Opinión - Ramon Guzman Ramos

Atenco o el síndrome del autoritarismo

Jornada Jalisco

En estos días se está cumpliendo un año del inicio de la escalada represiva que el entonces presidente Vicente Fox implementó en contra de varios brotes de descontento social que habían surgido en el país y que amenazaban con poner en serio peligro el plan de continuidad de la derecha en el gobierno. Marcos, el Delegado Zero, se encontraba realizando lo que desde el inicio había denominado como la Otra Campaña. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con Ignacio del Valle como uno de sus dirigentes visibles, había mostrado sus simpatías por esta nueva estrategia política del EZLN y se había adherido a ella. Entonces vino la provocación.

La policía municipal intentó desalojar a un grupo de vendedores de flores del mercado de Texcoco y se generó un enfrentamiento violento. Fue la chispa que desencadenaría un golpe represivo como pocas veces se había visto en la historia de nuestro país. Vicente Fox mostró allí lo que llegaría a ser una estrategia de represión contra los movimientos sociales y políticos disidentes: la combinación de fuerzas federales con locales para sofocar a sangre y fuego tales movimientos, como lo había intentado ya con los mineros de Sicartsa en Michoacán, como lo habría de implementar también contra la APPO en Oaxaca.

El gobierno de Fox se propuso dar un doble golpe con el mismo tiro. Tomaría revancha en contra de quienes se habían opuesto, con machete en mano, dispuestos a todo, a la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto internacional. Y de paso tocaría a la Otra Campaña, que amenazaba con crecer en su recorrido y llenarse de masas descontentas y provenientes de las zonas más bajas de la sociedad, allí donde los condenados de la tierra se debaten entre el lodo y la luz. Fue tan brutal el golpe, que desarticuló al FPDT y dejó paralizada, totalmente sorprendida, sin saber qué hacer ante la violencia oficial, a la Otra Campaña. No es descabellado pensar que otro de los objetivos presidenciales podría haber sido el de provocar al EZLN para que respondiera con las armas y tener así la justificación para echar toda la fuerza del Estado en su contra, tal como Zedillo lo había intentado en otras circunstancias.

No es necesario hacer aquí una nueva reseña de la violación bárbara que las corporaciones policiacas, tanto de la Federación como del estado de México, cometieron contra los derechos constitucionales de los pobladores de Atenco. Además de la golpiza brutal que les propinaron, de las persecuciones hasta el interior de los domicilios, de aquel jovencito muerto por el estallamiento cerca de su cabeza de una granada de gas lacrimógeno, está también la violación tumultuaria de las mujeres y de algunos hombres mientras eran trasladados en los vehículos oficiales hasta su lugar de reclusión, así como su encarcelamiento ilegal. De esta manera, las víctimas se convirtieron en criminales ante la justicia foxista. Los verdaderos victimarios quedaron protegidos por una cortina poderosa de impunidad. Hasta la fecha.

En efecto, porque lo que fue un movimiento, radical si se quiere, de resistencia contra las medidas arbitrarias de parte del gobierno, y luego por la gestoría de los problemas más importantes que aquejan a los pobladores, fue convertido en una conspiración del orden común. Los atenquenses eran los violentos, los que pregonaban la anarquía y se burlaban de las leyes y las instituciones, los que mataban a patadas a los policías y secuestraban funcionarios públicos como lo hacen las bandas de criminales. Fue lo que repetían hasta la saciedad los grandes medios de información, sobre todo los electrónicos, especialmente la televisión, quizá como un ensayo del papel infame que jugarían también durante la guerra sucia electoral.

Ahora podemos deducir que esa estrategia política de sofocar como sea toda expresión de disidencia organizada es una herencia que Felipe Calderón ha hecho suya. El uso excesivo, inconstitucional –porque no se ha declarado un estado de excepción en el país–, del Ejército para que se haga cargo de las tareas policiacas es un síntoma del sentimiento de debilidad con que Calderón tomó posesión de su cargo. Y un gobierno que se siente débil recurre a la fuerza pública para sostenerse y para disuadir a la oposición de sus intenciones de desatar un movimiento nacional de cuestionamiento de la legitimidad presidencial. Por eso el escarmiento de ahora.

La condena de 67 años y medio de cárcel que se ha arrojado sobre los dirigentes del FPDT, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, es la continuidad por otros medios –el jurídico, precisamente– de la estrategia represiva que ha adoptado sin reservas la derecha en el poder. Es el modo como un régimen autoritario, que padece ausencia de consensos, que se caracteriza por la irracionalidad y la falta de fundamento en sus decisiones, que se ha propuesto imponer un orden social opresivo y carente de libertad, que concentra el poder político y económico en unas cuantas manos, y que se propone eliminar toda diversidad democrática en la sociedad, se erige sobre la sociedad y se convierte en un monolito cerrado que excluye y combate toda expresión organizada que no esté bajo su control total.

Atenco no es un síntoma aislado de este fenómeno del autoritarismo. Allí están los demás casos que todo México conoce. Sicartsa, Atenco y la APPO son los signos que reflejan el rostro duro con mano de hierro del gobierno. También la APPO tiene sus muertos, sus perseguidos y sus presos políticos. Y nadie ha hecho justicia sobre los dos mineros que murieron en el puerto de Lázaro Cárdenas ante la arremetida de las policías federal y estatal. Y los otros casos más recientes en otros estados. El proceso de construcción de nuestra democracia está sufriendo un viraje terrible hacia la derechización de la política, que es como decir la fascistización de la vida nacional.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Sin Estado laico no hay democracia

Jornada Jalisco

La aprobación en lo general de la reforma para la despenalización del aborto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se ha dado en un contexto de polarización social virulenta. Ha sido una confrontación directa de posturas entre dos visiones radicalmente distintas en nuestra sociedad. Quienes han rechazado y condenado desde el principio una iniciativa como la que ayer se aprobó, no supieron encauzar el debate de una manera civilizada, con argumentos racionales. Lo que hicieron fue romper esa línea delgada que mantenía al Estado laico como una entidad propia, separada de la vida religiosa, y traspasaron los límites para anteponer cuestiones de fe a las de la ley y el derecho de los individuos.

En todo régimen democrático debe existir una separación apropiada entre el Estado y las iglesias. El Estado tiene una conformación de carácter histórico y político que sólo permite la participación de la sociedad en los asuntos de carácter público por los mecanismos legales que el propio Estado se da. La Iglesia católica ha sido también un poder político en la historia. Pero un poder vertical, autoritario, que llegó a constituir Estados teocráticos donde el individuo y las sociedades estaban totalmente sometidos a los dogmas de fe. Fue por ello, precisamente, que la ciencia se quedó estancada durante muchos siglos. El Estado laico es entonces producto de las revoluciones sociales y el triunfo de la democracia en la historia, esto es, de la libertad sobre el oscurantismo.

Los asambleístas que se opusieron a la despenalización del aborto (todos ellos del PAN) ignoran totalmente una realidad brutal: que decenas de miles de mujeres se lo practican en incondiciones clandestinas y que un porcentaje considerable de ellas muere en la experiencia, fueron apoyados –todavía– por la jerarquía de la Iglesia católica en nuestro país, institución que no responde a los intereses de nuestra nación sino a los de un Estado ajeno: el Vaticano. El Papa Benedicto XVI es, por cierto, el jefe de ese Estado en estos momentos. No sólo se pronunció abiertamente sobre una controversia política que se estaba dando en la ALDF, sino que instruyó a los obispos de México para que tomaran acciones concretas en contra de la iniciativa.

Estamos ante la injerencia directa de un Estado extranjero en la vida política de nuestro país. A pesar de todas las reformas que nuestra Constitución ha sufrido, y del hecho de que es la derecha la que se encuentra en estos momentos en el poder, el Estado mexicano no ha perdido su carácter de laicidad. Esto significa que se asume como el representante legal de los intereses legítimos de los mexicanos y de la nación en su conjunto. Y que las cuestiones religiosas han de vivirse en otros ámbitos totalmente distintos. El carácter laico del Estado permite, por cierto, una amplia libertad para la existencia de diversas iglesias y expresiones religiosas en nuestros país. No puede haber una iglesia oficial, ni siquiera hegemónica, que pudiera contar con el beneplácito y con un trato de privilegio por parte del gobierno. La condición para que haya también diversidad por lo que respecta a las religiones es que tengamos un Estado laico sólido.

El debate sobre la despenalización del aborto, que podría trasladarse ya a la conveniencia o no de que los opositores antepongan un recurso de inconstitucionalidad ante la PGR o la CNDH, lo que pondría al nivel federal de gobierno en posición de injerencia en los asuntos de un órgano legislativo local, ha servido para que la sociedad haga por fin un deslinde preciso entre religión y política. De pronto, la jerarquía católica ha saltado a la palestra política para inmiscuirse directamente en un debate que sólo corresponde a los ciudadanos, particularmente a las mujeres. Y lo ha hecho con un argumento maniqueo, que impacta emotivamente a ciertas franjas de la sociedad que carecen de una información objetiva sobre el asunto. Desde el momento de la concepción, esgrimen, tenemos ya a un ser humano no nacido. Entonces, cualquier interrupción del embarazo en cualquier etapa del proceso es igual a un asesinato. Parece una argumento contundente, que ha hecho vacilar, por cierto, a muchos que desde un principio se mostraban a favor de la despenalización.

Habría que colocar el asunto en su contexto preciso. La condena que desde siempre ha arrojado a las mujeres que se ven obligadas por diferentes razones a abortar no ha impedido que cientos de miles de ellas, millones en todo el mundo, arriesguen sus vidas y su integridad moral al tener que recurrir a prácticas clandestinas y en condiciones bárbaras de insalubridad. Pero a la jerarquía católica no le interesa realmente parar esta oleada terrible de abortos clandestinos si se mantienen en el sótano más oscuro de la sociedad. No importa que, en efecto, un buen porcentaje de mujeres que se practican el aborto en tales condiciones deje su vida en el intento. Es por ello que se plantea que estamos ante un problema grave de salud pública. Y muchas de las mujeres que se ven obligadas a interrumpir un embarazo no deseado son católicas. La Iglesia no ha sido capaz de encarar este problema y acompañar moralmente a quienes se ven de pronto en una situación de emergencia extrema.

