Barba asegura que vigilará que la solicitud de quienes claman justicia llegue a buen término
JORGE COVARRUBIAS
La demanda de diversas organizaciones civiles y no gubernamentales para reabrir el caso de la cruenta represión policiaca que sufrieron cientos de manifestantes el 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), podría tener una pronta respuesta.
El pasado lunes, cuando se cumplieron tres años de la represión contra altermundistas, y a petición del propio gobernador Emilio González Márquez y la Coordinadora 28 de Mayo –organización civil creada para defender la causa de los presos políticos–, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) comenzó el procedimiento legal para la reapertura del caso.
En un documento, del cual La Jornada Jalisco posee copia, el ombudsman jalisciense Carlos Manuel Barba García le pide a su homólogo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, atender en particular la solicitud de la Coordinadora 28 de Mayo.
“Le remito el escrito presentado hoy por la Coordinadora 28 de Mayo en el que solicitan dar seguimiento a las peticiones del Informe Especial que con motivo de esa queja usted emitió el 16 de agosto de 2004. Lo anterior, en virtud de ser la comisión a su digno cargo la competente para resolver la procedencia de la solicitud”, expone Barba García.
En el escrito que envió el ombudsman a Soberanes se adjunta una copia del artículo periodístico publicado por este diario el pasado 25 de mayo, en donde el mandatario estatal Emilio González informa de la posibilidad de reabrir la queja iniciada por las violaciones de los derechos humanos de los manifestantes, sólo si la CEDHJ lo recomienda.
Entrevistado al respecto, Barba García aseguró que al menos de su parte estará al pendiente de que la petición de los grupos que claman justicia llegue a buen término.
–¿Se va a reabrir el caso?, se le cuestionó.
–Ya dependería de lo que se estime, yo voy a entablar comunicación con la Comisión Nacional para tratar de agilizar la resolución que al efecto se emita y la ciudadanía jalisciense estará al tanto a través de esas comunicaciones que pretendo tener con la Comisión Nacional. Si mal no recuerdo, es la primera visitaduría.
La Coordinadora 28 de Mayo, por su parte, le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos no vacilar en emitir una petición de que se cumpla lo recomendado en el Informe Especial relativo a estos acontecimientos, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le exhortan a proponer al gobernador la designación de un ministerio público de reconocida trayectoria y probidad profesional a efecto de que puedan hacer labores de investigación con total libertad, sin trabas, hostigamiento u otra injerencia indebida.
Nota relacionada
- Entrevista : Carlos Manuel Barba García
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domingo, junio 03, 2007
lunes, mayo 28, 2007
Hace tres años... un 28 de mayo en Guadalajara, la represion
El 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, los altermunidistas realizaron una manifestación pacífica en repudio a las políticas neoliberales de la región. Sin embargo, dicho evento, preparado con meses de anticipación, terminó en la represión que ha conocido el mundo entero y de la que es responsable Francisco Ramírez Acuña, quien siendo gobernador -con el autoritarismo que le caracteriza hasta ahora como secretario de gobernación- reprimió y torturó a cientos de jóvenes que osaron enfrentar a unos policías que iban armados hasta con gases lacrímogenos para enfrentar a los manifestantes.
Estos videos son una muestra de que hubo infiltrados en la manifestación, pero ninguno de ellos fue detenido.
Y sí lo fueron los jóvenes que se manifestaban pacíficamente, tan es así que a cualquiera que tuviera las características de "un joven en manifestación" fue detenido, muchos lo fueron horas después de terminado el acto y en lugares absolutamente distantes de donde se sucedieron los hechos.
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
¡28 de mayo no se olvida!
El 28 de mayo de 2004 se cometieron en Jalisco varias de las más graves violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria. Como se recordará, ese día jefes de Estado, primeros ministros, presidentes y representantes de más de 55 naciones se reunieron en nuestra ciudad en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea para discutir acuerdos multilaterales. Mientras aprobaban un punto en el que se insistía respetar los derechos humanos tanto en el contexto doméstico como en el internacional, justo a esa hora se iniciaban los preparativos de represión contra más de un centenar de personas a las que ilegalmente se les detuvo para inculparlas de supuestos actos de vandalismo, mientras los verdaderos delincuentes huían sonrientes.
Toque de queda técnico
Todos sabemos que por varias horas se suspendieron las garantías individuales; nadie podía transitar tranquilamente por el centro de la ciudad; se cometieron razzias y se detuvo sin orden de aprehensión a más de un centenar de personas por el simple hecho de tener apariencia de “altermundistas”. Los policías, algunos vestidos de civil, como en la mejor época nazi, se introdujeron a hospitales y hoteles para detener “sospechosos”. Técnicamente fue un toque de queda.
El 16 de agosto de ese mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, con motivo de la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, mediante el cual se acreditó y comprobó que se cometieron numerosas violaciones en contra de 110 mexicanos y ocho ciudadanos extranjeros, participantes o no en una manifestación antineoliberal, detenidos durante el 28 y la madrugada del 29 de mayo.
Algunas de las violaciones a los derechos humanos aún son considerados delitos de lesa humanidad: 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 73 casos de incomunicación. La CNDH señaló que “las autoridades responsables de la seguridad y vigilancia se apartaron de los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, por lo que se transgredieron derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica”. Si estos graves hechos los hubiera cometido un gobernante de izquierda los panistas no lo hubieran bajado de criminal y dictador. Pero como era panista, le aplaudieron y le rindieron honores de un salvador.
Lo sucedido el 28 de mayo de 2004 no es un caso aislado. Se tenía la intención de reprimir y dar una lección contundente a todos los manifestantes y opositores políticos del régimen de derecha de que no se toleraría ningún acto mínimo de “indisciplina”. Ahora el caso por la represión mostrada es tal vez uno de los más visibles en los últimos años junto con Oaxaca y Atenco. Es más, fue el modelo inspirador como iba a serlo la policía infiltrada. En su momento numerosas organizaciones como la Coordinadora 28 de Mayo expresaron que si los hechos de Guadalajara no se investigaban era previsible que la impunidad tuviera una expansión inimaginable, como en efecto ha sucedido. Tan sólo en Jalisco creció el fenómeno de una forma alarmante y sin límite.
Apenas cuatro meses antes de los sucesos de la tercera cumbre, el 10 de diciembre de 2003, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había entregado al presidente Vicente Fox un amplio diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, que incluía recomendaciones concretas de carácter legislativo y no legislativo para efectuar una reforma estructural del Estado que garantizara efectivamente el respeto a los derechos humanos, y se dedicaron varios capítulos relativos a detenciones ilegales, al debido proceso penal y el combate a la tortura. El diagnóstico, sin precedentes en otro país y elaborado por diversos expertos nacionales de la sociedad civil, formaba parte de la segunda fase del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito con la ONU y por medio del cual el gobierno se comprometía a elaborar y aplicar un Programa Nacional de Derechos Humanos. Nada se cumplió. En muy poco tiempo ambos documentos fueron convertidos en letra muerta, primero por el gobierno federal y luego por Francisco Javier Ramírez Acuña, como gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación.
¿Reapertura del caso?
En Jalisco, al igual que en el plano federal, el papel de la Procuraduría de Justicia del Estado y el Poder Judicial tienen como propósito procurar y administrar la justicia con fines ideológicos y políticos.
Si en Jalisco tuviéramos un Poder Judicial autónomo e independiente, todos los procesados del 28 de mayo ya hubieran sido liberados y exonerados. Todavía no comprenden que es un poder distinto al Ejecutivo y actúan como apéndice del otro. De esta manera, los mecanismos que dieron sustento y dan cohesión al sistema autoritario que creíamos superado continúan funcionado de forma muy vigorosa: ningún defensor de oficio intervino en lo más mínimo para defender a los detenidos, todos fueron mudos cómplices. Casi todas las declaraciones fueron tomadas en la madrugada para que no hubiera abogados a elección de los propios procesados y en todos los casos fueron obligados a declarar contra sí mismos.
El caso reveló que la confesión, sobre todo aquella arrancada con tortura y trato cruel y degradante, sigue siendo la “reina de las pruebas”, aunque se diga lo contrario. En la redacción de las actas ministeriales y las resoluciones judiciales se sigue dando a la “primera declaración” el valor de “prueba plena”, esto con el objeto de proteger a los agentes torturadores. Todos los jueces que conocieron y sentenciaron a los jóvenes ignoraron los alegatos de tortura y el trato de que fueron objeto. Según la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas obligatorias para México por suscribirlas, las investigaciones sobre los hechos debieron abrirse inmediatamente y de oficio.
En los hechos del 28 de mayo se observa con claridad una especie de política de impunidad y de Estado que afecta seriamente los escasos avances que se han dado en la vida democrática nacional y local; de manera que en la lucha contra la impunidad, la sociedad civil está perdiendo la batalla.
Nunca estuvo cerrado legalmente. Pero con reservas hay que tomar la declaración de Emilio González Márquez en el sentido de que retomaría y reabriría el caso 28 de mayo si se lo pide la Comisión Estatal o la Nacional de Derechos Humanos. ¿Podrá de verdad demostrar que respetará los derechos humanos y deslindarse de Ramírez Acuña de forma creíble señalando los abusos de su administración? Tiene el beneficio de la duda. En caso de aceptar la recomendación y tratar de cumplirla, los primeros en estar molestos serían los cotos de poder enquistados al interior de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública que no van a permitir al gobernador que se trastoque una estructura funcional proclive al abuso de poder y que sólo favorece a sus intereses de grupo y no los de una sociedad que anhela ser libre y democrática.
