Galeano invocó las luchas de Atenco, de Oaxaca y por la "sagrada tierra"

Al tomar el micrófono, en la Sala Nezahualcóyotl comenzó el hechizo de un cuentacuentos

Ericka Montaño Garfias

La Jornada

La Sala Nezahualcóyotl fue insuficiente, pues no obstante los más de 2 mil 200 asientos, cientos de personas debieron conformarse con escuchar a Eduardo Galeano en las bocinas instaladas afuera del recinto. Imposible verlo en la pantalla que colocaron: el sol daba de lleno.

El escritor uruguayo se acercó al público y a las luchas en México: por Atenco, por Oaxaca, por la tierra. Por segundo día consecutivo contó sus historias, ésas que poco se conocen.

Lo recibieron de nuevo de pie, llenos de aplausos contenidos desde las 11 horas, cuando comenzaron a formarse dos filas a cada lado de la entrada principal de la sala. A las cuatro de la tarde una llegaba más allá del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La otra amenazaba con dar vuelta a la Nezahualcóyotl.

La entrada al recinto comenzó a las cinco de la tarde con cinco minutos. Todos trataban de llegar a las primeras filas. No vale la acústica de la sala. No valen las bocinas que bien se escuchan. Hay que estar lo más cerca posible, como si viéndolo directo a los ojos pudieran ser capaces de escucharlo.

¿Y los que se sientan en la parte de atrás de la sala y no le ven los ojos sino la nuca? Ellos también escuchan, aunque quizá las palabras se oigan al revés.

Lo primero que Galeano escucha, tras de los aplausos, son gritos: Zapata vive, la lucha sigue, Viva la lucha de Atenco, de Oaxaca, del pueblo mexicano, viva la lucha del pueblo latinoamericano.

Asiente y después, solito, sentado en el presídium, toma el micrófono y comienza el hechizo.

En la sala el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, escucha las historias de este pariente de Sherezada, a quien llamó la primera cuentacuentos. También están Lucía Moret y Trinidad Ramírez, esposa del dirigente de Atenco, preso, Ignacio del Valle. Ambas lograron acercarse a Galeano y le entregaron unos documentos. Doña Trini le colgó en el cuello el paliacate rojo que representa la lucha campesina por la tierra.

Por ayudar a nacer otros mundos

Galeano comenzó con la misma dedicatoria del miércoles al zapatista de Irak, a Manu Chao y Adolfo Gilly. Y a todos los que defienden la justa causa de los presos de Atenco, porque al fin y al cabo creo que la tradición más entrañable es también la más antigua de México: es la que nos enseña que la tierra es sagrada y si la ésta es sagrada, sagrados son también quienes la defienden.

Leyó relatos que tienen que ver con el oficio de cuentacuentos. Siento que eso soy: un cuentacuentos.

Al final, las preguntas anotadas en papelitos: habla del sueño que lo llevó a escribir Espejos: una historia casi universal, su nuevo libro; del significado del zapatismo: “zapatistas somos muchos, aunque no sepamos que lo somos y los que agradecemos al subcomandante Marcos que haya inyectado sentido del humor a la izquierda”; de la situación de América Latina a 200 años de la lucha por la emancipación: opino que la independencia es todavía una tarea por hacer.

Su reflexión del fin del pensamiento único marcó el término del encuentro: “La caída de Wall Street ha puesto en evidencia lo insostenible del sistema del poder que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias (…) Vamos a demostrar que este mundo que padecemos y que parece que rueda hacia la catástrofe total contiene otros mundos en la barriga, vamos a ayudarlos a nacer.”

Hoy, Galeano firmará libros a partir de las 16 horas en la sede de Siglo XXI Editores (Cerro del Agua 248, Romero de Terreros).

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Destituyen a magistrado por afinidades con AMLO

PEDRO MATíAS

OAXACA, Oax, 19 de diciembre (apro).- El exmagistrado Francisco Salvador Pérez promovió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de revisión administrativo en contra del fallo dictado por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual fue destituido de su cargo.
De acuerdo con Salvador Pérez, la intención de recurrir a esta última instancia es lograr que la SCJN lo devuelva a su puesto, ya que -consideró- el Poder Judicial Federal actuó de manera "cobarde, ilegal, inconstitucional, caprichosa y con la más absoluta inobservancia del debido proceso legal".
Abundó:
"No se agotó previamente ningún juicio legal en mi contra para defenderme, al contrario, de plano me confiscaron los bienes jurídicos esenciales, como el derecho que tiene todo gobernado de desempeñar la función pública jurisdiccional, de hacerlo sin ser molestado y privado de ella, así como el derecho a realizar las actividades laborales inherentes a la misma función".
Este viernes, el exmagistrado detalló que el pasado 25 de noviembre los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Óscar Vázquez Marín, Jorge Efraín Moreno Collado y Luis María Aguilar Morales, le notificaron que fue destituido del cargo de magistrado de circuito, con base en el artículo 131 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
El jurista calificó esa decisión como una "resolución arbitraria" que no sólo "destruyó mi carrera judicial, sino mi vida".
El fallo, apuntó, es una persecución política que inició en el año 2006, por tener afinidades con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y con Andrés Manuel López Obrador. Dijo que primero lo suspendieron periódicamente durante dos años y ahora lo destituyen.
Ante ello, el 3 de diciembre pasado presentó ante el pleno de la SCJN un recurso de revisión para que lo restituyan como magistrado de circuito. Ahora, añadió, la Corte tiene un plazo de tres a seis meses como máximo para resolver, pero "como se trata de un caso político, es una papa caliente, entonces no sé cuándo lo vayan a resolver porque desgraciadamente en México no se respetan las leyes".
Salvador Pérez resaltó que el Consejo de la Judicatura Federal afectó gravemente al Poder Judicial Federal y a la nación mexicana al haber practicado durante ocho días una diligencia de cateo absolutamente ilegal de sus funciones de magistrado de Circuito, pues con lujo de violencia el visitador Juan Manuel Vega Sánchez "practicó las diligencias iniciales sin cumplir con ningún requisito ni legal ni constitucional".
Señaló que después de cuatro "suspensiones" temporales de seis meses cada una, el Consejo de la Judicatura le notificó la resolución definitiva (sentencia), pronunciada en su contra, mediante la cual fue destituido del cargo de magistrado, por lo que esta última pena constituye la número cinco que le fue impuesta.
Al respecto, el representante de la Comisión Jurídica de la APPO, Gilberto Hernández Santiago, consideró que la resolución contra el magistrado atenta contra los derechos humanos y el debido proceso, porque se sanciona a un ciudadano por su forma de pensar y opinar en favor del movimiento social de 2006 y por apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

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VENCIDA LA MUERTE, EMETERIO LLAMA A APOYAR LA LUCHA

http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/appo/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Abundio Núñez/ e-consulta

Aún enfermo, convaleciente de las lesiones y sus secuelas que le dejó la golpiza propinada por policías estatales y municipales el 16 de julio de 2007, Emeterio Marino Cruz llama a apoyar la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Entrevistado por e-consulta en su casa del Fraccionamiento Rancho Aguayo, uno de los mártires del movimiento magisterial-popular gestado en el 2006 no puede más y estalla en llanto cuando se le pregunta sobre sus golpeadores, los que lo dejaron en estado de coma y luego en silla de ruedas durante los últimos nueve meses.

