La policía tapó el paso al centro, donde el gobernador veía un desfile.
Agentes antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) disolvieron ayer a golpes una manifestación contra el Macrobús. Entre los asistentes había familias, niños, mujeres, ancianos e incluso una persona en silla de ruedas. El enfrentamiento, en pleno centro de la ciudad, dejó como saldo seis detenidos, además de una docena de heridos, entre ellos un policía.
Como cada sábado, ciudadanos se manifestaron contra la construcción de la línea 2 del Macrobús. La tarde de ayer fue diferente. El gobernador Emilio González Márquez presenciaba el desfile del Festival Internacional del Mariachi, por lo que la consigna de los uniformados fue impedir que los manifestantes llegaran al centro de la ciudad.
Dos contingentes salieron al filo de las 16:00 horas: uno, desde el Parque Morelos; el otro, desde La Paz y la calzada Independencia. Mientras se congregaban los manifestantes, personal del gobierno del estado fotografiaba y videogrababa a los participantes. El ambiente se calentaba. El tráfico era un caos. Algunos conductores se molestaban, pero la mayoría los apoyaba con los claxon.
En punto de las 14:30 horas, los manifestantes tomaron el carril del Macrobús de sur a norte. La tensión creció. Las unidades del Macrobús comenzaron a juntarse detrás de la estación. Una unidad decidió avanzar y los manifestantes reaccionaron plantándose de frente para gritar consignas: “No al Macrobús, no al Macrobús”. La unidad tuvo que dar marcha atrás. Al frente de la manifestación, tres adolescentes lideraban con tambores. A un costado, los antimotines los seguían.
En la estación Bicentenario, cerca de la avenida Revolución, se dio el primer altercado. Los antimotines bloquearon el paso. Los manifestantes simple y sencillamente los rodearon, libraron el obstáculo y volvieron a ocupar el carril exclusivo. Los antimotines se pararon de nuevo frente al contingente, ahora ocupando los otros dos carriles, incluso la banqueta. Los opositores al Macrobús exigieron el derecho a manifestarse, consagrado en la Constitución: “Les pedimos, por favor, que nos dejen pasar. Están violando la Constitución”. Los empujones comenzaron hasta que una persona del gobierno del estado, más prudente, los dejó pasar, pero sin utilizar el carril exclusivo.
A partir de allí, los antimotines escoltaron a los manifestantes hasta Juárez, donde otro grupo de agentes tenía bloqueado el paso. Volvieron los empujones. Por el carril de norte a sur llegó el contingente que venía del parque Morelos. El número de manifestantes creció; la tensión también.
Como si fuera el destino, la primera unidad del Macrobús que llegó fue la TM-001. Los manifestantes bloquearon su paso, por lo que los antimotines le abrieron camino. Fueron las primeras muestras de violencia contra los quejosos. Después, los manifestantes, cientos de ellos, enfilaron rumbo al centro. Los antimotines no los dejaron...
Una barrera de antimotines bloqueó el paso en Juárez y Molina, encerrando a los manifestantes, literalmente, entre los policías y el paso a desnivel. La gente, sin poder moverse, se sintió acorralada, y comenzaron los golpes y empujones. También los arrestos. Primero fue un manifestante, al que los elementos de la SSP arrastraron a una patrulla; llevaba el rostro cubierto de sangre. Menos de un minuto después arrestaron a Saúl Cotero Bernal, dirigente de la Coordinadora Ciudadana de Opositores al Macrobús. Lo arrojaron a una patrulla y se le pusieron encima para inmovilizarlo. Luego detuvieron a Salvador Lugo, conocido como el Hombre Araña, el anciano que trepó a Palacio de Gobierno en una protesta contra el placazo. Las camionetas de la SSP salieron a toda velocidad.
Los gritos de las mujeres y el llanto de los niños eran la constante. Los negocios cerraron. En segundos, otro conato de bronca, y otros detenidos. Seis en total. Además, se reportaron doce heridos. Hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría de Justicia no había informado, ni siquiera a sus familiares, el motivo de las detenciones y, por la noche, los parientes fueron sacados del edificio de la dependencia, en la calle 14 de la Zona Industrial, porque, les dijeron, hay sicarios dentro del edificio y podrían correr peligro.
El miedo a los uniformados terminó por tronar la manifestación. Eso bastó para que la gente se retirara del lugar, a sólo tres cuadras de donde Emilio González disfrutaba un desfile de mariachis.
Golpes antes de llegar al Centro de la ciudad
Familiares de los detenidos se quejaron por la reacción policiaca. Al menos un agente resultó, también, lesionado.
De blanco, al frente, Saúl Cotero Bernal, líder de los opositores. Hasta anoche, seguía detenido en la calle 14.
No fue calculado el número de participantes en la protesta, que llegaron a ocupar dos carriles, a lo largo de dos cuadras de ave
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
Atenco es una muestra de la impunidad existente en este país. Este breve documental muestra una mirada a lo que verdaderamente sucedío aquel día, aquellos momentos en los que como hoy no existe, no hace presencia la Justicia.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.
Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.
En dos sesiones una matutina y otra vespertina, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue un acto de venganza en que intervinieron mandos superiores que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias, como las instauradas en los años 70 en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo.
El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.
El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.
Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.
Góngora apuntó la brutalidad excesiva de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.
Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.
En dos sesiones una matutina y otra vespertina, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue un acto de venganza en que intervinieron mandos superiores que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias, como las instauradas en los años 70 en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo.
El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.
El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.
Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.
Góngora apuntó la brutalidad excesiva de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos. ::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
■ Los ministros sólo buscarán identificar a funcionarios que hubieran violado garantías
■ No se prevé un señalamiento sobre probables responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas, ni reparación de daño a víctimas
■ Ninguna mención sobre presos del FPDT
En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más.
El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión.
Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales.
Trascendió que ante lo limitado de los alcances del resolutivo que adopte la Corte sobre los hechos violentos que provocaron dos muertos (Alejandro Benumea y Javier Cortés Santiago), más de 200 detenciones (31 de las mujeres denunciaron agresiones sexuales a manos de los policías mexiquenses durante su aprehensión y traslado al penal de Santiaguito), el pleno centrará su atención en demostrar la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y del estado de México aprueben reglamentos y protocolos sobre el uso de la fuerza pública para evitar que a nivel local y nacional se repitan abusos policiacos en contra de la sociedad.
A pesar de que el texto documenta suficientemente la existencia de agresiones sexuales en contra de mujeres –mexicanas y extranjeras– en Atenco, al final el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señala que las averiguaciones están en proceso y que corresponde a las autoridades locales sancionar a los responsables.