Mientras no se investiguen los hechos, se sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos y se absuelva de los cargos a los todavía procesados, el 28 de mayo no se olvida.
Exigencias
Hoy, a las 6 de la tarde, marcha de organizaciones civiles y políticas contra la criminalización de las protestas ciudadanas y contra la investigación y castigo de los hechos del 28 de mayo. De glorieta de la Normal a Plaza de Armas.
El viernes primero de junio, 10 de la mañana, manifestación de la APPJ y Movimiento de Bases Magisteriales en el contexto del paro cívico nacional y contra la nueva Ley del ISSSTE, saliendo de plaza Juárez al centro de la ciudad, por la calzada Independencia.
domingo, mayo 06, 2007
Crece a "niveles históricos" la cifra de presos políticos y de conciencia
La muerte de activistas alcanza una tasa no vista en el país en casi cuatro décadas
HERMANN BELLINGHAUSEN
En años recientes, acentuadamente en el último del sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de movimientos sociales y expresiones de inconformidad colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la República. Algunos alcanzan cierta difusión en los medios comerciales, los más sonados y ejemplares. Otros apenas son reportados por medios alternativos y organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).
Las muertes de activistas sociales y políticos alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino, de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas Atempa, Oaxaca.
La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha generalizado. Parece haber "consigna" contra los anarcos, punks y similares. La más reciente, este primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.
Un dato es el crecimiento exponencial de conductas aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o "permisos" al menos) de las policías en capitales y municipios, a lo que se agregan hostiles custodios, agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones, vejaciones, tortura, amagos de muerte.
Analistas y activistas subrayan la criminalización de la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran" armas o droga. Los medios electrónicos obran como jueces o han incitado a un "restablecimiento del orden" por regla violento, inconstitucional e impune. A esto se suma una atonía de las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en complicidad con los verdugos.
La otra campaña encontró el año pasado decenas de presos políticos en todo el país, la mayoría ignorados. Por ejemplo, Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Guanajuato, víctimas de la cúpula panista (Carlos Abascal, Ramón Muñoz y el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks) según los familiares y compañeros.
En el penal El Amate, en Chiapas, meses atrás se denunciaron agresiones y tortura contra los reos Aureliano Alvarez y Tiburcio Gómez, indígenas de Huitiupán. Uno de ellos "apareció" muerto en el penal posteriormente. En Chiconautla está Gloria Arenas. Su compañero, Jacobo Silva Nogales, recluido en La Palma, es un caso extremo, que recuerda lo peor del apartheid de Sudáfrica. Tiene 23 horas de encierro al día, no se le permite pintar. Sus óleos son una denuncia extraordinaria.
A ellos se suma la saga, combativa y lúcida, de los hermanos Cerezo. En Tacotalpa (Tabasco), Angel Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, bases zapatistas, hace 10 años están presos injustificadamente. En Ixcotel (Oaxaca) está recluido desde antes de las protestas de 2006 Pedro Castillo Aragón; es compañero de Catarino Torres Pereda, quien pasó varios meses en el penal de alta seguridad de La Palma, aislado y tratado peor que los narcotraficantes y secuestradores. También los detenidos de Loxicha y Santiago Xanica. Y Juan Díaz Gómez, zoque de Chiapas, quien paga el delito de no hablar castellano.
La estela carcelaria ha pasado por la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango. Pobladores de San Blas Atempa sufren penas de cárcel desde 2005 en Tehuantepec; otros han sido liberados. Se multiplican las órdenes de aprehensión, unas ejecutadas, otras resueltas con fianza, muchas más pendientes (y reactivables en cualquier momento). En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, en ocasiones gravemente heridas y mal atendidas (como si los presos fueran bien atendidos por las autoridades; la enfermedad y las lesiones sin atención son parte del castigo). En Hermosillo están los campesinos pimas Ramón Rodríguez Galaviz, José, Leonardo y Francisco Coyote Duarte, Pedro Monte Coyote y Julio Coyote Monte.
Las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Jalisco (los casos de Guadalajara, Sayula y Ciudad Guzmán). En Yucatán 39 mayas fueron detenidos en julio de 2006. Más de 40 jóvenes en 2007. En San Luis Potosí está el preso político más antiguo del país: Juan Valdez Pérez, quien lleva 15 años recluido "por organizar a trabajadores".
HERMANN BELLINGHAUSEN
En años recientes, acentuadamente en el último del sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de movimientos sociales y expresiones de inconformidad colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la República. Algunos alcanzan cierta difusión en los medios comerciales, los más sonados y ejemplares. Otros apenas son reportados por medios alternativos y organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).
Las muertes de activistas sociales y políticos alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino, de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas Atempa, Oaxaca.
La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha generalizado. Parece haber "consigna" contra los anarcos, punks y similares. La más reciente, este primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.
Un dato es el crecimiento exponencial de conductas aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o "permisos" al menos) de las policías en capitales y municipios, a lo que se agregan hostiles custodios, agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones, vejaciones, tortura, amagos de muerte.
Analistas y activistas subrayan la criminalización de la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran" armas o droga. Los medios electrónicos obran como jueces o han incitado a un "restablecimiento del orden" por regla violento, inconstitucional e impune. A esto se suma una atonía de las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en complicidad con los verdugos.
La otra campaña encontró el año pasado decenas de presos políticos en todo el país, la mayoría ignorados. Por ejemplo, Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Guanajuato, víctimas de la cúpula panista (Carlos Abascal, Ramón Muñoz y el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks) según los familiares y compañeros.
En el penal El Amate, en Chiapas, meses atrás se denunciaron agresiones y tortura contra los reos Aureliano Alvarez y Tiburcio Gómez, indígenas de Huitiupán. Uno de ellos "apareció" muerto en el penal posteriormente. En Chiconautla está Gloria Arenas. Su compañero, Jacobo Silva Nogales, recluido en La Palma, es un caso extremo, que recuerda lo peor del apartheid de Sudáfrica. Tiene 23 horas de encierro al día, no se le permite pintar. Sus óleos son una denuncia extraordinaria.
A ellos se suma la saga, combativa y lúcida, de los hermanos Cerezo. En Tacotalpa (Tabasco), Angel Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, bases zapatistas, hace 10 años están presos injustificadamente. En Ixcotel (Oaxaca) está recluido desde antes de las protestas de 2006 Pedro Castillo Aragón; es compañero de Catarino Torres Pereda, quien pasó varios meses en el penal de alta seguridad de La Palma, aislado y tratado peor que los narcotraficantes y secuestradores. También los detenidos de Loxicha y Santiago Xanica. Y Juan Díaz Gómez, zoque de Chiapas, quien paga el delito de no hablar castellano.
La estela carcelaria ha pasado por la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango. Pobladores de San Blas Atempa sufren penas de cárcel desde 2005 en Tehuantepec; otros han sido liberados. Se multiplican las órdenes de aprehensión, unas ejecutadas, otras resueltas con fianza, muchas más pendientes (y reactivables en cualquier momento). En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, en ocasiones gravemente heridas y mal atendidas (como si los presos fueran bien atendidos por las autoridades; la enfermedad y las lesiones sin atención son parte del castigo). En Hermosillo están los campesinos pimas Ramón Rodríguez Galaviz, José, Leonardo y Francisco Coyote Duarte, Pedro Monte Coyote y Julio Coyote Monte.
Las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Jalisco (los casos de Guadalajara, Sayula y Ciudad Guzmán). En Yucatán 39 mayas fueron detenidos en julio de 2006. Más de 40 jóvenes en 2007. En San Luis Potosí está el preso político más antiguo del país: Juan Valdez Pérez, quien lleva 15 años recluido "por organizar a trabajadores".
sábado, abril 14, 2007
Opinión - Jorge Rocha
Si nadie es culpable, todos son culpables, todos mienten
Jornada Jalisco
La crisis política del momento tiene a un cuarteto como protagonista: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Presidencia de la República, el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). En los diversos medios de comunicación hay argumentaciones encontradas, hechos contradictorios, acusaciones mutuas, hechos inexplicables y una defensa a ultranza de instituciones y personas que han llegado al extremo de plantear un escenario de confrontación, que más que a la reflexión, atiende a un declaracionismo cuasi-religioso: “yo le creo a Soberanes”, “yo le creo a Fidel Herrera, “yo le creo al Ejército” “yo le creo a Calderón”.
