Edición del 04 de abril de 2007 Declaran ilegales seis poblados de la reserva de Montes Azules
Autoridades federales ''recomiendan'' evacuarlos; algunos tienen más de 70 años
Declaran ilegales seis poblados de la reserva de Montes Azules
Cierran la posibilidad de negociación o regularización
Tuxtla Gutierrez, Chis., 3 de abril. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó autorización para que seis poblados asentados en la reserva ecológica Montes Azules, algunos desde 1935, permanezcan en la zona, se informó hoy en una reunión de autoridades federales, las cuales señalaron que, según la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, dichas comunidades tendrán que ser reubicadas.
Los titulares de la Semarnat y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Juan Rafael Elvira Quezada y Rafael Escobar Prieto, respectivamente, se reunieron para analizar el proceso de ''reordenamiento territorial'' de los grupos asentados en la Selva Lacandona.
Ahí se dio a conocer el dictamen solicitado por la SRA para determinar si los poblados San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, Nuevo Salvador Allende, El Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio podrían legalizar su estancia en Montes Azules.
De acuerdo con el Registro Agrario, los poblados de Salvador Allende y Nuevo Salvador Allende fueron creados en 1935 por indígenas tzeltales que huyeron de las fincas de Las Margaritas, donde eran peones acasillados. Al menos tres generaciones nacieron en la selva.
Otro de los poblados, Nuevo San Gregorio, fue fundado poco antes de la resolución presidencial de 1972 que otorgó a los lacandones 614 mil hectáreas de selva, incluso en zonas que ya estaban ocupadas.
San Antonio Miramar, El Buen Samaritano y Rancho Corozal se poblaron luego del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994; algunos fueron integrantes del grupo armado. En total, son alrededor de 60 familias asentadas en las 5 mil hectáreas que comprende la reserva ecológica.
Según informó la SRA, ninguna de estas comunidades posee un documento que avale la propiedad legítima de las tierras; sin embargo, como han habitado ahí desde hace más de 70 años, se solicitó a la Semarnat un estudio para saber si se podría autorizar la permanencia de las familias.
El dictamen de hoy fue negativo. De acuerdo con la Semarnat, los pobladores están violando la Ley General de Equilibrio Ecológico, por lo que recomendó desocupar la zona.
''De acuerdo con la Semarnat no deben ser regularizados; no hay negociación y deben ser reubicados. Se estudia la posibilidad de que sean compactados y llevados a otro lugar. Están totalmente ilegales ahí y nunca van a tener certidumbre jurídica'', apuntó Escobar Prieto.
El funcionario dijo que en todo caso se autorizaría la permanencia de uno de los seis poblados y los otros cinco serían reubicados, ''eso ya no es un asunto que compete a la SRA. Nosotros apoyamos lo que diga la Semarnat'', puntualizó en relación a la negativa de los pobladores a salir de la selva.
Añadió que con la salida de los seis poblados ''ya casi estaríamos al final del proceso de regularización de la Selva Lacandona. Faltaría resolver cuatro casos de poblados que se ubican en la zona norte de los bienes comunales y dos del río Usumacinta''.
Interrogado sobre el destino de las personas que han sido desalojadas de la selva para ser reubicadas en municipios lejanos y la migración de algunas familias ante el fracaso de los proyectos de desarrollo que les fueron impuestos, Escobar Prieto justificó: ''Lo importante es que no volvieron a la selva; lo importante es preservar el medio ambiente.
''Se les dio la oportunidad de elegir los lugares donde asentarse; les construyeron casas; se les dio servicio de agua, drenaje, plantas de energía solar, escuelas. Por seis meses se les dio maíz y frijol. Naturalmente, tuvieron un cambio radical en su forma de vida, pero se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias'', comentó.
El titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quezada, se negó a hablar del asunto. El delgado estatal de la dependencia, Javier Camarena, dijo que no importa que algunos de los poblados tengan más de 70 años en la selva. ''Eso no le quita la importancia a la conservación y restauración de Montes Azules''.
Desde 2003, cuando se inició el programa de ''regularización'' de tierras en la Selva Lacandona, han sido reubicados los habitantes de ocho comunidades que formaron los poblados Santa Martha, Nuevo Magdalena y Nuevo Montes Azules.
Se pagaron a los lacandones más de 300 millones de pesos de indemnización para que cedieran la tierra a otros poblados en la Lacandona, señaló.
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