Pero tiene que ver también con algo que la Iglesia no tolera: la libertad de la mujer para tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, incluyendo su sexualidad y la maternidad. Que ellas tengan derecho al placer sexual, a una vida erótica vigorosa. Es lo que escandaliza. Y que de paso tengan que sacudirse la responsabilidad de un embarazo no planeado con un aborto. He aquí el meollo de la cuestión. La mujer tendría que seguir bajo el sometimiento del dogma. Después de todo, ella es la culpable del pecado original. Ella se dejó tentar por la serpiente maligna y arrastró a Adán al abismo de las tentaciones. No tardará mucho en que, como ha ocurrido con el caso del limbo, estos dogmas medievales se desmoronen y se desplomen por sí solos.

Desde luego que tampoco se trata de fomentar la práctica del aborto como una medida normal. De lo que se trata es de sacarlo de las tinieblas y que ya no sea un delito. Los asambleístas del D.F. que votaron a favor han dado un paso decisivo en los derechos de la mujer y el fortalecimiento del Estado laico. La despenalización del aborto ha quedado debidamente reglamentada. Los asambleístas que aprobaron la reforma han sido excomulgados. Pero con suerte y al rato nos enteramos de que el infierno tampoco existe. El infierno está en la Tierra y lo que hicieron fue liberar a muchas mujeres de caer en sus llamas terribles.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

La moral del silencio

Jornada Jalisco

Resulta difícil establecer lo que es bueno y lo que es malo desde el enfoque cerrado de una moral que ha funcionado como dogma desde hace siglos. El dogma, como se sabe, es una verdad sagrada que no está sujeta a cuestionamiento ni a cambio alguno. Simplemente se acepta porque así lo dispone la institución que aglutina y domina el pensamiento de sus seguidores. De ahí que entre el dogma y el fanatismo hay una distancia que se evapora en el aire. Y el fanatismo, como se sabe también, es la conducta irracional que se asume para defender como sea el dogma y para imponérselo a otros.

Lo que no resulta tan difícil es precisar hasta dónde la Iglesia Católica, como estructura burocrática cuya función primordial y razón de ser es la preservación del dogma, representa los principios y los propósitos originales del cristianismo, de la filosofía profundamente humana de Jesús. La jerarquía eclesiástica no representa sino sus propios intereses como casta religiosa, como una clase social que ha acumulado un poder inmenso sobre las almas y los cuerpos de millones de personas en el mundo. Mantener el dogma es garantizar la existencia de esta estructura inmensa de control humano.

Habría que recordar que hubo un tiempo en que la Iglesia Católica contaba con posiciones fuertes de poder político. (Las está volviendo a ganar ahora.) La vigilancia del dogma llegaba entonces a extremos inconcebibles. Millones de personas en el mundo fueron perseguidas, torturadas, quemadas en hogueras públicas, humilladas, encarceladas, desterradas, asesinadas, para evitar que otra cosa pudiera poner en duda el dogma sagrado. La lucha ha sido, por ello, entre las tinieblas densas del fanatismo y la luz reveladora de la ciencia. El dogma no tolera a la ciencia porque se sustenta en la ignorancia, en una fe ciega que es la antítesis de la libertad humana.

Lo más lamentable es que en esta época, cuando la ciencia ha provocado el desplome de muchos de los pilares del dogma, se mantengan actitudes que sólo se pueden concebir en una sociedad cerrada, atrapada en la ignorancia. El dogma de la Iglesia Católica es un dique enorme que no deja de obstaculizar el desarrollo pleno de la sociedad. Una religión tendría que abrirse también a la duda, al cuestionamiento, al pensamiento crítico, a la renovación, al cambio; como sucede con las filosofías, particularmente las que se refieren a la existencia humana, a la búsqueda de sentido. Desde luego que el desarrollo de una conciencia lúcida pondría también en cuestión el poder inmenso que ha acumulado a lo largo de todos estos siglos la jerarquía católica. Y tratándose de poder, sea del tipo que sea, lo que sucede es que quienes lo detentan no lo quieren dejar por nada del mundo.

La condena visceral, sin concesiones, a una iniciativa que se ha tomado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, relacionada con la despenalización del aborto, cuyo impacto se ha sentido en todo el país, tiene que ver en realidad con la defensa a ultranza de ese dogma sagrado, inamovible, compacto como un monolito, que ha sido la piedra sobre la que se ha erigido esta estructura vertical de mando de la Iglesia Católica. Entre los pilares de marfil de este dogma se encuentra, precisamente, esa concepción patriarcal, discriminatoria, esclavista, que tiene la institución religiosa sobre la mujer.

En el fondo, de lo que se trata es de mantener a toda costa esa negativa infame a reconocerle a la mujer sus derechos de género, sus derechos fundamentales de ser humano, entre los que se encuentra el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que tiene que ver con la libertad. La Iglesia, por su parte, se refugia en su dogma para mantener esas relaciones en que la mujer no podía aspirar sino a ser la esclava del hombre, la esclava del mundo. Y hay que recordar que la jerarquía eclesiástica está formada por hombres. Las mujeres en esta institución religiosa no tienen derecho ni al sacerdocio. ¿Cómo esperar que les reconozcan a las mujeres seglares su derecho a la libertad, a la libre opción, mucho menos a reconocer su cuerpo como algo que no puede pertenecer sino a sí mismas?

El dogma de la Iglesia mantiene una verdad que resulta insostenible: que el alma es como un soplo de vida que ocupa al ser humano desde el momento de la concepción. De ahí que cualquier interrupción de este proceso es equivalente a un asesinato. Por lo tanto, el aborto, no importa la circunstancia en que se dé, es un asesinato. Una lógica que en primera instancia parecería fulminante. Pero es también una cuestión de semántica. ¿Un embarazo interrumpido es igual a un asesinato? La Iglesia ha llevado la cuestión hasta un extremo bárbaro: hasta evitar la concepción es un pecado. De ahí la prohibición al uso de los métodos anticonceptivos. Que las mujeres tengan los hijos que Dios les mande, aunque la Iglesia, por supuesto, incluso ni el Estado, se hagan cargo del destino de estos niños.

Una cuestión tan delicada como el aborto debe estar en el debate público. Pero al margen de todo dogma. Es necesario analizar el problema desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos de la ciencia y la ética: ¿en qué momento del embarazo el embrión adquiere las características plenas de un ser humano? ¿Es mejor mantener esta problemática en el silencio, de plano en la clandestinidad? El hecho es que miles de mujeres se ven obligadas por diferentes circunstancias a interrumpir un embarazo no deseado, o que pone en peligro su vida, y muchas de ellas mueren en el acto o quedan con secuelas que les echan a perder la existencia. No se trata de fomentar el aborto. Es seguro que ninguna mujer recurriría a él por gusto. Pero es necesario que las leyes no lo penalicen y que normen su práctica médica.

Desde luego que la moral del silencio se alimenta de hipocresía. Quienes dicen defender la vida desde el primer momento de su concepción no hacen nada, en cambio, por acabar con las guerras que existen en el mundo, como la de Irak, por ejemplo, o de proteger a todos esos niños que han nacido con el futuro cancelado, que se mueren a causa de enfermedades que son curables, que se quedan sobreviviendo en los márgenes más extremos de la realidad. Y tampoco hacen nada por reconocer y castigar las perversiones que algunos de los ministros religiosos cometen contra niños inocentes. En el fondo, de lo que se trata es de negarle a la mujer su derecho a decidir por sí misma, su derecho al placer, su derecho, en fin, a realizarse plenamente sin que la Iglesia siga siendo esa Inquisición que la arroja a la hoguera cada vez que, como Juana de Arco o Sor Juana Inés de la Cruz, se atreven a salir de su cárcel con arrojo en busca de la libertad.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

La lucha contra la represión

Jornada Jalisco

Hay algo fundamental que la derecha en el poder no ha aprendido de la historia: el endurecimiento no hace sino poner en evidencia el sentimiento de vulnerabilidad que sobrecoge al gobierno. La represión como medida para tratar de sofocar los movimientos de descontento colectivo no hace sino incubar un mayor grado de indignación entre la sociedad. Tarde o temprano, en cuanto las organizaciones hayan aprendido las lecciones de su práctica política y le hagan los ajustes pertinentes a la estrategia, las fisuras en el régimen se empiezan a mostrar hasta que se convierten en fracturas abiertas. Fue lo que le pasó, precisamente, al PRI cuando detentaba de una manera hegemónica el poder.

Creíamos, por cierto, que se trataba de una época aciaga que habíamos dejado enterrada en el pasado. Pero he aquí que ha regresado con una virulencia inusitada. La represión como estrategia del poder. De lo que se trata es de sembrar la realidad de miedo para disuadir cualquier brote de inconformidad que pudiera llegar a generalizarse. Un gobierno que se identifica con la sociedad y que responde a los intereses de todos y no sólo de unos cuantos no necesita de la intimidación y la política del garrote para sostenerse en el poder. Sólo los gobiernos que no sienten muy sólida su legitimidad recurren al recurso de la violencia oficial para sofocar cualquier expresión que no esté bajo su control total.

La derecha comenzó a hacer uso indiscriminado de la represión cuando el gobierno en sus manos sufrió un vuelco hacia la radicalización de las medidas neoliberales. En primer lugar, tenía que evitar como fuera que la izquierda la desplazara del poder. Y como no hubo otro camino que la guerra sucia y el fraude, se vio obligada a echar mano de los aparatos represivos del Estado para sofocar a sangre y fuego cualquier muestra de insurrección civil. Atenco y Oaxaca, así como el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron el laboratorio para probar la eficacia de los cuerpos policiacos y las reacciones de la sociedad.

El primer paso era aislar estos conflictos de la sociedad para poder golpearlos sin que se produjeran repercusiones sociales de gran envergadura. El movimiento social tendría que hacer un análisis muy concienzudo al respecto para sacar la conclusión de que las políticas represivas del régimen son posibles cuando las luchas del pueblo se dan de una manera sectorial, sin que se produzcan relaciones de solidaridad activa entre ellas. La derecha ha podido golpear a los movimientos sociales de mayor magnitud e importancia porque le resultó fácil aislarlos de su propio contexto.

