Opinión - Pablo Gomez

Militares en tribunales civiles

Publico

La masacre realizada en un camino de Sinaloa contra una familia debe ser investigada por el Ministerio Público y ventilada en tribunales civiles. Así lo dispone el artículo 13 de la Constitución. Sería un grave desacato que los probables responsables fueran juzgados dentro del Ejército.

La cuestión, sin embargo, trasciende el incidente y se inscribe en la costumbre de las autoridades militares de extender el llamado “fuero de guerra” a todo delito cometido por militares en funciones aun cuando las víctimas sean civiles. Esta costumbre, impuesta por el Ejército, no tiene más propósito que aplicar criterios castrenses, ya sea para castigar con mayor energía o para aplicar atenuantes.

El grupo de militares que disparó e hirió de muerte a varias personas en Sinaloa estaba realizando funciones de autoridad civil por órdenes del Ejecutivo federal. Pero en Los Pinos se ha reaccionado con disimulo, en especial cuando Calderón declara que quiere conocer los detalles del suceso en lugar de hacer una enérgica condena. Mas estamos frente a una masacre sin atenuantes, complicada con la aplicación de una línea de gobierno cuestionada en varios de sus aspectos, uno de ellos relacionado con lo ocurrido en Sinaloa.

El Ejército está en los caminos para dar seguridad y perseguir a los narcos, pero dispara contra viajeros. Tal es el problema. Y éste es mayor cuando el poder político llena de homenajes y reconocimientos a los militares, cosa que nunca debe hacerse por parte de la autoridad civil en tiempos de paz. Es un error gigantesco, tanto de los gobernantes como de los propios generales, agradecer a los militares la ejecución de órdenes y presentarlos como salvadores. Esta conducta altera negativamente el papel de las fuerzas armadas y tiende a reducir la fuerza del poder civil.

Calderón le ha dado resonancia a sus decisiones relacionadas con la intervención desplegada del Ejército en la guerra de los narcos con el solo propósito de buscar legitimarse ofreciendo seguridad, cuestión elemental de todo gobierno, en especial cuando se encuentra cuestionado y débil. Pero comete un error que no sólo le afecta a él mismo sino que puede tener consecuencias graves en la vida política del país, además de atropellos y masacres, tal como lo hemos estado viendo en las recientes semanas.

Si el Ejército va a seguir metiéndose en la guerra en curso, ante la debilidad de los cuerpos policiacos, debe hacerlo de la manera más discreta y respetuosa. El poder civil, por su parte, debe dejar de mostrarse con apoyo militar, abandonar los homenajes a los militares y hacer a un lado la verborrea con la que se acompañan las acciones castrenses.

Nada de lo anterior hará Calderón, comprometido con sus propios excesos, pero que se escuche bien que muchas veces la manera de hacer las cosas es decisiva en los resultados. Por lo demás –hay que repetirlo—la guerra de los narcos terminará cuando los cárteles de la droga se pongan de acuerdo en una nueva distribución de rutas y territorios. Lo de ahora es pura contención.