Opinión - Juan Carlos Gomez Partida

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Jornada Jalisco

La mañana del miércoles 16 de abril, en el hotel Gran Meliá de Cancún, el gobernador Emilio González Márquez, acompañado de Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, un trío yunqueto en toda la extensión de la palabra y con larga militancia en esta cofradía secreta de extrema derecha, se apersonó con Alvaro Uribe, el presidente colombiano que aplica una nefasta política neoliberal muy semejante a la que priva en México desde que las orejas de Carlos Salinas ocuparon la silla presidencial –pero que se recrudeció con la llegada del PAN al gobierno federal. La reunión duró una hora con 15 minutos.

De acuerdo con las declaraciones del propio Uribe ante reporteros colombianos de la fuente presidencial (puede consultar la versión estenográfica en la liga http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/abril/16/01162008.html), el trío fue a informarle que había interpuesto una denuncia penal en contra de los mexicanos aliados con las FARC, en las que los yunques presumen (consulte la liga www.msmg.org.mx/htmls/enterate/enterate_d.php?ID=6): a) Los mexicanos que viajaron a Ecuador no lo hicieron con fines de turismo, investigación académica o para participar en un congreso político, sino para recibir entrenamiento terrorista por parte de las FARC e instrucciones por parte de sus jefes, a fin de cometer atentados dentro y fuera de México. b) De los 16 que viajaron para supuestamente participar en el Segundo Congreso Bolivariano, todos o la mayoría de ellos estuvieron la mayor parte del tiempo, entre los últimos días de enero de 2008 y el primero de marzo del mismo año, en campamentos de las FARC en Ecuador. Es decir, no solamente estaban en los campamentos Lucía Morett y los cuatro fallecidos. c) Para que estuvieran tan cerca de “Raúl Reyes”, el número 2 de las FARC, –uno de los terroristas más buscados del mundo– los mexicanos debieron haber demostrado a la organización subversiva que eran absolutamente leales y dignos de confianza. d) Ganar la confianza de los jefes terroristas solamente es posible si se pasan pruebas, en las que se cometen crímenes a favor de la organización terrorista.

La militancia en la extrema derecha de este trío es indubitable. González Márquez, de pasado sinarquista, oriundo de Los Altos de Jalisco, donador constante del dinero público para fines confesionales y el cristero número uno del país, según su oficina de prensa no fue con Uribe a decir que él era de los que habían interpuesto la denuncia ante la PGR no solamente para que se consume acción penal en contra de Lucía Morett, única sobreviviente mexicana del ataque al campamento guerrillero en suelo ecuatoriano, sino contra otros 11 mexicanos que, adicional a los que mataron y de acuerdo a información en poder de Ortega Sánchez, también estuvieron en el campamento de las FARC; incluso señalan en su denuncia que Morett encabeza una célula con 38 personas activas en favor de la FARC. Pero según sus muchachos de prensa, Emilio estuvo en esa reunión con Uribe solamente para felicitar al presidente colombiano, recordarle que su modelo económico de transporte público será calcado en Guadalajara y a darle un regalito en agradecimiento por tan grandiosa idea. Ahá ¿y su nieve?

Guillermo Velasco Arzac desde los años 60 mostró como redactor de la revista Puño (derecho será) sus filias estudiantiles anticomunistas, que luego extendería a la filopanista Unión Nacional de Padres de Familia hasta que en 1997 fundó México Unido contra la Delincuencia, grupúsculo auspiciado por la Coparmex que entonces –como ahora– se sentía insegura ante la ola de secuestros desatada por la delincuencia en el país. Velasco Arzac es gran amigo de Bimborenzo Servitje, y junto con José Antonio Ortega Sánchez fue el organizador de aquella famosa marcha contra la inseguridad. Hoy encabeza la panistoide organización Mejor Sociedad Mejor Gobierno.

