La Jornada
- Afirman que los argumentos de los magistrados fueron pobres y contradictorios
- Expertos censuran que se haya minimizado el impacto negativo de radio y televisión
John Akerman, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), señaló que si bien el TEPJF reconoció que hubo irregularidades generalizadas, no pudo comprobar que éstas tuvieron un efecto determinante en el resultado de los comicios, lo que resulta "muy preocupante".
Los magistrados "no dijeron que las elecciones fueron limpias ni necesariamente legales, o que prevaleció la equidad. Al contrario, que hubo vastas irregularidades, pero que ellos, como magistrados, no tuvieron suficiente información para juzgar su determinancia en el resultado".
Lo cierto es, continuó, que no se allegaron información. Subrayó que en la etapa de calificación de los comicios el TEPJF actúa de oficio. "Entonces ya no vale el pretexto o el argumento de que las partes no presentaron las pruebas.
"El tribunal no es una fiscalía, pero en casos especiales puede ordenar el perfeccionamiento de las pruebas necesarias para allegarse la información requerida para su resolución, como dice el inciso 20 del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y no lo hicieron. No pudieron anular la elección porque no tuvieron suficiente información y, a su vez, no la tuvieron porque no se la allegaron."
Elisur Arteaga, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que con la decisión del TEPJF mediante la cual se determinó la validez de la contienda electoral y se entregó la constancia de presidente electo a Felipe Calderón se polarizará aún más la sociedad mexicana, pues no sólo pasó por alto el fondo jurídico de las denuncias presentadas por la coalición Por el Bien de Todos, sino que "también es evidente que hubo prisa y presión sobre los magistrados para emitir una decisión que no cumple con las expectativas jurídicas y que contaba con elementos para declarar nula la elección".
El consenso de los magistrados, insistió, "denota que hubo instrucciones para que el fallo se emitiera en ese sentido, con una decisión parcial en la que es evidente que hubo presión y prisa de los magistrados, a quienes con toda seguridad les prometieron ascensos o posiciones, y que pronto vamos a ver que les cumplen a cada uno por su voto".
El jurista Raúl Carrancá y Rivas afirmó que la determinación del tribunal derivó de una sentencia "injusta que no estuvo apegada a derecho". Sin embargo, exhortó a la coalición Por el Bien de Todos a que acate el fallo judicial por ser "definitivo e inapelable", y que, en todo caso, prepare una demanda de juicio político contra los siete magistrados, con base en lo que establece el artículo 108 constitucional, ya que los juzgadores, con su resolución, "no atendieron a la Carta Magna, que ordena de manera clara que se invoquen y se apliquen los principios rectores de una elección: certeza, legitimidad, imparcialidad y equidad entre los contendientes".
A su vez, el también constitucionalista Clemente Valdés aseguró que si bien fue correcta la conclusión final del TEPJF, "los argumentos de los magistrados para llegar a su fallo fueron bastante pobres y algunos hasta contradictorios".
Carrancá y Rivas agregó que "irónicamente podríamos decir, al ver el fallo, que las intervenciones durante el proceso electoral del presidente Vicente Fox antes de las elecciones del 2 de julio pasado, los anuncios que denigraban a Andrés Manuel López Obrador, el asunto de Hildebrando, la participación de la Iglesia católica, etcétera, pues a lo mejor fueron producto de un sueño o de nuestra imaginación, porque cuando el tribunal dice de manera expresa que la certeza y la imparcialidad se dio, pues yo creo que están hablando de un esquema muy distinto al de la pasada elección presidencial".
Mala retórica y mala argumentación
Al respecto, Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, aseguró que pese a que el tribunal "reconoce todas las irregularidades denunciadas por la coalición, en el fallo utilizó su mala retórica y su mala argumentación jurídica para convalidar una decisión tomada de antemano, seguramente presionado desde Los Pinos y la Secretaría de Gobernación".
Señaló que una resolución judicial, para que sea legítima, debe convencer, persuadir a los ciudadanos, y esta sentencia "no nos convence a muchos millones de mexicanos, porque no es una resolución legítima: tendrá la formalidad jurídica, pero no tiene la formalidad que da la legitimidad, que dan la justeza y la buena argumentación de las decisiones".
En tanto, Lorenzo Córdoba, investigador del IIJ de la UNAM, destacó que con esta decisión concluye la etapa legal del proceso poselectoral y continúa la vía política, por lo que aseguró que es necesario "analizar los argumentos de fondo presentados por los magistrados en el dictamen y no sólo quedarnos con sus dichos públicos".
Agregó que al reconocer diversas irregularidades en el proceso, el tribunal también establece que es factible la anulación de los comicios presidenciales en caso de "graves violaciones a las condiciones de equidad y transparencia", aunque reconoció que la legislación no establece "claramente la intensidad y gravedad que deben presentar estas irregularidades", por lo que los magistrados deben contar con "sólidos argumentos jurídicos para dar sus opiniones".
El papel de los medios
En entrevista aparte, especialistas en comunicación señalaron que la decisión de los magistrados de "minimizar" la participación de los medios electrónicos en la contienda electoral revela una lectura "acotada y muy difusa del verdadero peso de poderes fácticos que ejerce el duopolio televiso y su influencia en los comicios".
Francisco Javier Esteinou, catedrático de la UAM-Xochimilco, puntualizó que es evidente que con esta decisión, el TEPJF "también se alineó con uno de los candidatos y pasó por alto uno de los factores más decisivos en la contienda: la participación irregular y sin control de los medios de comunicación electrónicos".
Por su parte, Alma Rosa Alva de la Selva, especialista de la UNAM, destacó que con la creciente injerencia del duopolio televisivo en el proceso electoral "no sólo se fortaleció el pacto histórico entre el gobierno en el poder y los medios electrónicos, sino también se consolidó la posición de las grandes empresas televisoras, que en esta elección no sólo apoyaron una campaña de descalificación y desinformación, sino que participaron activamente en el proceso para atacar a uno de los candidatos".