Ello a pesar de que en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se expresa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron violados gravemente los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, de debido proceso, trato digno a los detenidos y derecho a la justicia. El documento se limita a “identificar” el cargo y nombre de los funcionarios que participaron en los hechos.
Cabe señalar que en el texto se menciona la reunión que sostuvieron la noche del 3 de mayo mandos policiacos estatales y federales para analizar la situación en San Salvador Atenco, la cual estuvo encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, el documento no atribuye responsabilidad alguna a nadie.
Es más, el texto de 924 cuartillas –de acuerdo con la versión pública del dictamen que fue subido a la página de Internet de la Corte– reconoce que, a pesar de haberle solicitado a la Agencia de Seguridad Estatal los nombres y cargos de los policías que participaron en la detención de mujeres y que las escoltaron desde su detención hasta su llegada al penal, ésta argumentó no tener esos datos.
En cambio, el dictamen de la SCJN –que recoge el sentir de la mayoría de los ministros– señala “omisiones legislativas” en materia de uso de la fuerza pública, que se traducen en carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia de legislación sobre el uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad y sus elementos.
Esos problemas, enfatiza el texto, tienen alcance nacional y por lo mismo generan un estado delicado de vulnerabilidad de las personas frente al Estado.
Exigen destituir al alcalde, la disolución de poderes en Ocotlán y nombrar una Comisión Ejecutiva
Durante la marcha salieron a relucir denuncias por el estado represivo que impuso Absalón García
MAURICIO FERRER (Enviado)
La Jornada Jalisco
Miles de ocotlenses realizaron una marcha para repudiar el asesinato de Fernando López y exigir justicia Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
ocotlan, 9 de enero.- Rudo y Cursi es la película más importante de la temporada en el municipio de Ocotlán, Jalisco, al oriente de Guadalajara. La proyectan en la sala 1 de los Cinemas San Felipe, los únicos de este poblado de 90 mil espectadores. Acá, en Ocotlán, ayer se vivió la cinta: el set fueron las calles principales y los protagonistas, unos 4 mil ocotlenses que salieron a las calles para repudiar el asesinato de un tercer personaje, El Nako, Fernando López Alejandre, a manos de policías municipales el 1 de enero pasado. Las 4 mil voces lanzaron un grito de protesta contra los antagonistas: el rudo y el cursi de una historia real.
El rudo: Filiberto Ortiz Amador alias El Pinto, quien hasta el miércoles pasado era el director de la policía municipal y cuyos métodos de seguridad pública instruidos a sus subordinados causaron la muerte del joven bajista de 21 años de la banda de rock pesado Arcadia Libre.
El cursi: el alcalde panista de Ocotlán, Absalón García Ochoa, quien destituyó a Ortiz del cargo el miércoles pasado, pero que hoy no salió a dar la cara ante una multitud que estrelló huevos contra la Presidencia Municipal.
“La madrugada del 1 de enero de 2009, la policía municipal de Ocotlán, Jalisco, disparó a mansalva sobre el vehículo que conducía el joven Fernando López Alejandre, de 21 años de edad, oriundo de Jamay, quien iba acompañado de David Briseño Ceja, vecino de La Barca, hiriendo de muerte al primero, golpeando y amenazando al segundo sin que hubiera de por medio una indicación oportuna para llamarles la atención por alguna infracción o delito”, fue la sinopsis escrita en una hoja de papel que circuló por la marcha silenciosa conformada por hombres, mujeres, niños y ancianos que portaban atuendos blancos y globos del mismo color por la calle Hidalgo, una de las principales de Ocotlán.
Al frente del puñado de personas, la familia de Fernando portaba una imagen, un recuerdo del joven roquero y un llanto.
“El Nako era noble”, dijo una de sus tías. “Noble”, dijo otra. “Pacífico”, expresó una prima. “Sensible… humilde… no le importaba el dinero… ni el lujo… era cantante… tocaba el bajo… le gustaba Deep Purple y Black Sabbath”, decían sus familiares, uno tras otro.
A lo largo de la marcha, la gente de los negocios, escuelas y otros locales se asomaba a ver la expresión de indignación de un pueblo, plasmada en cartulinas y mantas: “¡Puta policía!”, “Me quitaron la vida por la espalda”, “Francisco Ramírez Acuña, ya no protejas asesinos”.
Tanto Absalón como El Pinto son gente cercana al ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. Fueron dos protagonistas en los sucesos del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, donde la policía municipal y estatal se enfrentó con los llamados altermundistas, lo que terminó en encarcelamiento y tortura para decenas de ellos, según lo constataron las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
La sombra de Ramírez Acuña vuela sobre el poblado. A decir de los habitantes, Ocotlán sirvió de laboratorio para la instauración de una policía secreta cuando el panista era titular de la Segob; de ahí las razzias de El Pinto. Era común que grupos de policías irrumpieran en fiestas juveniles. Tácitamente había un toque de queda; después de las 10 de la noche los muchachos no podían juntarse en las esquinas porque eran “levantados” por los chicos de El Pinto, según recuerda Leonarda, una vecina de la Colonia 5, que está a unas cuadras de la casa donde vivía El Pinto, sobre las calles de Domingo Márquez y Reforma. Enfrente de dicha vivienda, en un terreno abandonado, unos 20 policías se juntaban a diario esperando las órdenes de su jefe, “echando nalga”, o bien, “para protegerlo quién sabe de quién”, dice Leonarda. De ese baldío sólo quedan una lona negra, algunos vasos de café y un diario en ruinas, pues El Pinto se fue desde el jueves.
“Asesino”, “terror”, “abogado del diablo”, son calificativos con los que recuerdan los ocotlenses a El Pinto. Y si lo traen a sus pláticas, es por experiencias en las que tuvieron que ver con él.
El 10 de julio de 2007, los muchachos de El Pinto llegaron con armas largas al comedor comunitario de Patricia Sánchez. A ella y a otras mujeres que ofrecen comida a desamparados las acusó de violadoras. Las corrió del lugar, en el que tenían 10 años ofreciendo tal labor. Ahora dan alimentos a los niños de la calle, en la calle.
Y de esas anécdotas hay muchas: que por lo menos 10 desaparecidos, que varios asesinados y que el tiro de gracia, característica en los cuerpos encontrados.
Hoy, los que quedan con vida en Ocotlán salieron a las calles. No aguantaron más. El homicidio del muchacho unió a los ocotlenses como nunca en la plaza principal: “ni siquiera el 15 de septiembre se llena así”, dijo un vendedor de chicharrones.
“¡Fuera Absalón! ¡Fuera Absalón! ¡Fuera Absalón!”, gritaban miles de gargantas al unísono. No quieren al edil. Mediante un oficio entregado el 7 de enero en el Congreso del Estado, un grupo de ocotlenses solicitó la disolución de poderes en el municipio. A cambio, piden el nombramiento de una Comisión Ejecutiva que gobierne Ocotlán.