Evidentemente en este grado de neblina política que sólo provoca confusión en los ciudadanos, es necesario plantear interpretaciones que nos ayuden a discernir, no sólo para saber quiénes mienten o quiénes dicen la verdad (donde seguramente descubriremos que todos mienten), sino ¿por qué están pasando estas cosas? ¿por qué Ernestina Ascensión (mujer, anciana, indígena y pobre) terminó muerta?, ya sea por gastritis no atendidas o por violación tumultuaria, en ambos casos la causa es una grave violación a los derechos humanos. Es necesario recordar y exponer algunos hechos:
a) Felipe Calderón ha puesto en la base de su Gobierno a la Sedena. Los dichos y hechos concretos ha llevado a innumerables analistas a afirmar que el Presidente requiere de un Ejército fuerte para lograr la gobernabilidad que no logró en las urnas, por lo tanto no puede permitirse el lujo de “ensuciar” y dañar la credibilidad de esta institución y menos en el inicio de su gestión.
b) El Ejército Mexicano no tiene un buen historial en materia de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desde el gobierno de Ernesto Zedillo han hecho una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para que resuelva casos concretos de violación a derechos humanos perpetrados por militares, para que se retire el fuero militar y que no se utilice a esta institución para labores de seguridad pública. Además, tenemos los casos no resueltos de la guerra sucia y de la represión al movimiento estudiantil de 1968, las acusaciones de comunidades indígenas de las actuaciones de los militares en sus territorios donde han consumado violaciones a los derechos humanos y en este momento los escándalos de Zongolica y la violación a 13 mujeres perpe-trada por un grupo de militares, en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila. En este último caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el obispo Rául Vera y Jackie Campbell, responsable del área de comunicación de la Diócesis de Saltillo, han sido objeto de amenazas y difamaciones por acompañar y defender a las mujeres violadas. Es de notar que en todos estos hechos la impunidad es la constante.
c) La actuación del doctor José Luis Soberanes como ombudsman nacional ha dejado muchas dudas por la inconsistencia de su labor. Es cierto que en el caso de Atenco y los altermundistas de Guadalajara se emitieron informes valiosos y valientes (aunque habría que decir que sobre el 28 de mayo no hubo recomendaciones, sólo un informe especial, lo que le quita contundencia a esa acción). Sin embargo, frente al caso de Oaxaca y Zongolica, las ONG de defensa de Derechos Humanos han planteado serias y profundas críticas a las posiciones de la CNDH, al considerar que más que defender los derechos humanos, parece que pretenden ocultar la responsabilidad de los agresores. Es decir, son posiciones “a modo” para evadir la justicia de los violadores a los derechos humanos. En el caso de Ernestina Ascensión han caído en claras y preocupantes contradicciones.
Por otra parte, cuando Soberanes se reelige como presidente de la CNDH, se hicieron una serie de acciones que ponían en entre dicho su ética y compromiso por la defensa de los derechos humanos. Una de estas acciones fue celebrar un congreso de derechos humanos al que invitó a muchas ONG de asis-tencia social a Playa del Carmen con gastos pagados y con cargo al erario, por supuesto. Luego estas ONG fueron sus principales aliados en la reelección. Por otra parte los principales organismos civiles de defensa de derechos humanos en el país decidieron no asistir. Hasta ahora la relación entre CNDH y estos grupos es inexistente. Claro que si sabemos que el presupuesto del año pasado de la CNDH fue de 742 millones de pesos estas inconsistencias se tornan demasiado caras.
d) El gobierno de Fidel Herrera es el PRI viejo, caciquil, autocomplaciente y megalómano. De ellos se puede esperar todo, hasta una permanente campaña de comunicación social que todo asocia con Fidel.
Todos estos hechos pueden tener un hilo conductor, y es que Felipe Calderón no puede permitir que el actor eje de su política quede debilitado y en entre dicho. No puede permitir que los mexicanos tengan la imagen de militares violando mujeres, no puede permitir que el garante de su gobierno se resquebraje. Por otro lado, José Luis Soberanes ha demostrado ser un oportunista político y ha usado a la CNDH para sus fines. Con Vicente Fox intentó recuperar la imagen de un ombudsman fuerte, que incluso lo llevo a ser nombrado como posible presidente interino tras el pasado conflicto electoral. Sin embargo, con Calderón cambió su posición, se “acomodo” a los intereses del Ejecutivo. Calderón, la Sedena y Soberanes saben que la “piedra de toque” del Ejército es el respeto a los derechos humanos, quizá por ello niegan y amenazan cuando se presentan casos tan escandalosos como los de Castaños y Zongolica. Como ciudadanos no nos queda más que seguir exigiendo la verdad.
Jornada Jalisco
La crisis política del momento tiene a un cuarteto como protagonista: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Presidencia de la República, el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). En los diversos medios de comunicación hay argumentaciones encontradas, hechos contradictorios, acusaciones mutuas, hechos inexplicables y una defensa a ultranza de instituciones y personas que han llegado al extremo de plantear un escenario de confrontación, que más que a la reflexión, atiende a un declaracionismo cuasi-religioso: “yo le creo a Soberanes”, “yo le creo a Fidel Herrera, “yo le creo al Ejército” “yo le creo a Calderón”.
Evidentemente en este grado de neblina política que sólo provoca confusión en los ciudadanos, es necesario plantear interpretaciones que nos ayuden a discernir, no sólo para saber quiénes mienten o quiénes dicen la verdad (donde seguramente descubriremos que todos mienten), sino ¿por qué están pasando estas cosas? ¿por qué Ernestina Ascensión (mujer, anciana, indígena y pobre) terminó muerta?, ya sea por gastritis no atendidas o por violación tumultuaria, en ambos casos la causa es una grave violación a los derechos humanos. Es necesario recordar y exponer algunos hechos:
a) Felipe Calderón ha puesto en la base de su Gobierno a la Sedena. Los dichos y hechos concretos ha llevado a innumerables analistas a afirmar que el Presidente requiere de un Ejército fuerte para lograr la gobernabilidad que no logró en las urnas, por lo tanto no puede permitirse el lujo de “ensuciar” y dañar la credibilidad de esta institución y menos en el inicio de su gestión.
b) El Ejército Mexicano no tiene un buen historial en materia de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desde el gobierno de Ernesto Zedillo han hecho una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para que resuelva casos concretos de violación a derechos humanos perpetrados por militares, para que se retire el fuero militar y que no se utilice a esta institución para labores de seguridad pública. Además, tenemos los casos no resueltos de la guerra sucia y de la represión al movimiento estudiantil de 1968, las acusaciones de comunidades indígenas de las actuaciones de los militares en sus territorios donde han consumado violaciones a los derechos humanos y en este momento los escándalos de Zongolica y la violación a 13 mujeres perpe-trada por un grupo de militares, en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila. En este último caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el obispo Rául Vera y Jackie Campbell, responsable del área de comunicación de la Diócesis de Saltillo, han sido objeto de amenazas y difamaciones por acompañar y defender a las mujeres violadas. Es de notar que en todos estos hechos la impunidad es la constante.
c) La actuación del doctor José Luis Soberanes como ombudsman nacional ha dejado muchas dudas por la inconsistencia de su labor. Es cierto que en el caso de Atenco y los altermundistas de Guadalajara se emitieron informes valiosos y valientes (aunque habría que decir que sobre el 28 de mayo no hubo recomendaciones, sólo un informe especial, lo que le quita contundencia a esa acción). Sin embargo, frente al caso de Oaxaca y Zongolica, las ONG de defensa de Derechos Humanos han planteado serias y profundas críticas a las posiciones de la CNDH, al considerar que más que defender los derechos humanos, parece que pretenden ocultar la responsabilidad de los agresores. Es decir, son posiciones “a modo” para evadir la justicia de los violadores a los derechos humanos. En el caso de Ernestina Ascensión han caído en claras y preocupantes contradicciones.
Por otra parte, cuando Soberanes se reelige como presidente de la CNDH, se hicieron una serie de acciones que ponían en entre dicho su ética y compromiso por la defensa de los derechos humanos. Una de estas acciones fue celebrar un congreso de derechos humanos al que invitó a muchas ONG de asis-tencia social a Playa del Carmen con gastos pagados y con cargo al erario, por supuesto. Luego estas ONG fueron sus principales aliados en la reelección. Por otra parte los principales organismos civiles de defensa de derechos humanos en el país decidieron no asistir. Hasta ahora la relación entre CNDH y estos grupos es inexistente. Claro que si sabemos que el presupuesto del año pasado de la CNDH fue de 742 millones de pesos estas inconsistencias se tornan demasiado caras.
d) El gobierno de Fidel Herrera es el PRI viejo, caciquil, autocomplaciente y megalómano. De ellos se puede esperar todo, hasta una permanente campaña de comunicación social que todo asocia con Fidel.
Todos estos hechos pueden tener un hilo conductor, y es que Felipe Calderón no puede permitir que el actor eje de su política quede debilitado y en entre dicho. No puede permitir que los mexicanos tengan la imagen de militares violando mujeres, no puede permitir que el garante de su gobierno se resquebraje. Por otro lado, José Luis Soberanes ha demostrado ser un oportunista político y ha usado a la CNDH para sus fines. Con Vicente Fox intentó recuperar la imagen de un ombudsman fuerte, que incluso lo llevo a ser nombrado como posible presidente interino tras el pasado conflicto electoral. Sin embargo, con Calderón cambió su posición, se “acomodo” a los intereses del Ejecutivo. Calderón, la Sedena y Soberanes saben que la “piedra de toque” del Ejército es el respeto a los derechos humanos, quizá por ello niegan y amenazan cuando se presentan casos tan escandalosos como los de Castaños y Zongolica. Como ciudadanos no nos queda más que seguir exigiendo la verdad.
viernes, abril 06, 2007
Altermundistas entregan una declaración autoinculpatoria
Confiesan haber participado en protestas contra Bush
HERMANN BELLINGHAUSEN
Sara Rubí González Alpuche, titular del juzgado séptimo de defensa social de Yucatán, recibió una inusual "declaración autoinculpatoria", con la cual un grupo de ciudadanos se "entregó" a las autoridades con la siguiente confesión: "Quienes suscribimos la presente venimos a declararnos culpables de participar en las diversas manifestaciones de repudio ante la presencia de George W. Bush en México. Enterados de que la principal inculpación contra los detenidos es haber participado en las manifestaciones y que continúan detenidos aunque no haya más indicios contra ellos que su presencia en dichas protestas o en la Plaza Grande de Mérida y sus inmediaciones, nos sentimos obligados a ponernos a disposición de la autoridad para que de inmediato se libre orden de aprehensión contra nosotros y seamos juzgados tal como se está haciendo contra las personas detenidas o contra quienes, aunque obtuvieron derecho a fianza, continúan procesadas".
