Eduardo Ibarra Aguirre
Columna vertebral del sistema político, el Anpri –compuesto por las cúpulas de los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional--, dobló las manos ante la presiones de Televisa y Televisión Azteca para que la Ley Federal de Radio y Televisión no se reforme e incorporar las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de publicidad y propaganda negra.
Las enloquecidas ansias de Manlio Fabio Beltrones Rivera por ser el candidato presidencial del PRI para el 1 julio de 2012 y despachar en Los Pinos a partir del 1 de diciembre, lo condujeron a ceder a las presiones del duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico, y su Grupo Parlamentario presentó una iniciativa de reforma a la LFRT que insiste en renovar a perpetuidad las concesiones que detentan los grandes consorcios mediáticos (tal y como se buscaba con el engendro legislativo conocido como Ley Televisa), ahora al amparo de la figura de prórroga y mediante el pago de una contraprestación económica al Estado, que sería determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y descontada del costo de los espacios publicitarios que las televisoras deben otorgar de manera gratuita a la difusión de programas electorales, como lo establece la reforma al Cofipe del año pasado.
El plomero del drenaje profundo del Anpri, como antes lo fue del Prian, sabe que sin el apoyo del Poder de los poderes, como bautizó al duopolio de la televisión Andrés Manuel López Obrador ante miles de sus partidarios el pasado día 9 y que por segunda ocasión se concentraron en avenida Chapultepec, corre el mismo riesgo que el de Macuspana.
Sólo que éste demuestra a lo largo de casi 30 meses que sus proyectos sociales y políticos rebasan y con mucho el protagonismo de un individuo y más aún el propósito por encaramarse en la silla presidencial.
Del vasto movimiento del voto por voto y casilla por casilla, el otrora candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos transitó al rechazo multitudinario de lo que denominó La mafia nos robó la Presidencia, a la formación del gobierno legítimo de México con sus 2 millones 400 mil representantes. De allí al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y ahora le da continuidad con el que engloba la defensa del pueblo, del petróleo y del bienestar popular.
Resistencia civil pacífica, como genéricamente la llaman, que ya se ocupa en las plazas y las calles de la República, de “la fábrica de mentiras” que “administra la ignorancia del país”, porque “si un problema no sale en la televisión, es como si no existiera”.
Dice el odiado señor López con esa singular capacidad que tiene para poner al alcance de millones de mexicanos temas complejos, como reconoce Sergio Sarmiento Fernández de Lara: “No es un asunto menor venir aquí, a Televisa, a demandar pluralidad y apertura. Con nuestra presencia estamos dejando de manifiesto que en esta fábrica de mentiras hay más poder –que se oiga bien-- aquí hay más poder que en Los Pinos, que en la Suprema Corte o que en el Congreso de la Unión. Aquí está el poder de los poderes.”
La demanda presentada a 15 de los 39 dueños de México que forman parte del Consejo de Administración de Televisa –entre ellos Pedro Carlos Aspe Armella-- y que es válida para el consorcio del Ajusco, se resume en lo siguiente: ”No estamos aquí sólo para exigir espacios a nuestro movimiento y a mi persona, sino para que se aborden con seriedad, los grandes y graves problemas nacionales y se dé voz a todos los mexicanos.”
Una diferencia como el día respecto de la noche, entre la politiquería que lleva al sonorense a abdicar de sus obligaciones y el tabasqueño que seguramente colocará el vital tema de la reforma democrática de la radio y la televisión en las plazas y los foros para el debate y, además, en pleno proceso electoral.
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