Los jóvenes fueron los más inconformes, pues fueron los que más vivieron las andanzas de El Pinto; algunos empezaron a lanzar huevos a la Presidencia Municipal, otros más empujaron el portón de metal con agresividad para intentar entrar.
La familia de El Nako, como era conocido Fernando, pidió prudencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) inició a enlistar las violaciones a las garantías individuales que los habitantes tenían que contar. Y Absalón… Absalón nunca salió.
Apenas el jueves pasado, tras la renuncia de El Pinto, el alcalde, enfundado en unos “tejanos” y una camisa a cuadros, saludaba a la entrada de la Presidencia Municipal a todo habitante que por ahí pasara. Quienes lo veían, lo dejaban con la mano en el aire y con la sonrisa en la cara, recuerda Juan Ignacio Ramírez Rodríguez.
Ocotlán no tiene un final feliz: asesinaron al Nako, el rudo huyó y el cursi permanece en el poder.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::
Irresponsable, que los ciudadanos no actúen, aseguran
Las organizaciones civiles y no gubernamentales que asistieron el día de ayer al foro “Participar no es delito” coincidieron en que el panorama de criminalización de la protesta ciudadana se recrudece preocupantemente en el país y en el estado.
Durante el foro se intentó demostrar cuál es la estrategia utilizada en Jalisco para reprimir y se recordaron casos concretos, como los de Raúl Muñoz, de El Salto, y Ludger Kellner, de Jardines del Sol, quienes padecieron la persecución de las autoridades tras hacer denuncias ciudadanas (al primero le sembraron mariguana, el segundo fue acosado por el Instituto Nacional de Migración).
Durante una de las mesas de participación, Jorge Regalado, académico de la Universidad de Guadalajara, habló sobre la necesidad de que los movimientos organizados desde la propia sociedad civil dejen de entrar en el ritmo y la lógica que impone la clases política para poder articularse.
Por su parte, Carlos Páez, representante de la recién integrada Plataforma 39, que aglutina a seis organizaciones (Congreso Ciudadano, Parlamento de Colonias, Un Salto de Vida, Imdec, Cepad y Ciudad para todos), indicó que se requiere de la participación ciudadana para que la democracia tenga un verdadero valor, pues “es irresponsable no hacer nada”.
Sin embargo, señaló que ante el panorama de represión de la protesta ciudadana que se percibe, es necesario que los medios “entiendan que la represión no es normal” y cuiden a los ciudadanos.
A nombre de la Plataforma exigió que la Secretaría General de Gobierno les conceda una audiencia para comenzar a planear una agenda ciudadana.
De la misma forma, dijo que, en el contexto de la represión a la participación ciudadana, serán las autoridades las responsables de lo que le pueda ocurrir a cualquiera de los luchadores sociales del estado.
Cuestionado sobre la intención de reunirse con el secretario de Gobierno, Páez señaló que reconocen a la autoridad como tal porque no son ni políticos ni revolucionarios, por lo que su intención es tender puentes.
Asimismo, Gerardo Moya, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, indicó que la autoridad tiene obligación de escuchar a los ciudadanos, aunque reconoció que la represión de la protesta social es una “política de Estado” en México.
::::Este Vídeo contiene escenas que muestra con mejor detalle la represión policiaca que sucedió en la ciudad de Guadalajara:::: Represion policiaca que se llevó a cabo en el centro de la ciudad de Guadalajara la noche del 08 de dic del 2007, varias organizaciones civiles pretendían llevar a cabo un plantón para juzgar a las autoridades gubernamentales del estado y la nacion... Fueron despojados de sus pertenencias por elementos de seguridad pública. ::::::
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::
Los manifestantes quemaron llantas para defenderse, pero la policía avanza paulatinamente y dispara gases lacrimógenos hacia calles laterales, donde corrieron los manifestantes
En estos momentos la Policía Federal Preventiva y del estado están rompiendo el bloqueo que mantenían habitantes de Xoxocotla, sobre la carretera Alpuyeca-Jojutla, al sur del estado.
Los manifestantes iniciaron el choque con el lanzamiento de petardos y los federales dispararon gases lacrimógenos logrando dispersar al grupo que bloqueaba la arteria vial.
La incursión policial se realiza con el sobrevuelo de dos helicópteros de la PFP y el apoyo de soldados.
Los manifestantes quemaron llantas para defenderse del desalojo, pero la policía avanza paulatinamente y dispara gases lacrimógenos hacia calles laterales, donde corrieron los manifestantes.
El bloqueo carretero fue en apoyo de los maestros de Morelos que se oponen a la Alianza por la Calidad de la Educación, ya que suprime la venta y herencia de plazas.
****************************** ***************************** ESCUCHA LA COBERTURA Y SEGUIMIENTO SOBRE ESTA ACCIÓN DE REPRESIÓN CONTRA TODO UN PUEBLO!!! LOS MEDIOS OFICIALES ESTÁN OCULTANDO GRAN PARTE DE LA INFORMACIÓN: www.radioamlo.org
Mega-Operativo contra maestros y padres en Morelos
Miércoles 8 de octubre de 2008
En Amayucan, Km. 80, Morelos, en este momento están reprimiendo a Maestros y padres de familia con helicópteros y gases.
Los padres están rechazando a la policía, guardando a los maestros en las casas. Pero la policía está entrando a las casas por los maestros, hay muchos golpeados.
Ruego a ustedes tengan a bien tener su solidaridad, con el pueblo de Chiapas, acosado y asesinado una vez más por las autoridades estatales. Publicando en sus prestigiosas publicaciones una nota sobre los artículos a continuación.
Hermann Bellinghausen, escribió:
Chinkultic, Chiapas 2008
Las noticias no son metáforas, aunque a veces sirven como tales. Los hechos represivos de Chinkultic y el ejido Miguel Hidalgo, en La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, se deben una vez más a la respuesta de los pueblos contra el enajenamiento de sus tierras y sus derechos territoriales. Y una vez más, el motor de la agresión criminal de la fuerza pública es el turismo (y cierta "soberanía" de las instituciones): protegerlo, propiciarlo, monopolizarlo para los poderes políticos y económicos.
La gente, los pobladores, no se han dejado tan fácilmente. Su futuro no puede decidirse en las mesas de los arquitectos, las proyecciones de los inversionistas ni los planes gubernamentales impulsados por el Banco Mundial o sus equivalentes que, impuestos a los pueblos en nombre del "desarrollo", pretenden arrasar la vida de dichos pueblos.