Muchas cruces ha dejado esta escalada represiva, así como hogares divididos, atemorizados por la amenaza, la persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes participan en estas luchas. Habría que recordar que estas luchas surgieron como producto del agotamiento del sistema electoral. Una vez que la derecha llegó al poder, se dedicó a clausurar prácticamente los caminos para que cualquier otra fuerza política pudiera desplazarla por las urnas. Pero está el hecho, además, de que hasta ahora la democracia electoral, con sus debidos controles, no ha servido para traerle bienestar a la población.

El descontento de grandes franjas de la sociedad, y su disposición a movilizarse, ha sido por esta razón principalmente. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de buscar sus propios caminos para gestionar y resolver los grandes problemas que lo agobian. Pero la autoridad, en vez de tender puentes y de abrir canales para encauzar juntos la problemática social, lo que hizo fue enviar a la policía –local y federal– a reprimir violentamente estas expresiones independientes. El gobierno se ha dejado llevar por un temor enorme, inconfesable: que estos movimientos adquieran conciencia de su potencial autogestivo y decidan que el tipo de gobierno que necesitan es uno propio, salido directamente de su seno. Fue, por cierto, lo que sucedió en Oaxaca.

Desde luego que esta actitud de aplicar mano dura contra la población se extiende también a otros ámbitos. Como el caso de los comerciantes purépechas que fueron desalojados de la calle Esteban Alatorre el jueves de la semana pasada. Ellos, que provienen de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, Michoacán, tenían varios años instalados allí. Las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara simplemente decidieron que había que limpiar esa zona y lo hicieron enviando a la fuerza pública, sin que mediara diálogo ni negociación alguna. Por cierto que los habitantes de Capacuaro han estado exigiendo que el gobierno de Michoacán intervenga para que se pueda corregir de alguna manera este atropello de la autoridad tapatía.

Otros sectores y agrupaciones sociales han sido víctimas también de esta política de mano dura que ha adoptado de una manera indiscriminada la derecha en el poder, como se demostró en las manifestaciones de protesta que se protagonizaron el lunes pasado. He allí, por cierto, una muestra de lo que se tendría que hacer para detener la represión y abrirle nuevamente una avenida a las garantías individuales y sociales, a los derechos humanos fundamentales que deben ser respetados en cualquier circunstancia y bajo cualquier gobierno.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

La lucha por los derechos humanos

Jornada Jalisco

Uno de los retos más importantes que habrá de enfrentar el próximo gobierno de Emilio González Márquez es el de los derechos humanos. La administración que dejó Francisco Ramírez Acuña para irse a ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación ha sido severamente cuestionada en materia de derechos humanos por el ombudsman estatal y diversas organizaciones no gubernamentales. Con una sensación de alarma generalizada, se han registrado diversas y numerosas actitudes del gobierno de Jalisco que son violatorias de las garantías constitucionales. Pero lo peor de todo es que no se han atendido las recomendaciones que al respecto, sobre todo las relacionadas con la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Los derechos humanos tienen que ver con el derecho a una vida digna, a la libertad y a la seguridad social, a la igualdad ante la ley, así como la prohibición de cualquier tipo de discriminación, sometimiento y tortura contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Estos derechos tendrían que estar garantizados por el Estado. Pero sucede que son las instituciones y demás órganos del Estado los que suelen violar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las organizaciones sociales. ¿A qué se debe esto? Hay, por supuesto, una causa grande relacionada con el ejercicio autoritario del poder. Los gobiernos son electos por mayorías relativas de votantes. De ahí que tienen que perseguir su legitimidad a través de acciones específicas de gobierno. Pero no siempre resulta fácil lograrlo. Lo que sucede es que los gobiernos se separan paulatina y gradualmente de las mayorías de la población, de manera que el respaldo que obtienen resulta artificial y proviene sólo de los sectores a los que se privilegia desde el poder.

El encargado de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Carlos Manuel Barba García, lo había venido señalando desde antes de su informe de ayer: casi todas las recomendaciones que el ombudsman le ha hecho a funcionarios y oficinas del gobierno del Estado han sido ignoradas, aun las de mayor magnitud, como los casos de detenciones ilegales y tortura por parte de las corporaciones policiacas. De ahí su planteamiento en el sentido de que “el reto para Jalisco es hacer de los derechos humanos una política de Estado”, ya que Jalisco, agregó, no es un estado de derecho. Debe, por lo tanto, “responder a los intereses consagrados en la Constitución federal y en la de Jalisco, así como en los tratados y convenciones internacionales”. La violación sistemática de los derechos humanos es, por lo tanto, una violación artera a nuestra Carta Magna. Un gobierno que comete una falta de esta magnitud pierde toda legitimidad.

Ningún gobierno es infalible. Este debería ser uno de los principios a los que tendría que comprometerse todo aspirante a gobernar. Los gobiernos cometen errores. El problema estriba en si lo hacen de manera sistemática y consciente o son errores propios de los procesos, que nos indican dónde y en qué momento llevar a cabo los ajustes pertinentes. Pero si los gobiernos le fallan a la sociedad con respecto a los compromisos que adquieren legal y políticamente con ella, entonces terminan por colocarse de espaldas y por encima de ella; es decir, en su contra. Se entiende que en una situación así no toleren ninguna expresión independiente de descontento social, de cuestionamiento a las políticas públicas que se diseñan y se aplican desde arriba. Al tratar de imponer el silencio, de sofocar como sea, a sangre y fuego si es preciso, las voces de la disidencia, entonces la relación de poder se vuelve autoritaria, violatoria de las garantías fundamentales del ciudadano y de la sociedad en su conjunto.

El autoritarismo niega por principio todo derecho de los gobernados a expresarse de cualquier forma en desacuerdo con el gobierno. Cualquier expresión de inconformidad es tomada como un atentado al sagrado principio de autoridad. Los gobernados están allí, abajo, para acatar lo que se les dicta y ordena desde arriba. Lo contrario es tomado como una insubordinación intolerable. Vivimos una época de violación generalizada a los derechos humanos, que va desde la ocupación militar y la pérdida de todo derecho humano hasta la tortura en las llamadas democracias. El Estado tendría que garantizarles a todos los miembros de la sociedad su derecho a la vida, a un empleo bien remunerado, a la salud y la educación públicas, a la vivienda, a los servicios públicos elementales. Cuando falla en esto, que suele ocurrir con abrumadora frecuencia, entonces se desatan los jinetes de la represión. De ahí que el respeto a los derechos humanos es algo que no se puede desligar de la lucha por una verdadera democratización de la vida pública, por la libertad auténtica de los individuos y los grupos, por la dignificación de la convivencia social.

El reto de toda democracia es alcanzar un grado mayúsculo de relación interactiva entre el Estado y la sociedad. Que el poder no se concentre sólo en las manos de los gobernantes, sino que se socialicen los procesos de toma de decisiones y ejecución de los acuerdos. En la medida en que la democracia construye este tipo de relaciones horizontales de poder, así los derechos humanos adquieren la relevancia especial que se merecen. Un régimen donde se violan sistemáticamente, con toda la impunidad del mundo, los derechos elementales de los ciudadanos y los grupos sociales, es un régimen que sólo puede identificarse con el autoritarismo más recalcitrante.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

El desquite

Jornada Jalisco

Le ha resultado demasiado difícil a Felipe Calderón hacerse de la legitimidad que no pudo obtener durante el proceso electoral del año pasado. Esa tendencia a militarizar la vida pública del país lleva la intención de ganarse el respaldo de la sociedad y, al mismo tiempo, de disuadir los movimientos sociales que cuestionan su llegada al poder y la política económica -de privilegio para unos cuantos- que ha estado adoptando.

La sombra de Andrés Manuel López Obrador, su antípoda irrenunciable, aunque un tanto lejana y difusa, no ha dejado de perseguirlo. Recientemente se han hecho nuevos intentos para demostrar por todos los medios que AMLO había aceptado ya su derrota desde el mismo día de los comicios. El libro de Carlos Tello Díaz, titulado 2 de julio, ha sido uno de estos empeños. La inusitada difusión que ha tenido hace pensar en un nuevo intento por desacreditar a López Obrador y dejar sentado que Calderón ha sido en todo momento el presidente indiscutible de México. Podríamos estar ante una versión inédita de la guerra sucia desde el ámbito cultural.

Y es aquí donde se inserta, precisamente, esa declaración que hizo Vicente Fox en Washington con respecto a la contienda por la Presidencia de México. Andrés Manuel López Obrador salió triunfante de la amenaza de desafuero y el intento de inhabilitarlo como candidato por la vía judicial, pero el entonces presidente Fox tomó desquite durante la contienda. Es la voz de quien construyó todo un discurso de respeto a la ley cuando, lo supimos desde siempre, la estaba violando para poner todas las instituciones del Estado al servicio de sus intereses y ambiciones personales, al servicio de la continuidad de la derecha en el poder, al servicio de esa guerra bárbara que desató contra el candidato de la Coalición por el Bien de Todos para aniquilarlo políticamente.

En la búsqueda un tanto desesperada de Felipe Calderón de la legitimidad que todo gobierno requiere si se asume como democrático, las palabras de Fox se han convertido en un obstáculo enorme, en una puesta en evidencia que debería indignar a la sociedad, como de hecho está sucediendo. Estamos ante el reconocimiento de Fox de que, en efecto, como se denunció de diversas maneras en ese momento, el proceso electoral del 2 de julio se contaminó hasta el tuétano con la intervención directa de la Presidencia de la República a favor de quien se convirtió en el candidato oficial. Una declaración de esta naturaleza serviría en cualquier país realmente democrático para enjuiciar al ex presidente y para hacer una nueva revisión del proceso electoral.

Hay otra implicación mucho más delicada que se desprende de esta declaración llena de cinismo: el candidato oficial no hubiera podido triunfar, aun con todos los errores que pudo haber cometido AMLO, sin la ayuda enorme de la Presidencia de la República. Se deduce entonces que la legitimidad de la elección le pertenece, en efecto, a López Obrador y no a Calderón, quien se hizo presidente con el reconocimiento de instituciones que, como el IFE y el TEPJF, también fueron severamente cuestionadas por la sospecha de que terminaron sometiéndose a esa intervención presidencial que ha sido ya reconocida por el propio Fox.

