Palabras de Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México con motivo de la presentación del Informe Mundial Anual 2009
El 22 de febrero de 2009 fueron encontrados cerca de Ayutla, en el estado de Guerrero, los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco. El asesinato de Raúl y de Manuel no solamente recordó el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero, sino que volvió a evidenciar a un Estado mexicano que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales relativas a la protección de quienes legítimamente desempeñan labores de defensa de los derechos humanos.
Durante 2008, la situación de los derechos humanos en México se define por sus contrastes, sus claroscuros, sus ambigüedades. Nuevamente el papel jugado ante foros internacionales por las autoridades encargadas de la política exterior mexicana, contrasta enormemente con una realidad interior donde la tortura, la impunidad, las agresiones y represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos persisten y, en algunos casos, se intensifican.
El caso de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), detenido en la cárcel de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero desde abril de 2008 y declarado como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, es emblemático no solo de la ineficiencia del Estado mexicano a la hora de proteger a quienes legítimamente llevan a cabo labores de defensa y promoción de los derechos humanos, sino de un aparato de procuración de justicia utilizado para reprimir este valioso trabajo.
Desgraciadamente son muchos otros los casos de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos durante 2008. Ejemplo de ello es el secuestro y asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, integrante también de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa; el ataque perpetrado por dos hombres con el rostro cubierto en contra de Mariana Villareal Contreras, miembro del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” en Coahuila; o las agresiones en contra de la Hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.
Ante estos actos intimidatorios que han hecho incluso perder la vida de activistas a favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional espera una acción contundente del Estado mexicano que haga que los responsables rindan cuentas ante la justicia y que prevenga agresiones de esta naturaleza en un futuro. La protección de los defensores y defensoras de derechos humanos es una obligación internacional que el Estado debe cumplir.
La Organización del Pueblo Indígena Me Phaa es ejemplo vivo de una comunidad indígena que experimenta condiciones graves de marginalidad y desposesión, y que a la hora de reivindicar sus derechos es objeto de represalias. Está en nuestras manos como sociedad valorar y defender su trabajo contribuyendo a que su voz sea escuchada.
Otro grupo que se ha ubicado en condiciones de vulnerabilidad son las y los migrantes irregulares que durante su estancia en México corren alto riesgo de ser objeto de abusos por parte de funcionarios y bandas criminales. En el caso de las mujeres, niñas y niños ésta condición de vulnerabilidad de agrava habiendo sido insuficiente la respuesta del Estado para prevenir estas violaciones. Las repetidas agresiones y amenazas que han recibido el sacerdote Alejandro Solalinde y otros empleados del albergue de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, así como en contra de Ireneo Mujica, fotógrafo y activista a favor de los derechos de las personas migrantes, son otro ejemplo de las represalias de que son objeto quienes han decidido denunciar abusos y proteger a las y los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos.
La violencia contra las mujeres y la respuesta poco efectiva del Estado ante esta situación ha sido una de las preocupaciones fundamentales de Amnistía Internacional. Durante el año 2008, veintiocho estados promulgaron leyes para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero solo las autoridades federales y algunos gobiernos estatales dictaron reglamentos para la aplicación de la nueva legislación.
En un clima generalizado de violencia contra las mujeres, destaca la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de tres de las ocho mujeres a las que en el año 2001 se encontraron asesinadas en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.
Desgraciadamente el año 2008 ha transcurrido sin que las mujeres víctimas de violencia sexual y tortura en San Salvador Atenco, en el año 2006, encontraran justicia. El día de hoy insistimos en que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia tienen una importante deuda que reafirma la percepción internacional de que en México la impunidad es una respuesta frecuente ante los abusos graves contra los derechos humanos.
Este fenómeno continuado de impunidad se proyectó durante el año 2008, además, en el prolongado fracaso del Estado mexicano a la hora de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos en el pasado. En el 40 aniversario de la matanza de la plaza de Tlatelolco, seguía sin registrarse el menor avance en lo relativo a la rendición de cuentas de sus responsables. Hoy sabemos que ha sido concedido un recurso de Amparo al ex presidente Luis Echeverría Álvarez. Los graves abusos del pasado contra los derechos humanos continúan ensombreciendo el presente. Los crímenes del pasado no se evaporarán con el tiempo. La incapacidad del Estado mexicano de hacer comparecer a los responsables es únicamente reflejo de la debilidad e incapacidad del sistema mexicano de procuración e impartición de justicia.