Chinkultic, la ciudad maya del periodo clásico (años 600 a 900) que duró hasta entrado el posclásico (hacia 1200), a diferencia del resto de ciudades antiguas de la región que se colapsaron antes del primer milenio. Ahora, abandonada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su administrador oficial, quedaba en la doble condición de recurso abandonado y potencial proyecto "detonante".
La gente se organizó, en los márgenes si se quiere. No se trata de una organización política en particular, sino de un ejido más bien oficialista. Sus representantes estaban negociando con el gobierno estatal. La policía los atacó masiva y criminalmente, pues un mes atrás osaron tomar la caseta de peaje al acceso de las ruinas y usufructuarla en beneficio de la comunidad. Y se propusieron dar mejor cuidado a la semiexplorada zona arqueológica, vecina a los lagos de Montebello y sitio del hermoso Cenote Azul, que se puede contemplar de lo alto de la pirámide principal.
No es (¿o sí?) un caso como Atenco. Tampoco Bolon Ajaw o San Sebastián Bachajón, en Chiapas, donde el conflicto "turístico" por las cascadas de Agua Azul ha movilizado a los pobladores en tiempos recientes, y los ha confrontado por acción oficial y con la fuerza pública.
Algo parecido ocurre en las mismas lagunas de Montebello, no lejos de la frontera con Guatemala. Los pueblos y ejidos ocuparon los "atractivos turísticos" donde ellos viven. Y las autoridades los demandaron por "despojo".
Chiapas no es Quintana Roo. No pueden llegar los planes, los buldózer y los hoteles así como así. Pudieron en Cancún (esa especie de Las Vegas caribeño), y como son imparables ya van sobre Tulum, otra "ruina". No es igual para los pueblos tzeltales, choles o tojolabales, que ancestralmente viven en las tierras mayas, y son campesinos allí, tiene derechos, tienen razón y tienen, si algo, lo que pisan las plantas de sus pies.
Seis campesinos asesinados, tres con tiro de gracia, por policías federales y estatales. Quisieron quitarlos de ahí, los gasearon, golpearon, vejaron y balearon. Y además, no pudieron quitarlos. Eso significa algo.
Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.
De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.
Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.
En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años. A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.
Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que "alguien" les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.
A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.
En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron "solos" y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana "azuzaba a la gente".
Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, "nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.
"Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos."
"Lo mataron como a un perro"
Elio Henríquez, corresponsal
Ojo de Agua Ocotal, Chis., 6 de octubre. "Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos", dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo.
"Me lo empezaron a golpear y yo le dije: 'No llores'. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon", agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: "Con el gobierno no se juega, malditos".
La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él "no entendió y fuimos a ver a mi mamá". Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: "Échame la mano, mi papá está herido". Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos.
Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías "empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie".
Los uniformados se acercaron, gritando: "Bájate, perro". Él les contestó: "Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear". A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. "Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás.
A rastras lo llevaron al monte. "Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: 'Ustedes, malditas, nos agredieron'".
Prosigue: "Yo los veía y me cacheteaban: 'Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas'. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso", cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto.
En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: "Compañeros de ustedes", a lo que uno repuso que eso no era posible.
La madre replicó: "Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí". Entonces un uniformado le indicó: "Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos". Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo.
"Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!", clamó.
Magdalena Gómez
Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas
Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.
Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.
En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.
La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que "los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos". Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: "a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
"b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.
"c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales."
En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:
"a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente".
En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: "Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas".
Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.
Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y " generosamente" ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la "normalidad": el INAH puede seguir administrando "las ruinas", como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.
El día de ayer por la tarde del sabado 8 de diciembre del 2007, se llevó a cabo una manifestación que agrupó a varias organizaciones y frentes de lucha social del estado de Jalisco para expresar su denuncia en el marco del "frente Nacional Contra la Represión", los manifestantes intentaron realizar un plantón en una plaza pública del centro de la ciudad de Guadalajara, pero fueron reprimidos porla noche, pues alrededor de las 23:30 hrs. cuando la mayoría de la población se había retirado a sus hogares, un contingente de aproximadamente 150 elementos de las fuerzas de seguridad del estado e inpectores municipales, arremetió contra el campamento de los manifestantes, retirando por la fuerza el equipo y pertenencias de las organizaciones. No se reportaron heridos. El material retirado fué puesto en camionetas del Ayuntamiento que partió con rumbo desconocido.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
A más de un año del "ilegal" encarcelamiento de decenas de personas en los penales de Santiaguito y Molino de las Flores tras los hechos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, la "irregularidades" en el proceso penal en su contra demuestran que "no hay elementos para que los detenidos continúen presos", aseguró el Colectivo de Abogados Zapatistas, defensores legales de la mayoría de los acusados por esos hechos.
"Un año ha servido para demostrar que fue realizado un acto contrario a todas las garantías constitucionales antes, durante y después de las múltiples detenciones arbitrarias, al igual que los actos de tortura perpetrados antes, durante y después del auto de formal prisión", subrayó el equipo de abogados encabezado por Pedro Suárez Treviño y Juan de Dios Hernández Monge.
Destacaron que una de las principales irregularidades es que el Ministerio Público (MP) no firmó la comparecencia y puesta a disposición de los acusados por parte del policía Juan Jesús Estrada Estrada, por lo que "en estricto derecho dicha prueba carece de valor probatorio". Pese a esto, argumentaron que el juez segundo de lo penal en Toluca, Jaime Maldonado -quien hasta hace unas semanas conoció del caso-, siempre consideró esa declaración como una prueba contundente para mantener presos a más de 30 personas.
Una más de las inconsistencias que han detectado los juristas es que los policías que dicen haber sido secuestrados señalan que en su presunta retención no participaron mujeres, a pesar de que varias de las personas a las que se investiga por la comisión de ese delito son del sexo femenino.
"Las declaraciones de los policías acusadores son cada vez más contradictorias; los acusadores de los compañeros investigados por secuestro equiparado, del día 4 de mayo, afirman que quienes los plagiaron son hombres, que ninguna mujer participó en esos hechos; entonces, Mariana Selvas y Georgina Edith Rosales -dos de las detenidas por ese ilícito-, así como las demás compañeras presas, no son responsables del delito de secuestro", subrayaron.
Recordaron que recientemente un tribunal colegiado declaró incompetente al juez Maldonado para conocer del caso debido a que no acreditó su competencia para que fuese llevado en un distrito judicial distinto al de Texcoco, que es donde sucedieron los presuntos delitos. Con relación a esto, expusieron, "existe tesis jurisprudencial en el sentido de que lo actuado por una autoridad incompetente es nulo de pleno derecho, por lo que los compañeros y compañeras presos políticos deben ser puestos en libertad".
