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martes, febrero 19, 2008

Opinión - Esteban Garaiz

¿En qué quedamos, por fin?

Publico

El Senado de los Estados Unidos de América niega la autorización para vender Unocal a Petrochina, la empresa petrolera estatal china que busca hidrocarburos garantizados en todo el mundo. La razón es evidente: es un recurso estratégico para la nación norteamericana. Aquí seguimos deshojando la margarita, aunque ya todo el mundo sabe que en Los Pinos es una decisión tomada. En todo el mundo se estatizan los recursos de hidrocarburos. Aquí queremos “modernizar” la empresa propiedad de la nación, que ha fundamentado nuestro desarrollo y que hemos esquilmado por más de 25 años.

Sí pero no. No pero sí. Vamos a la reforma energética, y hay que hacerla con la participación de la inversión privada. Nos hace falta tecnología, pero estrangulamos al Instituto Mexicano del Petróleo.

Germán Martínez Cázares, brazo político de Felipe Calderón, declara que el proyecto de reforma energética se “presentará a fines de marzo”. Nada de rounds de sombra. Calderón dice en los Estados Unidos de América que tiene una propuesta para satisfacer los intereses de los dos países: quiere “acelerar” la reforma energética con inversión privada, ya saben de dónde. Lo mismo más o menos, naturalmente, dice la Secretaria de Energía.

Por su lado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en directa respuesta a Leonel Godoy, el nuevo gobernador de Michoacán, declara que el Ejecutivo federal no presentará la iniciativa de reforma energética hasta que se tenga “un diagnóstico compartido por diversos actores políticos”, o sea cuando se vea “que todos estamos hablando de la misma dimensión del problema”.

Diagnóstico compartido. Diversos actores políticos. Todos. La misma dimensión del problema.

Supongo, queriendo interpretar al inquilino del Palacio de Cobián, que “diversos actores” va más allá de quienes piensan como el Ejecutivo, o tienen los mismos intereses. Confío en el talento político de Mouriño para que “diversos actores políticos” incluya a quienes marcharemos el próximo 24 de febrero en manifestación de defensa de la Constitución, con Peje o sin Peje.

Tiene razón Juan José Rodríguez Prats cuando afirma que no hay que ver la Constitución como algo inmutable, y que es sólo un instrumento jurídico de la nación mexicana. Pero hay un principio político esencial, fundamental, primigenio, previo a cualquier constitución: que los recursos naturales del territorio son propiedad social de la nación. Con mayor razón los que resultan esenciales para la sobrevivencia nacional, los estratégicos, como se dice. Entre ellos, hoy por hoy, de manera significada los hidrocarburos, que seguirán siendo por muchos decenios fuente prioritaria de energía y materia prima insustituible en la producción industrial, incluida la salud.

De manera sofística, Mouriño habla de tres alternativas: dejar las cosas como están; desviar los recursos (hoy sustraídos a Pemex) y ya no utilizarlos en salud y educación, y finalmente “modernizar” con inversión privada. Mouriño sabe que hay una cuarta opción: que los grandes consorcios paguen impuestos como en los países de la OCDE y a Pemex se le reinvierta lo necesario para prospección y refinación.

Los propios directivos de la paraestatal informan que tienen identificados más de 200 campos, no sólo en aguas profundas, sino también en las aguas someras, que están clasificados como “oportunidades exploratorias”, mientras siguen diciendo verdades a medias como que sólo tenemos reservas probadas, repito: probadas, por siete años. O sea, saben que en México hay petróleo y gas a la vista por más de 60 años, pero engañan con la verdad.

Siguen hablando de no vender “ni un tornillo” de Pemex cuando saben que precisamente tienen que vender muchos tornillos viejos a la chatarra y renovar urgentemente los equipos. Lo que no puede estar a la venta es la industria petrolera y muchos menos comprometer los recursos del subsuelo.

Entre los “diversos actores” que resulta indispensable consultar, están en primera instancia los espléndidos cuadros técnicos del país. Sólo por citar dos nombres: los doctores Fluvio Ruiz Alarcón y Francisco Garaicoechea y muchos otros egresados de nuestras instituciones públicas de educación superior.

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