Opinión - Ruben Martín

Criminalización de la protesta social

Publico

Con esta expresión se conoce una estrategia cada vez más usual de los gobiernos en el mundo, incluido el de México, para reprimir a personas que participan o encabezan movilizaciones sociales para defender derechos o plantear peticiones a los poderes públicos.

Dado que por lo general las causas que enarbolan son legítimas y justas (limpiar un río, pedir servicios públicos, defender su tierra, exigir la intervención de la autoridad para evitar inundaciones), los gobernantes hacen una maniobra para inventar un delito común (robo, secuestro, posesión de drogas) y así presentar a un luchador social en un delincuente. Así fueron encarcelados los luchadores de San Salvador Atenco, de Guerrero, de Oaxaca y en otros puntos del país.

Esa es la criminalización de los luchadores sociales y esto es lo que al parecer quieren hacer el gobierno municipal de El Salto, el gobierno estatal de Emilio González Márquez y el federal (a través de la PGR) de Felipe Calderón Hinojosa en contra de Raúl Muñoz Delgadillo.

Raúl Muñoz fue detenido ayer a mediodía por la policía municipal de El Salto y por la tarde remitido a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo la acusación de traficar marihuana, que supuestamente le fue “encontrada” por la policía municipal.

Todo indica que se trata de un burdo montaje. De hecho, el gobierno está siguiendo de manera descarada el guión de la detención-acusación que se ha aplicado a varios luchadores sociales en el país.

La descripción de los hechos que han dado los colonos y activistas que acompañaban a Raúl Muñoz no deja lugar a dudas: fue detenido mientras participaba en la organización de una manifestación de colonos de varios fraccionamientos de El Salto que se han inundado por el temporal, y querían venir al centro de la ciudad a pedir la intervención del gobierno del estado para resolver de manera definitiva un problema del que las empresas constructoras se quieren lavar las manos.

En esas estaba cuando fue detenido; al parecer la policía municipal le “sembró” diez bolsas con marihuana. Es su testimonio contra el de un activista social. Y el número de bolsitas no es casual, así configuran un delito federal del que es más difícil salir. Se trata de una burda maniobra del gobierno para tratar de aplacar a un activista social que se ha destacado hace años por participar en la denuncia de la grave contaminación que padece El Salto y cómo se está afectando la salud de miles de habitantes. A través del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, que encabeza, Raúl Muñoz ha hecho un trabajo sanitario que ni siquiera las autoridades estatales o municipales han llevado a cabo.

A fines del año pasado presentó un censo de cerca de 500 personas con padecimientos de enfermedades graves y cuyo origen parece encontrarse en la contaminación. Es un dato contundente que echa en cara las maniobras de ocultación de información de las dependencias oficiales.

Todos estos datos y evidencias indican que “el delito” de Raúl Muñoz no es el tráfico de marihuana sino su trabajo a favor de la comunidad. Y es un “delito” para gobiernos ineptos que no resuelven los problemas y para gobernantes autoritarios y represivos que pretenden mantener el poder a toda costa.

Pero si bien aplicaron de manera muy burda el guión de la “criminalización” de luchadores sociales, quien decidió la orden de “sembrar” marihuana no midió el alcance de sus acciones. Raúl Muñoz es parte de un poderoso movimiento social que está emergiendo en El Salto primero en contra de la contaminación y luego en contra de los malos gobernantes. Es además parte de una red de organizaciones y activistas sociales con presencia en todo el estado y con conexiones nacionales e internacionales.

Debe quedar claro quién ordenó la torpe maniobra para sembrar droga a Raúl Muñoz, si el presidente de El Salto Joel González Díaz, su director de la policía; el gobernador Emilio González debe informar si está al tanto o dio la orden de encarcelar a este activista social. Si no es así, debe deslindarse pronto de esta burda operación.

No podemos permitir que los gobiernos municipales o estatales impongan la “criminalización de la protesta” en Jalisco en contra de quienes defienden causas que son justas y legítimas. Raúl Muñoz no es un delincuente, debe quedar libre.
ruben.martin@milenio.com

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