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lunes, abril 16, 2007

La privatización de la energía eléctrica, amenaza para los ríos, denuncia Mapder

Implica la apropiación de tecnología, embalses, carbón, entre otros, alerta la organización

Imagen de uno de los caudales que llegan al río Santiago, en la barranca de Huentitán Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

EMILIANO DIAZ CARNERO

La apertura de la energía eléctrica a la iniciativa privada representa una gran amenaza para los recursos naturales de la nación, en especial el agua y los ríos, denuncia el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

En el diagnóstico realizado por Gustavo Castro Soto, miembro de este movimiento, se revisan y analizan las principales amenazas que afrontan el agua y los ríos en México, ante la intención de que empresas trasnacionales controlen la producción energética, clave para la concreción de los acuerdos de libre comercio y los proyectos megarregionales como el Plan Puebla-Panamá, recientemente retomado por el gobierno federal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

El documento, presentado a principios de abril, critica los argumentos con los que los gobiernos del mundo pretenden justificar la privatización de un sector estratégico para el desarrollo del sistema capitalista y su fase actual.

“El control no es sólo por la energía de forma abstracta, sino que implica el control y la apropiación por aquello que la genera: tecnología, ríos, agua, embalses, carbón, monocultivo de oleaginosas para la producción de etanol, gas o el calor del subsuelo. En otras palabras: también de la tierra, porque incluso la energía eólica requiere de grandes extensiones de hectáreas para instalar las enormes turbinas.

En 2006, en San Petersburgo, los ministros de Finanzas del grupo de los ocho países industrializados (G8) –Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Rusia– urgieron a las naciones en desarrollo a quitar obstáculos a las compañías energéticas privadas para poder invertir en el sector a través de mecanismos legislativos y reguladores claros y aliviar la pobreza energética. Sin embargo, para los países más ricos y sus respectivas corporaciones trasnacionales de energía, los argumentos son a favor de aliviar la pobreza: “el insuficiente acceso a los servicios energéticos constituye un obstáculo al crecimiento económico y puede poner en peligro los objetivos del milenio”.

En Mexico, la Secretaría de Energía informó en 2006 que el país necesita una inversión de 46 millones de dólares de aquí a 2014 para atender la demanda anual de electricidad, que se proyecta crezca 5.2 por ciento.

El mayor reto que enfrenta la dministración federal actual, asegura el documento, es enfrentar una resistencia más organizada en favor de los ríos y en contra de la construcción de presas que, a diferencia de las construidas en la década de los 50, con 40 años de vida oficial y que actualmente están en pésimas condiciones, está más preparada para afrontar los engaños, trampas y prepotencia de los abogados de la Comisión Federal de Electricidad(CFE).
El informe presenta algunos de los datos más relevantes de diferentes casos en nuestro país, aquí algunos de ellos:

Este es el foco rojo más importante, debido a la resistencia que por casi cuatro años lleva el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quienes han interpuesto tres amparos y han generado una ola enorme de movilización y resistencia. Cuatro muertos, heridos, desalojos violentos y represión ha sido el saldo que han tenido que sufrir los campesinos que podrían ser desplazados por una presa que inundaría más de 17 mil hectáreas de tierras y desplazaría a 25 mil campesinos directamente y otros 17 mil río abajo sin tomar en cuenta a los pescadores.

Fue la obra más importante del gobierno del presidente Vicente Fox. En ella, las comunidades fueron mal indemnizadas y desplazadas a ridículas viviendas mal construidas que ahora muestran cuarteaduras. La experiencia fue amarga para los pobladores del ejido Cantiles, que tuvieron que enfrentarse a los engaños, trampas, abusos, mentiras, acciones hostiles e ilegales de la CFE.

Incluso trascendió que Federico Schroeder, presidente de la obra por parte de la CFE, llegó a ofrecer varios millones de pesos por la cabeza de uno de los principales líderes de los afectados.

El Cajón es parte de un sistema de 27 proyectos de la cuenca del Río Santiago, que cruza los estados de Nayarit y Jalisco con un potencial hidroenergético de 4 mil 300 MW. De este sistema sólo se ha desarrollado 32 por ciento, representado por la construcción de seis centrales. El Cajón ocupa el segundo lugar en potencia y generación, después de la Central de Aguamilpa.

En lugar de contrarrestar el 43 por ciento del agua que desperdicia la ciudad de Guadalajara, se pretende construir esta presa para dotar a la segunda ciudad más grande del país con aguas altamente contaminadas que descargan más de 300 empresas, además de las aguas negras. Sería la obra más costosa del gobierno estatal (originalmente 6 mil 700 millones de pesos) en la llamada barranca Oblatos-Huentitán, y se pretende iniciar su funcionamiento a partir de 2007. El Congreso local ya ha aprobado el crédito para su construcción. La presa se construirá en la conjunción de los ríos Verde y Santiago; tendrá un embalse que inundará 803 hectáreas; una cortina de 520 metros de longitud y una altura de 140 metros; un vertedor de cresta libre de 250 metros de longitud y con una capacidad de almacenamiento de 404 millones de metros cúbicos de agua según el diseño original.

Para la construcción, un poblado de 170 habitantes ha sido desplazado en medio de muchas presiones por el gobierno y los intereses creados en torno a la construcción de la represa. El rechazo de la sociedad y organismos civiles contra ésta es fuerte. Existen 12 amparos contra la presa y el informe realizado por la Organización Panamericana de la Salud confirmó los datos sobre los peligros que representa para la salud y la imposibilidad de usar esa agua para consumo humano. Sin embargo, los intereses políticos y económicos han hecho que avance en un 30 por ciento con el respaldo financiero del BID.

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