Todo el esfuerzo de Calderón por hacerse de la legitimidad ausente se le ha venido abajo con esta nueva imprudencia de Fox. Lo que hay detrás de las palabras del ex presidente es también el reconocimiento tácito de que hubo un golpe de Estado anticipado contra Andrés Manuel López Obrador. Los golpes de Estado tradicionales que conocemos son los que se producen contra un gobierno legal y legítimamente electo. Lo que se hizo en México fue evitar a toda costa que AMLO llegara al poder cuando era obvio que contaba con todas las posibilidades para hacerlo.

Hay algo que en términos coloquiales se conoce para designar situaciones como las que últimamente ha protagonizado el ex presidente Fox: la desverguenza. Pero todo quedaría en mera anécdota si no fuera porque ese golpe desde el Estado contra el candidato con mayores posibilidades de ganar fue en realidad un golpe a la gran mayoría de la población que acudió a las urnas a votar, que a pesar de todo lo que había ocurrido durante la contienda confió en el poder de su voto; un golpe dictatorial contra la voluntad popular.

El sentimiento de satisfacción que se refleja ahora en el rostro de Fox al hacer alarde de esa batalla que ganó es en realidad una burla abierta, descarada, contra la mayoría de la población. La Presidencia de la República en manos de Fox se convirtió en un instrumento para satisfacer ambiciones personales y de grupo. No fue una Presidencia para todos. Mucho menos una Presidencia que se hubiera propuesto respetar en todo momento y circunstancia el mandato de las leyes. El triunfo de Calderón no es algo, entonces, que haya sido producto de un proceso limpio, transparente, equitativo y legal. Es un triunfo que fue construido artificialmente con la ayuda directa de quien era en ese momento el presidente de la República. Es el triunfo personal de Fox sobre su adversario más odiado. ¿En qué democracia se dan estas relaciones perversas de poder?

Andrés Manuel López Obrador ha desaparecido prácticamente de la escena política. Se ha dedicado a recorrer los municipios para repartir credenciales de representación de su gobierno legítimo. Ha hecho apariciones esporádicas en escenarios de repercusión nacional. Hasta se llegó a pensar que su movimiento se estaba desinflando y ya sólo era cuestión de tiempo para presenciar el derrumbe completo. Pero sucede que la sombra de AMLO es tan poderosa que se aparece de pronto hasta en los discursos del ex presidente y en puntos programáticos del gobierno actual. Es en todo caso la fuerza de la dignidad y la autenticidad de principios. A AMLO se le puede cuestionar que esté desperdiciando ese vigor que hacía vibrar a las masas y moverlas en su apoyo, pero hasta ahora nadie lo puede acusar que se haya burlado de la gente que creyó en él y, sobre todo, que creyó en la democracia. Es la gran diferencia con quienes del otro lado de la barricada no han dejado de considerarlo como un enemigo poderoso al que hay que eliminar de la realidad política mexicana como sea.

Opinion - Ramon Guzman Ramos

La santa alianza

Jornada Jalisco

Los diagnósticos que de diversas maneras y por instancias diferentes se han hecho sobre la educación en el país nos muestran un sistema que se encuentra en crisis crónica, la cual tiende al desastre, a la catástrofe generalizada. Cada gobierno ha anunciado su intención de reformar a fondo la educación con propuestas que se presumen de innovadoras, pero al término de la gestión el problema no hace sino agudizarse. ¿Qué es lo que realmente hace falta para que la escuela se convierta por fin en ese espacio de convivencia y aprendizaje social que el país está necesitando con extrema urgencia?

En días recientes hemos presenciado el encuentro del gobierno federal con la dueña del sindicato de los maestros. Calderón y Gordillo han signado lo que se dio a conocer como la alianza absoluta. Entre los compromisos que ambas partes han adquirido se encuentra el de la participación del SNTE en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa. Se habla también de promover una reforma a fondo en el sector, priorizando la formación técnica de los alumnos y su vinculación con los procesos productivos. Gordillo le ha expresado al presidente Calderón su disposición a la fidelidad total, lo que en términos estrictamente políticos no puede sino interpretarse como sumisión al poder y la creación de una relación de complicidades inconfesables.

En principio, es correcto que los maestros participen directamente en la elaboración de la política que el gobierno diseñe y aplique en el sector educativo. Ninguna reforma puede funcionar si no pasa por las manos de quienes son los protagonistas de la educación: los docentes y los alumnos, incluyendo a los padres de familia, así como la comunidad que forma parte del contexto en que se inserta la escuela. El problema que se presenta es que ni Elba Esther Gordillo ni la cúpula del SNTE, que ella controla, representan los intereses legítimos del magisterio, mucho menos el interés educativo de la sociedad. Un congreso controlado desde el vértice superior sólo servirá para avalar la línea que ha sido elaborada previamente y que se impone para acatar la orientación del gobierno federal.

No estamos, entonces, ante un mecanismo de participación que pudiera calificarse como democrático. Lo que presenciamos es el fortalecimiento de un nuevo tipo de corporativismo sindical, éste de corte derechista, que estaría imponiéndose con la experiencia del SNTE. El corporativismo clásico que vivimos cuando el PRI estaba en el poder se basaba en una relación de simbiosis entre las cúpulas gubernamental y de los sindicatos. Los sindicatos aportaban una fuerte dosis de soporte social al gobierno y, a cambio, recibían protección oficial e impunidad para que los líderes controlaran a los trabajadores y se enriquecieran con las cuotas sindicales y con el reparto a discreción de ciertos espacios de poder. Es lo que sucede ahora entre la cúpula del SNTE y la Presidencia de la República.

La orientación hacia la derecha de esta relación de corporativismo político-sindical afecta de una manera mucho más grave a la educación. El sindicato de maestros no será ya el contrapeso que se necesita para evitar que se imponga una visión neoliberal en la reforma educativa. Al contrario, el SNTE se convertirá en un instrumento sumiso e incondicional que siga al pie de la letra la voluntad del gobierno. A cambio, Elba Esther Gordillo gozará por otro tiempo indeterminado de los privilegios ilícitos e ilegítimos de los que se ha venido haciendo desde que se encuentra a la cabeza del sindicato. Es, a fin de cuentas, una relación perversa que facilitará el desplome del carácter público, gratuito y laico de la educación.

Ya se vio que la propuesta calderonista para educación no rebasa esa visión que se venía manejando desde el sexenio anterior y que consiste en eliminar paulatinamente la parte humanista en la formación de los niños y los adolescentes. Siguiendo los mandatos de las grandes trasnacionales, el gobierno mexicano se propone formar mano de obra calificada, pero excesivamente barata, para los procesos de producción y de servicios. De ahí el acento en el desarrollo de competencias de tipo técnico, restándole importancia al área de formación cultural, a la creación de una conciencia crítica, decidida a convertirse en acción transformadora. No se trata, desde luego, de despreciar el uso de las nuevas tecnologías y su dominio para el trabajo. De lo que se trata es de evitar que la escuela sólo forme alumnos rotobizados, que se integrarán al trabajo como los nuevos esclavos del siglo XXI.

La educación es un bien social, de profundo interés público. De ahí que cada uno de los componentes que integran el sistema educativo nacional debe responder a los intereses legítimos de la sociedad, a su necesidad de desarrollo en todos los ámbitos de la vida pública, empezando por la cultura, las raíces y la identificación históricas. La educación no puede responder sólo a los intereses particulares de una élite social, mucho menos a intereses que provienen del extranjero y que se proponen usar la escuela para llevar a cabo una colonización cultural y del pensamiento completa. La educación, en tanto motor del desarrollo social, es de interés de todos. Es necesario que cualquier cambio que se imponga respete este espíritu y esta orientación. Los procesos de formación han de tener lugar en comunidades de aprendizaje cada vez más amplias y mejor articuladas, y el conocimiento que se construya ha de servir para que los sujetos adquieran la capacidad de conocer y transformar la realidad en un sentido humanista, de beneficio colectivo.

Ni el gobierno de Calderón ni la cúpula del SNTE en poder de Gordillo están en condiciones de impulsar una reforma educativa de tal naturaleza. Lo que se proponen es cuidar sus intereses particulares y darle a la política educativa un giro completo hacia la visión neoliberal. La verdadera revolución educativa ha de pasar necesariamente por la conciencia y las manos de los maestros de base, los que cada día se enfrentan a los verdaderos problemas que presentan los procesos educativos en los espacios donde tienen lugar. La revolución educativa que necesita el país tiene que pasar por un proceso auténtico de democratización del sindicato y de las propias escuelas. En una circunstancia así, Elba Esther Gordillo simplemente no tiene lugar. La transformación educativa, para que sea democrática y se coloque a la altura de los adelantos más recientes en materia de investigación y tecnología, ha de barrer con el charrismo sindical.

Hubo un tiempo en que el corporativismo de Estado funcionó porque la sociedad se hallaba maniatada de conciencia. La época que vivimos actualmente es de apertura constante de coyunturas que son favorables al cambio en un sentido social. Los maestros de base y la sociedad habrán de estar al pendiente del tipo de cambios que se pretenden imponer al sector educativo y si éstos son los que realmente necesita el sistema para formar los sujetos críticos y participativos que habrán de imprimirle a la sociedad un impulso a favor de los procesos de bienestar colectivo.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Nuestro Pais

Jornada Jalisco

México no ha sido un país de leyes. Es verdad que ha tenido una de las Constituciones más avanzadas del mundo en términos de derechos y garantías individuales. La Constitución que nos rige actualmente, aunque ha sufrido reformas que han deteriorado considerablemente su espíritu original, fue producto del movimiento revolucionario que se inició con la insurgencia electoral maderista de 1910. De manera que podíamos presumir de tener un régimen jurídico de plenas libertades democráticas. Pero estas leyes se quedaron atrapadas en el papel y casi nunca atravesaron el umbral de la realidad.

México no es un país que haya podido desarrollar una cultura de la legalidad. A final de cuentas, el sistema político que terminó por imponerse hizo florecer la impunidad como una forma preponderante de vida. No ha habido ley que no se someta a quienes tienen el poder para violarla y usarla en su interés particular. La sociedad ha tenido que bregar constantemente para que las conquistas históricas más importantes, como la seguridad social y la educación, por ejemplo, sean respetadas también en los hechos.

