Jorge Alcocer V.
29 Abr. 08
Reforma
Terminado, por ahora, el asalto a las tribunas y el cierre de los recintos parlamentarios, queda abierto el plazo para dar inicio al foro que para analizar las iniciativas del presidente Felipe Calderón y la problemática de la industria petrolera ha convocado la Junta de Coordinación Política del Senado.
En la primera sesión de ese foro, el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y la secretaria de Energía, Georgina Kessel, comparecerán para explicar los contenidos expositivos y normativos de las iniciativas presidenciales. Será el momento para que los funcionarios despejen interrogantes y respondan a los cuestionamientos que desde distintos ámbitos y por autorizadas voces se han planteado.
Responder las dudas de los expertos es tarea crucial, como también lo es explicar y convencer a quienes, sin ser expertos, tienen legítimo interés en el tema. En esa segunda condición es que expongo y comparto algunas de las dudas que me despiertan las propuestas presidenciales.
1. El 18 de marzo pasado el presidente Calderón instruyó a los funcionarios del ramo iniciar los estudios para la construcción de una nueva refinería de Pemex. Sin embargo, en las propuestas enviadas al Congreso se plantea un modelo de maquila, con refinerías construidas y bajo propiedad de la iniciativa privada, lo que de entrada parece violatorio de nuestra Constitución. La paraestatal tiene una larga experiencia en la materia y cuenta con trabajadores y técnicos con capacidad probada. Pero además, las refinerías no sólo producen gasolinas, sino también otros derivados del petróleo. ¿Cuál es la razón para entregar en manos privadas ese tramo vital de la industria?
2. Los datos duros y los hechos indican que Pemex carece de tecnología, experiencia -know how- y técnicos para iniciar los trabajos de exploración en aguas profundas del Golfo de México. En cambio, tiene sobrada experiencia en aguas someras (Cantarell) y en tierra. La asociación con capital y empresas extranjeras -públicas o privadas- parece no ser una opción, sino una verdadera necesidad, a menos que se quiera esperar una década o más para emprender la búsqueda del supuesto "tesoro" escondido en el fondo del mar. Sin embargo, la propuesta presidencial para dar base legal a "contratos ampliados" entre Pemex y terceros no distingue esa diferencia sino que parece generalizarlos a todas sus actividades. ¿La flexibilidad para contratar con terceros, que se propone para Pemex, incluye todas sus actividades, o solamente las directamente relacionadas con la exploración y explotación en aguas profundas?
3. En el mismo sentido, se afirma en las iniciativas presidenciales que la normatividad aplicable al sector público en materia de adquisiciones y contratos no se compadece de las características y requerimientos de Pemex. Sin embargo, todo indica que ese juicio entraña una generalización injustificada. Por otra parte, es sabido que el sindicato petrolero es también proveedor de bienes y servicios que requiere la paraestatal, o que tiene injerencia y beneficios directos por el otorgamiento de contratos de obra o de mantenimiento. ¿Cómo se enfrentarán esos problemas desde las nuevas normas legales?
4. Hoy en día la mayor parte del transporte terrestre de gasolina y otros petrolíferos se realiza con pipas de propiedad privada. La propuesta presidencial es que con capital y manejo privado se construyan y operen poliductos para sustituir el costoso y riesgoso sistema de pipas. En principio parece tratarse solamente de un cambio en el medio de transporte. Pero ¿cuál sería la base legal para asegurar que los privados no pretendan condicionar a Pemex el uso de esas instalaciones estratégicas en negociaciones contractuales por el precio o por otras condiciones como las de seguridad y control?
5. Las pirámides burocráticas de control sobre Pemex son más complejas que las de Egipto. A la Dirección General y al Consejo de Administración de la paraestatal se superponen las secretarías de Hacienda -todo poderosa-; de la Función Pública; de Energía; de Ecología y Medio Ambiente, y organismos especializados como la Comisión Reguladora de Energía. La pirámide no se desmonta, sino que la propuesta le agrega otro piso, la "Comisión del Petróleo". ¿Porqué no fusionar en un solo organismo las facultades de control y regulación de la industria petrolera?
6. La moda que pretendía ciudadanizar al Estado no ha terminado, ahora se extiende a Pemex, a cuyo Consejo de Administración se propone incorporar, por designación presidencial, cuatro consejeros profesionales, dos de tiempo completo y con sueldo, por tanto servidores públicos; más otros dos cuyo estatus jurídico queda en el limbo, pues seguirán dedicados a sus actividades profesionales o de negocios, no percibirán sueldo y no serán considerados servidores públicos. La iniciativa parte de un prejuicio: lo público es fuente de corrupción, lo privado de progreso. ¿Qué ganarán Pemex y los mexicanos con esos consejeros?
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