La crisis nerviosa es atendida de inmediato por su esposa y sus dos hijas. Sólo así recobra la tranquilidad para continuar su vida.

Arrastrando el pie derecho, que tiene insensible al igual que el brazo y la mano del mismo lado, refiere su recuperación física, lenta, dolorosa, agónica, debido a la lesión en el encéfalo que los especialistas denominan "Síndrome de Weber".

Una sombra se le dibuja como laguna sobre la piel morena, entre los huesos y el cabello abundantemente negro y cano de la sien derecha.

Habla con dificultad, inentendible, balbucea las palabras, pero está de pié, vivo, aunque las secuelas depresivas y sicológicas son más graves. No puede ver a una persona con uniforme que se parezca al de los policías porque entra en crisis.

Una vez consciente, agradece el apoyo del pintor Francisco Toledo, quien le ha pagado el transporte y la atención en el hospital "Ángeles" de la Ciudad de México para recuperarse de la afectación a sus manifestaciones motoras y sensitivas que aún lo mantienen con parálisis facial.
Cruz es el único apellido paterno que lleva desde la pila bautismal. Emeterio Marino son sus nombres, cual sino de guerra.

Refiere que apenas el 2 de marzo pasado sus compañeros de lucha, la mayoría ganados en la desgracia, le celebraron su cumpleaños número 44.

También recuerda su nacimiento en un pueblo de la Sierra Sur, al igual que los más de tres años que trabajó como profesor de educación primaria, aunque luego lo cambió para ser maestro en plomería.

Refiere el encuentro con su esposa, la hoy profesora de educación preescolar adscrita a la Sección 22 del SNTE, Hilaria Franco Barroso, originaria de Pinotepa Nacional, quien ha sido el "motor" de sus conciencias.

Dice que esa mañana del 16 de julio de 2007 acudió a la marcha de la APPO y la Sección 22 para encontrarse con su esposa e hijos y subir al cerro de El Fortín a presenciar la "Guelaguetza popular", luego de realizar un trabajo de plomería. Por eso en su mochila llevaba una cuchara y un martillo, que al final fue utilizado por los policías para golpearlo.

Vuelto a la vida, vencida la muerte, acompañado de su esposa y sus cuatro hijos e hijas, Emeterio Marino tiene el rostro y el cuerpo desfigurados, secuelas de la tortura infringida, pero cocidos por la cirugía.

Platica y cuenta su vida, pero estalla cuando se le pregunta de sus verdugos y de los golpes a los que fue sometido hasta dejarlo inconsciente. La historia la completan sus hijas.

"El Gobierno del Estado nos engañó"

Karen y Keherly Cruz Franco, sus hijas, denunciaron que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no ha cumplido con lo que se comprometió desde el 2007 ante Florentín Meléndez, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y es que la administración estatal prometió que en los diez días siguientes serían encontrados y castigados los autores materiales e intelectuales de la golpiza a Emeterio Marino, pero a la fecha no ha sucedido, afirmaron.

"El gobierno de Ulises Ruiz engañó a la familia Cruz-Franco", puntualizan Karen y Keherly y sostienen que los cinco policías presos en el penal de Tanivet, Tlacolula, son "chivos expiatorios".

Sólo reconocen a dos de ellos como los que participación en la detención de su padre el día que la APPO-Sección 22 del SNTE protestó y se enfrentó a la policía estatal y municipal en las inmediaciones del Cerro de El Fortín.

Refieren que un Agente del Ministerio Público y un perito médico enviados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) comprobaron que, por el momento, es imposible sacarle una declaración a Emeterio Marino sobre la tortura que sufrió sin que se ponga en riesgo su salud.

Por eso sostienen que haberlo llevado al careo con sus presuntos golpeadores "hubiera sido una tortura más para nuestro padre".

Sin embargo, por ese desacato la PGJE lo multó con 15 dias de salario mínimo, que representan unos 750 pesos, pero que no tiene para pagarlos.

Karen, estudiante de la carrera de Medicina en la UABJO, y Keherly, aún en el bachillerato del Cobao, sólo reconocen el trabajo profesional de la doctora Ana Julia Rodríguez Payán, del Hospital de Especialidades, quien operó y salvó a su padre, aunque lamentan que les hayan suspendido el servicio de ambulancia para trasladar a emeterio ante el médico.

Indican que la Secretaría de Salud les proporciona algunos medicamentos, pero otros que son caros o no hay en existencia tienen que comprarlos ellos.

Admiten también que el Gobierno del Estado les proporciona una ayuda alimenticia de 200 pesos diarios, por lo que cada mes les entregan unos seis mil pesos, que sin embargo son insuficientes para comprar lo que necesita Emeterio.

Así, a punto de cumplirse un año de la golpiza a Emeterio Marino y la represión gubernamental contra la APPO-Sección 22 del SNTE, Karen y Keherly, al igual que su madre Hilaria, siguen pidiendo justicia.

Afirman que "la familia de Emeterio no ha negociado, ni va a negociar", y acusan directamente al gobernador Ulises Ruiz de ser el autor intelectual de la agresión a su padre, "porque él manda a los policías y, como tal, exigen sea castigado"

Para Recordar: Hace tiempo hicimos un seguimiento al Caso de Hemeterio Cruz. Hoy es un gusto verlo más repuesto de la represion de Ulises Ruíz Ortíz. Un abrazo a su familia y a todos sus amigos. Les dejamos el video de aquellos momentos doroloros:



::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::

Criminalizar la protesta social, el pan de cada día

Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión

Blanche Petrich /II

Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.

Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.

Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.

El fracaso de la política

En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protagonizó uno de los procesos de disidencia más significativos de los últimos años. Durante meses, las barricadas en la capital estatal y las huelgas del magisterio y de las organizaciones que se sumaron masivamente a la protesta pusieron en jaque al gobierno de Ulises Ruiz. Pudo haber sido, según definió el líder zapoteco Joel Aquino, “la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca; la última gran batalla contra el sistema autoritario”. Pero no fue.

En el momento más crítico del proceso se entabló un diálogo para una salida política. Pero otra negociación paralela y secreta, al más alto nivel de la política, decidió salvar al cuestionado gobernador oaxaqueño a cambio de poder concretar la imposición del panista Felipe Calderón en la Presidencia. Con este pacto la posibilidad de una salida pacífica se derrumbó. Las armas y los toletes, bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública –hoy procurador general–, Eduardo Medina Mora, entraron en escena.

La intervención violenta de la Policía Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acción descontrolada de “escuadrones” informales bajo las órdenes de autoridades estatales, provocaron, además de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas cárceles “a más de 500 personas”, según estimaciones de Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.

“Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia física y síquica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la población, fueron las características predominantes” de la “solución de fuerza” al conflicto oaxaqueño, según denunció en un informe especial la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.

