jenaro villamil - proceso
México, D.F., 20 de febrero (apro).- “Yo pensaba que Vicente Fox era un delincuente electoral, ahora me doy cuenta que es un vulgar delincuente”, confió a Proceso, Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Unos minutos antes, los representantes del Frente Amplio Democrático habían anunciado en el Senado que presentarán una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por la confesión abierta del exmandatario en la que asume su abierta participación en el proceso electoral del 2006 para “desquitarse” de Andrés Manuel López Obrador.
Dos días antes, el gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, declaró con todas sus letras que el expresidente lo presionó para responsabilizar a “inocentes” de los terribles sucesos ocurridos hace un año exactamente en la mina Pasta de Conchos. Por lo menos, la negligencia criminal de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la propia empresa, perteneciente al Grupo Minero México, de Germán Larrea, provocó la muerte de 65 trabajadores.
Ahora, las declaraciones de Moreira, más las dos denuncias que tanto el PRI como el PRD plantean aprobar en el Congreso para que la PGR investigue al expresidente Vicente Fox perfilan un auténtico escándalo político transexenal.
Las cosas no están fáciles para el exmandatario, pero mucho menos para su sucesor Felipe Calderón y menos para Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República, que también formó parte del gabinete anterior como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el caso de Pasta de Conchos no ha sido sólo el gobernador Moreira el que ha encabezado las denuncias. El obispo Raúl Vera ha demostrado una valentía inusual entre los jerarcas actuales de la Iglesia católica denunciando la actuación de la empresa minera, y las omisiones y complicidades de las autoridades federales.
Algunos legisladores del PAN han tratado de responder al nuevo escándalo acusando a Moreira de querer “medrar” con la tragedia de los familiares y reorientar la atención hacia Napoleón Gómez Urrutia, el desacreditado líder sindical de los mineros que, si bien tiene fama de corrupto, por lo menos no ha podido ser responsabilizado directamente de los sucesos en Pasta de Conchos.
El exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, actual coordinador de los senadores de Acción Nacional, advirtió que si Moreira no aprueba sus dichos puede ser sujeto a juicio político. Su excontrincante en la gubernatura de Coahuila y actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, también acusó de mentiroso a Moreira y le reprochó que no hubiera denunciado antes.
Sin embargo, la airada reacción de los panistas y el sospechoso silencio de la PGR no podrán evitar que los dichos y los hechos de Vicente Fox se transformen en el peor pasivo político para la actual administración de Felipe Calderón.
El caso de Pasta de Conchos se trata de la peor tragedia ocurrida en los últimos 25 años en México en el ámbito laboral y amenaza con convertirse en un boomerang político-judicial.
La propia Procuraduría estatal ha definido el caso como “homicidio culposo” y señaló 4 líneas de investigación que tienden a responsabilizar tanto al Grupo México como las autoridades de la Secretaría del Trabajo:
--La falta de ventilación en la mina que permitió la acumulación de gas que se desprende en la explotación del carbón.
--La falta de polvo inerte. Contra la norma internacional, sólo 47 por ciento de los tramos de avance de la mina estaba polveado.
--La ausencia de metanómetros, aparatos que permiten detectar la concentración de gas metano en el aire.
--Las omisiones, negligencias, falta de atención y responsabilidad de la
Secretaría del Trabajo que no cumplió con su deber jurídico de realizar inspecciones y tomar las medidas necesarias.
A estos hechos que conforman el delito de homicidio culposo, se le suma el cada vez más acreditado conflicto de intereses que involucra a los propietarios de Minera México con el gobierno de Vicente Fox.
Una amplia investigación realizada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organismo vinculado a la Compañía de Jesús, acreditó que los sucesos en la mina de Coahuila fueron la culminación de un sexenio donde se sumaron violaciones a los derechos humanos laborales contra diferentes grupos mineros, tanto en Pasta de Conchos como en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la mina sonorense de La Caridad, en Nacozari.
Por si fuera poco, el Cereal acreditó que directivos del Grupo México, de Germán Larrea, fueron, al mismo tiempo, comisarios de la Fundación Vamos México, presidida por la otra mitad de la expareja presidencial foxista, Marta Sahagún. No sólo eso. Larrea también tiene un asiento en el Consejo de Administración de Televisa, empresa que le dio una cobertura más que favorable a los intereses de la empresa durante la tragedia de hace un año.
¿Qué responderá Fox a estas acusaciones? ¿Tendremos que esperar a que el expresidente, en su próxima participación como speaker en Washington nos diga con todo cinismo que él sí se “desquitó” también de los mineros muertos?
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