Discurso del secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, Mario Di Costanzo, en el mitin del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular frente a la sede de la Asociación de Bancos de México el 3 de marzo de 2009
Compañeras y compañeros:
Estoy completamente seguro de que para muchos de nosotros el recuerdo del Fobaproa aún se encuentra fresco en nuestra memoria. Y es que para todos es una realidad que la discrecionalidad, la falta de transparencia, la corrupción y el tráfico de influencias son calificativos que aún ahora no pueden ser descontados al hablar de este tema.
Así, hoy en día resulta imposible negar que en la panza del Fobaproa se encuentran los créditos que no pagaron importantes personajes de la política, así como prominentes industriales con enorme capacidad de pago y que en algún momento decidieron transferir sus deudas a los contribuyentes, al ser rescatados por el Estado, bajo el lema de proteger los ahorros de la gente común y corriente. Parte de lo anterior lo resume el propio auditor del Fobaproa, quien concluye textualmente lo siguiente:
“Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos —aproximadamente 10 o 12— son responsables de una parte muy importante de la actividad económica. Estos grupos operan típicamente a través de varias compañías en diversos sectores, incluyendo el financiero y bancario. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participaron en los programas del Fobaproa”.
Más aún: el 21 de abril del 2003, el ahora ex vocal de la Junta de Gobierno del IPAB, Bernardo González Aréchiga, entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso sus Memorias de labores. Y en la página 13 del citado informe, refiere el siguiente párrafo:
“El terrible dilema que confrontó el Fobaproa, según uno de los responsables más importantes del rescate, se resume en la siguiente frase: ‘a raíz de la crisis bancaria de 1995, nosotros tuvimos que escoger entre cumplir la ley o reducir el costo fiscal. Optamos por violar la ley y reducir el costo fiscal’”.
Esta abierta confesión de la violación a la ley muestra que mientras que a estos grupos conformados por banqueros, prominentes industriales y políticos se les otorgó un trato preferencial, para millones de pequeños y medianos deudores, la situación fue diferente, ya que las autoridades determinaron “aplicar todo el rigor de la ley” y estas personas terminaron perdiendo sus bienes y propiedades.
Señalo lo anterior porque desde hace más de tres meses, el gobierno espurio ha venido instrumentando de manera velada una especie de Fobaproa II, dirigido a rescatar a grandes empresas, pero ahora bajo el lema de “proteger al empleo y a la planta productiva nacional”.
Este rescate consiste en que a través de Nacional Financiera, NAFIN, el gobierno, con recursos públicos, garantiza, es decir, “avala”, la deuda de las empresas que se hacen acreedoras de estos apoyos. De esta manera, y en pocas palabras, el gobierno “compra la deuda de estas empresas”, y les subsidia los dólares que requieren para solventar sus compromisos.
Cabe destacar que, a la fecha, se han gastado en esta ayuda para los grandes y poderosos más de 18 mil millones de dólares provenientes de nuestras reservas internacionales.
Sin embargo, todo esto contrasta dramáticamente con la actitud de “no me importa” que el gobierno espurio y los bancos han manifestado con respecto del problema de la cartera vencida en créditos hipotecarios y en tarjetas de crédito, y que se estima que afecta a más de un millón 800 mil personas, para las cuales no se han diseñado mecanismos de rescate.
Al mes de febrero del presente año, la cartera vencida en tarjetas de crédito ascendió a más de 38 mil millones de pesos, cifra superior en 300 por ciento a la registrada en las épocas del rescate bancario —diciembre de 1997— y 80 por ciento superior a la registrada en diciembre de 2006.
Si bien es cierto que lo anterior se explica, en buena medida, por el deterioro del ambiente económico, también lo es que el alto costo de las comisiones y las elevadas tasas de interés que cobran las instituciones bancarias han tenido mucho que ver en esta situación.
A manera de ejemplo, mientras que BBVA cobra una tasa de interés total de 80 por ciento por una tarjeta de crédito emitida en México, en España el cobro es de sólo 25 por ciento, o el caso de Banamex cuyo costo en México supera 70 por ciento, mientras que en Estados Unidos no es mayor a 10 por ciento.
Esto se debe a la concentración de las actividades bancarias en tres instituciones: Banamex-City, BBVA-Bancomer y HSBC, y a este gobierno espurio, que ha permitido que la banca en México opere como un gran oligopolio, con la absoluta complacencia del Estado mexicano, aun y a pesar de que el artículo 4º de la ley de instituciones de crédito establece que será el propio Estado el rector del sistema bancario del país.