El primer aviso fueron los ataques a las barricadas de Santa María Coyotepec y Santa Lucía del Camino, el 27 de octubre del año pasado. Participaron autoridades municipales, varias corporaciones del estado y agentes paramilitares. Ese día fueron asesinados cuatro maestros y un periodista, el estadunidense Brad Will; resultaron heridas decenas de personas y cayeron presos 20 maestros, algunos con graves lesiones. Después vinieron el avance de la PFP hacia el zócalo, el 29 de octubre, un nuevo embate el 10 de noviembre y la ofensiva final, el 25 de noviembre. En ese lapso resultaron detenidas, golpeadas y torturadas cientos de personas que fueron repartidas en los penales de Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Ejutla, Etla, en los separos de la PGR en la capital y en el penal federal de Nayarit. Además fueron arrestados ocho extranjeros y expulsados cuatro.

A pesar de que los detenidos no tuvieron acceso a una defensa justa, a que las autoridades médicas y humanitarias fueron omisas al certificar las lesiones de decenas de presos y a que los indígenas no tuvieron acceso a intérpretes, el Estado se desistió de la mayoría de las averiguaciones previas. Actualmente quedan siete presos relacionados con la APPO, entre ellos los hermanos Flavio y Horacio Sosa.

El primero, integrante de la dirección de la APPO, y su hermano fueron detenidos a principios de diciembre en el Distrito Federal. Se les internó en el penal del Altiplano, en Almoloya. Posteriormente fueron trasladados a Ixcotel, en Oaxaca. Son acusados de despojo agravado, por la ocupación de la radio y televisión del gobierno estatal –delito por el cual acaban de recibir un amparo–, privación ilegal de la libertad y robo a dos policías, sedición, asociación delictuosa y daños por incendio. Su defensa alega que todos “son delitos fabricados”.

Al margen del conflicto popular-magisterial de 2006, en Oaxaca hay 14 presos relacionados con conflictos electorales y la defensa de autoridades indígenas: siete de Santo Domingo Teojomulco, tres de San Isidro Aloapam y cuatro del Consejo Ciudadano de Xanica. Adicionalmente permanecen los 12 presos de San Agustín Loxicha, autoridades comunitarias presas en el contexto de la militarización de la región en 1996, que no alcanzaron la amnistía decretada por el ex gobernador José Murat por tener en su expediente causas del orden federal.

Para describir el panorama de la represión en Guerrero, apunta Barrera, de Tlachinollan, basta con seguir la ruta del movimiento popular. “Donde quiera que haya organización, protesta, defensa de los derechos humanos, movilización o bloqueo de caminos hay represión, arrestos irregulares y órdenes de aprehensión”. Los campesinos de La Parota, los ecologistas de Petatlán, los trabajadores despedidos del INEGI en Chipancingo, las autoridades comunitarias de Xochistlahuaca, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa… todos han sufrido persecución”.

Así, los pueblos me’pha realizaron en febrero y julio bloqueos en la carretera Tlapa-Metlatónoc para exigir un camino rural y mejoría en las condiciones de educación en su lengua. En consecuencia, su líder Cándido Félix está preso y cuatro más tienen órdenes de aprehensión. En tierras amuzgas, David Valtierra, Genaro Cruz y Silverio Matías han sido presos y están libres bajo fianza por defender el derecho a un gobierno propio. Once más tienen órdenes de aprehensión. Lo mismo ocurrió con otras dos autoridades de El Camalote, Ayutla de los Libres. Docenas de campesinos que se oponen a la deforestación de Petatlán y la construcción de la presa La Parota han pasado por la cárcel. El episodio más reciente fue el arresto –y posterior liberación– de Cirino Plácido, fundador de la policía comunitaria de San Luis Acatlán.


::Apoyando al Peje en 2007::

El Estado cerró las vías pacíficas al pueblo: Sosa

Apostó por la represión, afirma el líder de la APPO

Cancelar el diálogo, grave error y torpeza de Calderón, dice

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO (CORRESPONSAL)

San Juan Bautista Cuicatlán, Oax., 26 de agosto. Al apostar por la represión y politizar las instituciones, el Estado mexicano cierra las vías pacíficas al pueblo, que reclama atención a sus demandas sociales, afirmó Flavio Sosa Villavicencio en la primera entrevista que ofrece desde su detención, ocurrida el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México.

“Cancelar el diálogo es un grave error y una torpeza de (Felipe) Calderón, que le va a pesar, porque no habrá transición si no se solucionan las demandas del movimiento magisterial y popular”, sostuvo. Destacó que está preparado para seguir en la cárcel hasta obtener su libertad, no por una negociación con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, “sino por la fuerza del movimiento magisterial y popular. No voy a negociar nada; no he cometido ningún delito y tarde o temprano saldré libre”, señaló. Asimismo, retó al gobierno estatal a mostrar al menos una prueba de su culpabilidad en los seis procesos abiertos en su contra.

“Quiero que me demuestren que tengo alguna responsabilidad; todas las acusaciones son de supuestos testigos que dicen que oyeron que alguien dijo que yo había participado”, agregó.
En la cárcel de este municipio, donde llegó con su hermano Horacio el pasado día 15, después de ocho meses y medio de reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sostuvo que la determinación del Estado mexicano para reprimir y utilizar a las instituciones para la negociación política, pone a la lucha pacífica contra la pared y sin ninguna oportunidad de alcanzar atención a sus demandas.

“Fuimos a hablar con (la Secretaría de) Gobernación, recurrimos al Senado, pero no avanzaron el diálogo ni el procedimiento de desaparición de poderes, porque el PAN y el PRI negociaron el reconocimiento de Calderón a cambio de mantener a Ulises en la gubernatura.

“Y cuando asume (Calderón) la Presidencia y vamos a buscar la interlocución, se nos encarcela. Así, opta por una salida de fuerza, por la represión y el encarcelamiento de quienes vamos por la vía pacífica. Esto es peligroso, porque no se está dejando ninguna salida al pueblo. Y en nuestro caso quedamos como rehenes de Calderón y de Ulises”, añadió.

Consideró que el Estado mexicano “desató una brutal persecución contra el pueblo de Oaxaca. Se torturó y encarceló a muchos oaxaqueños sin haber cometido delito alguno. Y en un caso inédito para la historia reciente del estado, otros fuimos enviados a penales de máxima seguridad del estado de México, Nayarit y Tamaulipas, por alzar la voz solamente”.

Afirmó que los gobiernos federal y estatal “se ensañaron” en su contra, de su familia y de sus compañeros cercanos, por “decir las cosas como son y no ocultar el rostro. La decisión para la detención (junto con su hermano Horacio, Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, los dos últimos recién liberados) fue al más alto nivel, pero con grandes irregularidades. Los policías nunca nos mostraron ninguna orden de aprehensión; incluso cuando estábamos en la Procuraduría General de la República, frente a nosotros estaban recibiendo por fax el oficio de colaboración de la procuraduría de Oaxaca, para poder cubrir el trámite de nuestra detención.

Un periodista del New York Times me preguntó en noviembre del año pasado: ‘¿después de la entrada de la Policía Federal Preventiva, qué sigue?’ Y le respondí que tenía dos caminos, la muerte o Almoloya, y fue lo segundo, pero bueno, eso imaginé que sería para mí, nunca para mis hermanos, que no tienen nada que ver con el movimiento. Erick es bombero del aeropuerto de Oaxaca, y fue torturado y llevado hasta el penal de máxima seguridad de Matamoros; Horacio andaba acompañándome en la ciudad de México y lo envían conmigo a Almoloya, donde el trato es inhumano, humillante y degradante, sin que ninguno de nosotros haya incurrido en un delito federal”.