Los signatarios señalan a la jueza una salvedad: "Uno de los indicios contra los detenidos, el ser jóvenes, no se aplica en todos nuestros casos, pero estamos seguros de que es una minucia que usted sabrá pasar por alto. Verdad es también que algunos de los suscritos estuvimos en la marcha aunque no llegamos a la Plaza Grande, pero confiamos en que usted también sabrá pasar por alto ese detalle, toda vez que están detenidas personas que ni siquiera participaron en la manifestación ni expresaron su rechazo a la presencia de Bush".
Y adelantan vísperas: "Estamos enterados de que usted les ha formulado a las personas detenidas preguntas relacionadas con su participación en la marcha y el motivo de su malestar contra Bush, e incluso les ha preguntado si saben qué quiere decir genocidio y si les consta que Bush es genocida. Esto, a nuestro juicio, revela que se está juzgando a las personas por su participación en la marcha y no por los ilícitos que ese día se cometieron".
A mayor abundamiento, los "autoacusados" citan una nota periodística del 23 de marzo donde González Alpuche sostenía que dejó libres "por falta de elementos" a dos personas que comprobaron que no participaron en la manifestación. "Quienes suscribimos la presente sí participamos, a diferencia de algunas personas que continúan detenidas sin derecho a fianza y de otras que sí han tenido derecho a ese beneficio".
En otra declaración a la prensa, el 27 de marzo, la jueza expuso un dato que, dijo, llamó su atención: "casi todos los jóvenes, al término de su declaración preparatoria, insistieron en que fueron por voluntad propia y que no conocen a los organizadores de la 'protesta pacífica'". El 28 de marzo, el Diario de Yucatán relataba que la jueza preguntó a la madre de uno de los detenidos si sabía que su hijo iba a la marcha contra Bush.
"A nuestro juicio, con esas expresiones usted no hace más que reiterar que considera delito o indicio de responsabilidad la participación en la protesta. Aprovechamos para preguntarle si el país atraviesa por alguna situación particular que justifique la suspensión de las garantías individuales. De ser así le agradeceríamos nos informara, puesto que la Constitución establece como derecho tanto la manifestación de las ideas como el libre tránsito y la libertad de expresión, acciones por las que se ha juzgado a las personas detenidas."
Los autoacusados yucatecos se declaran "altermundistas, no globalifóbicos", culpables de "desear otro mundo y conspirar por todos los medios pacíficos a nuestro alcance para acabar con el sistema que ocasiona violaciones cotidianas contra los derechos elementales de la mayor parte de la población. Nos declaramos culpables de desear, exigir y trabajar para que otra justicia sea posible en Yucatán. Sabemos que usted no es competente para ordenar nuestra detención. Sin embargo, hay suficientes indicios para suponer que las normas, los procedimientos, las leyes y los derechos no tienen vigencia en Yucatán".
A las personas detenidas se les han violado diversos derechos desde el momento de su detención, consideran los firmantes, "puesto que fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas, torturadas, retenidas ilegalmente e incomunicadas, situaciones que usted no valoró al dictar el auto de radicación, además de haber suficientes indicios para considerar que usted incurre en discriminación y en responsabilidad por su calidad de servidora pública".
Así, con toda propiedad, Cristina Muñoz Menéndez,fray Tomás González, Martha Capetillo Pasos, Pedro Echeverría, Raúl Lugo Rodríguez, José Anastasio Euán, Silvia Chalé, Róger Aguilar, Luis Peniche Novelo, Gabriela Torres y Jorge Fernández solicitan, "respetuosamente", ser tenidos por "presentados" y que se ordene "de una buena vez" su detención.
HERMANN BELLINGHAUSEN
Sara Rubí González Alpuche, titular del juzgado séptimo de defensa social de Yucatán, recibió una inusual "declaración autoinculpatoria", con la cual un grupo de ciudadanos se "entregó" a las autoridades con la siguiente confesión: "Quienes suscribimos la presente venimos a declararnos culpables de participar en las diversas manifestaciones de repudio ante la presencia de George W. Bush en México. Enterados de que la principal inculpación contra los detenidos es haber participado en las manifestaciones y que continúan detenidos aunque no haya más indicios contra ellos que su presencia en dichas protestas o en la Plaza Grande de Mérida y sus inmediaciones, nos sentimos obligados a ponernos a disposición de la autoridad para que de inmediato se libre orden de aprehensión contra nosotros y seamos juzgados tal como se está haciendo contra las personas detenidas o contra quienes, aunque obtuvieron derecho a fianza, continúan procesadas".
Los signatarios señalan a la jueza una salvedad: "Uno de los indicios contra los detenidos, el ser jóvenes, no se aplica en todos nuestros casos, pero estamos seguros de que es una minucia que usted sabrá pasar por alto. Verdad es también que algunos de los suscritos estuvimos en la marcha aunque no llegamos a la Plaza Grande, pero confiamos en que usted también sabrá pasar por alto ese detalle, toda vez que están detenidas personas que ni siquiera participaron en la manifestación ni expresaron su rechazo a la presencia de Bush".
Y adelantan vísperas: "Estamos enterados de que usted les ha formulado a las personas detenidas preguntas relacionadas con su participación en la marcha y el motivo de su malestar contra Bush, e incluso les ha preguntado si saben qué quiere decir genocidio y si les consta que Bush es genocida. Esto, a nuestro juicio, revela que se está juzgando a las personas por su participación en la marcha y no por los ilícitos que ese día se cometieron".
A mayor abundamiento, los "autoacusados" citan una nota periodística del 23 de marzo donde González Alpuche sostenía que dejó libres "por falta de elementos" a dos personas que comprobaron que no participaron en la manifestación. "Quienes suscribimos la presente sí participamos, a diferencia de algunas personas que continúan detenidas sin derecho a fianza y de otras que sí han tenido derecho a ese beneficio".
En otra declaración a la prensa, el 27 de marzo, la jueza expuso un dato que, dijo, llamó su atención: "casi todos los jóvenes, al término de su declaración preparatoria, insistieron en que fueron por voluntad propia y que no conocen a los organizadores de la 'protesta pacífica'". El 28 de marzo, el Diario de Yucatán relataba que la jueza preguntó a la madre de uno de los detenidos si sabía que su hijo iba a la marcha contra Bush.
"A nuestro juicio, con esas expresiones usted no hace más que reiterar que considera delito o indicio de responsabilidad la participación en la protesta. Aprovechamos para preguntarle si el país atraviesa por alguna situación particular que justifique la suspensión de las garantías individuales. De ser así le agradeceríamos nos informara, puesto que la Constitución establece como derecho tanto la manifestación de las ideas como el libre tránsito y la libertad de expresión, acciones por las que se ha juzgado a las personas detenidas."
Los autoacusados yucatecos se declaran "altermundistas, no globalifóbicos", culpables de "desear otro mundo y conspirar por todos los medios pacíficos a nuestro alcance para acabar con el sistema que ocasiona violaciones cotidianas contra los derechos elementales de la mayor parte de la población. Nos declaramos culpables de desear, exigir y trabajar para que otra justicia sea posible en Yucatán. Sabemos que usted no es competente para ordenar nuestra detención. Sin embargo, hay suficientes indicios para suponer que las normas, los procedimientos, las leyes y los derechos no tienen vigencia en Yucatán".
A las personas detenidas se les han violado diversos derechos desde el momento de su detención, consideran los firmantes, "puesto que fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas, torturadas, retenidas ilegalmente e incomunicadas, situaciones que usted no valoró al dictar el auto de radicación, además de haber suficientes indicios para considerar que usted incurre en discriminación y en responsabilidad por su calidad de servidora pública".
Así, con toda propiedad, Cristina Muñoz Menéndez,fray Tomás González, Martha Capetillo Pasos, Pedro Echeverría, Raúl Lugo Rodríguez, José Anastasio Euán, Silvia Chalé, Róger Aguilar, Luis Peniche Novelo, Gabriela Torres y Jorge Fernández solicitan, "respetuosamente", ser tenidos por "presentados" y que se ordene "de una buena vez" su detención.
lunes, enero 22, 2007
Opinión - Jaime Hernandez
Un nuevo hampa: policía secreta
Jornada Jalisco - 22/01/07
Pueden detener a quien sea, pero ellos no pueden ser detenidos; pueden hablar el mismo lenguaje y asumir las mismas expresiones culturales de un grupo social o político, pero buscarán disolverlo o destruirlo; pueden actuar en plena luz del día pero pasarán desapercibidos; pueden disfrazarse de civil, de indígena, de obrero, de campesino, de amas de casa, pero su conciencia es de obediencia ciega y sumisa al poder del Estado; pueden combatir la aparente ilegalidad con una real ilegalidad; pueden cometer abusos y dejar contundentes evidencias, pero su identidad la podrán cambiar a la del más bondadoso personaje; pueden cometer y planear delitos, ser cómplices e involucrar o inducir a otros en ello, pero gozarán siempre de total impunidad. Es la policía secreta.