En el mes de junio, se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad en 1976 y que al día de hoy sigue en paradero desconocido. Amnistía Internacional confía en que este caso permitirá abrir la puerta, no solamente para el abordaje de la inmensa deuda que en materia de acceso a la justicia prevalece respecto de los crímenes y abusos del pasado, sino para cuestionar los obstáculos que en materia de rendición de cuentas significa el fuero militar, ante actos violatorios de derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército contra civiles.
Durante el año pasado, aumentaron los informes sobre la implicación de personal militar y policial en homicidios, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias. Según los informes, en el mes de septiembre, agentes de la Policía Federal Preventiva mataron a una transeúnte de 17 años al efectuar varios disparos de forma innecesaria y sin advertencia previa contra un automóvil en Matamoros, Tamaulipas. En marzo, integrantes del Ejército dispararon contra un vehículo en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, matando a cuatro hombres e hiriendo a otros dos. En marzo de 2009 Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente fueron objeto de desaparición forzada por miembros del Ejército en Nuevo Laredo. En mayo del presente año fueron encontrados sus cuerpos. En estos casos como en tantos otros en que el Ejército está implicado, la jurisdicción militar sigue siendo un obstáculo para la justicia, la verdad y las reparaciones. El hecho de que la CNDH haya registrado en 2008 un número de denuncias contra el Ejército seis veces mayor respecto del año 2006, genera serias preocupaciones.
Lo hemos mencionado durante el año 2008 en repetidas ocasiones: no hay seguridad pública donde no hay derechos humanos y tampoco los derechos humanos son una realidad donde la seguridad pública está en entredicho.
La tortura y los malos tratos continuaron significando preocupaciones importantes. Durante el mes de octubre, docentes y simpatizantes locales de este gremio se manifestaron en el estado de Morelos. En la localidad de Xoxocotla, la policía federal disolvió una manifestación que se estaba celebrando en una carretera principal. Muchas personas detenidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio, las habían golpeado y, a algunas, las habían obligado a andar descalzas sobre brasas candentes.
El asesinato en el mes de abril de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, mujeres indígenas que trabajaban en una estación de radio comunitaria de la región Triqui del estado de Oaxaca, ha evidenciado nuevamente el grave clima de inseguridad que prevalece en México respecto de las y los trabajadores de los medios de comunicación.
En definitiva, la apertura que el gobierno federal ha tenido durante los últimos años al escrutinio internacional en materia de derechos humanos representa un avance sustancial. Durante el año 2008 el gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos renovaron el acuerdo para mantener en México una oficina de esta institución.
El rol que actualmente desempeñan las autoridades responsables de la política exterior mexicana en foros de primera importancia a nivel internacional como el Consejo de Seguridad de la ONU significa una enorme responsabilidad para el abordaje de crisis internacionales de derechos humanos tan graves como la invasión israelí a la Franja de Gaza, el conflicto armado en Sri Lanka o las guerras que durante años han cobrado la vida de millones de civiles en el centro de África. Este compromiso internacional, debe tener un nítido reflejo en la realidad interior mexicana.
La gran paradoja de los derechos humanos en nuestro país consiste en liderar hacia afuera lo que las autoridades han sido incapaces de construir hacia adentro. En el mes de junio, el gobierno deberá confirmar su compromiso de implementar las 80 recomendaciones formuladas por la comunidad internacional en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La prueba será nuevamente la efectiva implementación de estas recomendaciones a través de una política inclusiva y contundente que permita hacer realidad esos compromisos.
A través de casi 50 años Amnistía Internacional ha sido testigo de cómo la movilización social es capaz de lograr cambios extraordinarios. Es por ello que aprovecho la oportunidad para invitarlas e invitarlos a sumarse, como parte del trabajo de movilización de Amnistía Internacional México, a la caravana de activistas que saldrá el día 28 de junio de la Ciudad de México con el estado de Guerrero como destino, donde manifestaremos nuestra oposición al encarcelamiento del prisionero de conciencia Raúl Hernández, y externaremos nuestras preocupaciones relativas al clima generalizado de hostigamientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos en la entidad. Hemos ya agendado encuentros con organizaciones locales de derechos humanos, defensoras y defensores, así como con autoridades estatales. De igual manera, hemos solicitado ya audiencia con el Secretario de Gobernación para externar estos mensajes, la cual esperamos sea confirmada.
Este panorama de privación, falta de voz, inseguridad y exclusión hace evidente un círculo de violaciones de derechos humanos que no solamente impactan sobre el disfrute de los derechos civiles y políticos, sino que afectan el entramado de todos los derechos y que arroja la pobreza como uno de sus principales resultados.