–¿Vale la pena tanto sufrimiento por una causa?

–Claro que vale la pena. Mi familia y la familia de otros han sufrido cosas terribles, acoso, persecución, pero si la lucha es por un cambio, vale la pena pasar tantas cosas. No podemos olvidar la muerte de tantos compañeros, como José Colmenares, Lorenzo San Pablo, Alejandro Hernández, los indígenas triquis, y tantos torturados de las barricadas.

–Su detención tenía aparentemente la finalidad de descabezar al movimiento magisterial y popular, por ser uno de los miembros más visibles del consejo estatal de la APPO, pero no ocurrió así.

–Efectivamente, Calderón y Ulises Ruiz pensaron que con detenerme iba a sufrir un duro golpe el movimiento, pero no fue así porque la APPO no es un movimiento de dirigentes, sino del pueblo, con demandas justas y legítimas.

“La APPO representa una causa histórica contemporánea, una bandera en Oaxaca que han levantando muchísimas personas ante tanta pobreza, marginación, injusticia e impunidad, así como por tantos gobiernos frívolos, insensibles e ilegítimos. A pesar de la gran represión la gente mantiene viva la esperanza del cambio”, acotó.

Flavio Sosa reiteró que seguirá resistiendo en prisión, porque no piensa negociar su excarcelación con el gobierno de Ruiz Ortiz. “No me interesa, porque mi hermano y yo, así como los demás presos del movimiento, somos inocentes. Si vamos a salir ha de ser por la fuerza del movimiento y por el trabajo de los abogados. Y cuando suceda eso no saldré con ninguna condición, mucho menos a guardar silencio. Cuando el movimiento nos ponga en la calle caminaré tranquilamente, porque no tengo nada de qué avergonzarme”, apuntó.

–Pero en los seis procesos penales que se le han instruido se le acusa de muchos delitos, algunos graves.

–Me han acusado de muchas cosas; de la toma del Canal 9, cuando fue un acto reivindicado por mujeres sin que yo haya participado; me acusan de la toma de las oficinas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, sin que haya tenido nada que ver; me acusan de haber secuestrado a unos policías ministeriales que entraron a mi casa a matarme, sin tampoco estar relacionado, porque eso estaba pasando mientras hacía la denuncia ante la prensa en el zócalo.
“No somos delincuentes”, concluye.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

Arte oaxaqueño en resistencia por las calles de la colonia Polanco

Desde el blog La Lampara de Diogenes tomamos esta nota (mas imagenes aqui)


Como un acto de resistencia, varios colectivos de artistas estencileros oaxaqueños arribó a la Ciudad de México para plasmar su arte en algunas vallas de las calles de la colonia Polanco en la delegación Miguel Hidalgo.

Poco después de las seis de la mañana de este domingo, el grupo de resistencia civil pacífica se citó en el hemiciclo a Juárez para apoyar a los jóvenes artistas plásticos de Oaxaca, quienes utilizaron la técnica del esténcil para plasmar en su obra la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Del hemiciclo la resistencia partió, algunos en automóviles particulares y otros en transporte colectivo, hacia el primer objetivo. Los estencileros cubrieron los anuncios con sus obras, mismas que realizaron la noche anterior, sobre las vallas instaladas ilegalmente en esa demarcación. -Es una ofensa mayor, es mucho más violenta la imagen que ofrece Camel o Coca -Cola que la acción que estamos realizando, que es totalmente pacífica.-comentó Jesusa Rodríguez. También comentó que esos anuncios pagaron por estar ahí pero la empresa que los colocó no tiene permiso para hacerlo, son ilegales, por lo que la resistencia y el grupo de artistas decidió colocar un poco del arte urbano que se vive en estos momentos en la ciudad de Oaxaca

Esta intervención sobre los anuncios forma parte de la obra “En Oaxaca, las paredes hablan.” Es una exposición temporal, probablemente de pocas horas, así que si eres chilango y a favor del movimiento de la APPO puedes acudir a la colonia Polanco y ver la obra en las esquinas de:

- Tennyson y Luis G. Urbina
- Emilio Castelar y Goldsmith
- Masaryk y Goldsmith
- Julio Verne y Reforma (obelisco a Simón Bolívar)

Opinión - Guillermo Almeyra

Oaxaca y el viento del sur

La Jornada

En mi lejana juventud, cuando uno se tropezaba con la negra figura de un cura ensotanado por la calle, aparte de agarrarse rápidamente los genitales para salvarlos (las mujeres, más discretamente, se llevaban las manos al pecho), se precipitaba en búsqueda de la primera reja o artefacto de hierro que tocar, no fuera cosa que...

Por supuesto, éramos primitivos, groseros y supersticiosos. Pero no pendejos ni inconscientes o desprevenidos. Porque, en el fondo, si esos curas entonces franquistas y fascistas andaban por la calle, ocupando el medio de la acera, era porque había un poder que los apañaba y una parte importante de la población que los sostenía. Y, por tanto, el símbolo hacía sonar de inmediato la campana de alerta ante el peligro.

¿A qué viene esto? Al hecho de que los peligros se anuncian siempre, para las personas y para las clases, aunque tanto unas como otras no siempre quieran o sepan interpretar las advertencias. Así le sucedió a Don Porfirio, que creyó que podría seguir matando y vendiendo yaquis como esclavos o asesinando mayas, y que podría hacer cualquier cosa mientras controlase sus fuerzas represivas, ya que el pueblo mexicano, para él, cedía ante el rigor. Las huelgas, los levantamientos indígenas no fueron vistos desde el Palacio como las primeras burbujas de un agua a punto de ebullición, sino como asuntos policiales que se resolvían matando, torturando, desapareciendo, haciendo escarmientos colectivos para aterrorizar a todos con todas las fuerzas de la Santísima Trinidad (Ejército asesino de compatriotas, policía feroz al servicio de los caudillos, justicia corrupta de los potentes para oprimir y reprimir a quienes quieren ser ciudadanos, y no esclavos).

En la vida social, como en la naturaleza, la temperatura no sube repentinamente de 0 grados a 100, sino que pasa por fases intermedias, en un proceso gradual cuyos saltos relativamente bruscos son el resultado del hecho de que un régimen caduco eleva, con su misma represión, la conciencia social colectiva sobre su carácter vil, inaceptable, anacrónico. Los vientos anuncian tempestades. Sólo quien desprecia profundamente la capacidad de comprensión, de adquisición de conciencia, de movilización y reacción de los más explotados en este país con 80 por ciento de pobres, puede permanecer impasible ante las advertencias que le hace llegar la némesis histórica (o sea, la gradual y continua construcción, en las conciencias y en los hechos, de las bases para una alternativa).