En el Congreso del Estado se encuentra ya una iniciativa por Octavio Solís Gómez, gobernador interino del Estado para crear la policía secreta en la entidad a través de una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Era de esperarse una propuesta así, sobre todo proveniente de un personaje oscuro y gris cuyo estilo de lentes parecen ser los de un antifaz y que conoce los secretos más turbios de la mal llamada Procuraduría de Justicia del Estado.
A tono precisamente con el estilo militar de gobierno que impulsa Felipe Calderón y Francisco Javier Ramírez Acuña, la iniciativa de crear una policía secreta en Jalisco busca ser, en esencia, un modelo local experimental y legal de represión; con un correlato a nivel federal dentro de la Procuraduría General de la República. Como sabemos, son las nuevas propuestas de Ramírez Acuña respecto a la reestructuración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Estado policial
El propósito de esta policía secreta es aparente: pretende infiltrar policías en la delincuencia organizada para combatir el crimen, pero en realidad su intención es otra: reprimir, violentar los derechos humanos y constituir un Estado Policial. El estado ideal de la derecha.
Algunas de las características de todas las policías secretas son:
1. - se crean de manera natural en Estados de Excepción, es decir, en aquellos que no son Estados democráticos ni de derecho;
2. - son entidades ajenas a todo control institucional, no pueden transparentarse en nada porque “legalmente” son secretas;
3. - actúa clandestinamente y sus miembros responden a órdenes que de manera pública nunca se dan, pero que públicamente se desconocen;
4. - tiene facultades metalegales y discrecionales: pueden hacer lo que la ley les prohíbe;
5. - como es previsible, pueden detener y confinar personas en centros operativos sin que se conozca de ello, es decir, pueden institucionalizar “desapariciones forzadas”;
6. - pueden actuar como instrumentos de venganza y de represión sistemática contra grupos específicos que no pueden ser comprados o sometidos y sostienen una oposición activa contra el Estado y sus órganos: sindicatos, ONG, medios de comunicación independientes, entre otros.;
7. - los principios que rigen a la policía secreta no son la imparcialidad ni la justicia, ni valor parecido: el principio y su finalidad es la existencia de una guerra total no declarada contra los enemigos del Estado y del gobierno en turno.
De esta manera, las llamadas policías secretas han tenido un historial sangriento en toda dictadura. Ahí el caso de la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional en Chile, que dejó una estela de terror y muerte. De igual forma las policías secretas de varios países latinoamericanos conformaron la llamada Operación Cóndor; que, como todos sabemos, no focalizó su lucha contra la delincuencia común, ni organizada ni desorganizada, sino contra la disidencia y la oposición política y todas las organizaciones de izquierda. Las policías secretas a lo largo y ancho del mundo han empleado el secuestro, la tortura y el asesinato como métodos de acción. Ese fue el papel de la Dirección Federal de Seguridad en México.
Bien sostiene el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas sobre las funciones de seguridad y Justicia Penal: “ El hecho que en algunos programas y en la legislación sobre la materia, se incluya a la justicia penal como parte del sistema de seguridad pública, tergiversa y desvanece las distinciones que deben existir entre ambas, e incide en la relación existente entre división de poderes y seguridad pública. Bajo este enfoque, los poderes judiciales llegan a conducirse en departamentos administrativos responsables de dictar sentencias, y en lo posible condenatorias, pues de otro modo se considera que no están contribuyendo a la seguridad pública”.
Legalización de los abusos
De esta forma, la propuesta de crear una policía secreta en Jalisco sólo revela el fracaso del Ministerio Público que, antes bien tener una reforma que lo independice del poder ejecutivo, vive una de las regresiones más absurdas. Con esto se podrán falsear pruebas, fabricar delitos y condenar a inocentes.
Esto lo vimos en el caso 28 de mayo de 2004: el gobierno del estado nunca investigó a los provocadores infiltrados cubiertos con pasamontañas, quienes huyeron ante la vista de miles de policías. Y los detenidos, dizque detenidos in fraganti, de ninguno de ellos existen parte ministerial de haber portado pasamontañas. Desde entonces, decenas de personas pertenecientes a cuerpos policíacos vestidos de civil, simulando ser luchadores sociales, darketos pero que no se despojan de la pulsera de oro, o bien de reporteros “independientes” de revistas y medios fantasmas, están presentes en toda manifestación y protesta ciudadana en Jalisco. Este y no otro, será el ambiente para la infiltración.
En este contexto, es de lamentar la postura de Samuel Romero Valle, próximo coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, al considerar esta iniciativa “con más ventajas que desventajas”, pues de ventajas no tiene ni una. Es comprensible que piense así quien se pone dentro de la geometría política en la derecha en lugar de la izquierda.
Ojalá que los diputados del Congreso rechacen esta iniciativa que atenta contra los más elementales valores de legalidad y derechos humanos, y que con mucho sacrificio ha luchado la sociedad civil. Con todo, si no se pone un freno a esta iniciativa, lo más seguro es que pronto veremos en Jalisco un nuevo hampa y una nueva institución: la policía secreta.
Jornada Jalisco - 22/01/07
Pueden detener a quien sea, pero ellos no pueden ser detenidos; pueden hablar el mismo lenguaje y asumir las mismas expresiones culturales de un grupo social o político, pero buscarán disolverlo o destruirlo; pueden actuar en plena luz del día pero pasarán desapercibidos; pueden disfrazarse de civil, de indígena, de obrero, de campesino, de amas de casa, pero su conciencia es de obediencia ciega y sumisa al poder del Estado; pueden combatir la aparente ilegalidad con una real ilegalidad; pueden cometer abusos y dejar contundentes evidencias, pero su identidad la podrán cambiar a la del más bondadoso personaje; pueden cometer y planear delitos, ser cómplices e involucrar o inducir a otros en ello, pero gozarán siempre de total impunidad. Es la policía secreta.
En el Congreso del Estado se encuentra ya una iniciativa por Octavio Solís Gómez, gobernador interino del Estado para crear la policía secreta en la entidad a través de una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Era de esperarse una propuesta así, sobre todo proveniente de un personaje oscuro y gris cuyo estilo de lentes parecen ser los de un antifaz y que conoce los secretos más turbios de la mal llamada Procuraduría de Justicia del Estado.
A tono precisamente con el estilo militar de gobierno que impulsa Felipe Calderón y Francisco Javier Ramírez Acuña, la iniciativa de crear una policía secreta en Jalisco busca ser, en esencia, un modelo local experimental y legal de represión; con un correlato a nivel federal dentro de la Procuraduría General de la República. Como sabemos, son las nuevas propuestas de Ramírez Acuña respecto a la reestructuración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Estado policial
El propósito de esta policía secreta es aparente: pretende infiltrar policías en la delincuencia organizada para combatir el crimen, pero en realidad su intención es otra: reprimir, violentar los derechos humanos y constituir un Estado Policial. El estado ideal de la derecha.
Algunas de las características de todas las policías secretas son:
1. - se crean de manera natural en Estados de Excepción, es decir, en aquellos que no son Estados democráticos ni de derecho;
2. - son entidades ajenas a todo control institucional, no pueden transparentarse en nada porque “legalmente” son secretas;
3. - actúa clandestinamente y sus miembros responden a órdenes que de manera pública nunca se dan, pero que públicamente se desconocen;
4. - tiene facultades metalegales y discrecionales: pueden hacer lo que la ley les prohíbe;
5. - como es previsible, pueden detener y confinar personas en centros operativos sin que se conozca de ello, es decir, pueden institucionalizar “desapariciones forzadas”;
6. - pueden actuar como instrumentos de venganza y de represión sistemática contra grupos específicos que no pueden ser comprados o sometidos y sostienen una oposición activa contra el Estado y sus órganos: sindicatos, ONG, medios de comunicación independientes, entre otros.;
7. - los principios que rigen a la policía secreta no son la imparcialidad ni la justicia, ni valor parecido: el principio y su finalidad es la existencia de una guerra total no declarada contra los enemigos del Estado y del gobierno en turno.
De esta manera, las llamadas policías secretas han tenido un historial sangriento en toda dictadura. Ahí el caso de la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional en Chile, que dejó una estela de terror y muerte. De igual forma las policías secretas de varios países latinoamericanos conformaron la llamada Operación Cóndor; que, como todos sabemos, no focalizó su lucha contra la delincuencia común, ni organizada ni desorganizada, sino contra la disidencia y la oposición política y todas las organizaciones de izquierda. Las policías secretas a lo largo y ancho del mundo han empleado el secuestro, la tortura y el asesinato como métodos de acción. Ese fue el papel de la Dirección Federal de Seguridad en México.
