Plaza Liberación
Jornada Jalisco
◗ Emilio, favorecer a la industria
◗ Las huellas del delito
El gobierno de Emilio González Márquez está a punto, como lo han anunciado en diferentes momentos, de aplicar “el peso de la ley” a la familia del fallecido menor Miguel Angel López Rocha, en un ejercicio macabro del poder público, que no sólo pretende atribuir a la violencia intrafamiliar la muerte del infante –cuando existen pruebas de que su muerte se debió a intoxicación aguda por arsénico–, sino también proteger a una industria jalisciense que, según las propias palabras del gobernante, está enquistada en una sociedad diseñada para depredar el entorno.
La indagatoria judicial que la administración panista ha iniciado contra la madre del niño, María del Carmen Rocha, tiene como base y pretexto las supuestas dudas del gobierno en torno a las causas del deceso, y que forman parte de una investigación sobre la que González Márquez ya resolvió, y que fue conocida antes por el Consejo de Cámaras Industriales.
Sin embargo, la nueva vertiente del gobierno estatal choca con los antecedentes científicos y clínicos obtenidos tras los análisis y la autopsia de Miguel Angel, y las conclusiones presentadas el día de su fallecimiento, ocurrido hace 12 días.
El 13 de febrero, el director del Hospital General de Occidente, Enrique Rábago Solorio, anunció en conferencia de prensa, que el niño murió por “paro cardiorrespiratorio, falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico”.
Y el jueves, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) confirmó, tras la autopsia realizada, que el niño Miguel Angel López Rocha “murió a causa de un daño multisistémico, secundario a intoxicación por agente químico a determinar, coadyuvado por septicemia”.
Además de esa conclusión, el coordinador operativo del Servicio Médico Forense, Luis Valtierra Estrada, el encargado de la necropsia, determinó también que salvo un hematoma en la cabeza que puede ligarse a la caída cuando fue supuestamente arrojado al río, el cuerpo no presentó indicios recientes ni antiguos de que hubiera sufrido violencia intrafamiliar o abuso sexual.
El propio gobernador había reconocido, en público, que la causa del estado de coma en que cayó el menor y lo obligó a su hospitalización fue haber caído en las aguas contaminadas del río Santiago, pero en las horas siguientes afirmó que la responsabilidad de la desgracia era compartida por todos. “¿Quién no tiene responsabilidad? ¿Quién puede decir que no tiene parte de responsabilidad en este suceso?”. No tardó mucho en encontrar culpables: los padres del niño.
Como ha ocurrido con las menores abusadas en fiestas sexuales a las que concurrió el procurador Tomás Coronado, en este caso también se ha recurrido a la represión policiaca y a la intimidación para tratar de encubrir a los probables responsables en el poder político y económico de Jalisco.
Las actitudes y declaraciones propias del gobernador y del presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Javier Gutiérrez Treviño, revelan que, al menos, ambos se comunicaron para intercambiar la estrategia de “información” para torcer el caso.
Veamos: el jueves 21 pasado, Gutiérrez Treviño afirmó irresponsablemente que estaría dispuesto a beber un “buche” de agua del río Santiago para demostrar que el afluente no está contaminado con metales pesados y comprobar que Miguel Angel no murió por haber caído en el caudal.
La respuesta que dio, enseguida, a los reporteros que le refirieron que González Márquez había aceptado días antes que la causa de la muerte del infante fue la contaminación del río, aporta la siguiente pista sobre el arreglo entre el gobierno y los industriales: “Yo creo que no eh… creo que por ahí hay unas investigaciones que vamos a sorprenderlos. No les quiero decir por qué. No quiero”.
Es decir, el empresario textil ya sabía el rumbo que tomaría la investigación, y ello lo confirmó al día siguiente, viernes 22, el propio gobernador en su discurso ante los industriales, cuando deslizó que la sociedad jalisciense está diseñada para generar violencia intrafamiliar.
Más aún, López Rocha reveló que González Márquez les informó que la autopsia de Miguel Angel comprobó la tesis del asesinato y no el de la muerte por arsénico.
¿Es decir que se quiere alterar la autopsia? Porque, como es público, la que practicó el médico Luis Valtierra Estrada, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, confirmó que –como se dijo al principio– la muerte fue por “intoxicación por agente químico a determinar, coadyuvado por septicemia”.
Si no es así, ¿de dónde se saca la versión del asesinato? El gobernador está obligado a explicarlo y a aclarar por qué los representantes de las industrias, a las que presuntamente se investigaba por la contaminación del río, sabían el giro que tomaría la investigación.
Del archivero
Ayer, mientras en Guerrero, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, encabezó la ceremonia de por el Día de la Bandera, el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, señaló al funcionario como el principal promotor de la entrega del petróleo a particulares, afirmó que se trata de un “traficante de influencias” que, gracias a su paso por la Secretaría de Energía, “obtuvo de Petróleos Mexicanos contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
• plazaliberacion@gmail.com
Notas relacionadas
- La cuenca Lerma-Chapala-Santiago, reportada desde 2004 como de las más contaminadas del país
No hay comentarios.:
Publicar un comentario