El "innombrable" mataba cientos de luchadores sociales y después decía de los dirigentes políticos de éstos "ni los veo ni los oigo". Frente a las advertencias, primero de Chiapas en 1994, y después de Atenco y Oaxaca, sólo puede permanecer impasible gente que no tenía cash para una pobre señora indígena mientras regalaba los ferrocarriles a las transnacionales, o que daba como perspectiva a los mexicanos ir a trabajar de jardineros al extranjero (y mandar las remesas para que él pudiera vivir aquí como hacendado). Las llamadas burguesías nacionales fueron barridas por la mundialización dirigida por el capital financiero. Para las clases gobernantes, lo esencial es satisfacer al capital financiero internacional, con el cual están entrelazadas, y no el mercado interno, la política en el país, hacia el cual no miran y no escuchan. Por eso quienes están momentáneamente en el gobierno pueden ignorar las consecuencias inmediatas y futuras del hecho de que más de medio país considera que el régimen es ilegítimo, que la justicia es corrupta y es parcial, que los delincuentes de todo tipo no pueden combatir la delincuencia de la que obtienen pingües privilegios.

La subsistencia del zapatismo chiapaneco y, sobre todo, de las juntas de buen gobierno, a pesar de los innumerables errores y carencias de Marcos y del grupo en que se apoya éste y que dirige la otra campaña, indica que hay un problema de fondo que sólo un gobierno no capitalista puede resolver: el de la igualdad de los indígenas, el de sus derechos y sus tierras, el de la real democratización del país, con la autonomía, el federalismo real, la autogestión. Si lo de Atenco persiste también es porque el gobierno prefería consultar a los patos antes que a los campesinos y porque la resistencia va más allá de la simple defensa -sacrosanta- de la tierra, y abarca el campo de la justicia violada, el del racismo, el de las arbitrariedades cometidas contra gente que es considerada inferior e incapaz de reacción, "perdedores", como dicen los gringos. Hay que ser sordo e incapaz, como lo es Calderón, para no hacer saltar a Ulises Ruiz y ganar así años de negociaciones con el pueblo de Oaxaca, y ciego para no ver que éste, pese a la terrible represión condenada mundialmente, y de sus costos en vidas y sufrimientos, se mantiene en pie desde hace casi 500 días de continua lucha y se mantendrá aún por el tiempo que sea necesario y que las olas sociales (Chiapas, Atenco, Oaxaca) se alimentan y refuercen unas a las otras. La derecha clerical mexicana no es moderna y está cegada por su racismo y su desprecio por el país real. Cree que podrá parar los procesos sociales combinando el apoyo de los charros con el de la policía, y la compra de legisladores del PRD. Pero el viento que sopla desde Oaxaca, desde esa ruptura con el régimen que se ha dado en la cabeza de la gente y la ha conducido a establecer rudimentos de su propio poder, se filtrará por todas las grietas de los muros represivos.

La conclusión elemental no es esperar ganar las próximas elecciones para que las roben nuevamente (aunque habrá que decidir caso por caso, cuándo conviene participar en comicios y cómo hacerlo). Por el contrario, hay que unir todas las fuerzas sociales no capitalistas superando divisiones y sectarismos para hacer una gran fuerza nacional y social, con un programa que dé forma a esperanzas y reivindicaciones de los mexicanos oprimidos o explotados.

Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos

Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos, dudo que lo haga pues PERRO NO COME PERRO.

El 16 de julio hubo excesos contra los manifestantes de la APPO, sostiene Vivanco

Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos

VICTOR BALLINAS

Human Rights Watch (HRW) urgió al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a realizar "una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por policías contra integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 16 de julio".

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, sostuvo que si Ulises Ruiz está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, "debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados".

Refirió que el pasado lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la APPO, se produjo una "violenta" confrontación con agentes municipales y estatales. "La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y ambos grupos lanzaron piedras".

Sin embargo, aseveró, HRW ha recibido informaciones creíbles de que la policía realizó detenciones arbitrarias, arrestó a personas que se encontraban en coches y autobuses, y golpeó a los detenidos. Leer más

Opinión - Jose Gil Olmos

La sonrisa de Ulises

Proceso

México, D.F., 24 de julio (apro).- Ulises Ruiz tiene una sonrisa que en Oaxaca no contagia, sino que molesta. Es cínica e impúdica. Luego de 500 detenidos, 23 muertos y decenas de heridos en el conflicto social más largo que ha tenido el país en los últimos años, el gobernador priista sigue sonriendo; pero es tal el rechazo que provoca su actitud que ahora ya le llaman “El carnicero de la Antequera”.

Ulises Ruiz tiene una biografía poco envidiable entre los políticos mexicanos: La mayor parte de su obra está en los subterráneos de la política electoral, siempre de la mano de Roberto Madrazo, a quien le ha servido de operador político e incluso de suministrador de recursos. De hecho, es por esto que, se asegura en Oaxaca, está en problemas, porque una gran parte de los recursos del estado los desvió para apoyar la campaña presidencial de Madrazo y también para pagar una parte de la nómina del PRI en el 2005 y 2006.

La especialidad de Ulises Ruiz ha sido el fraude electoral y desde que fue delegado del PRI, entre 1982 y 1989, sirvió de operador en elecciones en las que Madrazo ha sido el responsable, como la de Michoacán, en 1989, cuando se le escatimó la victoria al PRD. Luego, en 1994, Ulises Ruiz le hizo el trabajo directo a Madrazo y le ayudó a ganar la gubernatura de Tabasco.

Es a partir de 1994 cuando su carrera política sube como la espuma: en 1996 lo nombran secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI; luego, diputado federal, de 1997 al 2000. Posteriormente, senador de la República, desde donde salta para ser candidato y gobernador de Oaxaca.

Como legislador nunca brilló, a pesar de haber participado en las comisiones de Recursos Hidráulicos, Justicia, y en la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. No se recuerda que haya hecho ninguna propuesta de reforma significativa. Imposible que lo hiciera, su fuerte siempre fue el fraude electoral.

Su incapacidad como gobernante quedó demostrada inmediatamente desde que llegó a Oaxaca en el 2004. En los dos primeros años, organizaciones de derechos humanos registraron 27 muertos por conflictos agrarios, así como decenas de detenidos.

Formado fuera de Oaxaca, aunque nació en Chalcatongo en 1958, Ulises Ruiz mostró muy pronto su insensibilidad cuando cambio el Zócalo de la capital –símbolo de identificación– y mandó a retirar árboles centenarios. Esta acción irritó a los oaxaqueños y fue parte de los inicios del conflicto que hoy vivimos.

En mayo del 2006 trató de engañar a los maestros en las negociaciones que tradicionalmente se repiten desde hace 20 años. Les prometió un porcentaje de aumento de recursos y al firmar el acuerdo resultó que era menos. Al mismo tiempo mandó a desalojar el Zócalo y ahí empezó a surgir la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un movimiento social en el que confluyeron sindicatos, estudiantes, colonos y campesinos de la entidad en contra del gobernador.

A 14 meses de que iniciara el conflicto social, el saldo es el siguiente: 23 personas muertas, cerca de 600 detenciones arbitrarias –en los que 41 personas siguen presas y 200 más están libres bajo fianza aunque sujetas a un proceso penal--, más de 50 casos de tortura, siete ataques a defensores de derechos humanos, e igual número de agresiones a comunicadores, así como dos desaparecidos.