Bien sostiene el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas sobre las funciones de seguridad y Justicia Penal: “ El hecho que en algunos programas y en la legislación sobre la materia, se incluya a la justicia penal como parte del sistema de seguridad pública, tergiversa y desvanece las distinciones que deben existir entre ambas, e incide en la relación existente entre división de poderes y seguridad pública. Bajo este enfoque, los poderes judiciales llegan a conducirse en departamentos administrativos responsables de dictar sentencias, y en lo posible condenatorias, pues de otro modo se considera que no están contribuyendo a la seguridad pública”.
Legalización de los abusos
De esta forma, la propuesta de crear una policía secreta en Jalisco sólo revela el fracaso del Ministerio Público que, antes bien tener una reforma que lo independice del poder ejecutivo, vive una de las regresiones más absurdas. Con esto se podrán falsear pruebas, fabricar delitos y condenar a inocentes.
Esto lo vimos en el caso 28 de mayo de 2004: el gobierno del estado nunca investigó a los provocadores infiltrados cubiertos con pasamontañas, quienes huyeron ante la vista de miles de policías. Y los detenidos, dizque detenidos in fraganti, de ninguno de ellos existen parte ministerial de haber portado pasamontañas. Desde entonces, decenas de personas pertenecientes a cuerpos policíacos vestidos de civil, simulando ser luchadores sociales, darketos pero que no se despojan de la pulsera de oro, o bien de reporteros “independientes” de revistas y medios fantasmas, están presentes en toda manifestación y protesta ciudadana en Jalisco. Este y no otro, será el ambiente para la infiltración.
En este contexto, es de lamentar la postura de Samuel Romero Valle, próximo coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, al considerar esta iniciativa “con más ventajas que desventajas”, pues de ventajas no tiene ni una. Es comprensible que piense así quien se pone dentro de la geometría política en la derecha en lugar de la izquierda.
Ojalá que los diputados del Congreso rechacen esta iniciativa que atenta contra los más elementales valores de legalidad y derechos humanos, y que con mucho sacrificio ha luchado la sociedad civil. Con todo, si no se pone un freno a esta iniciativa, lo más seguro es que pronto veremos en Jalisco un nuevo hampa y una nueva institución: la policía secreta.
viernes, enero 12, 2007
Opinión - Jorge Rocha
Señales encontradas en seguridad pública y derechos humanos
Jornada Jalisco - 12/01/07
Las señales y acciones que los nuevos gobiernos panistas, de los distintos niveles, han estado realizando en materia de seguridad pública y derechos humanos son por demás contradictorias y en algunos casos preocupantes.
Por un lado, tanto el reciente gobierno municipal de Guadalajara como el de Zapopan, en un acto de sensibilidad social y racionalidad política, eliminaron las inconstitucionales revisiones aleatorias, los retenes en las calles y además han expresado públicamente que son decisiones en función de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que vivimos y transitamos en estas demarcaciones. Además aseguran que la mejor forma de garantizar la seguridad pública es mejorando los métodos de investigación policiaca.
Por otro lado, en entrevistas en medios electrónicos, algunos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del estado han expresado que para ellos las revisiones siguen siendo necesarias, ya que han reducido la delincuencia, claro que no proporcionan datos al respecto, ni comparativos con otros años, ni índices de efectividad. Tampoco comentan de forma detallada la manera como realizan y definen las revisiones: si es por “delito de portación de rostro”, es decir, si las personas tienen cara de presunto delincuente; si es por “melatismo”, o sea, que al miembro de la corporación policial le da una corazonada de que alguien en la calle realizará un ilícito, o algún otro pseudométodo de investigación.
El gobernador electo de Jalisco, Emilio González Márquez, no ha hecho una declaración pública al respecto, se comenta en los pasillos de la política local que Luis Carlos Nájera Gutiérrez será el próximo secretario de Seguridad Pública del estado, y aunque ha tenido acercamientos con distintas universidades para hacer un plan de seguridad pública que respete los derechos humanos y que sea efectivo en la tarea de combatir el crimen, pesan sobre él las imputaciones que diversas ONG hacen sobre su actuación en el caso 28 de mayo.
En la escena nacional el panorama es desalentador, Felipe Calderón ha puesto en manos del Ejército Mexicano la tarea de la seguridad pública y del combate al narcotráfico. Un presidente civil vestido de militar, un presidente que para tomar posesión tuvo que ponerse en manos del Estado Mayor Presidencial, un presidente que ha pedido austeridad, pero que les prometió aumento de sueldo a los militares. Un presidente que desoyó las recomendaciones internacionales de desmilitarizar las tareas de la seguridad pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde su primera visita a México, en 1996, ha recomendado al gobierno mexicano, en innumerables ocasiones, que desmilitarice las tareas de la seguridad pública, en primer lugar porque es anticonstitucional, ya que en nuestra Carta Magna están claramente definidas las tareas del Ejército y la Marina; y en segundo lugar, porque no tienen la preparación técnica y específica que requiere la persecución del delito, y en tercer lugar porque la historia reciente de nuestro país marca que el Ejército ha estado inmiscuido en muchos casos de violación a los derechos humanos documentados tanto por la CIDH como por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Esta tendencia a militarizar las tareas de seguridad pública se ha ido acrecentando con el paso de los años, incluso los gobiernos federales panistas la acentuaron, primero con Vicente Fox al nombrar como procurador general de la República a un militar (Macedo de la Concha) y ahora con Felipe Calderón poniendo su gobierno en manos de las fuerzas armadas.
Todo lo anterior nos refleja una política pública poco clara de parte de los gobiernos emanados del blanquiazul ante dos puntos fundamentales de la agenda nacional: la vigencia de los derechos humanos y las tareas de la seguridad pública. Parecería que los conceptos fundamentales para explicarse y comprender las acciones necesarias de esta agenda pública no están discutidos, estudiados, ni consensuados entre los miembros de Acción Nacional, por lo cual, las estrategias a seguir dependen de la buena voluntad de los políticos en el gobierno en turno, o de las presiones sociales que los impulsen a optar por una u otra vía. Como se ha señalado antes, el debate sigue siendo excluyente y dicotómico, es decir, no se ha entendido por los miembros de la clase política que una buena estrategia de seguridad pública contempla un irrestricto respeto a los derechos humanos.
Un comentario más sobre las estrategias de combate al narcotráfico. En lugar de llenar de militares las calles de algunas ciudades del país, de televisar los operativos de cientos de soldados entrando a las poblaciones, ¿no será mejor empezar a escudriñar las instancias gubernamentales para ver sus complicidades con los narcotraficantes?, dicen las señoras que mucho saben de la vida: “el buen juez por su casa empieza”.
Jornada Jalisco - 12/01/07
Las señales y acciones que los nuevos gobiernos panistas, de los distintos niveles, han estado realizando en materia de seguridad pública y derechos humanos son por demás contradictorias y en algunos casos preocupantes.
Por un lado, tanto el reciente gobierno municipal de Guadalajara como el de Zapopan, en un acto de sensibilidad social y racionalidad política, eliminaron las inconstitucionales revisiones aleatorias, los retenes en las calles y además han expresado públicamente que son decisiones en función de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que vivimos y transitamos en estas demarcaciones. Además aseguran que la mejor forma de garantizar la seguridad pública es mejorando los métodos de investigación policiaca.
Por otro lado, en entrevistas en medios electrónicos, algunos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del estado han expresado que para ellos las revisiones siguen siendo necesarias, ya que han reducido la delincuencia, claro que no proporcionan datos al respecto, ni comparativos con otros años, ni índices de efectividad. Tampoco comentan de forma detallada la manera como realizan y definen las revisiones: si es por “delito de portación de rostro”, es decir, si las personas tienen cara de presunto delincuente; si es por “melatismo”, o sea, que al miembro de la corporación policial le da una corazonada de que alguien en la calle realizará un ilícito, o algún otro pseudométodo de investigación.
El gobernador electo de Jalisco, Emilio González Márquez, no ha hecho una declaración pública al respecto, se comenta en los pasillos de la política local que Luis Carlos Nájera Gutiérrez será el próximo secretario de Seguridad Pública del estado, y aunque ha tenido acercamientos con distintas universidades para hacer un plan de seguridad pública que respete los derechos humanos y que sea efectivo en la tarea de combatir el crimen, pesan sobre él las imputaciones que diversas ONG hacen sobre su actuación en el caso 28 de mayo.
En la escena nacional el panorama es desalentador, Felipe Calderón ha puesto en manos del Ejército Mexicano la tarea de la seguridad pública y del combate al narcotráfico. Un presidente civil vestido de militar, un presidente que para tomar posesión tuvo que ponerse en manos del Estado Mayor Presidencial, un presidente que ha pedido austeridad, pero que les prometió aumento de sueldo a los militares. Un presidente que desoyó las recomendaciones internacionales de desmilitarizar las tareas de la seguridad pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde su primera visita a México, en 1996, ha recomendado al gobierno mexicano, en innumerables ocasiones, que desmilitarice las tareas de la seguridad pública, en primer lugar porque es anticonstitucional, ya que en nuestra Carta Magna están claramente definidas las tareas del Ejército y la Marina; y en segundo lugar, porque no tienen la preparación técnica y específica que requiere la persecución del delito, y en tercer lugar porque la historia reciente de nuestro país marca que el Ejército ha estado inmiscuido en muchos casos de violación a los derechos humanos documentados tanto por la CIDH como por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Esta tendencia a militarizar las tareas de seguridad pública se ha ido acrecentando con el paso de los años, incluso los gobiernos federales panistas la acentuaron, primero con Vicente Fox al nombrar como procurador general de la República a un militar (Macedo de la Concha) y ahora con Felipe Calderón poniendo su gobierno en manos de las fuerzas armadas.
