Miguel Concha
La Jornada
Sábado 5 de julio, 2006
Convocados por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), desde el 19 hasta el 21 de junio pasados se reunieron en el poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, los representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la República, quienes decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). Al final de su asamblea dieron a conocer un manifiesto denominado Declaración de Temacapulín, en la que sus integrantes fijan los objetivos y propósitos de su lucha contra la minería trasnacional a cielo abierto, que cubre 9 por ciento del territorio nacional.
Esa minería –visible a gran escala– remueve cerros, rellena barrancas, destruye sembradíos, envenena manantiales, ríos y cuencas. Desplaza además pueblos enteros y sólo deja, cuando concluye, un rastro de destrucción, enormes tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles, aguas contaminadas, enfermedad y desolación. Y todo gracias a las leyes que les facilitan su entrada al país y no exigen el cumplimiento de normas ambientales mínimas y de elemental justicia.
Todo lo contrario, ante las acciones comunitarias de organización y defensa para enfrentarla, la respuesta de las empresas y los gobiernos han sido el hostigamiento y la represión, reforzando con ello las violaciones a los derechos humanos. Por ello, en este documento, la Rema hace primero un recuento de daños y establece la necesidad de una organización amplia de resistencia con dignidad. En ella se lee que con la “eficiente” entrega oficial de concesiones de exploración, hoy simplemente “mineras”, así como la complicidad y anuencia de la Secretaría de Economía y de la Semarnat, “las empresas y sus cómplices invaden territorios, engañando y corrompiendo a autoridades locales y estatales”. Y continúa: “Las falsas promesas de bienestar, carreteras, o miserables rentas por la tierra, son los anzuelos tradicionales o los nuevos espejos y cuentas de vidrio, a cambio de los metales preciosos o industriales”.
Los principales objetivos de la Rema, entonces, son frenar y eliminar la minería a cielo abierto, por ser inherentemente insustentable, como reconoce la Organización de las Naciones Unidas; fomentar la organización de las comunidades para la acción, prevención y defensa integral de sus derechos y recursos; crear redes de acción y defensa local, nacional e internacional contra ese tipo de minería; proporcionar a las comunidades afectadas información sobre derechos, leyes y medios de defensa efectivos; construir un espacio común, permanente, transdisciplinario, amplio y democrático, para avanzar desde los intereses populares en propuestas alternativas, justas y efectivas, ante la dramática situación causada por la minería destructiva a cielo abierto; contribuir a generar leyes y normas alternativas que regulen la minería; proponer alternativas de bienestar en las comunidades, no basadas en la minería, así como promover la solidaridad, reciprocidad y apoyo a nivel comunitario, nacional y hemisférico contra la minería trasnacionalizada.
Entre las principales comunidades, organizaciones, instituciones, redes y movimientos que conforman la Rema se encuentran las siguientes: Resistencia contra la minera en San Juan Tepeuxila y el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), en Oaxaca; Grupo en Defensa del Agua y el Ejido Huizopa, Municipio de Madera, en Chihuahua; Comunidad de Chicomuselo afectada por la minería, en Chiapas; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, Red Jalisciense de Derechos Humanos AC y Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en Jalisco; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y Servicios de Asesoría para la Paz AC (Serapaz), en el Distrito Federal; Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO), Respuesta Alternativa AC, y Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, en San Luis Potosí; Académicos del campus de la UNAM, de Morelia, Michoacán; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en el estado de México; Red de Radio y Tv Comunitarias del Sureste Mexicano y Asamblea del CEIBA, en Guatemala. Para articular a los afectados por la minería y a los organismos sociales solidarios, la Rema decidió conformar un secretariado permanente que trabajará por regiones, quedando integrado dicho órgano colegiado por la RMALC (región centro), Cactus (región sureste), Red Jalisciense (región occidente) y FAO (región norte).
Con el propósito de defender su historia, sus derechos, sus recursos y su identidad, la Rema llama a todos los afectados por la minería, pueblos, ejidos, comunidades indígenas y no indígenas, autoridades tradicionales y no tradicionales, así como colonias, barrios, ciudades y académicos, a conjuntar fuerzas y experiencias para alcanzar el nivel necesario, con el objetivo de enfrentar la maraña de poderosos intereses trasnacionales y trasnacionalizados que se han apropiado de la minería y del territorio.
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