Ortega Sánchez es un viejo conocido en la localidad, es el abogado más chucho del cardenal San Juandoval Iñiguez y quien, en promedio, recibe cada mes 50 mil pesos por pago de honorarios del gobierno de Jalisco (debe haber recibido hasta ahora en esta administración al menos 650 mil pesos, lo cual está por verificarse porque en la página de transparencia estatal aunque aparece como proveedor no se despliegan los cheques que le han pagado). El gobierno emilista le paga para que presione legalmente a la PGR y ahonde en la cada vez más lejana muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El abogado dirige también el llamado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y en abril de 2003 fue denunciado penalmente ante la PGR por supuesto acoso contra menores, luego que la denunciante dijo haberlo visto merodeando y videograbando a alumnos de una escuela –entre ellos sus hijas–, lo que le costó ser llamado a declarar (www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol03/may/b37703.htm) aunque luego el mismo litigante dijo que se trataba de una presión en su contra por las indagatorias cardenalicias.

De modo que resulta poco menos que increíble que el gobernador jalisciense haya asistido como testigo de palo a la solidaria reunión con el presidente colombiano, quien por otra parte no tenía por qué mentir respecto a que el propio Emilio forma parte del grupo denunciante contra los mexicanos, además de que fue el único de los tres que estuvieron en esa reunión de quien Uribe citó por su nombre de pila cuando fue cuestionado por los reporteros de su país.

Partidiario

Si era rumor, lo confirmaron. Los priístas saben que los límites de la laicidad en Jalisco están a experimento nacional en el laboratorio panista, pero muchos se la piensan ante la posibilidad de la excomunión política que significaría hacer enojar a San Juandoval Iñiguez. Aunque pagan desplegados y emiten opiniones de repudio, en realidad no han llegado al camino real de la judicialización que podría atarle las manos a Emilio El Católico. Ahora dicen que lo ponderan, pero les quedan cuatro días contando este lunes para poder ingresar la controversia que podría hacer realidad la detención de la macrolismosna…

Lo vi en Proceso. Un desplegado aparece en la edición de esta semana de la revista. Su parte medular dice: “Cabe recordar que quienes murieron en defensa de la fe durante la Cristiada fueron personas que, azuzadas irresponsablemente por la clerecía, se rebelaron en contra del Estado mexicano y su orden constitucional. Estos intolerantes inducidos caparon, cortaron orejas, incendiaron, volaron trenes y asesinaron a sus adversarios (maestros rurales, sobre todo). Alimentar el culto a un fundamentalismo cerril es no menos que fomentar el desprecio a nuestros consensos históricos”. Los firmantes demandan el regreso de los fondos públicos, y consideran una falacia el argumento de turismo religioso y fuentes de trabajo. “Un país con la riqueza natural y cultural de México, no requiere, para su turismo, de un mausoleo al fanatismo”, concluyen. Entre otros lo firman constitucionalistas como Jorge Carpizo, Diego Valadez, Jorge Eduardo Navarrete, Rodolfo Echeverría Ruiz, Socorro Díaz, Víctor Flores Olea o Porfirio Muñoz Ledo, historiadores del calibre de Francisco Martín Moreno y Enrique González Pedrero, e intelectuales de la talla de Carlos Monsiváis, Carlos Payán, Hugo Gutiérrez Vega, Elena Poniatowska…

Y ya con ésta. Cuando todos admiraban el bíceps tricolor de Carlos Briseño en la demostración de su poder de convocatoria el jueves pasado durante su informe, vino Ramiro Hernández y se sacó la camisa para mostrar que también ha levantado pesas y se toma su licuado de clembuterol. Lo primero fue que Trino Padilla López sí fue a su informe, pero además hubo casi 2 mil invitados (el doble que Briseño), entre ellos Manlio Fabio Beltrones, el más presidenciable de los priístas. La diferencia fue que el rector de la UdeG convocó a huestes multipartidistas y hasta celestes con su amigazo de la Arquidiócesis, mientras Ramiro trajo a los que en el PRI son los que toman las decisiones. Es muy temprano todavía, pero en la medición de fuerzas hasta ahora la masa muscular se le nota más al senador…

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