Como nadie, Ulises Ruiz ha reprimido y dividido a la sociedad oaxaqueña. El conflicto ha penetrado en el seno de las familias, en el tejido social y tiene confrontados a los actores sociales. Pero esto poco le importa.

El lunes pasado el gobernador celebró como una victoria personal la celebración de las fiestas populares conocidas como la Guelaguetza, que no es otra cosa que un rito muy oaxaqueño que significa dar lo que uno tiene.

Si nos atenemos al significado de la Guelaguetza, Ulises Ruiz dio lo mejor de sí: un acto de represión previo del cual resultaron 40 detenidos y 50 heridos; anuncios de un fraude en las elecciones a diputados locales el próximo 5 de agosto; y el acarreo de miles de burócratas para llenar el auditorio donde se realizó el festejo. Es decir, un fraude. Todo con una sonrisa burlona. La sonrisa de Ulises.

Los últimos reportes sobre Oaxaca

Concluye sin incidentes la Guelaguetza y marcha magisterial en Oaxaca

El auditorio del Cerro del Fortín se llenó a su máxima capacidad. A las 17:00 horas será la segunda función de la fiesta de este día.

Oaxaca, Oax. Después de tres horas y media, concluyó la Guelaguetza 2007 en el auditorio del cerro del Fortín, donde se dieron cita 45 delegaciones de las ocho regiones del estado, las cuales representaron bailes de sus sitios de origen.

Lo colorido de la música y de los vestidos típicos de los participantes, además de su entusiasmo, contrastó con el fuerte dispositivo de seguridad dentro y fuera del foro, y que incluyó a uniformados preventivos del estado, municipales, ministeriales, y de la bancaria e industrial.

Luego de que la Guelaguetza se suspendió hace un año, por el conflicto político-social, hoy lunes los asistentes disfrutaron por un momento del festejo, de los jarabes, de los sones, de las chilenas y las coplas de los participantes de la región de la Costa.

El auditorio del Cerro del Fortín se llenó a su capacidad. Desde temprana hora, campesinos ocuparon la Sección D del recinto, la última; mientras que las de abajo, la C y la B, se ocuparon de habitantes de la ciudad y la A, de invitados y turistas. Leer más

Comento: Me llamó la atención el último parrafo de la nota. Recordemos que la Guelaguetza tiene origen en 1932 como un festín racial en homenaje a los pueblos indios de la región de Oaxaca, fue incentivado como modo de solidaridad después de un terremoto que a propósito hoy hubo un sismo de cerca de 4 grados Rer. en Oaxaca.

Los últimos son los campesinos, en el gallinero o gayola quienes se suponen son los principales grupos de festejados digamos así, en la sección C Y B "los habitantes de la ciudad" es decir los sectores populares, entre ellos agentes de la superestructura. Y taraán. En primerísima fila "invitados y turistas"; es decir políticos de la cúpula Oaxaqueña, burócratas acarreados por URO y uno que otro turista de élite despistado que disfruto de la frívola celebración y dejó dinero.

Pregunto, ¿dónde hijos de la chingada está lo popular de la celebración?. Lo bueno es que hasta ahora se ha evitado la violencia.

Tensión en Oaxaca.

Audio del comunicado de prensa.

Escucha y distribuye este audio, los medios alternativos y sociales debemos cerrar filas en torno a la amenaza que significa la Guelaguetza comercial-oficial pues su defensa es la excusa del gobierno de URO y Felipe Calderón para reprimir y comenzar con una nueva hola de genocidio y desapariciones forzadas en la entidad, es tiempo de SOLIDARIDAD.

Muy recomendable el artículo que publica hoy la Jornada de Jaime Avilés. Mantenganse alerta.

“Estamos luchando por un gobierno basado en la autonomía y opuesto a los partidos políticos”

Entrevista a César Luis Díaz, detenido por el Gobierno de Oaxaca y miembro de CODEDI y del Consejo Estatal de la APPO.

Por : Sergio de Castro Sánchez.
La estrategia de violencia y represión ejercida por Ulises Ruiz en el Estado de Oaxaca tuvo su pistoletazo de salida en 2005 en la comunidad de Santiago Xanica en donde, tras imponer a su Presidente Municipal y con el fin de fortalecer su posición frente a quienes exigían el cumplimiento de la ley, provocó un acción violenta en la que la policía se enfrentó con armas de fuego a miembros del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) mientras realizaban un "tequio" (trabajo comunitario). El resultado de la agresión fue el de tres heridos graves que posteriormente serían acusados de homicidio calificado e intento de homicidio, lo que les mantiene actualmente en prisión. El último acto de represión en contra de la organización indígena ha sido la detención de César Luis Díaz, miembro también del Consejo Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en donde CODEDI siempre ha defendido una posición que busca en las tradiciones políticas asamblearias indígenas una alternativa a las elecciones y a los partidos políticos.

- ¿Cuales son las circunstancias bajo las que se produce tu detención?

- El día 18 de junio, me encontraba en la comunidad de Santiago Xanica después de participar en la megamarcha del 14 en Oaxaca convocada por la APPO, desde donde ya había una consigna del gobierno del Estado en contubernio con el Presidente Municipal, Sergio Antonio García Cruz, de apresarnos por el simple hecho de estar organizados, por estar colaborando con la APPO y sobre todo porque se acercan las elecciones. Ese día yo me encontraba en una tienda del centro de la comunidad cuando uno de los regidores, de nombre Joaquín González, llega acompañado de la Policía Preventiva del Estado, y me señala a la policía. De ahí me esposan sin mostrarme ninguna orden de aprehensión ni nada por el estilo. Después me suben a la camioneta, en donde me empiezan a intimidar y a torturar psicológica y físicamente. Al salir de la comunidad de “siembran” una pistola. Desde Xanica a Bahías de Huatulco, durante el camino de aproximadamente dos horas y media me golpean, me patean, me golpean con la culata de sus armas y me dicen que iba a conocer la ley, que se iban a meter con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, y que me iban a arrojar a un río. Durante el trayecto me amenazan para que renunciara a la APPO e inclusive a mi organización ya que el gobierno del Estado me tenía fichado e incluso en sus manos, por lo que querían que yo cooperara.

Al llegar a una de las celdas de Bahías de Huatulco me llevan al Ministerio Público en donde me denuncian de amenazas, resistencia civil y portación de arma de fuego, lo cual es un delito federal. Me devuelven a la celda y tras sacarme de nuevo me obligan a agarrar la pistola. Sin embargo yo me resistí y de esa resistencia me golpearon pues yo les decía que el arma no era mía, por lo que no podía agarrarla para que la utilizaran como evidencia o prueba. Entonces me amenazaron con meterme una bolsa en la cabeza para ahogarme y que agarrara el arma. Aguanté como una hora en esa tortura. Después ellos mismos se convencieron de que yo no iba a colaborar y me dejaron.

Posteriormente me trasladan a Santa María Huatulco, en donde paso la noche. El 19 me acusan de homicidio calificado, tentativa de homicidio, resistencia civil, amenazas y portación de armas.

