Opinión - Jorge Souza Jauffred

La Feria

Jornada Jalisco

Los derechos humanos, en riesgo en Jalisco

Las declaraciones oficiales “justifican” las vejaciones

El gobierno que viene debe defender al ciudadano

Apenas ayer, cuando creíamos que Jalisco avanzaba en materia de protección a los derechos humanos (esos derechos básicos que a todos corresponden, de acuerdo con los protocolos internacionales) una serie de datos y de hechos nos restriegan ante los ojos la triste realidad: en esta importante materia vamos hacia atrás y existe el gravísimo riesgo de que ocurra un retroceso más acentuado, debido a que las fuerzas que se han tensado contra la defensa de los derechos humanos viven un momento de gran poder.

El Consejo Ciudadano de la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco dio a conocer datos en donde queda de manifiesto que nuestra entidad no ha logrado avanzar en este renglón, a lo largo de los últimos seis años.

Digamos que de 2001 a 2006 el índice de quejas contra las autoridades por violaciones a los derechos humanos se ha recrudecido. Las quejas aumentaron de mil 66 a mil 122, pasando por un “pico” de mil 424 en 2004. De ellas, la mitad aproximadamente es contra la Procuraduría de Justicia del gobierno estatal y casi 80 por ciento se presentan en contra de instituciones encargadas de velar la seguridad de los ciudadanos. Con esos números, la situación es grave.

Hay temores fundados de que esta situación empeore. Imagine usted, primero, lo que estas cifras significan. Quieren decir que cada día las diferentes corporaciones policiacas torturan, golpean, intimidan, detienen injustificadamente, lesionan o amenazan a varios seres humanos. De ellos, un promedio casi tres, presenta queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; otros no lo hacen, se quedan sufriendo su impotencia, su dolor, sus lesiones en forma callada. No lo hacen porque no saben a dónde llevar su queja o porque tienen miedo o porque no tienen tiempo... da lo mismo. Son vejaciones policíacas que se quedan en el gran cajón de la impunidad.

Los otros, los menos (hemos dicho que casi tres cada día del año), acuden a quejarse. A decir que la policía los detuvo sin motivo y los golpeó. A denunciar a uniformados corruptos que, tras revisarlos, les quitaron lo que llevaban de valor en las bolsas. A acusar a policías desalmados que los detuvieron y ahí, en la oscuridad en la celda en donde fueron recluidos sin motivo, sufrieron golpes y vejaciones.

Los periódicos nos brindan, una que otra vez, crónicas espantosas sobre la forma en la que algunas personas (jóvenes casi siempre) han perdido la vida o han quedado lisiados a manos de agentes policíacos. Sin hacer un recuento, que sería larguísimo, baste recordar dos recientes golpizas que han propinado policías de Zapopan a jóvenes que no habían cometido ningún delito.

No es una sorpresa que la policía se haya endurecido en esa forma. Ni que lo haya hecho, principalmente, contra los jóvenes y los más pobres. Las declaraciones de las más altas autoridades reflejan con claridad una política “oficial” que fomenta, protege y permite el crecimiento de estas prácticas inhumanas.

La semana anterior, por ejemplo, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez dijo abierta y públicamente que la Comisión de los Derechos Humanos era inútil y que defendía a delincuentes. Qué lejos están estas palabras de las que predicó el Galileo en el Sermón del Monte, en donde hablaba de perdonar a los enemigos, poner la otra mejilla y dar la túnica a quien te robe la capa. Si bien esta enseñanza se dio en otras circunstancias y en otro contexto, no debe perderse de vista que es la base del catolicismo, en cuya estructura es jerarca Juan Sandoval.

No sólo eso. Esta claro que la mayoría de las personas lesionadas por agresiones de agentes policiacos no han incurrido en delito. Y para ello están de prueba los tres chicos detenidos en aquella fiesta rave de infausta memoria, quienes fueron obligados a padecer un año en prisión sin tener ninguna culpa de nada; otro caso es el de los detenidos durante las manifestaciones contra la globalización en la cumbre realizada en Guadalajara; algunos de ellos, como lo comprobó y lo difundió la prensa más tarde, ni siquiera formaban parte del contingente de manifestantes.

¿Es de cristianos someter a inocentes y torturarlos en una cárcel? Pero, aún en el caso de los delincuentes, de aquellos que roban una casa, un auto o que fueron sorprendidos riñendo en las calles ¿se justifica la tortura? ¿No estamos acaso retornando a tiempos anteriores, en los que esa práctica fue condenada y se intentó desterrarla? Pero, si un cardenal dice que esto no es importante a la CEDH y que está “defendiendo delincuentes”, imagine usted la fuerza que inyectan estas declaraciones a los verdugos.

No es todo, el gobernador Octavio Solís hizo segunda al prelado y reforzó sus declaraciones en el mismo sentido ¿puede usted imaginar el poder que otorgó a sus elementos de seguridad para que actúen fuera de la ley?

Jalisco sufrió 786 denuncias, solamente por tortura. La cifra puede parecer reducida, pero imagine usted que es su hijo o su hermano, el sometido a esta práctica inhumana para que confiese lo que no ha cometido. Por ello, luchar en contra de una comisión que defiende a la gente cuando la autoridad incurre en abusos, es actuar a favor del retroceso.

Los jaliscienses merecemos que se reconsidere este renglón. Esperamos que el nuevo gobierno frene y condene la tortura, la injusticia, las detenciones irresponsables a inocentes. Que se fortalezca la defensa de los derechos humanos y se proteja a los débiles, en quienes se recrea el poder de la fuerza policiaca. Sólo así, Jalisco dará un paso más hacia el futuro y hacia la justicia. Por mi parte, les espero en este mismo espacio el día de mañana.