Añadieron que la justicia del estado de México ha manejado "políticamente" dicho proceso, al grado de que a un año del mismo, "tiempo límite para que a cualquier ciudadano se le dicte sentencia", aún no se han presentado las pruebas de descargo por parte de la defensa de los acusados.
Puntualizaron que debido a que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad no ha revocado la apelación que el MP interpuso por el presunto delito de delincuencia organizada contra los más de 200 detenidos por esos hechos, se corre el riesgo de que sean afectados inclusive quienes gozan de libertad bajo fianza y los que fueron absueltos.
San Bartolo Coyotepec, Oax., 13 de mayo. Andrés Manuel López Obrador ofreció el respaldo del "gobierno legítimo de México" a Flavio Sosa Villavicencio, miembro del consejo estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, por "no ser un delincuente sino una gente de bien, que su único pecado fue luchar por un mejor Oaxaca".
Ante decenas de simpatizantes reunidos en la plaza principal de este municipio -de donde es originario Flavio Sosa-, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció: "Vamos a seguir luchando por su libertad, porque ya sabemos cómo actúan estos represores".
El ex candidato a la Presidencia por la coalición Por el Bien de Todos expuso que el encarcelamiento de Flavio Sosa y sus hermanos Erick y Horacio, así como de otros miembros de la APPO, "no es un asunto jurídico sino fundamentalmente político" de los gobiernos "autoritarios" de Felipe Calderón Hinojosa y de Ulises Ruiz Ortiz, pues las acusaciones en su contra "fueron fabricadas totalmente". Consideró que "si se analizan los expedientes, se puede dar uno cuenta que las responsabilidades fincadas no tienen ningún sustento legal".
Además criticó que el Poder Judicial del estado realice tácticas dilatorias en los procesos penales de los detenidos para tenerlos más tiempo en la cárcel y no darles su libertad como legalmente les corresponde.
Igualmente anunció que solicitará a la legisladora Rosario Ibarra viuda de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se Senadores, y al ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, ponerse de acuerdo para sumarse a la defensa por la libertad de Sosa Villavicencio y de los demás presos de la APPO.
Durante el mitin, entre las consignas en referencia al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el presidente Felipe Calderón, "¡Repudio total a URO y a Fecal!", "¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!" y "¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!", Beatriz Castañeda Pedro, esposa de Sosa Villavicencio, dijo que su cónyuge fue encarcelado "por luchar con la gente pobre y con la gente de abajo".
López Obrador también instó a sus partidarios y seguidores de la APPO a "seguir adelante y no desmayar", porque "tarde que temprano va a triunfar este movimiento".
Además, llamó a no abandonar la lucha por la vía electoral democrática, al que consideró el único camino para cambiar México, "a pesar de estar lleno de obstáculos, baches, fraudes y trampas". Argumentó que si se toma el camino de la violencia "nada más servirá como pretexto a los opresores para golpear más, y provocar más sufrimiento en el pueblo".
En Puerto Escondido, López Obrador sostuvo que México está sumido en caos, en crisis y en un clima de inseguridad generalizada, que ha rebasado la capacidad de Felipe Calderón, quien desde hace seis meses, cuando "usurpó" la Presidencia de la República, "no ve la puerta, no encuentra la salida y no sabe cómo hacerle" en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que enfrenta la nación, entre ellos la violencia y los ajusticiamientos en diversos puntos de la geografía nacional.
En entrevista que concedió a la prensa local, el "presidente legítimo" afirmó, interrogado sobre el incremento del número de efectivos militares en las tareas de combate al narcotráfico, que Calderón pensó que de esa manera iban a resolver un problema que debe de abordarse desde sus causas y orígenes.
En estos días se está cumpliendo un año del inicio de la escalada represiva que el entonces presidente Vicente Fox implementó en contra de varios brotes de descontento social que habían surgido en el país y que amenazaban con poner en serio peligro el plan de continuidad de la derecha en el gobierno. Marcos, el Delegado Zero, se encontraba realizando lo que desde el inicio había denominado como la Otra Campaña. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con Ignacio del Valle como uno de sus dirigentes visibles, había mostrado sus simpatías por esta nueva estrategia política del EZLN y se había adherido a ella. Entonces vino la provocación.
La policía municipal intentó desalojar a un grupo de vendedores de flores del mercado de Texcoco y se generó un enfrentamiento violento. Fue la chispa que desencadenaría un golpe represivo como pocas veces se había visto en la historia de nuestro país. Vicente Fox mostró allí lo que llegaría a ser una estrategia de represión contra los movimientos sociales y políticos disidentes: la combinación de fuerzas federales con locales para sofocar a sangre y fuego tales movimientos, como lo había intentado ya con los mineros de Sicartsa en Michoacán, como lo habría de implementar también contra la APPO en Oaxaca.
El gobierno de Fox se propuso dar un doble golpe con el mismo tiro. Tomaría revancha en contra de quienes se habían opuesto, con machete en mano, dispuestos a todo, a la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto internacional. Y de paso tocaría a la Otra Campaña, que amenazaba con crecer en su recorrido y llenarse de masas descontentas y provenientes de las zonas más bajas de la sociedad, allí donde los condenados de la tierra se debaten entre el lodo y la luz. Fue tan brutal el golpe, que desarticuló al FPDT y dejó paralizada, totalmente sorprendida, sin saber qué hacer ante la violencia oficial, a la Otra Campaña. No es descabellado pensar que otro de los objetivos presidenciales podría haber sido el de provocar al EZLN para que respondiera con las armas y tener así la justificación para echar toda la fuerza del Estado en su contra, tal como Zedillo lo había intentado en otras circunstancias.
No es necesario hacer aquí una nueva reseña de la violación bárbara que las corporaciones policiacas, tanto de la Federación como del estado de México, cometieron contra los derechos constitucionales de los pobladores de Atenco. Además de la golpiza brutal que les propinaron, de las persecuciones hasta el interior de los domicilios, de aquel jovencito muerto por el estallamiento cerca de su cabeza de una granada de gas lacrimógeno, está también la violación tumultuaria de las mujeres y de algunos hombres mientras eran trasladados en los vehículos oficiales hasta su lugar de reclusión, así como su encarcelamiento ilegal. De esta manera, las víctimas se convirtieron en criminales ante la justicia foxista. Los verdaderos victimarios quedaron protegidos por una cortina poderosa de impunidad. Hasta la fecha.
En efecto, porque lo que fue un movimiento, radical si se quiere, de resistencia contra las medidas arbitrarias de parte del gobierno, y luego por la gestoría de los problemas más importantes que aquejan a los pobladores, fue convertido en una conspiración del orden común. Los atenquenses eran los violentos, los que pregonaban la anarquía y se burlaban de las leyes y las instituciones, los que mataban a patadas a los policías y secuestraban funcionarios públicos como lo hacen las bandas de criminales. Fue lo que repetían hasta la saciedad los grandes medios de información, sobre todo los electrónicos, especialmente la televisión, quizá como un ensayo del papel infame que jugarían también durante la guerra sucia electoral.
