Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Los crímenes del pasado, la Femospp los pasó

(Parte I)

Jornada Jalisco

Cuando una sociedad emprende el camino de la democracia se impone no únicamente mirar al futuro, sino inevitablemente, echarle un vistazo al pasado. Es harto necesario que las sociedades reflexionen acerca de qué hacer con el pretérito en función del futuro que intentan construir. Y cuando en su pasado aparecen crímenes perpetrados por el Estado y el gobierno, es imprescindible contestar la pregunta ¿qué hacer con esos crímenes del pasado? Así sucedió con los tribunales de Nuremberg y Tokio, ambas instancias nos aferran a la idea de enfrentar el pasado para construir el futuro.

La sociedad mexicana no escapa a este proceso, el de proyectar un futuro a partir de conocer y entender el pasado. Después de setenta años de vivir bajo la “dictadura perfecta” priísta, y de un sinnúmero de luchas por salir de ella para construir una democracia basada en un sistema pluripartidista y una mayor equidad en el reparto de las riquezas; en el año 2 mil el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió las elecciones presidenciales frente al Partido Acción Nacional (PAN). Algunos mexicanos pensaron que era el resultado de las incontables luchas sociales, armadas y pacíficas, que se venían librando desde mediados de los años sesenta. Otros más, pensaron que la hora de rendir cuentas por parte de los gobernantes priístas también había llegado. Un presidente salido de las filas de la oposición que durante su campaña electoral había prometido llegar al fondo de las historias negras de la represión del Estado mexicano, no podía hacer pensar otra cosa. Más temprano que tarde la promesa de investigar, y en su caso condenar a los culpables de la guerra sucia en México, especialmente por las represiones estudiantiles en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, formó parte del sexenio de la frivolidad y de la larga lista de promesas incumplidas, donde el gobierno pudo pero no quiso castigar a los autores de los crímenes de lesa humanidad.

El periodo de la guerra sucia comprende los años de 1968 a 1985 en los cuales el Estado mexicano emprendió una lucha frontal en contra de los diferentes movimientos sociales opositores al régimen fueran armados o pacíficos, utilizando toda la maquinaria policiaca, militar, política y económica de que dispone el gobierno para perseguir a sus disidentes.

En la guerra sucia se vieron involucrados los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Aunque en realidad, también en los gobiernos siguientes la persecución a disidentes se mantuvo, aunque con menor intensidad. Hoy en día contamos con dos grandes versiones de los sucesos acaecidos en esos años: la del Estado mexicano y la de los activistas perseguidos por el régimen. Sea cual sea la historia, hoy los historiadores podemos, gracias a la enorme cantidad de testimonios existentes, reconstruir de manera muy acertada lo que sucedió en el México de los años sesenta, setenta y ochenta. Es en este sentido que podemos decir que gracias a la insistencia de la sociedad civil la impunidad se volvió visible.

En el contexto de la guerra sucia encontramos varios casos emblemáticos que nos muestran claramente la manera en la cual el gobierno mexicano intentó callar las voces discordantes en el pasado reciente: la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; la matanza del Jueves de Córpus el 10 de junio de 1971 en las calles de San Cosme en el Distrito Federal, ambas masacres como colofón de una dura persecución emprendida contra los universitarios desde finales de los años cincuenta; asimismo la represión contra la guerrilla rural de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en el estado de Guerrero; y contra la Liga Comunista 23 de Septiembre, guerrilla urbana nacida en Guadalajara el 15 de marzo de 1973.

Uno de los principales brazos ejecutores de la guerra sucia fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en diciembre de 1946. Ya en la década de los setenta la DFS, a través de la Brigada Blanca, se encargaba de los grupos guerrilleros urbanos, mientras que el Ejército mexicano perseguía a las guerrillas rurales. La actuación de ambos grupos buscaba, entre otras cosas, alimentar las fobias anticomunistas del régimen priísta para, de esa manera, aumentar el poder propio de esas organizaciones.

Así, la esencia de la guerra sucia fue callar las voces discordantes que se manifestaban en contra del Estado y fortalecer los instrumentos de control político-policiaco-militar para incrementar el poder de la clase hegemónica priísta.

Una vez llegado a Los Pinos, Vicente Fox Quesada debió enfrentar la exigencia de la sociedad nacional e internacional para que el gobierno federal aclarara los crímenes del pasado. Las estrategias para atender la demanda eran fundamentalmente dos: crear una comisión de la verdad o una fiscalía especial. Los debates en torno a la naturaleza y los alcances jurídicos que debía tener cualquiera de los dos organismos mencionados fueron intensos en los meses posteriores a diciembre de 2000. Los argumentos a favor y en contra llenaban planas completas en los diarios de circulación local y nacional.

En los albores de la discusión el presidente Vicente Fox no veía con malos ojos la creación de una comisión de la verdad, junto a él aparecían el entonces canciller Jorge Castañeda y el coordinador del gabinete de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, quienes se mostraban en favor de la creación de una comisión de la verdad. En la acera de enfrente se situaron el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quienes finalmente impusieron su propuesta de crear una fiscalía especial y no una comisión de la verdad, porque ésta generaría, argumentaron, expectativas de esclarecimientos, pero tendría un cuestionado valor jurídico al situarse por encima de las instancias constituidas.

Fue así como el 27 de noviembre de 2001 nació la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probables Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

El mismo día de la presentación en sociedad de la nueva Femospp, y sabiendo que uno de sus principales blancos serían las fuerzas armadas, Vicente Fox afirmaba que hacer justicia “no desacredita a un Ejército que es del pueblo y para el pueblo’’, por lo que se ‘’investigará y sancionará’’ a los responsables de actos de tortura y desapariciones por motivos políticos en las décadas de los setenta y ochenta. En el marco de esta estrategia los primeros paquetes repletos de documentos de la DFS llegaron al Archivo General de la Nación (AGN) el 24 de febrero de 2002 y se abrieron al público el 18 de junio de ese mismo año. Por otro lado, aceptaba que la apertura de los archivos sobre la guerra sucia era un derecho tanto de las familias de los miembros de las fuerzas armadas que cayeron en esa época como de los familiares de luchadores sociales que murieron o desaparecieron a manos del Estado, por lo que todas las muertes “deben ser perfectamente esclarecidas’’. Asimismo, el presidente ratificaba su compromiso de dar “cabal cumplimiento’’ a la recomendación que sobre desapariciones y tortura había efectuado al Ejecutivo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y recordaba su promesa de campaña: el pasado debe revisarse, ‘’lo prometí en campaña y lo cumplo. Por eso hay que ir más allá de la idea de una comisión de la verdad y aspirar no sólo a conocer las conductas y omisiones del pasado, sino también a sancionarlas. Eso es posible mediante la intervención de las instancias encargadas de la procuración y administración de la justicia’’ en el marco de la imparcialidad e integridad.