El día de hoy, Amnistía Internacional reafirma la importancia de que ante este panorama preocupante de violaciones de derechos humanos, juntos y juntas, nos movilicemos para exigir dignidad.
Durante 2008, la situación de los derechos humanos en México se define por sus contrastes, sus claroscuros, sus ambigüedades. Nuevamente el papel jugado ante foros internacionales por las autoridades encargadas de la política exterior mexicana, contrasta enormemente con una realidad interior donde la tortura, la impunidad, las agresiones y represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos persisten y, en algunos casos, se intensifican.
El caso de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), detenido en la cárcel de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero desde abril de 2008 y declarado como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, es emblemático no solo de la ineficiencia del Estado mexicano a la hora de proteger a quienes legítimamente llevan a cabo labores de defensa y promoción de los derechos humanos, sino de un aparato de procuración de justicia utilizado para reprimir este valioso trabajo.
Desgraciadamente son muchos otros los casos de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos durante 2008. Ejemplo de ello es el secuestro y asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, integrante también de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa; el ataque perpetrado por dos hombres con el rostro cubierto en contra de Mariana Villareal Contreras, miembro del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” en Coahuila; o las agresiones en contra de la Hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.
Ante estos actos intimidatorios que han hecho incluso perder la vida de activistas a favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional espera una acción contundente del Estado mexicano que haga que los responsables rindan cuentas ante la justicia y que prevenga agresiones de esta naturaleza en un futuro. La protección de los defensores y defensoras de derechos humanos es una obligación internacional que el Estado debe cumplir.
La Organización del Pueblo Indígena Me Phaa es ejemplo vivo de una comunidad indígena que experimenta condiciones graves de marginalidad y desposesión, y que a la hora de reivindicar sus derechos es objeto de represalias. Está en nuestras manos como sociedad valorar y defender su trabajo contribuyendo a que su voz sea escuchada.
Otro grupo que se ha ubicado en condiciones de vulnerabilidad son las y los migrantes irregulares que durante su estancia en México corren alto riesgo de ser objeto de abusos por parte de funcionarios y bandas criminales. En el caso de las mujeres, niñas y niños ésta condición de vulnerabilidad de agrava habiendo sido insuficiente la respuesta del Estado para prevenir estas violaciones. Las repetidas agresiones y amenazas que han recibido el sacerdote Alejandro Solalinde y otros empleados del albergue de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, así como en contra de Ireneo Mujica, fotógrafo y activista a favor de los derechos de las personas migrantes, son otro ejemplo de las represalias de que son objeto quienes han decidido denunciar abusos y proteger a las y los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos.
La violencia contra las mujeres y la respuesta poco efectiva del Estado ante esta situación ha sido una de las preocupaciones fundamentales de Amnistía Internacional. Durante el año 2008, veintiocho estados promulgaron leyes para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero solo las autoridades federales y algunos gobiernos estatales dictaron reglamentos para la aplicación de la nueva legislación.
En un clima generalizado de violencia contra las mujeres, destaca la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de tres de las ocho mujeres a las que en el año 2001 se encontraron asesinadas en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.
Desgraciadamente el año 2008 ha transcurrido sin que las mujeres víctimas de violencia sexual y tortura en San Salvador Atenco, en el año 2006, encontraran justicia. El día de hoy insistimos en que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia tienen una importante deuda que reafirma la percepción internacional de que en México la impunidad es una respuesta frecuente ante los abusos graves contra los derechos humanos.
Este fenómeno continuado de impunidad se proyectó durante el año 2008, además, en el prolongado fracaso del Estado mexicano a la hora de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos en el pasado. En el 40 aniversario de la matanza de la plaza de Tlatelolco, seguía sin registrarse el menor avance en lo relativo a la rendición de cuentas de sus responsables. Hoy sabemos que ha sido concedido un recurso de Amparo al ex presidente Luis Echeverría Álvarez. Los graves abusos del pasado contra los derechos humanos continúan ensombreciendo el presente. Los crímenes del pasado no se evaporarán con el tiempo. La incapacidad del Estado mexicano de hacer comparecer a los responsables es únicamente reflejo de la debilidad e incapacidad del sistema mexicano de procuración e impartición de justicia.
En el mes de junio, se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad en 1976 y que al día de hoy sigue en paradero desconocido. Amnistía Internacional confía en que este caso permitirá abrir la puerta, no solamente para el abordaje de la inmensa deuda que en materia de acceso a la justicia prevalece respecto de los crímenes y abusos del pasado, sino para cuestionar los obstáculos que en materia de rendición de cuentas significa el fuero militar, ante actos violatorios de derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército contra civiles.
