobiernos priistas, que Ulises Ruiz Ortiz vino a atizar. A
ello le agrega las agresiones que han sufrido los ayuntamientos con
suspensiones y desapariciones anticonstitucionales; el nombramiento
inadecuado de los titulares de los poderes; la falta de representación
legal del Estado compuesto en sus tres poderes, a través de la
procuradora que no reúne los requisitos de representación suficientes,
y el cambio de la sede de los poderes del estado, que priva al estado
de Oaxaca de su domicilio legal.

Por eso, cuestiona, cuando el presidente Fox sostiene que él no quita
ni pone gobernadores, elude responsabilidades porque la ley orgánica
de la administración pública federal le impone la obligación de
garantizar el cumplimiento del pacto federal y garantizar y hacer
valer los principios constitucionales.

Y sobre el patrullaje de seis vehículos del Ejército "para intimidar a
los pueblos de la Sierra Norte", que el lunes 16 denunciaron indígenas
zapotecos, Marcos Leyva admite que podría responder a labores de
inteligencia, pero también a la presencia de grupos armados que no
participan en el movimiento popular-magisterial y que, sin embargo,
"han de estar alertas en la lógica de una intervención de la fuerza
pública en Oaxaca".



Llamado radical



De hecho, el jueves 19 de octubre, la organización guerrillera Fuerzas
Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundió un comunicado para
llamar a los participantes de la revuelta popular-magisterial a hacer
a un lado los intereses de grupo, ya que éstos han sido el factor que
ha llevado al movimiento "al despeñadero, del cual ha sido difícil que
salga".

La organización, que apareció el 1 de diciembre de 2000 para darle la
"bienvenida a Vicente Fox", acusó a distintos "bloques" políticos del
movimiento magisterial, que lo han puesto al borde del rompimiento y
del fracaso, lo que demuestra la incapacidad de conducción estratégica
de sus líderes.

Además, el grupo hizo una lectura política: mientras "unos" –a los que
no mencionó– rebajan la lucha ideológica, otros intervienen para
posicionarse mejor. Entre éstos, dijo, se cuentan los senadores
Diódoro Carrasco Altamirano, del PAN, y José Murat Casab, del PRI, así
como el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el dirigente de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López.

"Obviamente, el grupo de Diódoro Carrasco tiene las mayores ventajas
al estar aliado con el PAN y el gobierno federal", y Murat Casab
"permanece agazapado esperando la menor oportunidad para sacar
provecho sin quemar la mayoría de sus cartuchos", señala el comunicado.

Para las FARP, Carlos Abascal juega su propio partido para mantenerse
en la Secretaría de Gobernación, mientras que el presidente electo
Felipe Calderón ejerce presión porque necesita que el conflicto se
solucione antes de que tome posesión, el próximo 1 de diciembre.



Voces por la paz



El 17 de octubre, la organización Servicios y Asesoría para la Paz
(Serapaz) envió a la Presidencia de la República, a la Secretaría de
Gobernación y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
una "iniciativa de emergencia" para "declarar un receso de 100 días en
la disputa central del conflicto en cuanto a la salida de Ulises Ruiz
del cargo de gobernador del estado".

En el documento, Serapaz reconoce la complejidad del movimiento
popular-magisterial, pero también el riesgo de que la solución
efectiva "pase por la aplicación de medidas de fuerza".

La propuesta, firmada por el obispo Samuel Ruiz, Miguel Álvarez, Pablo
Romo, Jorge Fernández Souza, Gonzalo Ituarte y Dolores González, prevé
que en esa "tregua general" se retome la búsqueda de una solución
pacífica negociada sobre la salida del gobernador, pero "en mejores y
nuevas condiciones políticas". A Ulises Ruiz se le solicita que pida
así mismo una licencia de 100 días.

Además, propone "que se suspenda todo el operativo federal que
implique la llegada de Fuerzas Armadas y policiacas, continuar el
proceso de negociación en la mesa del secretario de Gobernación con la
APPO y el magisterio que permita cumplir las demandas del magisterio,
los cambios en los mandos de seguridad y policía estatal; que se
instale un Consejo Ciudadano de Seguridad y un plan de depuración bajo
la conducción del subsecretario federal. La liberación de los presos
políticos, la cancelación de las órdenes de aprehensión –se habla de
15 o de 30–, reparación de daños derivados del conflicto y un programa
de reactivación económica" para el estado.

Serapaz sugiere complementar esas acciones con un "Operativo Civil por
la Paz" que garantice la seguridad a los plantones y las colonias que
lo requieran, para lo cual se solicitaría a la APPO y al magisterio
que retiren las barricadas y bloqueos que afectan "el libre tránsito,
y la normalidad de la vida económica y turística de la entidad".

Además, la organización civil pide que se promueva la participación de
la gente en la consulta sobre la Agenda para la Transformación
Política, la Paz y el Desarrollo de Oaxaca, con miras a realizar en
enero de 2007 "un gran Foro Oaxaqueño", donde se valore tanto el pacto
por la gobernabilidad que impulsó Abascal como la iniciativa de las
comunidades indígenas y las organizaciones sociales.