Así y todo, la Constitución de 1917 ha sido desde sus inicios un estorbo para quienes quisieran que el país estuviera sujeto a otras leyes supremas, como la de la oferta y la demanda, la del libre mercado, la que cosifica todo lo que toca y lo convierte en mercancía. La derecha vivió agazapada durante décadas en sus trincheras doctrinarias, en sus cavernas clandestinas. Ahora que se ha hecho del poder político se apresta a eliminar de la Constitución toda garantía que proteja los derechos humanos y la riqueza de la nación.

Una Constitución es producto de un pacto entre los sujetos sociales que en determinadas coyunturas le imprimen al movimiento de la historia un impulso inusitado. A partir de la elección presidencial de 1988 y el movimiento ciudadano que se produjo como consecuencia del fraude electoral, la realidad de nuestro país, como la habíamos estado viviendo y padeciendo, quedaba rebasada. Un nuevo potencial de cambio se mostraba por todas partes y ponía en evidencia las contradicciones irresolubles del sistema. Fue cuando se empezó a hablar de la necesidad de una reforma a fondo de Estado y la creación de un nuevo Congreso Constituyente.

Y es que tanto en la letra como en los hechos se estaban perdiendo muchas de las conquistas históricas que protegían los derechos de los sectores menesterosos de la sociedad. Los campesinos se quedaban si tierra que trabajar, sin los apoyos del gobierno para hacer rentable la labor del campo, obligados a abandonar hasta los pueblos para ir a probar su suerte al otro lado de la frontera. Los trabajadores asalariados se veían obligados a reducir incluso sus ingresos en aras de conservar sus fuentes de empleo. Muy pocos pensaban ya en sindicalización, en contratos colectivos de trabajo, en el derecho a la huelga, en el reparto puntual de utilidades, en todas esas prerrogativas de que gozaban por acumulación de revisiones salariales.

La justicia nunca bajó de sus pedestales y sólo tienen acceso a ella quienes pueden comprar a quienes tendrían que garantizar su procuración igualitaria y equitativa. El derecho a la libre expresión de las ideas, a la organización independiente, a la manifestación pública, al cuestionamiento de los gobiernos que nos desgobiernan, se hace polvo de pronto ante la arremetida de las tanquetas y los toletes, incluso de las balas que arrebatan vidas y siembran de dolor pero también de indignación los caminos y las calles de México. Somos un país de leyes que no se aplican. Un país donde manda el dinero.

Pero esto no quiere decir que tenga que ser así por los siglos de los siglos. Más allá del cambio de siglas en el gobierno, el poder no ha cambiado de manos ni de intereses específicos. El orden jurídico que hemos tenido ha servido solamente para proteger a quienes se apropian cada vez más de nuestras riquezas naturales. Desde luego que hace falta hacer una revisión a fondo de nuestra Constitución. Rescatar lo que no ha podido ser destruido en sus fundamentos originales y plantearse la creación de un nuevo régimen jurídico.

Hay dos visiones sobre el tipo de legalidad que debemos tener en nuestro país. Los que quieren una nueva Constitución de corte neoliberal para eliminar todo obstáculo jurídico en el propósito de conseguir los mejores compradores para entregar el país. Ellos se encuentran ya en el poder y desde allí operan todos los controles para que las reformas que permitan lo anterior pasen. Y está la visión que se propone recuperar la soberanía nacional y defender a toda costa nuestras riquezas naturales, nuestras culturas locales y nacional, nuestra identidad histórica, nuestro derecho a insertarnos en el concierto mundial de las naciones sin tener que doblegarnos ante el más fuerte.

Es preciso que el debate sobre el país que tenemos y el que quisiéramos tener, el que podemos construir entre todos, se coloque en todos los espacios públicos. México es responsabilidad de todos los mexicanos y no sólo de quienes nos gobiernan. Para poner en riesgo nuestra soberanía tanto alimentaria como energética, o política, o económica, incluso territorial, es necesario que el pueblo se pronuncie. Nadie puede invocar el espíritu de Santa Anna y suponer que otros espíritus poderosos, como el de Juárez o Morelos, o Zapata o Cárdenas, no pudieran volver a impregnar de frescura y rebeldía los vientos que no han dejado de recorrer México desde siempre.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

El descontento social

Jornada Jalisco

La estrategia de la derecha en el poder para disuadir o de plano sofocar violentamente a los movimientos sociales empieza a perder su efectividad ante el crecimiento exponencial del descontento colectivo. Daba la impresión que la crisis postelectoral se desvanecía ante al cerco informativo que se le impuso a Andrés Manuel López Obrador. El despliegue sistemático de las fuerzas públicas en varios estados del país parecía completar el operativo político. No tardaría en que las cosas volvieran a su cauce natural y se asentaran en un remanso de calma. Es la imagen que precisamente trató de llevar Felipe Calderón al extranjero.

El agravio que sufrió un gran porcentaje de la población mexicana ante una elección, la presidencial, llena de irregularidades que en ningún momento se corrigieron para darle certidumbre y legalidad, se agudiza ahora con la indignación y la rabia ciudadanas ante la escalada de precios. La gente no se ha olvidado de los mineros muertos en Pasta de Conchos, ni de la muerte y la represión brutal en Lázaro Cárdenas, Atenco y ahora Oaxaca.

Es probable que estos casos hayan sido provocados por descuido criminal y también para contaminar de miedo la atmósfera de por sí enrarecida que se respira en el país. Ahora vemos que no han servido para detener a esa parte de la sociedad que empieza a transformar su impotencia en voluntad y decisión.

Las marchas y concentraciones que se llevaron a cabo el miércoles pasado en varias entidades del país y en el Distrito Federal son una muestra fehaciente del grado de intensidad y expansión que está alcanzando el descontento popular. La gente ha vencido el miedo a la represión y ha vuelto a tomar las calles y las plazas públicas para condenar y rechazar la política de hambre y desesperación que el gobierno federal le impone a la mayoría de la sociedad. En esta visión neoliberal de la economía de libre mercado sólo los ricos y los poderosos tienen derecho a incrementar sus ingresos, no así los de abajo, a los que se les niega rotundamente un aumento salarial de emergencia para conjurar la muerte por inanición.

La crisis política se ha trasladado ahora al seno del gobierno federal. No sólo tiene que enfrentar la arremetida de su propio partido, el PAN, que pretende imponerle a Calderón una línea de extrema derecha y de protección a los privilegios de quienes formaron parte del gobierno anterior, incluyendo al propio Fox, sino que enfrenta una oleada de descontento emergente al que no podrá apagar a sangre, fuego, cárcel y persecución implacables, como se ha hecho en los casos mencionados. Esa imagen de dureza sólo ha pretendido esconder una debilidad que no tarda en hacerse evidente. La disyuntiva a la que se enfrenta el gobierno no podría ser más difícil: o decide recapacitar y abandonar la política neoliberal que le dicta desde el otro lado de la línea George W. Bush, o queda atrapado en una crisis que podría llegar a ser de gobernabilidad.

Decenas de organizaciones sociales de diversa índole han decidido unirse para enfrentar la arremetida del gobierno a la economía popular. Es ya un paso trascendental que estaba haciendo falta. La unidad, sin embargo, ha partido de las cúpulas y por ello mismo ha mostrado ciertos vicios que se tendrían que desterrar. Un movimiento como el que estamos presenciando tendría que asumir el carácter de frente amplio y unitario. En un organismo así las organizaciones que lo integran no tienen por qué renunciar a su autonomía ni a sus principios. El frente se forma por los puntos en que logran coincidir las organizaciones, como es el caso de la lucha contra el alza a los precios y por un nuevo pacto social.

Por eso extraña esa actitud de los líderes de las organizaciones que se movilizan en el sentido de no permitir que Andrés Manuel López Obrador marchara a la cabeza de la columna ni que participara como orador en el mitin. Habría que recordar que es en estos momentos una figura a la que siguen cientos de miles de ciudadanos, quizá millones, en todo el país; que tiene un enorme poder de convocatoria y que ha cuestionado radicalmente la política neoliberal del régimen. Las organizaciones no se contaminan las unas a las otras al marchar codo a codo por demandas comunes.

Lo que ha sucedido es hasta cierto punto explicable porque han sido las cúpulas de las organizaciones y no las bases las que han tomado la iniciativa de movilizarse. No sería raro que en esta decisión estuviera de por medio también un cálculo de beneficio personal. Pero éste que inicia es un movimiento que podría tener un impacto democratizador en las bases de los sindicatos y demás organizaciones que salen a tomar la calle.

Esta podría ser la hora de los trabajadores de la ciudad y el campo. Pero nada impide que las reivindicaciones de carácter económico y social confluyan y se unan a las reivindicaciones de tipo político. El error hasta ahora ha sido, precisamente, que se han pretendido abordar por separado.

En Jalisco tenemos también un ejemplo estimulante de lo que puede lograr la sociedad y la opinión pública cuando se ponen en movimiento y no cejan ante lo que consideran convicciones profundas. Finalmente, la reaparición de la policía secreta, infiltrada, que no sería otra cosa que policía política, no pasó en el Congreso local. El PAN se quedó solo y la iniciativa no se pudo convertir en ley. Es hora también de empezar a probar las pequeñas y las grandes victorias de la sociedad.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Globalización y neoliberalismo

La Jornada Jalisco

Habría que partir del reconocimiento de que la globalización es un fenómeno irreversible. Se trata de una tendencia histórica que ningún país puede eludir a riesgo de quedarse aislado en el contexto mundial. Las relaciones económicas, políticas, científicas, culturales, artísticas, trascienden las fronteras de cada nación y adquieren necesariamente una dimensión global.

Los países se ven obligados a integrarse a este proceso emergente que está marcando profundamente nuestra época. Pero estamos ante una integración desigual, inequitativa, de la que sacan provecho sólo las grandes potencias económicas y militares y dejan al margen a los demás. Se trata, como se ve, de una situación que obliga a construir normas que regulen de manera equitativa los procesos globalizadores, en cuyo diseño, vigilancia y cumplimiento participen todos en igualdad de condiciones.

El fenómeno de la globalización es el resultado de la integración de los sectores económico y financiero a escala mundial. Los mecanismos con los que funciona tienen que ver con la economía de libre mercado. En esta clase de relaciones mercantiles los valores humanos quedan relegados a un segundo plano.