Ahora podemos deducir que esa estrategia política de sofocar como sea toda expresión de disidencia organizada es una herencia que Felipe Calderón ha hecho suya. El uso excesivo, inconstitucional –porque no se ha declarado un estado de excepción en el país–, del Ejército para que se haga cargo de las tareas policiacas es un síntoma del sentimiento de debilidad con que Calderón tomó posesión de su cargo. Y un gobierno que se siente débil recurre a la fuerza pública para sostenerse y para disuadir a la oposición de sus intenciones de desatar un movimiento nacional de cuestionamiento de la legitimidad presidencial. Por eso el escarmiento de ahora.
La condena de 67 años y medio de cárcel que se ha arrojado sobre los dirigentes del FPDT, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, es la continuidad por otros medios –el jurídico, precisamente– de la estrategia represiva que ha adoptado sin reservas la derecha en el poder. Es el modo como un régimen autoritario, que padece ausencia de consensos, que se caracteriza por la irracionalidad y la falta de fundamento en sus decisiones, que se ha propuesto imponer un orden social opresivo y carente de libertad, que concentra el poder político y económico en unas cuantas manos, y que se propone eliminar toda diversidad democrática en la sociedad, se erige sobre la sociedad y se convierte en un monolito cerrado que excluye y combate toda expresión organizada que no esté bajo su control total.
Atenco no es un síntoma aislado de este fenómeno del autoritarismo. Allí están los demás casos que todo México conoce. Sicartsa, Atenco y la APPO son los signos que reflejan el rostro duro con mano de hierro del gobierno. También la APPO tiene sus muertos, sus perseguidos y sus presos políticos. Y nadie ha hecho justicia sobre los dos mineros que murieron en el puerto de Lázaro Cárdenas ante la arremetida de las policías federal y estatal. Y los otros casos más recientes en otros estados. El proceso de construcción de nuestra democracia está sufriendo un viraje terrible hacia la derechización de la política, que es como decir la fascistización de la vida nacional.
Hanoi, Vietnam. Aquí, al otro lado del mundo, en el punto más equidistante de México en el planeta, nuestra desnudez es noticia. El guía del grupo de legisladores mexicanos que nos encontramos en Vietnam, atendiendo una invitación del parlamento y del gobierno de esta nación, nos muestra una foto. “Vean… Esto pasó en su país”. Es el Zócalo de la Ciudad de México, cubierto por casi 20 mil nudistas que atendieron la convocatoria del fotógrafo Spencer Tunick. Un récord cultural, como los muchos que se han impuesto en ese mismo espacio desde la época precolombina.
Sin embargo, de manera simultánea, la prensa nacional (especialmente MILENIO internet) da cuenta de otra desnudez menos artística. Más bien terrorífica y atroz. La desnudez de nuestro sistema judicial. La sentencia de 67 años con 6 meses impuesta a los líderes de Atenco, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, por el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas, por el delito de “secuestro equiparado”. Una sentencia benigna, a juicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, ya que se les pudo haber aplicado el doble de años. A esta generosa forma de aplicar la ley e impartir justicia podríamos bautizarla como el atencazo judicial.
Atenco se ha degradado. Es un asunto de revanchas y venganzas, no de justicia. Desde que estalló el conflicto en el gobierno de Fox hasta la sentencia del pasado fin de semana, la inquina ha sido el verdadero combustible de este conflicto que ha crecido bajo la sentencia de Epicuro: “La justicia es la venganza del hombre que vive en sociedad; la venganza, en cambio, es la justicia del hombre salvaje”.
Un grupo de campesinos blandiendo machetes cancelan el proyecto de inversión más ambicioso del sexenio pasado, la construcción del aeropuerto del Valle de México. Desde entonces, doblegar a los “campesinos macheteros” se volvió sinónimo de autoridad, orden y progreso, las más caras divisas porfirianas.
Un conflicto entre comerciantes ambulantes y autoridades municipales en 2006, en plena campaña presidencial y a unos meses de que las nuevas autoridades hubieran asumido el poder, se convirtió en la señal de arranque. Había que demostrar que el novel gobierno no se dejaría intimidar. Fuerzas federales y estatales tomaron Atenco aquella tarde-noche de mayo de 2006, cada una con la factura por cobrar de sus respectivos jefes bajo el brazo: la PFP cargaba con la afrenta de la cancelación del proyecto presidencial más ambicioso; la policía estatal, con la necesidad política de inaugurar el nuevo gobierno con “un acto de autoridad ejemplar”.
La revancha terminó en brutalidad policiaca, documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sancionada con la renuncia de algunos jefes de la policía estatal, a lo que ahora se responde con esta sevicia judicial o crueldad excesiva de los 67 años de cárcel dictados por Benigno, el juez.
No podemos soslayar las consecuencias previsibles del atencazo judicial. La más inmediata es su generalización por el principio de proximidad y equiparación en casos similares. Tenemos a los líderes de la APPO de Oaxaca, en la misma cárcel y con cargos similares a los de Atenco, esperando sentencia. Más los líderes de movimientos de protesta que surjan en los próximos años, por la proclividad de los actuales gobiernos de enfrentar la presión social con la represión policial.
Criminalizar la protesta social es uno de los instintos básicos de los gobiernos de derecha. Les aterra ver a los marginados, excluidos y pobres en las calles defendiendo sus derechos más elementales. El término “luchadores sociales” o “demandantes de justicia” no existe en su mapa conceptual. “Si fueran eso que dices tendrían abogados serios de despachos famosos litigando en los tribunales”, piensan muchos de ellos. “Terrorismo”, es el término con el que sienten más cómodos, seguros y confiados en esta guerra en favor del orden y la seguridad.
Por ello, la derecha actúa igual en todas partes. En la plaza de un barrio hispano en Los Ángeles, frente a migrantes hispanos exigiendo sus derechos. En la plaza de Santo Domingo, en Oaxaca, frente a ciudadanos que piden la renuncia de un gobernador.
Orden, seguridad y autoridad, son las coordenadas de la derecha. Para “socializar” estos principios tiene un ejército de maestros, la policía; una escuela, la cárcel; y una coartada paramilitar, el “terrorismo”
El atencazo judicial desnuda al Estado de derecha (no de Derecho) que se quiere implantar en el país. Hay que revestirlo y, por supuesto, revertirlo.