Pleito intestino



A últimas fechas, la relación entre la APPO y la Sección 22 del
magisterio no es cordial, pero tampoco está rota, como consignaron los
medios de comunicación cuando Enrique Rueda Pacheco declaró que antes
de noviembre los profesores regresarían a clases.

Durante la asamblea estatal del magisterio, Rueda Pacheco leyó la
consulta de dos preguntas sobre el regreso a clases y hasta le puso
fechas: 25, 27 o 30 de octubre. Mientras hablaba, el ala "dura" del
magisterio –que era mayoría en esa asamblea– gritaba que no aceptaban
esa propuesta.

Un ejemplo de la relación que Rueda Pacheco mantiene con sus bases:
después de la reunión del 9 de octubre en Gobernación, el magisterio
recriminó a sus representantes que sonrieran para la foto con Abascal,
mientras la tensión continuaba en su estado.

Cuando el líder les repartió copias de los primeros acuerdos a que
llegaron con el gobierno federal, una profesora le soltó: "A mí no me
traigas hojas y hojas con cosas huecas, a mí tráeme una línea que
simplemente diga que se va Ulises Ruiz".

"¡Maestro, tú empezaste, tú tienes que acabar! ¡Ulises no se ha ido,
lo tienes que sacar!", gritaron simpatizantes de la APPO afuera de la
asamblea estatal del magisterio el miércoles 18. En Radio Universidad
y en la radiodifusora La Ley del Pueblo tildan de traidor a Rueda por
anunciar el regreso a clases antes de que se conozca el resultado de
la consulta.

A su vez, Rueda Pacheco reconoció ante la prensa que los
exgobernadores Diódoro Carrasco y José Murat tienen injerencia en el
movimiento magisterial y popular. Mientras que en las asambleas de la
APPO se recriminó al líder Flavio Sosa por recibir dinero del
exgobernador y actual diputado priista José Murat.

Para completar el cuadro, en el Zócalo oaxaqueño se vive una
explicable inquietud por el asesinato de dos simpatizantes del
movimiento –el colono Alejandro García y el profesor Pánfilo
Hernández–, en tanto que en los pueblos circula un documento en el que
supuestos paramilitares priistas acusan a la APPO y al magisterio de
ser meros delincuentes y establecen el sábado a las 12 horas como
plazo para que la APPO y los maestros retiren su plantón del Zócalo de
la capital del estado, entreguen las oficinas públicas y levanten las
barricadas, "o de lo contrario se hará uso de la fuerza pública".

En consonancia, el jueves 19 por la noche, en entrevista con Pablo
Hiriart y Jaime Sánchez Susarrey en Televisión Azteca, Ulises Ruiz
adelantó que el viernes pediría la entrada de la fuerza pública para
desalojar el Zócalo: "No está a discusión la cabeza del gobernador...
Tenemos que rescatar nuestra ciudad con todos los instrumentos del
Estado que tenemos a nuestro alcance. No tiene nada que ver con los
integrantes de la APPO, sino con grupos delictivos que se han escudado
en ellos para cometer una serie de desmanes".



Loxichas otra vez



La mañana del domingo 9 de octubre, indígenas de pueblos aledaños
comenzaron a andar hacia San Agustín Loxicha, la cabecera municipal.
Un aparato de sonido los invitaba a la reunión constitutiva de la
APPO-Loxicha, que se suma a las que se han creado en 10 estados de la
República.

A cuatro meses del conflicto popular-magisterial y a una década de que
el Ejército Mexicano y el gobierno de Diódoro Carrasco los reprimieran
por sus supuestos vínculos con la guerrilla, los lugareños bajaron de
sus comunidades sin cubrirse el rostro con paliacates. Quizá fue una
forma de romper el prejuicio que los relaciona con grupos insurrectos
o un indicio de que dejaban las armas para apoyar el movimiento popular.

Ante ellos hablaron Patricia Jiménez, representante del Comité de
Mujeres Oaxaqueñas, y el profesor Donaciano Valencia Juárez, quien en
1997 estuvo preso bajo el cargo de estar vinculado al Ejército Popular
Revolucionario (EPR).

Dicen que el alcalde de San Agustín, Óscar Valencia García, los
amenazó con girarles órdenes de aprehensión si asistían a la asamblea.
Pero no esperaban apoyo de este funcionario, que primero defendió los
usos y costumbres de los Loxichas, pero después se volvió priista.

Dos militares destacados en La Sirena se asomaron a "echar un vistazo"
en la asamblea, mientras los indígenas escuchaban el discurso del
profesor Dionisio en castellano y zapoteco. "Solamente unidos podemos
mejorar nuestras condiciones de vida. Podremos sacar a quien no sabe
gobernar", expresó.

Había muchas mujeres. Sus esposos e hijos se fueron a Estados Unidos
en busca de dinero. La cifra oficial de migrantes oaxaqueños en el
país del norte es de 1 millón.

También hay niños, que no van a la escuela desde que estalló el
conflicto

http://www.proceso.com.mx/revistaint.html?arv=139429&sec=2