Afortunadamente gracias al movimiento, la APPO, el magisterio, y a la presión a nivel nacional e internacional tuve apoyo lo que influyó a conseguir mi libertad por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Sin embargo quedé bajo fianza de los otros tres delitos, por lo que se pagó 30.000 pesos para poder salir en libertad y bajo los cuales me encuentro bajo proceso en estos momentos.

- Los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, ¿a qué se referían?

- Esos delitos se refieren a los hecho ocurridos en el 2005, cuando a algo más de un mes de llegar Ulises Ruiz al Gobierno, manda a masacrar a nuestra organización por estar exigiendo el respeto, la justicia y la democracia y sobre todo la autonomía de una comunidad indígena como es Xanica. Fueron dos patrullas que balacearon a los compañeros, tres de ellos gravemente heridos (Abraham Ramírez Vázquez, Juventino García Cruz y Noel García Cruz), quienes hasta hoy se encuentran encarcelados injustamente. Para justificar esto el Gobierno del Estado siembra una muerte de un policía y varios heridos, de lo cual también se me acusaba a mi.

- ¿Cuales son las razones por las que se ha elegido este momento para detenerte?

- La razón es por ser un Concejal de la APPO a nivel de la región Costa y porque estamos tejiendo las alianzas fuertemente con el magisterio, con las organizaciones de la región, y como es un centro turístico al gobierno no le conviene que la organización crezca en esa región, lo que iría contra los intereses de los grandes empresarios. Además se acerca la elección de los presidentes municipales en la región y el priísmo quiere de nuevo imponer a su presidente del PRI.

- Porque vosotros estáis luchando por la instauración de un gobierno basado en los usos y costumbres...

- Así es. Un gobierno que sea elegido por el pueblo, que tenga autoridad moral por haber servido según las leyes de nuestro pueblo. Y esto al gobierno no le conviene porque son leyes basadas en la autonomía que nos ha regido desde siempre, opuesta a los partidos políticos, y que no permite la introducción del estado. De ahí que no le convenga al Gobierno.

- ¿Y por que a ti se te han retirado los cargos de homicidio calificado y tentativa de homicidio y no a tus compañeros en prisión?

- A mi me ha liberado gracias al movimiento, del Magisterio y la APPO y a la presión nacional e internacional. Muchos se pronunciaron a mi favor. Y eso da una lectura política para el Estado, ya que se pone en evidencia una vez más cómo se cometen injusticias aquí, cómo son las detenciones arbitrarias a los luchadores sociales cuando solamente se exige la justicia, una democracia real, una vida mejor para los ciudadanos. Y mis compañeros son solamente rehenes políticos para que nuestra organización esté atada y no pueda avanzar más. El que se haya dicho que yo soy inocente demuestra que los demás también lo son.

- ¿En que condiciones está en estos momentos su proceso judicial?

- En estos momentos todavía no ha terminado el juicio y están esperando la sentencia. De ahí nos iremos al amparo y si no se hace justicia iríamos a algún organismo internacional.

- ¿Cual es la situación actual en Santiago Xanica?

- Actualmente Xanica se encuentra bajo un cerco formado por diferentes policías e incluso por militares situados en diferentes retenes. Andan también rondando por la comunidad para intimidar a la población. En estos momentos hay consignas de acabar con nuestra organización. También hay más órdenes de aprehensión en contra de más compañeros. Pretenden hacer una detención escalonada para acabar con nuestra organización.

Opinión - Enrique Mendez

Plaza Liberación

Charro de Jalisco

Impunidad, la línea al PAN

Jornada Jalisco

El gobernador Emilio González Márquez anda muy contento con el nuevo estilito de gobernar que, él cree ingenuamente, le genera más simpatías entre la población, pero que lo acerca más a los barbarismos de su antecesor Francisco Ramírez Acuña y reedita las guasas del foxismo, nada más que un poco más corrientes.

Tal vez a él no le importe –“who cares?”, dijo repitiendo el cinismo gringo– de qué cuenta salieron los 67 millones de pesos para pagarle a Televisa, pero sí a la gente que paga sus impuestos, sobre todo si –como se ha denunciado– el dinero fue tomado cínicamente del presupuesto destinado a la atención a grupos vulnerables. Y, con ese lance, buscó imponer un manto de oscuridad sobre la partida de la que salió el cheque para Emilio Azcárraga. Es decir, igualito que Paco el Opaco. O, para utilizar su propio lenguaje, Paco reloaded.

En su obnubilación, el gobernador cree que al retar al Congreso a revisar sus cuentas y hacerlo con la frase “aquí está su charro” incrementará su popularidad, como si se tratara del malo de la película que, pistola en mano, dispara al aire en el Tenampa para amedrentar a los parroquianos y se “gana”, así, el respeto de una sociedad atemorizada.

Ya lo dijo, además, que lo suyo, lo suyo, lo suyo, es la imagen. Así que, el mandamás del Palacio de Gobierno se fajó sus pantaloncitos y pagó seis y medio millones de dólares a Televisa para que el nombre de Jalisco estuviera 20 segundos en horario triple A, en el espacio de noticias, y a él un insert de 15 segundos en el Canal de las Estrellas presentándose ante un auditorio juvenil con una cachucha ridícula, remedo de Azcárraga.

Qué caro le salió a Jalisco que su gobernador jugara futbolito en la estafa de Televisa a los universitarios.

Posiblemente para el populismo de Emilio González esa cifra sea una bicoca, sobre todo porque no se trata de recursos que haya pagado de su bolsa. Además, si él no firmó el cheque, ni siquiera sería sujeto de responsabilidad.

No es, sin embargo, el único al que se le podría atribuir el desvío de recursos públicos. No sólo peca el que mata la vaca, y la mayoría parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado, a la que le correspondería fiscalizar el buen uso del presupuesto del estado, impidió que se le citara a comparecer para que explicara el origen de los recursos y justificara, si ello fuera posible, el gasto.

Se trata de un gesto para encubrir al charro gobernador, en un ejercicio netamente autoritario, que de haber sido ejecutado en tiempos de la dictadura priísta habría provocado que los panistas pusieran el grito en el cielo. Nada más que ahora se trata de encubrir las irregularidades del gobierno blanquiazul.

Esa misma bancada panista es la que se apresta a aplicar la aplanadora para el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que de darse en el actual ombudsman Carlos Manuel Barba García, dejará una carga que le impediría actuar en la violación a los derechos humanos a lo largo del actual gobierno, ya no digamos en revisar el pasado reciente.

Porque el manoseo panista en el proceso para elegir o reelegir al presidente de la CEDHJ no puede desligarse de la demanda social por revisar la violación a las garantías individuales de altermundistas en la protesta de mayo de 2004, en el mandato de Ramírez Acuña, pero que involucran al ex alcalde de la capital.

La cuestión es si, reelecto por la mayoría panista con línea desde el Palacio de Gobierno, Barba García podrá manejar una línea independiente y cuestionar los abusos que pudieran cometerse por el charro con pantaloncitos, y reiniciar la investigación por la violación a los derechos humanos a la que Emilio González contribuyó como jefe de la policía de Guadalajara.

Y al paso que va el gobernador que en campaña prometió ser el Peje de Jalisco, los ciudadanos del estado comenzarán a extrañar a Ramírez Acuña. Y eso ya es mucho decir.

