Opinión - Jorge Gómez Naredo

El PAN, Jalisco y los derechos humanos

Jornada Jalisco

Los gobiernos de derecha siempre han buscado, a través de todos los mecanismos posibles, minar los derechos humanos. Algunas veces lo hacen con argumentos leguleyos, otras tantas con la fuerza, la represión, la intimidación; la mayoría de las veces mezclan ambas formas. Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador jalisciense y ahora secretario de Gobernación, es el caso más representativo de este tipo de actuación. En Guadalajara, en mayo de 2004, detuvo indiscriminadamente y encarceló a decenas de jóvenes que habían cometido el peligroso delito de manifestarse; posteriormente buscó “legalizar” la intimidación a través de una policía secreta estatal y, por si esto fuera poco, no ha castigado, desde el puesto que hoy ocupa, a ninguno de los violadores a los derechos humanos que golpearon y asesinaron a ciudadanos oaxaqueños que protestaban, con todo derecho, en contra de un gobernador corrupto y torturador.

Los panistas, cuando se habla del respeto a los derechos humanos, experimentan un escozor en el estómago. Su discurso de “irrestricto” respeto a las leyes concluye cuando algún organismo defensor de los derechos humanos emite recomendaciones a una instancia gubernamental. El cardenal Juan Sandoval Iñiguez, eterno aliado de los gobiernos conservadores, continuamente realiza declaraciones en contra de los defensores de los derechos humanos. El miércoles pasado hizo la más reciente: “Mejor que investiguen a esa Comisión de Derechos Humanos, que es un instituto inútil, que nomás anda persiguiendo a la gente buena”. Valdría la pena preguntar al purpurado quiénes son los ciudadanos que están considerados en el concepto de “gente buena”, y claro, quiénes se encuentran en el opuesto, en la “gente mala”. Este el mismo maniqueísmo que, en las elecciones de julio de 2006, reputó a Andrés Manuel López Obrador de “peligro para México”, de “violento”, y a Felipe Calderón y al PAN de “estabilidad” y de “pacíficos”.

Acción Nacional en Jalisco ha intentado por todos los medios posibles desprestigiar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y, por ende, a la defensa de los derechos humanos universales. El gobernador interino, Gerardo Octavio Solís, instó a la comisión a no ventilar en los medios de comunicación sus investigaciones, a “no hacer escarnio público”. Se olvida Solís que la ley de la CEDHJ, en el título primero, establece: “la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene como finalidad esencial la defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos”; además, en el artículo 7, se dice que sus funciones son “investigar, estudiar, analizar y determinar la existencia de violación a los derechos humanos por actos u omisiones de los servidores públicos, autoridades estatales o municipales”. ¿Por qué, entonces, no hacer públicas las investigaciones que realiza la comisión? Por si esto fuera poco, la Constitución Mexicana decreta, en su artículo 6, que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

La derecha ha buscado inocular en la población la imagen del partido blanquiazul como el único capaz de defender la “legalidad” y el “estado de derecho”; sin embargo, la incongruencia es clara, pues en sus gobiernos (locales, estatales o federal) han dejado de lado el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Mexicana. Al no poder derogar las leyes que los defienden, han optado por violarlos (como en Guadalajara, Lázaro Cárdenas, San Salvador Atenco y Oaxaca, por mencionar algunos casos) y, muy a su usanza, emprenden embestidas mediáticas en contra de todos aquellos que osen defenderlos. En el caso de Jalisco, Juan Sandoval Iñiguez (que, según el diputado local panista Gustavo González, en un arranque de sumisión, adujo que las opiniones del cardenal muestran “el sentir de muchos ciudadanos”) encabeza esta lucha mediática en contra de los derechos humanos, reputando a la CEDHJ como inútil.

El PAN, a partir de la consumación del fraude electoral en 2006, busca encabezar un régimen donde los avances democráticos y en la defensa de los derechos humanos, además de la soberanía popular, se vayan minando. Es tarea de la sociedad defender lo que, hace años, miles de mexicanos lograron con su sangre y sus lágrimas. No se puede bajar la guardia.

jorge_naredo@yahoo.com