Embarazo, aborto e interés público

Roberto Blancarte

¿Quién debe decidir? El del aborto es, por supuesto, un debate muy complejo. Pero ha sido sumamente benéfico que éste se haya dado y que las verdades supuestamente establecidas para la eternidad, religiosas o filosóficas, no se den más por sentadas. Debemos felicitarnos de que ya no hay excomuniones que amedrenten o legislaciones imposibles.

Al final, después de argumentos sociales, legales, clínicos, filosóficos, religiosos, científicos y hasta emocionales e irracionales, para mi gusto, la discusión sobre la despenalización del aborto se resume a un punto: ¿debe tener la mujer el derecho a interrumpir su embarazo o es algo que ella sola no debe decidir? La historia, hasta hace unas cuantas décadas, muestra que las sociedades les negaban ese derecho a las mujeres. Luego, se entendió que en circunstancias muy precisas podían hacerlo; si el embarazo era producto de violencia, es decir, sin consentimiento, si la vida de la mujer corría peligro o si se identificaban malformaciones genéticas que afectarían al producto y a la vida de quien lo traería a este mundo. Se estaba, en cualquier caso, reconociendo que la mujer sola, sin intervención siquiera de la persona que la embarazó, podía decidir sobre ese embrión que se convertiría en un recién nacido después de largos nueve meses. Las decisiones de las cortes y tribunales enfatizarían el derecho de la mujer a decidir, de manera privada y personal, sobre dicho producto en sus primeras etapas.

Hay, por el contrario, quienes pensaron durante dos mil años o más que las mujeres no podían tomar esas decisiones, sino que eran los hombres o la sociedad los que podían decidir que, pese a violencias e imposiciones de todo tipo, las mujeres no podían decidir sobre eso que traían en sus propios cuerpos. Que les gustara o no, estaban en la obligación de tenerlo. Y todo eso a pesar de que la pareja o la sociedad no se hacían responsables del recién nacido, ni de su educación, ni de su cuidado, ni de su desarrollo psicológico o de sus actos posteriores.

En términos sociales, siempre queda la duda de si esa decisión debería de corresponder exclusivamente a la mujer o si, por el contrario, la sociedad debería, como casi ha sido el caso hasta ahora, prescindir de su opinión, lo cual equivale a considerarla como un simple organismo reproductivo sin derecho a decidir sobre lo que sucede en su propio cuerpo. Hay otros que opinan que la decisión no debe dejarse exclusivamente a la mujer sino que debería corresponder a la pareja. Para mi gusto, idealmente así debería de ser. Pero eso implica que el embarazo fue hecho a partir de una relación sexual con consentimiento de la mujer, que si la mujer no desea criarlo, el hombre se hará responsable del bebé desde que nace hasta su mayoría de edad y además que la mujer está de acuerdo en tenerlo en su vientre para entregarlo al nacer. De todas maneras, sigue siendo una imposición a su persona durante muchos meses llevando un producto que no desea. No parece la mejor salida. Si es al revés (es decir, si es la mujer la que quiere mantener el producto y el hombre no), los problemas son distintos porque ella asume buena parte del riesgo y la responsabilidad. La verdad es que hasta hace poco los hombres no tenían que preocuparse de embarazar a las mujeres porque no asumían la responsabilidad de sus actos. Y hay muy pocos a los que les interesaba criar un bebé solos. Así que no les preocupaba mucho el derecho a decidir del hombre. No es sino hasta hace unos cuantos meses que en México la corte decidió que la mujer puede hacer económicamente responsable al padre, a partir de un examen de DNA. Eso quizás empujará a algunos hombres a preocuparse por la decisión que eventualmente pueda tomar una mujer para continuar su embarazo.

De esa manera, dado que los hombres no parecen reivindicar el derecho a decidir a título individual acerca de la interrupción o continuación del embarazo, con las consecuencias que esa responsabilidad supone (criar solos al bebé), lo cierto es que la decisión le corresponde o bien a la mujer, o bien a la sociedad que la limita en esa decisión, en aras del bien común o el interés público. Y eso es lo que está en juego ahora. Porque la verdad es que este bien común y el interés público no dictan que las mujeres deban mantener embarazos no deseados. Hay muy pocas razones para que la sociedad pretenda preservar esos embarazos, muchos de los cuales son de jovencitas que no tienen ni la menor idea de qué hacer ni ganas de llevar adelante un embarazo que sólo les va a trastornar completamente el curso normal de sus vidas.

Lo ideal es que los bebés sean deseados y queridos por ambos padres, lo cual es apenas el primer requisito para una vida digna. Pero eso la sociedad no puede garantizarlo. Así que no veo en nombre de qué visión del bien común o de qué interés público se quiera seguir obligando a las mujeres a llevar adelante sus embarazos y negarles el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Si esta legislación es aprobada, como debería de suceder, las mujeres en el Distrito Federal serán más libres porque podrán decidir si quieren interrumpir o continuar sus embarazos, con las consecuencias positivas y negativas que ello tendrá para sus vidas. Pero serán ellas, al final, las que decidan.