Algunas de las condiciones que han favorecido la expansión de este fenómeno se relacionan con el progreso científico y tecnológico, y con los cambios geopolíticos y de relación de fuerzas que se produjeron con la desintegración de la URSS y el derrumbe del socialismo real, lo que permitió la aparición de un sólo polo de dominio en el mundo.

Este es un fenómeno que ha transformado radicalmente la naturaleza del trabajo, las dimensiones y el carácter de la información, las relaciones que se establecen entre los Estados nacionales y la función de las sociedades civiles. De esta manera, se produce una contrastación cada vez más polarizada entre derechos individuales y derechos colectivos, entre los privilegios de unos cuantos y los derechos humanos universales, entre el respeto a la soberanía de las naciones, a la vida de las personas, y la modalidad armada que está adquiriendo la globalización.

El Estado contemporáneo ha experimentado una erosión dramática de su poder, de su credibilidad social y política, e incluso de su legitimidad, sobre todo porque ha dejado de representar los intereses de la sociedad y se ha subordinado total e incondicionalmente a los intereses y lineamientos de los organismos trasnacionales, que son de hecho los que gobiernan el mundo.

El Estado nacional ya no se encuentra en condiciones de adoptar decisiones por su propia cuenta, de manera soberana. El Estado se encuentra atrapado, así, bajo circunstancias por demás contradictorias y ante una disyuntiva decisiva: o se fortalece democráticamente, extendiendo a la sociedad el poder que detenta, o termina por colocarse de espaldas a ella y se convierte, como de hecho está ocurriendo, en el guardián de los intereses de las grandes potencias mundiales.

En estas circunstancias, la globalización debilita al Estado. El Estado no cuenta ya con la fortaleza ni la capacidad, acaso ni la voluntad, para hacerse cargo de sus responsabilidades fundamentales, entre ellas la educación, la salud, la seguridad social, el bienestar colectivo, el fomento de la cultura y el desarrollo de la sociedad.

El neoliberalismo adquiere expresiones concretas en nuestras realidades locales a través de políticas económicas y sociales que nos imponen los organismos trasnacionales. Nuestros países en América Latina y en el resto del mundo, sobre todo los que se encuentran en niveles bajos de desarrollo, viven un momento crucial, ya que la mayoría de los gobiernos, particularmente ahora el de México, han estado siguiendo los lineamientos del FMI, el BM y la OMC, con lo que se provoca un empobrecimiento cada vez mayor y más extendido entre las mayorías marginadas y un proceso de reconversión de los Estados nacionales.

El neoliberalismo significa el desmantelamiento de los antiguos Estados de bienestar y un crecimiento desmesurado del poder trasnacional, ahora multiplicado y concentrado en un poder hegemónico por el control armado. De ahí resulta que el problema del Estado se halla en el centro del debate de las políticas neoliberales, pues éstas se orientan por reconvertir a los viejos Estados nacionales, sustentados en la tutela de los derechos sociales y las políticas de bienestar, en Estados subordinados a los centros de poder financiero internacional.

El neoliberalismo es también un totalitarismo, que se propone imponer un modelo único en todos los órdenes de la vida pública y privada. Y es, asimismo, un dogmatismo feroz, pues sus principios se presentan como verdades absolutas, incuestionables. Para revertir las políticas neoliberales de la globalización y hacer efectivos los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, que tienen que ver con el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a la participación democrática de la sociedad en los asuntos públicos, y el derecho de todo sujeto a ser el constructor de su propia esperanza, de su sociedad, de su mundo, de su destino, se hace urgente una discusión más amplia entre las izquierdas, más plural e incluyente, de esta nueva y compleja problemática.

Se impone, así, la crítica desde abajo, desde las sociedades civiles y sus expresiones organizadas y activas, hacia el neoliberalismo realmente existente, esto es, el neoliberalismo convertido en programas y acciones concretas de gobierno. La alternativa a este modelo de relaciones salvajes pasa necesariamente por la construcción de democracias auténticas en las sociedades nacionales y locales.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Populismo de derecha

Jornada Jalisco

Andrés Manuel López Obrador lo acusaron, desde que era el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de ser un populista empedernido. Y el populismo, según clamaban en esa campaña de desprestigio que duró varios años, es un peligro para las finanzas sanas de cualquier país. El populismo, se esmeraban en explicar, basa su política en una estrategia distributiva más que de creación de la riqueza. Por eso invierte tanto en programas de asistencia social sin preocuparse del origen de los recursos que reparte. Tarde o temprano, advertían, y la advertencia se proponía generar temor entre la población, las medidas populistas terminan por provocar desequilibrios financieros. Las consecuencias se expresan en aumentos de precios y de las tasas de interés, así como en la devaluación de la moneda y en el incremento del desempleo.

Pero el país que recibió en sus manos Felipe Calderón se encuentra hundido en un rezago tan grande que ninguna medida que no transforme de raíz el sistema económico neoliberal podría resolver realmente el problema de la pobreza y la pobreza extrema, de la marginación y la ausencia casi total de horizontes para los miserables. De manera que sólo el populismo pude ofrecer la fórmula para paliar el padecimiento de la población y, de paso, procurar que la imagen del gobernante genere simpatías entre las masas desamparadas. Las medidas populistas, como se sabe, se relacionan con el reparto de artículos y servicios gratuitos, incluso de dinero. Frente a un problema tan grave como la escalada de precios, que hunde más en el limbo a las clases desposeídas, el presidente Calderón no se plantea intervenir con determinación en la regulación de la economía, sino que les da algunos bienes transitorios a los pobres.

El populismo, se cansaron de decirnos por todos los medios, es una perversión de la política. El concepto resulta ser equivalente a demagogia y a la manipulación de la voluntad popular. Desde luego que todos los gobiernos, sean del signo que sean, suelen aplicar medidas de esta naturaleza cuando se generan situaciones de emergencia. El problema se presenta cuando un gobierno hace de la asistencia social un programa permanente. Se convierte entonces en populista. Es un gobierno que apela en todo momento a esa abstracción llamada pueblo y en su nombre comete todas las barbaridades. El dinero que se reparte para anestesiar un poco la angustia por la vida, la desesperación que produce la impotencia ante una suerte de miseria, se evapora sin ningún efecto productivo como gotas de agua en las arenas del desierto. El objetivo no será nunca acabar con la marginación de millones de familias que se debaten entre el lodo del desprecio y el olvido, sino apenas el de mantenerlas en un nivel básico de sobrevivencia.

Felipe Calderón se ha propuesto tomar medidas de emergencia para evitar que los pobres empiecen a caer muertos de inanición masivamente. Tendrían que ser medidas compensatorias de la caída súbita de la capacidad de compra que han experimentado millones de mexicanos. Pero no siquiera. Lo que realmente está mostrando es que la sombra del otro ha llegado hasta Los Pinos y le dicta la política a seguir. El problema es que las medidas se convierten en una distorsión de la propuesta original del otro sencillamente porque se intentan aplicar en el mismo contexto en que se producen las crisis. La economía de libre mercado no le permite al Estado intervenir enérgicamente para regular sus movimientos, sus convulsiones, sus crisis recurrentes. Lo único que le queda a un Estado neoliberal es someterse a la máxima de dejar hacer, dejar pasar y adoptar ciertas medidas que no pueden sino verse como de limosna social.

También existe el populismo de derecha. Tiene que ver con un gobierno que está urgido de aceptación social y que se ha visto obligado a aplicar medidas que siguen yendo a contracorriente de las expectativas de la sociedad. ¿Cómo instalarse en las preferencias de sus gobernados cuando les está golpeando tan drásticamente el bolsillo, cuando los empuja más y más al borde del precipicio? En este populismo de derecha emergente se da una curiosa combinación de demagogia con las acciones concretas de reparto limitado de algunos bienes. Por demás está decir que medidas de esta naturaleza nunca se convierten en las soluciones de fondo que reclaman quienes han padecido desde siempre el olvido oficial. En el discurso, como ocurrió en su momento con Fox, se empieza a concebir y a construir un mundo ideal, un país donde todos los problemas que agobian a la población se encuentran siempre en curso de solución, donde la dicha y la prosperidad saturan el aire que todos respiramos. En el sexenio anterior se le llamó Foxilandia.

No es improbable que Felipe Calderón no esperara una crisis económica como la que se la ha venido encima. Es algo que con toda seguridad se contrapone a sus planes originales. Pero la realidad es siempre mucho más fuerte que los deseos. La crisis económica que estamos padeciendo es también producto de los compromisos que se adquirieron durante toda esa campaña que ensució y dañó severamente a la democracia. Quienes se cobran las facturas no se detienen ante el riesgo de que la crisis económica pudiera llegar a convertirse en una crisis de gobernabilidad. La orientación neoliberal ha llegado a tal extremo que el Estado mexicano se ha quedado prácticamente con las manos atadas. No hay nada que hacer sino observar pasivamente cómo la economía de libre mercado, los procesos de globalización neoliberal, eliminan todo vestigio del Estado de bienestar social que alguna vez se vislumbró en el horizonte.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Estado Neoliberal

Jornada Jalisco 17 Enero 2007

No está en manos del gobierno revertir y poner un control estricto sobre la escalada de precios a los productos y servicios que estamos padeciendo. En un régimen de economía neoliberal no es el Estado el que detenta realmente el poder para hacerlo. Las leyes de la economía, que se basan en el libre mercado, están sujetas a otros factores, a condiciones de una competencia ciega, salvaje, que no considera de ninguna manera el aspecto social, humano, de la cuestión.

En un régimen de economía neoliberal las grandes empresas se superponen al Estado y terminan por utilizarlo como un instrumento para sus fines económicos, que no pueden ser sino la acumulación sostenida de capital. De esta manera, el Estado acaba siendo un aparato de dominación de una clase social sobre todas las demás. Quienes eventualmente llegan a formar parte de este tipo de Estado no constituyen más que una junta que se dedica a administrar los negocios de las grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales.

