Opinión - Jorge Rocha

El caso del procurador de Jalisco visto desde la perspectiva de los derechos humanos

Jornada Jalisco

El caso del procurador de Justicia del Estado de Jalisco se complicó sobremanera. Las versiones periodísticas encontradas, la contraofensiva mediática en defensa del procurador, las filtraciones del caso, la aparición pública de las víctimas la semana pasada, el nombramiento de la nueva titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), Guadalupe Morfín Otero; la presentación del caso ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour; la anticipada “exculpación” del procurador por parte del Congreso del Estado y la reiteración de la posición del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de que no se ha configurado ningún delito, han planteado un nuevo derrotero en el asunto, por lo que es preciso ayudar a discernir y tener claridad sobre la magnitud y estado del problema.

No es mi pretensión entrar en un debate de expedientes, ni de analizar las descalificaciones entre los distintos actores políticos y sociales implicados. Pero creo que conviene poner la lupa desde el respeto de los derechos humanos, para leer adecuadamente esta difícil y compleja situación.

Lo primero que nos arrojan todos estos hechos es la reiteración de que en Jalisco persiste sistemáticamente la violación de los derechos de las mujeres y de la infancia. Cladem Jalisco ya nos había dicho que el incremento de la violencia contra las mujeres en el estado es alarmante. Según estudios que cita esta organización, dos de cada diez mujeres en Jalisco reconocen haber sufrido algún tipo de violencia. Además, en nuestra entidad hay 530 casos de muertes de mujeres causadas por violencia. En el caso de los derechos de la infancia la situación también es preocupante. Según el Indice de los Derechos de la Niñez (IDN), y que es dado a conocer por el Consejo Consultivo de la Unicef, Jalisco tiene una calificación de 6.41 en una escala de 1 a 10, en cumplimiento de derechos de niñas y niños de cero a cinco años, de 5.91 en infantes de seis a 12 años (abajo del promedio nacional) y de 5.01 en niñas y niños de 12 a 17 años, debajo nuevamente del promedio nacional y con el honroso 25 lugar de los 32 estados del país. Es decir, Jalisco es un estado donde no se cumplen y respetan los derechos de las mujeres ni de la infancia. El caso de la violación y el abuso de estas menores de edad (mujeres) es un ejemplo paradigmático que confirma que ésta es una de las agendas más urgentes e importantes en materia de derechos humanos para el estado de Jalisco.

Habrá que agregar que resultan lamentables algunos comentarios que se hacen, al expresar que la falta de “decencia” de estas niñas hicieron que fueran víctimas de estos hechos. Desgraciadamente en este caso estamos hablando de acusaciones de violación sexual a mujeres menores de edad. Esta situación en sí misma representa una grave violación a los derechos humanos y motivo de preocupación para los que habitamos este estado.

Un segundo elemento que surge a partir del desarrollo de este caso es que la posibilidad de acceso a la justicia en nuestra entidad es profundamente deficiente. El 25 de abril se hace la primera denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco por parte de la agredida y su madre. Fruto de esta acción recibe orden de aprehensión Martín Aguirre Aguirre hasta el 25 de septiembre de 2007, es decir, cinco meses después de presentada la primer denuncia. El caso no ha tenido avances sustantivos en las instancias locales, la víctima y su madre han sido hostigadas durante gran parte de este tiempo, según informa el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el presunto violador se encuentra prófugo. Esta situación obligó a presentar este caso en otras instancias de nivel federal e internacional, buscando la justicia que no se encuentra en la entidad. Lo que preocupa sobremanera es que en el estado de Jalisco la procuración y acceso a la justicia es muy precario, y esto en sí mismo configura una violación a los derechos humanos. En este caso, lo que nos debe llamar la atención es la situación de violencia estructural e institucional que se vive en el sistema de justicia de Jalisco, y desde esta perspectiva el centrar el problema sólo en la remoción de Tomás Coronado Olmos como primer fiscal de Jalisco no es lo más importante y esencial, aunque sí necesario, y evidentemente reducir el problema a un conflicto laboral resulta una cortina de humo ante este problema de orden estructural.

Otra de las situaciones que aparecen a partir de este caso, es lo que varias organizaciones defensoras de derechos humanos en el país señalan como la imposibilidad de ejercer el derecho de defender los derechos humanos. Las críticas vertidas a los abogados defensores de las víctimas de ser “terceros” que denuncian de oídas, la velada posibilidad de ser denunciados por daño moral, incluso el manejo periodístico que han hecho algunos reporteros, que de facto se convirtieron en voceros de la clase política, generan un clima de hostilidad para las víctimas y sus defensores. Esto no quita que en el espacio público se genere un sano, constructivo e incluso fuerte debate en la opinión pública, pero cuando este proceso, más que aclarar, confunde, y más que discernir y aportar información va propiciando un clima de linchamiento para los que presumiblemente han sido víctimas de violación a sus derechos, estamos a la puerta de un Estado autoritario y represor. Esto, por supuesto, no nos conviene a nadie en Jalisco.

Finalmente se confirma la falta de voluntad política del gobierno del estado y del Congreso local en materia de derechos humanos. Primero tuvimos el cuestionado proceso del nombramiento del ombudsman de Jalisco, donde tanto legisladores como el Ejecutivo tuvieron una lamentable actuación, luego la ruptura en la Mesa de Derechos Humanos de la Gran Alianza por Jalisco al dejar fuera la mayoría de las propuestas que planteamos varios organismos, universidades y personas interesadas en la materia. Ahora tenemos la cerrazón y la defensa a ultranza del procurador en su puesto, por parte del Ejecutivo y del Legislativo, sin tomar en cuenta los reclamos ciudadanos. Creo firmemente que toca que el gobernador pida la licencia temporal de Tomás Coronado mientras se efectúan las investigaciones de la Fevim, para así deslindar todas las responsabilidades. Estoy seguro que Guadalupe Morfín Otero realizará una profunda investigación y esperamos que el Poder Judicial dicte sentencia contra los que resulten culpables y exima de toda responsabilidad a los que sean inocentes.

Pero como dije anteriormente, los grandes aprendizajes para las y los jaliscienses a partir de este caso son: que necesitamos con urgencia salvaguardar los derechos de las mujeres y de la infancia, se hace imprescindible una profunda reforma del sistema de justicia penal en función de abatir la impunidad y la injusticia, que requerimos de una sociedad que facilite la tarea de los defensores de los derechos humanos, y necesitamos que se cuide y restituya la dignidad de las víctimas. Esto es lo que nos conviene a todas y todos, gobierno, sociedad, víctimas y defensores de derechos humanos.

*Académico del ITESO

Para Benjamín Quintero. Gracias abuelo

jerqmex@hotmail.com

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