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lunes, julio 07, 2008

El Poder Judicial de la Federación y el limosnazo

JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ
La Jornada

De una manera sorpresiva –aunque era de esperarse, por el continuo sometimiento a los poderes fácticos–, el Poder Judicial de la Federación (PFJ) le dio carpetazo al limosnazo.

El magistrado Héctor Martínez Flores, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Guadalajara, sobreseyó el caso porque “se enteró” por los medios de comunicación que “ya se habían devuelto los 30 millones para la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros”.

Sobreseimiento de la justicia

¡Qué juez tan imparcial y tan preocupado por la paz social! ¡Qué enterado está de lo que sucede en su entorno! Con ello se cumplió la premonición, realizada de forma casi profética, hecha apenas una semana antes por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez –resultado, posiblemente, de una revelación desde altos niveles burocráticos del Poder Judicial de la Federación– de que “a él no se le vería en el banquillo de los acusados”.

Banquillo al que, contra su voluntad, comparecieron, y por siglos, cientos de personas para ser juzgadas sumariamente por el Tribunal del Santo Oficio, cuyos acusados y cargos sólo necesitaban de una confesión arrancada bajo tortura o del testimonial, falso desde luego, de varios “testigos” para ser llevados a denigrantes castigos. Nada de pruebas, nada de documentales públicas, nada de leyes de transparencia que abonarán en su favor, nada de leyes de amparo para el acusado. Desde luego que no esperamos un tribunal así para el cardenal, pero no es la primera vez que gracias al tráfico de influencias evade la acción de las leyes de este mundo terrenal. Recordemos cuando acudió a solicitar la providencial ayuda de la mamá de Vicente Fox; es decir, para pedir su intercesión y evitar comparecer ante la PGR en una simple diligencia. Y si existen elementos para sostener que hay personajes que tienen privilegios metalegales, éste es un claro ejemplo.

Tampoco es la primera vez que el PJF ampara y protege los intereses mundanos de los jerarcas del clero. Recordemos que hace algunos años, autoridades de la Universidad del Valle de Atemajac (autodenominada universidad católica y presidida por sacerdotes vinculados al cardenal) despidieron –corrieron, en términos coloquiales– a la dirigencia del sindicato de esa institución antes que permitir que se conformara una dirigencia independiente y crítica. No olvidan los expulsados, y los que pidieron perdón para conservar el trabajo, que sin duda del PJF salió la sugerencia de que todo amparo de revisión hecho por los trabajadores podía ser sobreseído si despedían a los inconformes: “ya no serían trabajadores en activo”. ¡Santa solución! ¡La inconformidad se resolvió legal y jurídicamente! Al ser corridos, su amparo fue sobreseído por no existir más personalidad en los inconformes. Desde entonces, las autoridades de esa universidad quitan y ponen a la dirigencia sindical en la misma forma que lo hace un sindicato corporativista y clientelar. Ahora, desde esa institución y con “autoridad moral”, sin duda, maestros, sacerdotes, acuden a dar clases de Biblia a Casa Jalisco. Con cargo al erario. ¡Faltaba más!

Juez acomedido

Por cierto, antes del sobreseimiento y luego del carpetazo de la Secretaría de Gobernación, por esos días, diputados panistas como Antonio Muñoz Serrano ya manejaban la tesis de que “no hay más que investigar, pues el acto ha quedado sin efecto”.¿A poco un simple juez iba a dar la contraria a Gobernación?

Llama la atención que apenas el Juez de Distrito recibe un oficio del gobierno del estado de Jalisco donde es informado de que “no existía ningún acuerdo para entregar un donativo de 90 millones de pesos, sino sólo un acuerdo gubernamental que autoriza la entrega de 30 millones”, hecho que comprueba una irregularidad más de las muchas que cometieron, no sólo contra el estado de derecho sino el Estado laico, para luego señalar que ese donativo “quedó sin efectos” y resolver de forma oficiosa el sobreseimiento del caso. Paradójico y hasta mal redactado. Seguramente por el apremio con que sus superiores, jurídica y políticamente hablando, le ordenaron que sobreseyera el amparo; pues aunque dice que “no es posible jurídicamente hablando dejar sin efectos un donativo inexistente”, lo hace de un plumazo.

Así, y antes de recurrir a una ignominiosa jurisprudencia y artículos que sólo favorecen la impunidad (luego por eso se molestan que la gente no respeta a las instituciones y las mandan al diablo), el juez dice que “el sobreseimiento se actualiza” (uno puede pensar que es el juez pero no, es el sobreseimiento mismo) “por una causal de improcedencia, con la única condición de que ésta sea notoria, manifiesta e indudable”. (¿Alguien duda que se regresó el dinero del limosnazo?). Razón por la que estaba atento para decretar el sobreseimiento “tan pronto apareciera la causal”. ¡Oh, qué juez tan clarividente!, si ya la esperaba pacientemente, por eso estaba tan atento a los medios de comunicación. Por eso, convencido en su corazón de impartir magnánima justicia, dice que “ningún objetivo práctico tendrá continuar con un procedimiento que ha concluido”. ¡Oh, qué juez tan benevolente y generoso! Y sí, ¿qué sentido práctico tiene que alguien cuestione la legalidad de un acto de gobierno?, ¿qué sentido tiene que alguien se inconforme de una irregularidad tan grave como desviar y aprovecharse de recursos públicos?, ¿qué importancia tiene respetar el sentido laico del Estado mexicano? Sí, ¿qué sentido práctico tiene que existan pruebas de un irregular donativo, como falsificaciones de firmas, alteración de documentos, irregularidades de forma y fondo, de vulnerar leyes federales y locales, asumir atribuciones indebidas y cometer delitos? Si “por más elementos de prueba que se ofrezcan en contra, las causales de sobreseimiento no desaparecerán”. Sí, ¿qué sentido práctico tiene creer en la justicia si los jueces sólo creen en la legalidad no en la justicia? ¿Qué sentido práctico tiene impugnar o denunciar abusos de poder? Sí, a ver, ¿qué sentido tiene?

Pronto se viene un golpe más contra la ciudadanía, ahora por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no encuentra ahora la manera de desechar una queja de casi 7 mil quejosos. Deberá notificar de su resolución a cada uno. ¿Por eso se está tardando, luego del fracaso de la malhecha recomendación por la mentada?

Defensa del petróleo

Petróleos ¿mexicanos?, en torno a la contrarreforma energética, este miércoles 9 de julio a las 6 de la tarde, en el auditorio Salvador Allende del CUSCH. Participan Arnaldo Córdova y Jesusa Rodríguez. No falten.

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