Desprecio a las instituciones
Álvaro Delgado - Proceso
México, D.F., 18 de septiembre (apro).- La noche del 15 de septiembre, en el Zócalo capitalino, se registró un hecho insólito ignorado por todos los medios de comunicación: justo cuando miles de ciudadanos interpretaban el Himno Nacional, un grupo huyó, con prisa, del Palacio del Ayuntamiento. No era un pelotón irrelevante: al frente iba ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y sus acompañantes, una nube de guaruras.
Para cualquier militar, oficial o de tropa --y en general para los ciudadanos--, es inadmisible una falta a los símbolos patrios, entre ellos el himno que da identidad a los mexicanos, pero es más grave aún si el desafío proviene de un civil que tiene como responsabilidad evitar ultraje a los mismos, que es el secretario de Gobernación.
Pero tal estampa ocurrió la noche del Grito de Independencia, poco después que Alejandro Encinas, jefe de gobierno capitalino, arengó frente a la Plaza de la Constitución, con Abascal a su derecha y su antítesis, Rosario Ibarra de Piedra, a la izquierda: el representante del gobierno de Vicente Fox huyó, literalmente, cuando era entonado con solemnidad el Himno Nacional.
De ese tamaño es el respeto que Abascal tiene por los símbolos patrios.
De ese tamaño, también, es el respeto que este gobierno y sus secuaces dicen tener por las instituciones de la República, envilecidas por ellos mismos mediante su uso faccioso.
No es un dato menor la conducta de Abascal --quien esa noche padeció la repulsa de los ciudadanos congregados en la Plaza de la Constitución, que observaron un pleno respeto al himno--, porque hasta para eso existe la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
En el capítulo quinto de la ley, “de la ejecución y difusión del Himno Nacional”, se establece en el artículo 38: “El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente ley. La interpretación del himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad.”
Abascal no interpretó el Himno Nacional “de manera respetuosa”, porque ni siquiera lo hizo, urgido de huir del Zócalo que, para entonces, sólo concentraba a ciudadanos que querían disfrutar de un acto tradicional, confundido por el vocero presidencial, Rubén Aguilar, en una asonada contra su patrón.
Más grave es, todavía, el comportamiento de Abascal si, conforme el artículo 55 de esa misma ley, le confiere al secretario de Gobernación la responsabilidad “de vigilar el cumplimiento de esta ley” que, obviamente, él no observó.
Esta misma ley es la que prohíbe la alteración del escudo nacional que, en el artículo 5, dispone que deberá corresponder fielmente al modelo descrito en el artículo 2:
“El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda, sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.”
El foxismo hizo del escudo nacional una caricatura y con ello inauguró, como con la toma de protesta de Fox ante el Congreso, una conducta de sistemática violación a la Constitución y a las leyes durante todo el sexenio, incluido el desprecio a los principios democráticos en el proceso electoral del 2006. La institución presidencial fue mancillada por su propio titular, que la hizo dual y por ello condenado al desprecio.
En este tenaz comportamiento no han estado exentos los otros poderes del Estado, que constitucionalmente Fox encabeza: el más reciente episodio --para no hablar más sobre la coyuntura electoral-- es la decisión de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SJCN) sobre un caso que exhibe el envilecimiento de las instituciones: el de Lydia Cacho.
Suprimidas como prueba para acreditar la conducta criminal de Mario Marín, gobernador de Puebla, y su cómplice Kamel Nacif, Cacho deberá seguir padeciendo un proceso por ejercer con responsabilidad su trabajo sobre otro asunto vergonzoso: el abuso de niñas por estos dos personajes y una red de connivencia, al más alto nivel, que quedará impune.
Resulta que para un conjunto de ministros de la SCJN --ciertamente no todos--, Cacho no padeció violaciones graves a sus garantías individuales, no solamente porque las grabaciones que acreditan la complicidad de Marín, Nacif, Emilio Gamboa, Miguel Ángel Yunes --y otros políticos y empresarios de altos vuelos-- no son legales, sino porque la investigación que realizaron los magistrados Emma Meza y Oscar Vázquez no arrojó tal conclusión.
Queda pendiente todavía que, ¡por mayoría!, los ministros decidan efectuar una nueva investigación, pero la garantía constitucional de justicia imparcial, pronta y expedita ya quedó hecha añicos, mientras quienes actúan de manera criminal se ufanan de su poder.
Nada raro: quizá ha sido olvidado por el tiempo, salvo por los afectados, pero la SCJN cometió una injusticia que no debe quedar impune al menos en la memoria: en octubre de 1998 legalizó el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses, que llevó a la ruina a miles, quizá millones, de mexicanos.
¿Estas son las instituciones sólidas de las que se ufana esa coalición de intereses que ahora ha impuesto a un nuevo gerente? Una vez más: el problema es muy grave y la República no se sustenta ya en instituciones tan podridas como sus titulares.
Apuntes
Mal hacen quienes forman de esta coalición de intereses, y sus jilgueros, montar en cólera por la designación de Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo”. La asunción de tal cargo, que de no hacerlo era un reconocimiento tácito a la victoria de Felipe Calderón, no es tan relevante como la constitución del Frente Amplio Progresista (FAP), con sustento legal, y su agenda: ya no fue posible desarticular, con chambas, a la coalición electoral, y eso implica que Calderón habrá de seguirse refugiando sólo en el priismo, los verdes, Elba Esther Gordillo y si acaso Alternativa, así como sus patrocinadores económicos de dentro y fuera del país. Pero, también, está condenado a no cumplirle justamente a sus patrocinadores, sobre todo en materia energética y laboral, y a seguir enjaulado ante un acoso sistemático. Y si le echa una mirada a las cifras del proyecto de presupuesto para el próximo año, preparado por Francisco Gil Díaz, ¿cómo rebasará “por la izquierda” a quienes lo desprecian por ser un usurpador y un pelele? Quizá Cuauhtémoc Cárdenas le ayude…
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