Entre 2001 y 2006, se presentaron 17,651 quejas de violaciones a las garantías individuales, de las que casi la mitad fue contra dependencias del Ejecutivo estatal.
Publico 23-Febrero-07
En materia de derechos humanos la Administración de Francisco Ramírez Acuña resulta reprobada, por las constantes violaciones a las garantías individuales, el regreso de la tortura como práctica habitual y la poca atención a las recomendaciones emitidas por el organismo constitucional encargado de vigilar las garantías individuales.
El juicio reprobatorio en esta materia en contra del segundo gobernador panista en Jalisco fue presentado ayer por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cuyos integrantes fundaron sus juicios en un pormenorizado estudio estadístico de las quejas presentadas de 2001 a 2006, las autoridades acusadas de violar derechos humanos y las principales conductas violatorias de las garantías individuales de las personas. El reporte, presentado por los consejeros Paola Lazo Corvera y Alejandro Sánchez Gómez y el primer visitador de la CEDHJ Mauro Gallardo Pérez, revela que 49 de cada cien quejas presentadas en estos seis años fueron en contra de dependencias del Poder Ejecutivo.
“Esta Administración reprueba en derechos humanos, es el pan de cada día. No se resguardaron ni protegieron las garantías individuales, no puede ser que haya tantas quejas y que muchas recomendaciones no hayan sido aceptadas por el Ejecutivo”, señaló el consejero Alejandro Sánchez.
El balance de los consejeros abarca del 21 de marzo de 2001, al 22 de noviembre de 2006, que son las fechas cuando Ramírez Acuña asumió su cargo y cuando solicitó licencia para irse a un puesto en el gobierno federal. Durante esta gestión, la CEDHJ emitió 51 recomendaciones, 26 de las cuales fueron dirigidas al Ejecutivo y doce en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ). Siete de estas recomendaciones fueron por denuncias probadas de tortura. De estas 26 recomendaciones al Ejecutivo, seis fueron aceptadas, once rechazadas y nueve parcialmente aceptadas.
En estos seis años se presentaron 17,651 quejas, de las cuales 8,580 fueron en contra de 40 dependencias del Poder Ejecutivo. El primer lugar en este deshonroso campeonato de denuncias por violación a los derechos humanos lo ocupa la PGJEJ con 4,437 quejas, le sigue la Secretaría de Educación con 1,026 y en tercer lugar la Secretaría de Seguridad con 916 denuncias (ver números completos en el gráfico). En conjunto estas seis dependencias concentran 88.6 por ciento de las quejas en contra del Poder Ejecutivo.
Este mar de cifras no es caótico, tiene un patrón común que los consejeros de la CEDHJ resaltaron: en lugar de que la PGJEJ sea un “un referente en la garantía del respeto a los derechos humanos”, las cifras indican lo contrario. La tortura regresó en este sexenio como práctica común para la integración de las averiguaciones. De un total de 786 denuncias por tortura presentadas en el sexenio de Ramírez Acuña, 686 tuvieron como autoridad responsable a la procuraduría estatal. Estas cifras indican que en promedio cada semana de este sexenio, al menos un ciudadano acudía ante la CEDHJ para denunciar que fue torturado en la procuraduría estatal. Además de la tortura, se denunció que en la PGJEJ hubo 1,576 detenciones arbitrarias, casi mil lesiones y 259 casos de intimidación. Prácticas semejantes, aunque en menor número, fueron encontradas en la revisión de los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Dirección de Prevención y Readaptación Social. Los datos en conjunto revelan un enorme hoyo negro en materia de respeto a los derechos humanos en la maquinaria de procuración de seguridad y justicia en Jalisco.
“Es evidente que las conductas que más inconformidades generaron por la actuación de servidores públicos responde al malestar que la investigación y persecución del delito provoca en los ciudadanos, los cuales por lo general afectan tanto a la víctima como al presunto responsable del delito”, sostienen los consejeros ciudadanos en el documento que presentaron públicamente.
Paola Lazo recordó que justamente por la actuación en materia de derechos humanos, el Consejo Ciudadano de la CEDHJ hizo un pronunciamiento a Felipe Calderón cuando invitó a Ramírez Acuña a la Secretaría de Gobernación, para que pusiera especial atención al desempeño de quien fuera gobernador de Jalisco.
Guadalajara. Rubén Martín
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