Salvo que usted sea tapatío, Abraham González le resultará un perfecto desconocido. Y sin embargo, la tranquilidad o la falta de ella que los mexicanos habremos de experimentar, depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer este funcionario. Se trata del responsable de la Subsecretaría de Gobierno, justamente la oficina de la Segob responsable de la operación política de los principales conflictos abiertos en México (desde Oaxaca y Atenco, hasta el caso de la anciana indígena en Veracruz). De Abraham González depende que estos conflictos no se conviertan en hogueras que terminen incendiando al país.
Por lo mismo llama la atención la falta de experiencia y "credenciales" de este funcionario para encarar la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Ingeniero civil de profesión, empresario, ex líder nacional de pasteurizadores de leche, apenas en el año 2000 incursionó en la administración pública, primero en la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco y luego en la Secretaría de Administración. En ambos cargos se mostró como un buen administrador, ordenado y eficiente. Pero sin mayor experiencia en la brega política. Algo debe saber Calderón sobre González, que los demás ignoramos, para animarse a colocar en esta delicada tarea de apagafuegos políticos a un técnico en administración.
Y no se puede decir que no lo conozca. Hace tres años justamente en el rancho de Abraham González se realizó el festejo para destapar a Felipe Calderón como precandidato presidencial, pese al enojo de Vicente Fox. De hecho, aunque González formó parte del gabinete de Ramírez Acuña en Jalisco, su designación como subsecretario no obedece al ex gobernador ahora secretario, sino directamente a Calderón, a quien responde.
A pesar de tal padrino, tendríamos que preguntarnos si los mexicanos no habremos de pagar muy alto el costo de su aprendizaje en materia política. Hace unas horas lo entrevisté largamente y me quedé con la sensación de que el responsable de la operación política del país no entendía la diferencia entre mano firme y mano dura (la entrevista se transmite este domingo a las 10 de la noche por canal Proyecto 40). Sin embargo, él se mostró muy entusiasta de las virtudes del diálogo entre los actores que participan en un conflicto y está confiado en que puede aplicar el estado de derecho a satisfacción de todas las partes. Habrá que extender el beneficio de la duda.
En todo caso en materia de días sabremos si Abraham González merece esta confianza o tenemos razón para deprimirnos. El próximo 15 de mayo se vence el plazo de la combativa sección 22 del SNTE en Oaxaca, para tener una respuesta de este funcionario a un planteamiento que incluye: liberación de detenidos y eliminación de órdenes de aprehensión, cumplimiento a promesas de apoyos en plazas y recursos al sindicato, recuperación de las escuelas de manos de los maestros favorables a Elba Esther Gordillo y la rezonificación (esta última demanda fue la que detonó la toma del zócalo de Oaxaca justo hace un año).
Hace unos días, el 1 de mayo, 50 mil miembros del sindicato y de la APPO marcharon con la misma fuerza de antes. Los maestros han amenazado con suspender clases y tomar el centro oaxaqueño de manera indefinida si no obtienen respuesta favorable el 15 de mayo. Todo indica que las virtudes y los defectos de Abraham González habrán de ser llevados al límite.
El gobierno de Calderón se ha caracterizado por mostrar una gran iniciativa en materia de conflictos para evidenciar que, a diferencia de la pasividad de Fox, ahora sí hay piloto en la cabina de mando. Pero en esta prisa por ofrecer resultados han confundido la eliminación de las manifestaciones con la estabilidad. Como si la supresión de los síntomas pudiese sanar la enfermedad. Habría que asumir que los conflictos de Atenco o de Oaxaca están muy lejos de haberse resuelto. En ambos casos, las personas que se encuentran en prisión son ciudadanos correspondientes a los movimientos de protesta y no al de los policías que los golpearon, violaron o, en el caso de Oaxaca, asesinaron. Si bien es cierto que los manifestantes infringieron la ley, no es posible acreditar que se hizo justicia si sólo son castigados los delitos de una de las dos partes en conflicto.
Sofocar manifestaciones con esa estrategia inmediatista equivale a sembrar tempestades mucho más severas. Atenco es el mejor ejemplo. Lo que vivimos el año pasado se originó en un incidente menor: la relocalización de una decena de floricultores. Pero se dio en el contexto de un conflicto mal resuelto tres años antes con la comunidad de Atenco con motivo de la construcción de un nuevo aeropuerto. Con Oaxaca o la comunidad minera de Pasta de Conchos puede suceder lo mismo ahora o más tarde.
Ir por el país "resolviendo" conflictos sin ofrecer solución real a los problemas de la gente equivale a hacer del territorio un campo minado. Encarcelar a los líderes de los grupos inconformes para descabezarlos (en ocasiones sembrándoles droga, como es el caso de David Venegas, dirigente de la APPO) ofrece la engañosa sensación de que el conflicto ha desaparecido. O quizá así le parezca a un administrador, pero nunca a un buen político.
El gobierno de Calderón ha optado por proteger a ultranza a los gobernadores priístas como Peña Nieto, Ulises Ruiz y Mario Marín, en su búsqueda de gobernabilidad de corto plazo. El proceso abierto por Gobernación en contra de Brozo por la transmisión de las grabaciones entre Kamel y el gobernador poblano hace unos días revela que nos encaminamos a una nueva etapa de endurecimiento. El coscorrón a Brozo, a pesar de estar en Televisa, es un aviso a todos los medios y periodistas de que la tolerancia ha terminado: la mano firme ya es mano dura. Oaxaca está por confirmarlo. En esta ocasión quisiera equivocarme.
En años recientes, acentuadamente en el último del sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de movimientos sociales y expresiones de inconformidad colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la República. Algunos alcanzan cierta difusión en los medios comerciales, los más sonados y ejemplares. Otros apenas son reportados por medios alternativos y organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).
Las muertes de activistas sociales y políticos alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino, de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas Atempa, Oaxaca.
La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha generalizado. Parece haber "consigna" contra los anarcos, punks y similares. La más reciente, este primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.
Un dato es el crecimiento exponencial de conductas aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o "permisos" al menos) de las policías en capitales y municipios, a lo que se agregan hostiles custodios, agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones, vejaciones, tortura, amagos de muerte.
Analistas y activistas subrayan la criminalización de la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran" armas o droga. Los medios electrónicos obran como jueces o han incitado a un "restablecimiento del orden" por regla violento, inconstitucional e impune. A esto se suma una atonía de las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en complicidad con los verdugos.
La otra campaña encontró el año pasado decenas de presos políticos en todo el país, la mayoría ignorados. Por ejemplo, Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Guanajuato, víctimas de la cúpula panista (Carlos Abascal, Ramón Muñoz y el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks) según los familiares y compañeros.