Durante el año pasado, aumentaron los informes sobre la implicación de personal militar y policial en homicidios, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias. Según los informes, en el mes de septiembre, agentes de la Policía Federal Preventiva mataron a una transeúnte de 17 años al efectuar varios disparos de forma innecesaria y sin advertencia previa contra un automóvil en Matamoros, Tamaulipas. En marzo, integrantes del Ejército dispararon contra un vehículo en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, matando a cuatro hombres e hiriendo a otros dos. En marzo de 2009 Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente fueron objeto de desaparición forzada por miembros del Ejército en Nuevo Laredo. En mayo del presente año fueron encontrados sus cuerpos. En estos casos como en tantos otros en que el Ejército está implicado, la jurisdicción militar sigue siendo un obstáculo para la justicia, la verdad y las reparaciones. El hecho de que la CNDH haya registrado en 2008 un número de denuncias contra el Ejército seis veces mayor respecto del año 2006, genera serias preocupaciones.
Lo hemos mencionado durante el año 2008 en repetidas ocasiones: no hay seguridad pública donde no hay derechos humanos y tampoco los derechos humanos son una realidad donde la seguridad pública está en entredicho.
La tortura y los malos tratos continuaron significando preocupaciones importantes. Durante el mes de octubre, docentes y simpatizantes locales de este gremio se manifestaron en el estado de Morelos. En la localidad de Xoxocotla, la policía federal disolvió una manifestación que se estaba celebrando en una carretera principal. Muchas personas detenidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio, las habían golpeado y, a algunas, las habían obligado a andar descalzas sobre brasas candentes.
El asesinato en el mes de abril de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, mujeres indígenas que trabajaban en una estación de radio comunitaria de la región Triqui del estado de Oaxaca, ha evidenciado nuevamente el grave clima de inseguridad que prevalece en México respecto de las y los trabajadores de los medios de comunicación.
En definitiva, la apertura que el gobierno federal ha tenido durante los últimos años al escrutinio internacional en materia de derechos humanos representa un avance sustancial. Durante el año 2008 el gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos renovaron el acuerdo para mantener en México una oficina de esta institución.
El rol que actualmente desempeñan las autoridades responsables de la política exterior mexicana en foros de primera importancia a nivel internacional como el Consejo de Seguridad de la ONU significa una enorme responsabilidad para el abordaje de crisis internacionales de derechos humanos tan graves como la invasión israelí a la Franja de Gaza, el conflicto armado en Sri Lanka o las guerras que durante años han cobrado la vida de millones de civiles en el centro de África. Este compromiso internacional, debe tener un nítido reflejo en la realidad interior mexicana.
La gran paradoja de los derechos humanos en nuestro país consiste en liderar hacia afuera lo que las autoridades han sido incapaces de construir hacia adentro. En el mes de junio, el gobierno deberá confirmar su compromiso de implementar las 80 recomendaciones formuladas por la comunidad internacional en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La prueba será nuevamente la efectiva implementación de estas recomendaciones a través de una política inclusiva y contundente que permita hacer realidad esos compromisos.
A través de casi 50 años Amnistía Internacional ha sido testigo de cómo la movilización social es capaz de lograr cambios extraordinarios. Es por ello que aprovecho la oportunidad para invitarlas e invitarlos a sumarse, como parte del trabajo de movilización de Amnistía Internacional México, a la caravana de activistas que saldrá el día 28 de junio de la Ciudad de México con el estado de Guerrero como destino, donde manifestaremos nuestra oposición al encarcelamiento del prisionero de conciencia Raúl Hernández, y externaremos nuestras preocupaciones relativas al clima generalizado de hostigamientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos en la entidad. Hemos ya agendado encuentros con organizaciones locales de derechos humanos, defensoras y defensores, así como con autoridades estatales. De igual manera, hemos solicitado ya audiencia con el Secretario de Gobernación para externar estos mensajes, la cual esperamos sea confirmada.
Este panorama de privación, falta de voz, inseguridad y exclusión hace evidente un círculo de violaciones de derechos humanos que no solamente impactan sobre el disfrute de los derechos civiles y políticos, sino que afectan el entramado de todos los derechos y que arroja la pobreza como uno de sus principales resultados.
El día de hoy, Amnistía Internacional reafirma la importancia de que ante este panorama preocupante de violaciones de derechos humanos, juntos y juntas, nos movilicemos para exigir dignidad.
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