Actualmente vivimos una ofensiva del neoliberalismo en todo el mundo. Las grandes potencias, como Estados Unidos, no han dudado en utilizar una estrategia de guerra para imponer sus reglas, su modelo económico, su dogma ideológico. Es el neoliberalismo de guerra. A los países con gobiernos débiles, que se han doblegado sin resistencia alguna, acaso por convicción propia, por una profunda identidad de principios, los han integrado a este orden que no hace sino generar miseria y de-sesperación por todas partes, que amenaza con convertir a nuestro planeta en un desierto inmenso, que fomenta el individualismo rabioso como medio de movilidad social.

El neoliberalismo plantea que el Estado no pase de ser un observador de los movimientos de la economía; de manera que sea la libre empresa, la iniciativa privada, la que regule el mercado. En esta estructura de imposición de una economía neoliberal las clases trabajadoras no tienen ningún espacio para que pudieran proteger sus intereses. La democracia formal, que empieza y termina en las urnas, que se basa en el engaño y la manipulación de las conciencias, no alcanza para tanto. A los trabajadores no les queda sino seguir soportando sobre sus espaldas el peso aplastante de una estructura económica que ha sido diseñada para exprimirles hasta la última gota de su sudor y su sangre.

¿Pero cómo es posible identificar las políticas económicas y sociales que tienen que ver con el neoliberalismo? Algunos de sus rasgos más pronunciados son las tentaciones privatizadoras que son irresistibles para los empresarios. Ellos quisieran que el Estado se deshiciera de toda intervención en la economía, incluso por lo que se refiere a áreas que son estratégicas para el desarrollo del país. Otra de las características es la superexplotación de los trabajadores. De ser posible, cuando las condiciones lo permiten, eliminan de tajo o gradualmente las conquistas históricas que en materia de derechos laborales habían logrado. Y se les imponen condiciones de contratación realmente humillantes y de total desprotección. En este proceso de aniquilación entra también la seguridad social.

Lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra economía nacional no es sino una de las expresiones de este tipo de mercado libre, de libre competencia, donde el más fuerte es el que impone las condiciones y se lleva todas las ganancias. El Estado neoliberal que nos gobierna hace mucho que ha cedido la soberanía a las grandes potencias económicas y militares. Lo que estamos viendo en estos momentos es la pérdida dramática de nuestra soberanía alimentaria, de la misma manera que había ocurrido ya con nuestra soberanía política.

Los panistas se han identificado desde hace tiempo con el neoliberalismo de guerra que le ha impuesto Bush al mundo. Nada han hecho contra esa estrategia de militarización de nuestra frontera norte y de apertura total a las importaciones. Esta escalada de precios, que encarece la vida hasta la infamia, es también un síntoma de las crisis en que la economía neoliberal suele caer de una manera recurrente. Y eso es finalmente lo que tenemos en puertas: el inicio de una crisis económica profunda, como la que recibió Ernesto Zedillo al inicio de su mandato, que tiende a agudizarse.

No está en manos del Estado neoliberal que gobierna en estos momentos Felipe Calderón detenerla y revertirla. No es el Estado el que tiene una injerencia decisiva en estas cuestiones. La naturaleza salvaje de esta economía arrojará a más millones de mexicanos a la pobreza, a la miseria extrema y a la desesperación. A menos que el gobierno implemente medidas urgentes para subsidiar los productos y servicios de primera necesidad. Se paliaría así un poco la crisis, aunque no la resolvería. Pero son medidas que requieren de recursos extraordinarios que el Estado no tiene, o no quiere soltar; medidas de tipo populista de las que se acusó tanto a López Obrador.

La economía neoliberal, con su Estado protector, ha llegado a límites que sólo han demostrado su ineficacia para procurarles bienestar a todos los sectores y clases de la sociedad. Lo que hace es que tarde o temprano las crisis económicas, como esta que estamos viviendo con espanto, se traducen en crisis de estabilidad social. Calderón tendría que recordar que viene de un proceso electoral severamente cuestionado y que la fractura social no se ha compuesto. No sólo por cuestiones políticas se abren coyunturas para empujar el cambio hacia posiciones de mejoramiento de la vida social. Las crisis económicas suelen ser mucho más explosivas en este aspecto.

Felipe Calderón debe estar realmente preo-cupado por lo que está pasando y por el hecho de que su gobierno no puede hacer lo que se necesita para revertir la crisis que le estalla en las manos y evitar el estallido desde la sociedad. Por eso, quizá, esa actitud de optimismo artificial en el balance que acaba de hacer de sus primeros 45 días de gobierno. Podríamos estar también ante la reedición de esa política de los espejismos que nos impuso Fox. La gente puede aguantar un poco con el descontento que le generan los engaños políticos. Pero que nadie espere que se aguante el hambre y las enfermedades y que aguante ver así a sus hijos. De la tristeza y la impotencia se podría pasar sin pensarlo a la irrupción de la sociedad en los espacios públicos.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Represión

El Estado mexicano se ha ensañado tanto con el movimiento de la APPO en Oaxaca que hace pensar en causas y motivaciones que están mucho más allá de los argumentos que se esgrimen para tratar de justificar la barbarie represiva. ¿Por qué esa crueldad sin límites en contra de un movimiento popular que se ha mantenido en todo momento en los cauces de la lucha pacífica? No hay que dejar de recordar que los muertos, los desaparecidos, los presos, los perseguidos, los amenazados de muerte, los que se han tenido que ir a la clandestinidad para evitar la brutalidad policiaca, pertenecen a la APPO. ¿Por qué entonces se le ha acusado de ser un movimiento violento, que transgrede las leyes y atenta contra el Estado de derecho?

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca cometió el desafío imperdonable de retar abiertamente y por medio de acciones organizadas a un poder que había perdido toda legitimidad y que no representaba ya los intereses de la población; que empezó a sostenerse en el uso exclusivo y excesivo de la fuerza pública, al grado de que llamó a las fuerzas federales para que llevaran a cabo la ocupación de la capital del estado. Un gobernador que responde con violencia a las demandas justas de los sectores menesterosos de la sociedad se vuelve objeto de un profundo cuestionamiento de tipo político y jurídico. No hacer tal cuestionamiento y quedarse atrapados en el silencio es como volverse cómplices del autoritarismo y la satrapía.

Pero la APPO, además, no se quedó en el nivel estrictamente contestatario, ni del reclamo de la renuncia del gobernador. Esta parte de la lucha era considerada ya como una verdadera sublevación popular por parte del Estado. No se puede destituir, dijeron desde las alturas, a un gobierno legalmente instalado a través de una movilización social. Sería como caer en el caos, en la anarquía política. Sencillamente no se podía tolerar. Fue por eso que el gobierno federal tampoco dudó en aliarse con el PRI para sostener desde el centro al gobernador a cambio del respaldo priísta para el nuevo Presidente de la República.

La criminalización de la lucha oaxaqueña tiene también otras motivaciones por parte del Estado. La APPO hizo erupción en el escenario nacional cuando las elecciones presidenciales se encontraban en plena guerra sucia. El Estado había tomado el control absoluto de todas las instituciones, incluyendo la del árbitro electoral, para asegurarse de que los resultados mostraran las tendencias y los índices que al Estado convenían. Una institución como el IFE, que se había hecho de una gran confianza y credibilidad de parte de la ciudadanía, manchaba su imagen con las suspicacias que provocaba su actitud ambigua, no tan parcial como se lo ordenan las leyes. La democracia formal entraba así a un proceso severo de deslegitimación. La vía electoral, tal como la estaban construyendo los propios partidos, se cerraba peligrosamente para abrir espacios a opciones no legales.

El movimiento de la APPO se convirtió en ese momento en una alternativa legal y legítima a esta democracia que se nos volvía un cascarón. Los appistas le mostraron a todo el país que era posible devolverle a la democracia su naturaleza original, que es la de construir el poder del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, de una manera directa y participativa, sin la existencia de intermediarios políticos. De esta manera, el movimiento de la APPO ofrecía una inmejorable lección de cómo se concibe desde abajo la democracia y para qué se puede y se debe utilizar. La democracia como vía para construir el poder popular. Y el poder concebido como un espacio de decisiones que se toman y se ejecutan colectivamente.

La experiencia appista se convirtió así en una contradicción enorme del sistema político que tenemos y que no ha hecho sino maquillarse de democracia. El ejemplo appista amenazaba con extenderse a otras regiones del país, de manera que el sistema mismo se hallaba bajo amenaza democrática. El sistema tradicional que nos gobierna, que sólo permite cambios superficiales, que incluso está sufriendo un retroceso dramático hacia épocas de autoritarismo que pensábamos superadas, se hubiera derrumbado prácticamente solo y tendría que haber dejado lugar al nacimiento de otra alternativa.

Estábamos entonces ante lo que podría haber sido la radicalización democrática de nuestro proceso de transición, que por cierto se ha estado resolviendo por el lado de las posiciones de derecha. La APPO representaba la muerte, hablando en términos políticos, de este sistema que no da para más, y el surgimiento de otro tipo de relaciones con y desde el poder, que tendrían que haberse puesto en armonía con las aspiraciones auténticas de democracia y bienestar común que desde hace mucho demanda la sociedad. Esta alternativa representaba también la clausura total de esa vía que ha tomado para sí, para beneficio propio, exclusivo, la clase política de nuestro país, particularmente quienes han decidido correrse hacia la extrema derecha.

La APPO es la otra opción. Y se mantiene viva, más vigente que nunca. La barbarie es la expresión de rechazo violento hacia el otro, los otros, en términos de cultura y de modos de vida, que resultan extraños, indeseables, prescindibles, aniquilables, porque con su sola presencia niegan la realidad que cuestionan y obligan a todos a pensar en realidades alternas, en la invención de otros mundos. La barbarie es un rechazo violento, la negación hasta la muerte, hasta la humillación, de cualquier opción que no se subordine a los poderes establecidos que se resisten por todos los medios a transformarse. Esta es la verdadera razón que subyace en esta arremetida infame desde el Estado contra la dignidad humana en Oaxaca.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Cucaracha

La Jornada Jalisco - 05/01/07

En su visita a Michoacán, a donde acudió el miércoles pasado para hacer un balance del operativo antinarco que se lleva a cabo en esta entidad desde hace casi un mes, el presidente Felipe Calderón Hinojosa pasó revista a las fuerzas armadas vestido con chamarra y gorra militares. No ha pasado desapercibido el hecho de que sus contactos más frecuentes desde que tomó posesión de su cargo han sido con las corporaciones policiacas y con el Ejército Mexicano. Es la imagen de fuerza que se difunde como sello de lo que probablemente será el rasgo más distintivo de su gobierno.