En el penal El Amate, en Chiapas, meses atrás se denunciaron agresiones y tortura contra los reos Aureliano Alvarez y Tiburcio Gómez, indígenas de Huitiupán. Uno de ellos "apareció" muerto en el penal posteriormente. En Chiconautla está Gloria Arenas. Su compañero, Jacobo Silva Nogales, recluido en La Palma, es un caso extremo, que recuerda lo peor del apartheid de Sudáfrica. Tiene 23 horas de encierro al día, no se le permite pintar. Sus óleos son una denuncia extraordinaria.
A ellos se suma la saga, combativa y lúcida, de los hermanos Cerezo. En Tacotalpa (Tabasco), Angel Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, bases zapatistas, hace 10 años están presos injustificadamente. En Ixcotel (Oaxaca) está recluido desde antes de las protestas de 2006 Pedro Castillo Aragón; es compañero de Catarino Torres Pereda, quien pasó varios meses en el penal de alta seguridad de La Palma, aislado y tratado peor que los narcotraficantes y secuestradores. También los detenidos de Loxicha y Santiago Xanica. Y Juan Díaz Gómez, zoque de Chiapas, quien paga el delito de no hablar castellano.
La estela carcelaria ha pasado por la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango. Pobladores de San Blas Atempa sufren penas de cárcel desde 2005 en Tehuantepec; otros han sido liberados. Se multiplican las órdenes de aprehensión, unas ejecutadas, otras resueltas con fianza, muchas más pendientes (y reactivables en cualquier momento). En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, en ocasiones gravemente heridas y mal atendidas (como si los presos fueran bien atendidos por las autoridades; la enfermedad y las lesiones sin atención son parte del castigo). En Hermosillo están los campesinos pimas Ramón Rodríguez Galaviz, José, Leonardo y Francisco Coyote Duarte, Pedro Monte Coyote y Julio Coyote Monte.
Las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Jalisco (los casos de Guadalajara, Sayula y Ciudad Guzmán). En Yucatán 39 mayas fueron detenidos en julio de 2006. Más de 40 jóvenes en 2007. En San Luis Potosí está el preso político más antiguo del país: Juan Valdez Pérez, quien lleva 15 años recluido "por organizar a trabajadores".
El Senado de la República aprobó ayer reformas a 12 leyes, con el propósito de sancionar el terrorismo y a quienes lo financian, a pesar de que -como advirtieron PRD, PT y Convergencia, se "criminaliza la protesta social" y se posibilita que luchadores sociales sean acusados de terroristas.
El perredista Pablo Gómez señaló que con la redacción propuesta al artículo 139 del Código Penal Federal "se sigue la consigna de los gringos, que han pedido a todo el mundo que colabore contra el terrorismo, pero aquí, en México, se fue más allá, al incluir como actividades terroristas todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación".
El PRI coincidió en que la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal que se propone "efectivamente puede ser utilizada para generar, en medio de una lucha social, un enfrentamiento que termina en tribunales y culmin con una condena de quien hace uso de sus derechos políticos", señaló el senador Fernando Castro Trenti.
Reconoció que ese párrafo tendrá que ser modificado, y no sólo eso, sino que se necesita una reforma de fondo sobre el tema. Sin embargo, se desecharon los argumentos del Frente Amplio Progresista, por lo cual las reformas a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y diversos ordenamientos financieros se aprobaron con 85 votos en favor.
Durante el debate, el senador del PRD Tomás Torres dijo que es preocupante la definición genérica de terrorismo que se señala en el artículo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
Tufo echeverrista de los cambios
Pablo Gómez resaltó que "ese artículo es viejo: fue introducido en la época de Luis Echeverría, cuando existían la guerra sucia y la persecución de guerrilleros, y tiene como contenido fundamental que el objeto de la conducta ilícita es atacar al Estado".
Ahora, explicó, se está cambiando ese concepto por "actuar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Toda la parte que tiene que ver con el terrorismo internacional, con el lavado de dinero o de instituciones financieras, yo creo que está bien, está bien que México acepte esta petición del gobierno de Estados Unidos, pero al aceptar ese planteamiento se le puso aquí, en México, en el delito de terrorismo, atentar contra la seguridad o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
El perredista pidió que no fuera aprobado en esos términos el artículo 139, "porque en realidad no está dirigido contra los terroristas, sino contra las personas que por cualquier otro medio violento puedan tratar de obligar a alguien, a una autoridad, a resolver en determinado momento. Aquí, en México, cuando se bloquea una carretera, los mandan diez años a la cárcel de máxima seguridad, a Almoloya; eso es lo que ha hecho el gobierno del PAN: por ataques a las vías de comunicación vas a la cárcel 20 años".
El senador priísta Castro Trenti se sumó a la argumentación perredista: "la redacción deja un mal sabor y una preocupación a todos, en especial a los luchadores sociales, por aquello de que 'pueda causarse un daño por cualquier otro medio violento'. Eso es lo que se inscribe en el marco de la preocupación".
Sin embargo pidió que se votara en favor, porque en la Cámara de Diputados se apoyó por consenso, y se comprometió a "hacer una reforma de inmediato" -una vez aprobada esta--, que deje satisfechos a todos e impida un uso discrecional de la ley en perjuicio de los luchadores sociales.
El senador panista Alejandro Zapata Perogordo sostuvo que la reforma busca tutelar la seguridad nacional y sancionar a quien pretenda, efectivamente, causar temor y alarma entre la sociedad.
Eso, subrayó, es muy diferente a la libre manifestación, y también "es diferente a situaciones de carácter local que están previstas en la ley y que no tienen el propósito ni de crear terror ni de cometer actos violentos".
Insistió en que no deben confundirse las manifestaciones sociales y políticas con los actos de terrorismo.
Con las reformas aprobadas se aplicará pena de nueve años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.
Asimismo, se aplicará pena de cinco a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo.
También se fijaron castigos de seis a 40 años de cárcel y hasta mil 200 días de multa al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para apoyar a personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.
Otras reformas aprobadas
Durante la última sesión del periodo, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para imponer sanciones de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días de multa a la persona que gestione, instale o permita que se instale en un lugar público o en propiedad privada algún dispositivo tecnológico con el propósito de promover, publicar, distribuir o transmitir, en tiempo real o diferido, imágenes o fotografías con contenido sexual, de exhibición corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahí aparezcan.
Se sancionará con pena de dos a ocho años de prisión, y de cien a 500 días de multa la promoción, publicación, distribución, en tiempo real o diferido, de las imágenes o fotografías sin el consentimiento expreso de quien o quienes en ellas aparezcan.
Asimismo, se aprobaron las reformas al artículo 301 del Código Penal Federal mediante las cuales se sancionará a quien azuce o suelte a un animal bravío para provocar lesiones o causar la muerte de un individuo.