Todo lo anterior nos refleja una política pública poco clara de parte de los gobiernos emanados del blanquiazul ante dos puntos fundamentales de la agenda nacional: la vigencia de los derechos humanos y las tareas de la seguridad pública. Parecería que los conceptos fundamentales para explicarse y comprender las acciones necesarias de esta agenda pública no están discutidos, estudiados, ni consensuados entre los miembros de Acción Nacional, por lo cual, las estrategias a seguir dependen de la buena voluntad de los políticos en el gobierno en turno, o de las presiones sociales que los impulsen a optar por una u otra vía. Como se ha señalado antes, el debate sigue siendo excluyente y dicotómico, es decir, no se ha entendido por los miembros de la clase política que una buena estrategia de seguridad pública contempla un irrestricto respeto a los derechos humanos.
Un comentario más sobre las estrategias de combate al narcotráfico. En lugar de llenar de militares las calles de algunas ciudades del país, de televisar los operativos de cientos de soldados entrando a las poblaciones, ¿no será mejor empezar a escudriñar las instancias gubernamentales para ver sus complicidades con los narcotraficantes?, dicen las señoras que mucho saben de la vida: “el buen juez por su casa empieza”.
miércoles, diciembre 20, 2006
Jalisco en el Gabinete
Luis Ignacio Román Morales - Proceso 1572 - Suplemento Jalisco 110
Como pocas veces en la historia, los políticos jaliscienses tiene n diversos lugares de privilegio en la toma de decisiones de la política nacional. Francisco Ramírez Acuña se convierte en uno de los tres políticos con más poder (junto con Calderón y Carstens) y se hace acompañar de diversos subsecretarios provenientes de Jalisco; Alberto Cárdenas reedita una posición de autoridad muy significativa, en tanto que en el Congreso de la Unión los políticos de la entidad asumen posiciones clave, como las comisiones de Presupuesto y de Educación en la Cámara de Diputados.
Una reacción inmediata puede ser la de identificar tal situación con la de un posible beneficio especial para el estado: si los políticos jaliscienses toman decisiones nacionales críticas, cabe suponer que en tales decisiones saldrá beneficiada su patria chica.
Sin embargo, tal afirmación implicaría varios supuestos: entre otros, que los intereses de los jaliscienses son homogéneos (si no, el beneficio de unos no será el de los otros); que a los políticos les interesa apoyar a su lugar de origen más que su propia carrera política federal, que cuentan con el margen de maniobra para hacerlo, y que son ellos los que mejorarán la imagen y presencia de Jalisco en el entorno nacional.
Suponiendo que tales afirmaciones fuesen ciertas, sería cuestionable la pertinencia de la mayor parte: ¿Conviene que los gobernantes federales beneficien a su lugar de origen y no operen con criterios de imparcialidad? Esas actitudes generarían mayor polarización social y la profundización de lógicas de privilegio en vez de los criterios de eficiencia o de justicia que teóricamente deberían prevalecer en las decisiones públicas.
En cuanto a los intereses de los jaliscienses, éstos distan de ser homogéneos: El estado cuenta con una distribución del ingreso similar a la media nacional, que es una de las más concentradas del mundo; en el plano territorial, es uno de los estados más centralistas, y en cuestión de derechos humanos, es un campeón en las denuncias por violaciones a los mismos. Ello implica que efectivamente hay beneficiarios de la forma en la que funciona el estado, pero están lejos de ser mayoría.
En cuanto a los intereses particulares de estos funcionarios, resulta difícil anticipar su futuro, aunque Alberto Cárdenas ha mantenido un perfil más popular y cercano a sus
coterráneos que Ramírez Acuña.
Ambos tendrán que enfrentar problemas extremadamente complejos. Ramírez Acuña se encarga de una secretaría que teóricamente debería fortalecer la gobernabilidad del país. Para ello resultaría crucial entender que la solución a las tensiones sociales y económicas es, valga la redundancia, de carácter social y económico, no sólo de orden policial. Si las tensiones se tratan de resolver como si fuese sólo una cuestión de delincuencia y no de profundos problemas en la estructura social del país, el riesgo de polarización se seguirá acentuando y, con éste, la propia inseguridad y obstáculos a la gobernabilidad.
Podrá haber aplausos por la "mano firme", pero ello sólo contribuirá a la generación de una imagen personal y no a la solución de los conflictos. Maquiavelo consideraba que era preferible que el Príncipe fuese temido a que fuese amado. Faltaría ver si el desarrollo y la cohesión social se pueden construir con base en el temor.
Por otra parte, la defensa de la "mano dura" y el desdén por la defensa de los derechos humanos implican un flagrante contrasentido con la campaña presidencial del PAN. ¿No señalaban que no había que votar por López Obrador porque podría formar un gobierno autoritario? El doble discurso recuerda el dicho de que lo que el pobre es borrachera en el rico es sociabilidad, lo que en uno es un defecto en el otro se considera virtud.
En cuanto a Alberto Cárdenas, entra en una posición debilitada, desde el momento mismo en que la secretaría a su cargo se incluye en el gabinete social y no en el económico. Ante la apertura total del mercado del maíz y del frijol en el TLC para 2008, parece fundamental que se diseñe una política económica agropecuaria: tal sector sigue siendo fundamental en términos de la estructura de empleo, de territorio ocupado, de problemáticas sociales y de seguridad nacional, de abasto de alimentos, de materia prima para la industria y de productos de exportación. Si a la Secretaría de Agricultura se le concibe fuera de la estructura de decisiones económicas, el fracaso será inevitable. Tal parece que Cárdenas no tendrá margen de maniobra.
¿Cuentan estos políticos con la capacidad para responder al reto que tienen enfrente o su nombramiento es el resultado de nexos personales b de los compromisos políticos que estableció Calderón durante .su campaña?
En el caso de Ramírez Acuña, su imagen como gobernador estuvo marcada por la manifestación y la represión del 28 de mayo de 2004, durante la cumbre América Latina-Unión Europea, aunque desde su entrada al puesto fue altamente cuestionada la exclusión de Guadalupe Morfín al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También se destacaron sus conflictos con el Instituto Estatal de Transparencia de Jalisco, los retrasos e incrementos de costos en la obra pública y la afectación ecológica, así como la calidad de la obra de la carretera Mascota-Las Palmas, posiblemente la mayor obra de infraestructura de su gobierno.
Durante su gubernatura también se recuerdan sus innumerables viajes alrededor del mundo y la caída de Jalisco en los indicadores de competitividad y de captación de inversión extranjera. De hecho, también se registraron diferencias significativas con la Comisión Nacional Forestal y con la Secretaría del Medio Ambiente cuando Alberto
Cárdenas fue titular en esas dependencias.
Más allá de los secretarios, la nota la ha dado el diputado jalisciense Raúl Alejandro Padilla, presidente dela Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Un aspecto básico para evaluar el trabajo legislativo podrá estar referido a la capacidad de que dispongan los políticos y sus equipos para tomar decisiones. Las primeras muestras de ignorancia llevadas al extremo han sidolasdec.laraciones del legislador para apoyar la reducción del presupuesto a la UNAM, descalificándola porque "la norma mínima de calificación. es de cinco y si usted saca cero la mínima calificación es cinco".
Además de que lo anterior es totalmente falso, refleja la pobreza de argumentos y el desconocimiento sobre lo que implica la UNAM y en general las universidades públicas en cuanto a su desarrollo académico y a que son las instituciones que acogen la inmensa mayoría de la escasa investigación que se realiza en nuestro país.
La declaración del panista fue, además, una defensa barata de la propuesta gubernamental de reducir el presupuesto para la UNAM. Es evidente que estas posturas están lejos de mejorar la presencia de Jalisco a nivel nacional.
Sea como sea, la nueva influencia de Jalisco en el gabinete y en el Congreso apenas está iniciando. En términos generales, los antecedentes y las primeras señales en la torna de decisiones no son halagüeñas. Sin embargo, queda el beneficio de la duda; apenas van dos semanas del nuevo gobierno y la historia está por construirse. Valentín Gómez Farías, Ignacio Vallarta o Manuel Gómez Morín contribuyeron a generar una imagen para Jalisco; Victoriano Huerta generó otra diametralmente opuesta.
Como pocas veces en la historia, los políticos jaliscienses tiene n diversos lugares de privilegio en la toma de decisiones de la política nacional. Francisco Ramírez Acuña se convierte en uno de los tres políticos con más poder (junto con Calderón y Carstens) y se hace acompañar de diversos subsecretarios provenientes de Jalisco; Alberto Cárdenas reedita una posición de autoridad muy significativa, en tanto que en el Congreso de la Unión los políticos de la entidad asumen posiciones clave, como las comisiones de Presupuesto y de Educación en la Cámara de Diputados.
Una reacción inmediata puede ser la de identificar tal situación con la de un posible beneficio especial para el estado: si los políticos jaliscienses toman decisiones nacionales críticas, cabe suponer que en tales decisiones saldrá beneficiada su patria chica.