Esto nos hace pensar que en México la banca extranjera privatizó al Estado, y no el Estado a la banca.
Así, de acuerdo con la propia Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUSEF, y de la cual su presidente es Luis Pazos, —siempre he dicho que tener a Luis Pazos en la CONDUSEF es como tener a Nazar Haro en derechos humanos—, se estima que en la actualidad existen 24 millones de plásticos y que cada usuario posee en promedio 1.5 tarjetas de crédito, lo que arroja entonces que en promedio en México existen 16 millones de personas con tarjetas de crédito.
Más aún, la propia CONDUSEF estima que cada línea de crédito revolvente que otorga uno de estos plásticos es de 17 mil pesos en promedio; en este punto, conviene preguntarnos: ¿Cómo es posible que la línea de crédito promedio de estos “plásticos” sea de 17 mil pesos, cuando de acuerdo con la encuesta ingreso-gasto de los hogares, 80 por ciento de las familias del país vive con un ingreso inferior a 9 mil 500 pesos mensuales?
Esto refleja una gran irresponsabilidad de los bancos, al haber otorgado un crédito superior en 70 por ciento al ingreso máximo de millones de familias.
Así, los bancos deben reconocer que el problema se ha potenciado por la falta de una adecuada cultura financiera, por su estrategia de utilizar el llamado “crédito al consumo” como una herramienta de penetración de mercado, por las agresivas campañas que implementaron para la colocación de plásticos y por la ampliación de líneas de crédito sin previa opinión del cliente, y careciendo de los análisis de su capacidad crediticia.
Pero más graves aún resultan los ilegales mecanismos que utilizan los bancos —y los despachos jurídicos que éstos contratan— para recuperar los adeudos de las personas que han caído en cartera vencida.
Estos mecanismos incluyen desde el acoso permanente a los deudores y a sus familias hasta el cobro “a lo chino” de las cuentas de ahorro o de nómina que los deudores poseen en las instituciones bancarias.
Cabe señalar que para que el banco pueda hacer esto, debe estar claramente estipulado en el contrato que celebró con el usuario de la tarjeta de crédito y del cual debió entregar una copia al tarjetahabiente. Por ello, si el banco no entregó dicho contrato en tiempo y forma, está imposibilitado para cobrarse “a lo chino”.
Por tanto, es conveniente que los deudores tengan muy presentes los siguientes consejos para que no se dejen sorprender por las arbitrariedades que cometen las instituciones de “agiotismo” llamadas bancos:
• No te dejes acosar por los bancos o las compañías administradoras de cartera o despachos jurídicos de cobranza.
• No firmes ninguna reestructura crediticia a menos que hayas tenido la asesoría jurídica de alguna asociación de deudores, con autoridad moral, honradez y honestidad probada.
• Los bancos no pueden congelar tus cuentas de ahorro, de nómina o de pensionado, aun cuando tengas adeudos con las instituciones bancarias si no está claramente estipulado en el contrato que firmaste cuando te otorgaron tu tarjeta de crédito.
• Existen mecanismos jurídicos para defendernos de las arbitrariedades que se cometen en contra de los deudores. Sin embargo, la atención de estos casos requiere de asesoría técnica y jurídica.
• No es un delito haber caído en cartera vencida y con más razón si perdiste tu empleo.
• Más bien, somos víctimas de la negligente política económica, implantada por el gobierno de la “estabilidad y el empleo”.
• No puedes ser embargado: una tarjeta de crédito es un “préstamo dado sin ninguna garantía”.
Finalmente, quiero señalar que hace dos semanas se presentó, por diputados del Grupo Patria —PRD, PT y Convergencia— una iniciativa para implementar un programa de apoyo y rescate a pequeños deudores, en el cual el gobierno absorbería 20 por ciento de la cartera vencida de las tarjetas de crédito; los bancos tendrían que absorber 25 por ciento; y los deudores pagarían el restante 55 por ciento de su cuenta actual en mensualidades fijas.
Compañeras y compañeros:
Es tiempo de que los mexicanos recobremos y democraticemos nuestro sistema bancario.
No permitamos, como actualmente sucede, que gobiernos extranjeros, como es el caso de Estados Unidos con Banamex, decidan sobre el sistema bancario en nuestro país.
No paguemos al agio y a la usura con la que se ha protegido a un grupo de banqueros que ni siquiera son mexicanos.
El día de hoy demandamos la atención urgente por parte de bancos y gobierno a los deudores de la banca.
Debo, no niego; pago lo justo.
Muchas gracias.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
No hay comentarios.:
Publicar un comentario