La Presidencia de la República se había debilitado en extremo como una de las instituciones principales del Estado mexicano. Esta condición de vulnerabilidad permitió, entre otras cosas, que el crimen organizado floreciera al amparo de la impunidad y se extendiera a casi todo el territorio nacional. A últimas fechas, el narco se proponía incluso ocupar espacios de control territorial que no pueden sino corresponder al aparato de gobierno con que cuenta el Estado. El Estado mismo se hallaba en un riesgo grave de sobrevivencia. Hacía falta, entonces, una acción radical para combatir en serio este desafío que contra el Estado hacían las organizaciones delictivas.

Felipe Calderón, que llegó a la Presidencia a través de un proceso electoral radicalmente cuestionado, no podía haber hallado mejor justificación para hacerse de la legitimidad que no alcanzó a obtener en las urnas y para imponer un estado de fuerza en el país, a fin de disuadir cualquier intento de rebelión popular organizada, como en menor escala sucedió en Oaxaca. Pero esta clase de operativos militares y policiacos estarían buscando también la aceptación de la sociedad, que en efecto se halla presa del temor por la inseguridad que padece, para que el partido del gobierno, el PAN, pueda ganar las elecciones locales que se llevarán a cabo en varios estados este año, entre ellos Michoacán y Baja California, precisamente.

Podríamos estar no sólo ante operativos militares de gran envergadura para combatir el narco y provocar lo que se conoce como el efecto cucaracha, esto es, que aunque no se erradique totalmente el fenómeno al menos desaparezca temporalmente de los espacios que tenía bajo su control absoluto y se vaya a otros territorios, se expanda y se vuelva más discreto, menos violento, sino ante una especie de precampaña con la imagen de la fuerza por delante. Los operativos, que se extienden ya a Tijuana y podrían llegar a otros estados de la República, le sirven al presidente para hacerse de la legitimidad que tanto le urge, activar un dispositivo de disuasión política contra la oposición radical, y hasta para ganar territorios locales en los comicios de este año que comienza como puede.

El florecimiento del narco y su expansión a casi todo el territorio nacional no se concibe sin la creación de amplias redes de complicidad con las propias instituciones del Estado. Y es éste, precisamente, el elemento que está haciendo falta en los informes y balances que se dan parcialmente, como el de Apatzingán, Michoacán, este 3 de enero pasado, precisamente. Todo hace pensar que se trata de un operativo efectista, con un amplio respaldo mediático, para provocar el efecto cucaracha y dejar que los responsables más importantes encuentren la ocasión y los corredores para salir librados. Lo que falta en estos informes es el descubrimiento de estas redes de corrupción entre el narco y las instituciones del Estado.

El gobierno de Felipe Calderón ha privilegiado el uso casi exclusivo de la fuerza para combatir un fenómeno tan delicado como éste, que ha provocado en México índices de violencia y descomposición social mayores incluso que en otros países que han padecido también este flagelo, como es el caso de Colombia, por ejemplo. Pero se trata de un problema cuyas causas tocan necesariamente otros ámbitos de la vida pública y privada. No sólo ha sido la indolencia del Estado para llevar a cabo esta lucha a tiempo y poder sofocar el problema allí donde se presente, sino que el olvido se ha extendido también hacia la realidad de miseria y marginación, de ausencia cada vez mayor de oportunidades, que padece la inmensa mayoría de la población.

A grandes franjas de la población sólo les queda como alternativa, para no sucumbir ante la adversidad, la migración o el narcotráfico. El Estado no ha sido capaz de reactivar la economía del país a favor de los más necesitados, de crear las fuentes de empleo que tan urgentemente se están necesitando, de generar una cultura de la participación y la corresponsabilidad social en el ejercicio del poder.

No estamos ante un Estado de bienestar social, que procure condiciones de vida con dignidad y calidad para todos, que proteja nuestras riquezas naturales y las explote racionalmente para beneficio de todos los mexicanos, que apoye decididamente los rubros que están relacionados directamente con el desarrollo y el progreso del país, como la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología, así como el fomento a la cultura y las artes. Por el contrario, lo que hace el gobierno es tratar de sustituir esta responsabilidad social con el uso casi exclusivo de las fuerzas armadas.

Todo hace pensar que las cucarachas saldrán corriendo en desbandada hacia otras regiones del país, que las más inteligentes cambiarán su estrategia y tratarán de evitar las guerras fraticidas, que esperarán un tiempo prudente para volver a instalarse allí donde encuentren o vuelvan a crear las condiciones. Después de los operativos militares, sean cuales fueren los resultados, no habrá operativos sociales de la misma envergadura para llevar a cabo otro combate que es decisivo: el combate a la pobreza, a la injusticia, a los atropellos de los poderosos, a la corrupción, a la miseria, a la desesperación de millones de mexicanos a quienes se les ha clausurado dramáticamente su horizonte.

Opinión - Ramon Guzman Ramos

La saga de la derecha

La Jornada Jalisco - 29/12/06

La derecha de centro es democrática. Reivindica la democracia como un objetivo fundamental y lucha por preservarla porque forma parte de sus principios ideológicos. Desde luego que lo democrático no le quita lo antiigualitario. La derecha de centro se pronuncia por la democracia porque la ve como un régimen político que le permite acceder al poder por medio de las urnas, o permanecer en él; pero entre sus objetivos programáticos no se encuentra acabar con las condiciones que generan las desigualdades sociales y económicas.

Cuando el PAN era un partido en la oposición, prácticamente marginal, tenía a la democracia, concretamente el respeto al voto, como su bandera política central. El PAN nació cuestionando al Estado de bienestar social que sostenía el Partido de la Revolución, sobre todo cuando Lázaro Cárdenas del Río asumió la Presidencia de la República y se dedicó a aplicar algunas medidas de izquierda, como las nacionalizaciones, la reforma agraria integral y el corporativismo. Desde la marginalidad extrema, el PAN luchó por que el sistema de hegemonía política del PRI se abriera a la competencia electoral equitativa.

A finales de los 80 el régimen de partido de Estado, prácticamente único, hizo crisis hasta los cimientos. Un desprendimiento de sus propias filas se erigió en una oposición poderosa. El PAN, por su parte, tuvo también en ese momento un auge inusitado, sobre todo con la incorporación a sus filas de empresarios que habían sido castigados de alguna manera por el sistema político y económico que regía al país. Con Manuel Clouthier como candidato a la Presidencia, el PAN creció como la espuma y empezó a ganar posiciones políticas y territoriales importantes.

Pero fue hasta 2000 que, con Vicente Fox como candidato, el PAN llegó finalmente al poder, aunque fue relegado durante la campaña a un plano secundario. Fox representó en ese momento la oportunidad que tenía el país de sacudirse un régimen que había ejercido un dominio hegemónico durante más de siete décadas. El carisma del candidato panista atrajo incluso a un porcentaje considerable de simpatizantes de la izquierda electoral. Cuauhtémoc Cárdenas, que contendía por tercera vez, no tenía posibilidades reales de ganar y mucha gente se fue con la seducción del llamado voto útil.

Vicente Fox representaba el inicio a esa derecha civilizada que se proponía democratizar el país, aunque no estuviera en sus planes socializar la riqueza y el poder que se hallaban concentrados en unas cuantas manos. La alternancia democrática en el gobierno a nivel federal se daba entonces por la derecha. Fox llegó a Los Pinos con un capital político enorme. Era visto como el hombre que había sido capaz de desplazar al PRI del poder por medio de las urnas, algo que hasta no hace mucho se veía prácticamente imposible. Pero Fox dilapidó muy pronto ese capital y empezó a mostrar su verdadero talante.

No cumplió ninguna de las promesas más importantes que hizo durante su campaña y dejó a una gran parte de la población con un sentimiento de desencanto que paulatinamente se acrecentó. A final de su sexenio endureció su política y terminó por convertirse en un presidente autoritario. La derecha, ahora en el poder, sufrió un corrimiento dramático hacia el extremo. Se convirtió en una derecha extremista, que abandonó sus principios democráticos y se ha ido dejando llevar por una tentación autoritaria. Clausuró desde el poder la vía electoral para que la izquierda no la transitara y se apoderó de todos los controles electorales para usarlos a su favor.

Fue así como pudieron derrotar a Andrés Manuel López Obrador y permitir que Calderón llegara a la Presidencia. Felipe Calderón no es ni mucho menos la continuidad foxista. Desde luego que no deja de representar a esa derecha extrema que hemos estado padeciendo en los últimos años. Pero Calderón es un hombre que paulatinamente, como de hecho ha estado ocurriendo, va a demostrar que su política de mano dura va en serio. Vicente Fox llevó a la derecha al poder, pero no alcanzó a consolidarla. Es lo que hará en su sexenio Felipe Calderón. Pero habrá de sostenerse, como también se ha estado viendo, en la fuerza pública.

Una vez que logre mantener a raya los excesos del crimen organizado, lo cual le ha permitido militarizar importantes áreas geográficas y políticas del país, va a extender la misma mecánica a otras áreas de la vida nacional, como los movimientos de disidencia política. Estamos ante el riesgo de que México se convierta en una República gobernada nuevamente por el autoritarismo de una sola corriente política. La derecha ha sabido unirse y aglutinar a los sectores de la sociedad que comulgan con ella, como los empresarios, la Iglesia católica y los grandes medios electrónicos.

Desde luego que la fuerza pública no es suficiente para que un gobierno se sostenga en el poder. Felipe Calderón tendría que implementar programas que garanticen el bienestar de la sociedad, que saquen a millones de la pobreza y marginación en que se debaten, y que se abran oportunidades reales para progresar. Pero nada de esto estamos viendo. Al contrario. Con los incrementos a algunos de los productos básicos y esa infamia que se acaba de hacer con los salarios mínimos, el castigo a rubros tan importantes como la cultura y la investigación científica, las cosas no podrían mejorar. No habría fuerza pública suficiente para sostener a un gobierno que castiga hasta la hambruna y la desesperación a la gran mayoría de sus gobernados.