Sin embargo, tal afirmación implicaría varios supuestos: entre otros, que los intereses de los jaliscienses son homogéneos (si no, el beneficio de unos no será el de los otros); que a los políticos les interesa apoyar a su lugar de origen más que su propia carrera política federal, que cuentan con el margen de maniobra para hacerlo, y que son ellos los que mejorarán la imagen y presencia de Jalisco en el entorno nacional.
Suponiendo que tales afirmaciones fuesen ciertas, sería cuestionable la pertinencia de la mayor parte: ¿Conviene que los gobernantes federales beneficien a su lugar de origen y no operen con criterios de imparcialidad? Esas actitudes generarían mayor polarización social y la profundización de lógicas de privilegio en vez de los criterios de eficiencia o de justicia que teóricamente deberían prevalecer en las decisiones públicas.
En cuanto a los intereses de los jaliscienses, éstos distan de ser homogéneos: El estado cuenta con una distribución del ingreso similar a la media nacional, que es una de las más concentradas del mundo; en el plano territorial, es uno de los estados más centralistas, y en cuestión de derechos humanos, es un campeón en las denuncias por violaciones a los mismos. Ello implica que efectivamente hay beneficiarios de la forma en la que funciona el estado, pero están lejos de ser mayoría.
En cuanto a los intereses particulares de estos funcionarios, resulta difícil anticipar su futuro, aunque Alberto Cárdenas ha mantenido un perfil más popular y cercano a sus
coterráneos que Ramírez Acuña.
Ambos tendrán que enfrentar problemas extremadamente complejos. Ramírez Acuña se encarga de una secretaría que teóricamente debería fortalecer la gobernabilidad del país. Para ello resultaría crucial entender que la solución a las tensiones sociales y económicas es, valga la redundancia, de carácter social y económico, no sólo de orden policial. Si las tensiones se tratan de resolver como si fuese sólo una cuestión de delincuencia y no de profundos problemas en la estructura social del país, el riesgo de polarización se seguirá acentuando y, con éste, la propia inseguridad y obstáculos a la gobernabilidad.
Podrá haber aplausos por la "mano firme", pero ello sólo contribuirá a la generación de una imagen personal y no a la solución de los conflictos. Maquiavelo consideraba que era preferible que el Príncipe fuese temido a que fuese amado. Faltaría ver si el desarrollo y la cohesión social se pueden construir con base en el temor.
Por otra parte, la defensa de la "mano dura" y el desdén por la defensa de los derechos humanos implican un flagrante contrasentido con la campaña presidencial del PAN. ¿No señalaban que no había que votar por López Obrador porque podría formar un gobierno autoritario? El doble discurso recuerda el dicho de que lo que el pobre es borrachera en el rico es sociabilidad, lo que en uno es un defecto en el otro se considera virtud.
En cuanto a Alberto Cárdenas, entra en una posición debilitada, desde el momento mismo en que la secretaría a su cargo se incluye en el gabinete social y no en el económico. Ante la apertura total del mercado del maíz y del frijol en el TLC para 2008, parece fundamental que se diseñe una política económica agropecuaria: tal sector sigue siendo fundamental en términos de la estructura de empleo, de territorio ocupado, de problemáticas sociales y de seguridad nacional, de abasto de alimentos, de materia prima para la industria y de productos de exportación. Si a la Secretaría de Agricultura se le concibe fuera de la estructura de decisiones económicas, el fracaso será inevitable. Tal parece que Cárdenas no tendrá margen de maniobra.
¿Cuentan estos políticos con la capacidad para responder al reto que tienen enfrente o su nombramiento es el resultado de nexos personales b de los compromisos políticos que estableció Calderón durante .su campaña?
En el caso de Ramírez Acuña, su imagen como gobernador estuvo marcada por la manifestación y la represión del 28 de mayo de 2004, durante la cumbre América Latina-Unión Europea, aunque desde su entrada al puesto fue altamente cuestionada la exclusión de Guadalupe Morfín al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También se destacaron sus conflictos con el Instituto Estatal de Transparencia de Jalisco, los retrasos e incrementos de costos en la obra pública y la afectación ecológica, así como la calidad de la obra de la carretera Mascota-Las Palmas, posiblemente la mayor obra de infraestructura de su gobierno.
Durante su gubernatura también se recuerdan sus innumerables viajes alrededor del mundo y la caída de Jalisco en los indicadores de competitividad y de captación de inversión extranjera. De hecho, también se registraron diferencias significativas con la Comisión Nacional Forestal y con la Secretaría del Medio Ambiente cuando Alberto
Cárdenas fue titular en esas dependencias.
Más allá de los secretarios, la nota la ha dado el diputado jalisciense Raúl Alejandro Padilla, presidente dela Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Un aspecto básico para evaluar el trabajo legislativo podrá estar referido a la capacidad de que dispongan los políticos y sus equipos para tomar decisiones. Las primeras muestras de ignorancia llevadas al extremo han sidolasdec.laraciones del legislador para apoyar la reducción del presupuesto a la UNAM, descalificándola porque "la norma mínima de calificación. es de cinco y si usted saca cero la mínima calificación es cinco".
Además de que lo anterior es totalmente falso, refleja la pobreza de argumentos y el desconocimiento sobre lo que implica la UNAM y en general las universidades públicas en cuanto a su desarrollo académico y a que son las instituciones que acogen la inmensa mayoría de la escasa investigación que se realiza en nuestro país.
La declaración del panista fue, además, una defensa barata de la propuesta gubernamental de reducir el presupuesto para la UNAM. Es evidente que estas posturas están lejos de mejorar la presencia de Jalisco a nivel nacional.
Sea como sea, la nueva influencia de Jalisco en el gabinete y en el Congreso apenas está iniciando. En términos generales, los antecedentes y las primeras señales en la torna de decisiones no son halagüeñas. Sin embargo, queda el beneficio de la duda; apenas van dos semanas del nuevo gobierno y la historia está por construirse. Valentín Gómez Farías, Ignacio Vallarta o Manuel Gómez Morín contribuyeron a generar una imagen para Jalisco; Victoriano Huerta generó otra diametralmente opuesta.
jueves, diciembre 14, 2006
Presentan denuncia ante PGR contra Ramírez Acuña
Tomado desde El Universal y Hemorroides...
- Pide el Frente de Procesados “M28” investigar al secretario de Gobernación por el operativo policiaco que aplicó durante su administración en el gobierno de Jalisco contra un grupo de manifestantes en 2004
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México
En punto del mediodía, integrantes del Frente de Procesados “M28” interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para que sea investigado por el delito de tortura, cometido supuestamente cuando fungía como gobernador de Jalisco, al reprimir una manifestación en mayo de 2004.
El documento fue entregado en la Fiscalía de Partes de la dependencia federal en la que 10 personas solicitan que se investigue al funcionario federal por las violaciones a sus garantías, durante un operativo policiaco que ordenó en el marco de la Cumbre de Jefe de Estado y de Gobierno, de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
En lo que representa la primera denuncia penal contra un funcionario del gabinete del presidente Felipe Calderón, se pide que el Ministerio Público solicite a la Comisión Nacional de Derechos Humanos todas las constancias que recabó para emitir una recomendación contra el ex gobernador por presuntas violaciones a las garantías de los manifestantes.
Entre los denunciantes están César Naranjo Velázquez, que aseguró que este caso representa un primer reto para la PGR y el gobierno de Calderón y con su conclusión determinará si los derechos humanos son una prioridad o no para esta gestión, como lo ha asegurado el mandatario.
En estos momentos un grupo de alrededor de 50 manifestantes permanecen frente a la sede del a PGR para exigir que se esclarezca este caso y que no se permita la represión como una política, en tanto 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local resguardan la sede de la institución federal.
- Pide el Frente de Procesados “M28” investigar al secretario de Gobernación por el operativo policiaco que aplicó durante su administración en el gobierno de Jalisco contra un grupo de manifestantes en 2004
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México
En punto del mediodía, integrantes del Frente de Procesados “M28” interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para que sea investigado por el delito de tortura, cometido supuestamente cuando fungía como gobernador de Jalisco, al reprimir una manifestación en mayo de 2004.
El documento fue entregado en la Fiscalía de Partes de la dependencia federal en la que 10 personas solicitan que se investigue al funcionario federal por las violaciones a sus garantías, durante un operativo policiaco que ordenó en el marco de la Cumbre de Jefe de Estado y de Gobierno, de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
En lo que representa la primera denuncia penal contra un funcionario del gabinete del presidente Felipe Calderón, se pide que el Ministerio Público solicite a la Comisión Nacional de Derechos Humanos todas las constancias que recabó para emitir una recomendación contra el ex gobernador por presuntas violaciones a las garantías de los manifestantes.
Entre los denunciantes están César Naranjo Velázquez, que aseguró que este caso representa un primer reto para la PGR y el gobierno de Calderón y con su conclusión determinará si los derechos humanos son una prioridad o no para esta gestión, como lo ha asegurado el mandatario.
En estos momentos un grupo de alrededor de 50 manifestantes permanecen frente a la sede del a PGR para exigir que se esclarezca este caso y que no se permita la represión como una política, en tanto 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local resguardan la sede de la institución federal.
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