Piden la renuncia y una disculpa pública de Ramírez Acuña
* El “Tribunal Popular” lo encontró culpable de violentar la ley.
* Policía municipal impidieron colocar un toldo y equipo de sonido.
JORGE GÓMEZ NAREDO
(Especial para el blog Redes Ciudadanas Jalisco)
Bajo un clima de tensión siempre constante, provocado por la presencia de más de cuarenta policías, el “tribunal popular” juzgó la actuación de Francisco Ramírez Acuña al frente del ejecutivo estatal y resolvió inhabilitarlo para cualquier cargo público por las omisiones hechas a la ley bajo su mandato y por la sistemática violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos.
La asamblea popular pretendió instalarse a las 12:00 hrs. en la plaza de armas, sin embargo, más de cuarenta policías, la mayoría portando armas de fuego, impidieron que se colocara un toldo, una mesa y un equipo de sonido. La tensión en ese momento fue creciendo y hubo empujones y gritos, entre los cuales destacó el de “gobierno, panista: represor y fascista”. Las fuerzas del orden lograron apoderarse de una lona, una mesa y dos bocinas que llevaban los manifestantes para proceder a la asamblea popular que juzgaría al ahora secretario de Gobernación.
Los uniformados aducían que no había permiso para colocar “mobiliario permanente” en la plaza de armas, mientras que los manifestantes trataban de explicar que todo duraría a lo mucho cinco horas. El enviado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), César Orozco, trató de informarle a un gendarme que el ayuntamiento precisaba garantizar el derecho de manifestación, pero el uniformado lo confundió con los asistentes a la asamblea popular y le respondió: “Ustedes pueden estar en cualquier punto que ustedes quieran, lo que yo les digo es que necesitan un permiso”.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), trataba de calmar los ánimos y mencionaba que lo único que querían era “una mesa para tener lo mínimo indispensable para poder seguir con el tribunal” y pedía “que se nos permita ya colocar la mesa, colocar el sonido y que no haya confrontación”. Mientras tanto, los policías resguardaban con uso de la fuerza una carpa (varios tubos y una lona) y dos bocinas.
Cuando los gendarmes estaban resguardando estos implementos, varios manifestantes lograron poner en pie una mesa y no dejaron ya que los policías se acercaran a ella, y fue entonces que comenzó, con una constante tensión, el juicio en contra del todavía gobernador jalisciense con licencia.
Con un altavoz conectado a un micrófono iniciaron las denuncias en contra de Ramírez Acuña. Hubo de todo: por la violación a los derechos humanos, por intimidación y persecución, por la falta de diálogo con los diversos sectores sociales y por no respetar el estado de derecho. Una de las causas por las cuales se acusó más al ahora secretario de Gobernación fue por la insistencia en construir la presa de Arcediano, la cual, dijeron varios de los oradores, causará un grave mal a los habitantes de Guadalajara, pues las aguas que ahí se concentren no serán potables y provocarán infinidad de enfermedades, entre ellas cáncer.
Mientras el “tribunal popular” escuchaba a los denunciantes, los uniformados seguían resguardando la lona, los tubos de una carpa y dos bocinas. En la calle Ramón Corona, dieciocho patrullas de la policía estaban aparcadas, aunque las señales viales anunciaran “no estacionarse”. Por esa misma arteria estaban apostados más de veinte elementos del Grupo Táctico “Eric”, de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Pasada la 1:00 pm llegaron alrededor de ocho elementos de los guardabosques para apoyar a sus compañeros en el resguardo de la carpa y el equipo de sonido. En suma, más de 40 elementos de la policía municipal vigilaban a los poco más de noventa asistentes que escuchaban atentos las denuncias. Marcelino Vidal Ballesteros, uno de los gendarmes, declaró a este diario que los policías encargados de cuidar el centro histórico estaban vigilando el juicio popular.
El jurado encargado de deliberar si Francisco Ramírez Acuña fue culpable o no de las imputaciones de los denunciantes estuvo compuesto por siete personas: Manuel García Navarro, médico miembro de varias organizaciones civiles de vigilancia y transparencia; José Vázquez Villaseñor, abogado litigante; Óscar González Gari, abogado y defensor de los derechos humanos; Mónica Pérez Taylor, periodista; María del Rayo Calderón, perteneciente al movimiento ambientalista; Martín Márquez Carpio, ex regidor del Ayuntamiento de Guadalajara; y Jorge Ceja Martínez, investigador de la Universidad de Guadalajara.
La resolución del tribunal se esquematizó en doce puntos, donde se enfatizó que “existen suficientes evidencias, testimonios y pruebas para establecer la plena responsabilidad política, administrativa, civil y penal del inculpado Francisco Ramírez Acuña por hechos cometidos por omisión, comisión, promoción y hostigamiento” por los delitos de lesa humanidad, tortura y ecosidio.
Igualmente, los miembros del tribunal instaron a Ramírez Acuña a presentar su renuncia y dar una disculpa pública al pueblo de Jalisco, México y a la humanidad. En caso de no hacerlo, se le pidió a Felipe Calderón que procediera a la destitución inmediata de su secretario de Gobernación y a iniciar una averiguación previa en su contra. Se llamó al poder legislativo de Jalisco y a la Suprema Corte de la Nación a iniciar una indagatoria de los delitos cometidos por Ramírez Acuña. A las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos se les pidió presentar las pruebas suficientes para coadyuvar en un juicio contra el todavía gobernador jalisciense con licencia.
El “tribunal popular” hizo un llamado a organizaciones internacionales para “sumar esfuerzos con la sociedad en la lucha contra la impunidad y la corrupción”; en especial se le pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que interpusieran todos los recursos “para la presenta causa”.
Por último, los integrantes del tribunal popular instaron al pueblo de Jalisco, al de México y a toda la Comunidad Internacional “para [impedir] que ningún espacio público o monumento lleve el nombre de Francisco Javier Ramírez Acuña”. Cuando Óscar González Gari, que leyó el resolutivo, concluyó su participación, los poco más de cien asistentes a la asamblea popular aplaudieron, muchos de ellos no ocultaron su alegría y comenzaron a gritar vivas a lo miembros del tribunal.
Terminado el acto, los policías permitieron que los manifestantes recogieran sus pertenencias. Mónica Pérez Taylor, en entrevista con este reportero, comunicó que el “tribunal popular” tendrá sesiones mensuales para discutir el cumplimiento de los resolutivos. Los gendarmes esperaron a que todos se retiraran para ellos hacer lo mismo y dedicarse, nuevamente, a vigilar la zona centro de Guadalajara.