Del archivero

En Gobernación, ayer fue admitida la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el uso de la fuerza pública, en noviembre pasado, en contra de los maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El ombudsman consideró que la pasividad gubernamental permitió el abuso oficial en contra de los ciudadanos que exigen aún la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Admitido el documento, sin embargo, aún queda esperar que la administración de Felipe Calderón acepte que se cometió la violación a derechos humanos en esa entidad, y aceptar la recomendación implicaría admitir que su antecesor Vicente Fox permitió, por omisión, los asesinatos en la entidad y el desalojo violento del Zócalo, que hoy volverá a ser tomado simbólicamente por la APPO y la Sección 22 del SNTE. Como Fox, Calderón ha permitido que continúen impunes los abusos y, según Ruiz Ortiz, confirmó su asistencia a la Guelaguetza, en julio, celebración que será boicoteada por segundo año consecutivo por la sociedad oaxaqueña en resistencia.

• plazaliberacion@gmail.com

Recuerdan fallido desalojo de la policía estatal contra la APPO

Participan miles en manifestaciones y barricadas

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO

Oaxaca, Pax., 14 de junio. El humo de las llantas y la madera volvió a surgir desde importantes avenidas de esta ciudad una vez que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), especialmente la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), instaló unas 15 barricadas en los sitios donde el año pasado fueron asesinados varios activistas. Aunque se dijo que estas trincheras sólo estarían tres horas, al cierre de esta edición permanecían en un ambiente de fiesta.

Así culminó el día en que miles de maestros, integrantes y simpatizantes de la APPO recordaron el aniversario del fallido desalojo que la policía estatal intentó, el 14 de junio de 2006, contra el plantón que los maestros mantenían en el zócalo de esta ciudad, hecho que dio origen al movimiento que aún exige la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, demanda a la que se agregan ahora la libertad de los "presos políticos", la cancelación de órdenes de aprehensión y la atención a sus demandas.

La conmemoración empezó a las 4:30 de la mañana con la detonación de cohetes en el zócalo, en colonias y municipios de Oaxaca, así como con tañidos de campanas en distintos templos para recordar el llamado de auxilio de los plantonistas ante el ataque policiaco. Donde estuvo instalada la barricada de Brenamiel, por la salida a la ciudad de México, policías municipales detuvieron a Abraham Ramírez Santiago y Carlos Yahir, simpatizantes de la APPO, quienes más tarde quedaron libres.

A las 6 horas se izó la bandera nacional en las escuelas del estado y salió al aire nuevamente Radio Plantón, la voz del magisterio oaxaqueño, que el año pasado fue asaltada y destruida por la policía.

Después se realizó la manifestación y a las 17:30 horas se instalaron barricadas en los lugares donde fueron asesinados simpatizantes de la APPO, incluido el camarógrafo estadunidense Brad Will; otras en la colonia Jardín, frente a la estación de radio La Ley; avenida Símbolos Patrios, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y el canal 9 de Televisión, Camino a San Luis Beltrán; en la calle Netzahualcóyotl y en el municipio conurbado de Santa María Coyotepec, donde se ubica la casa de gobierno del estado.

En el crucero Cinco Señores, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde la policía desmanteló la última barricada en 2006, los manifestantes instalaron otra, que no estaba incluida en el plan de lucha, y retuvieron autobuses de servicio urbano y camiones de carga, uno con maquinaria pesada, para bloquear la circulación.

En la calle Calicanto, municipio de Santa Lucía del Camino -donde murió Brad Will-, más de 2 mil manifestantes colocaron piedras, láminas y llantas y atravesaron camionetas y un autobús en la avenida Ferrocarril, que fue cerrada a la circulación.

"Quienes pensaron que este movimiento estaba liquidado se han equivocado", afirmó Ezequiel Rosales Carreño, secretario de organización del magisterio, durante un mitin efectuado al término de la protesta en el zócalo, que se desarrolló sin vigilancia policiaca.

La manifestación salió casi a las 10 horas sobre la carretera Ciudad Alemán-Puerto Angel, en el crucero del aeropuerto internacional Benito Juárez, y después de más de tres horas de caminata arribó al centro histórico de la capital.

"¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!", "¡Presos políticos, libertad!", "¡14 de junio no se olvida, es de lucha combativa!", gritaron a su paso por las calles, entre otras consignas.

A la manifestación se sumaron representaciones de las secciones magisteriales de Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Valle de México y Durango, entre otros estados, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El dirigente de la sección 22 del SNTE expuso que el movimiento magisterial y popular "no cederá ni un palmo de terreno" en sus demandas, y seguirá protestando, "le pese a quien le pese, y aunque no le guste al gobierno federal. Nuestra exigencia de la salida del tirano (el gobernador Ruiz Ortiz) es irrenunciable", señaló.

Reclamó la excarcelación de todos los presos, "porque no cometieron delito alguno"; la cancelación de las órdenes de aprehensión contra miembros de la CNTE y de las organizaciones adheridas a la APPO, además de la entrega de las 188 escuelas ocupadas por priístas e integrantes de la recién creada sección 59 del SNTE. De 200 presos que llegó a tener el movimiento, quedan ocho; de 300 órdenes de aprehensión, aún permanecen 20, sostuvo Rosales Carreño.

Afirmó que exigen castigo a los autores materiales e intelectuales del fallido desalojo del año pasado, y mencionó entre éstos a Jorge Franco Vargas y Lizbeth Caña Cadeza, ex secretario general de Gobierno y ex procuradora estatal, ambos candidatos a diputados locales plurinominales por la Alianza que Construye (PRI y PVEM).

Felipa Cruz, en nombre del Consejo Estatal de la APPO, destacó que a un año del frustrado desalojo del plantón "hoy se mantiene viva la resistencia del pueblo" contra Ulises Ruiz, "quien está sostenido por el gobierno y las fuerzas federales para ostentarse como gobernador, a pesar de no tener el reconocimiento del pueblo".

Destacó que la coyuntura política "nos da muestra de que solos y dispersos, los diferentes esfuerzos nacionales" no lograrán contener las medidas neoliberales impuestas por Felipe Calderón, y llamó a la otra campaña, a la Convención Nacional Democrática, al Diálogo Nacional, a la Asamblea Popular de los Pueblos de México y a todos los esfuerzos progresistas "a concretar un referente nacional de lucha contra el neoliberalismo".

Opinión - Enrique Mendez

Plaza Liberación

Oaxaca a un año de la represión

Ulises, el segundo de Calderón

Jornada Jalisco

El próximo jueves se cumplirá un año del desalojo violento al plantón magisterial que, bajo la orden del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y por recomendación de su ex secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas, ejecutó la policía del estado.

Fue ése el arranque de un movimiento que tomó forma para exigir, mediante la constitución –en los días posteriores– de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la renuncia inmediata del gobernador, demanda que aún persiste pero que costó la vida a una veintena de personas vinculadas a la resistencia popular, decenas de detenidos por delitos inverosímiles como el de sedición, así como un número indeterminado de perseguidos políticos.

En los próximos días comenzará a circular el libro Oaxaca sitiada, la primera rebelión del siglo XXI, del reportero regiomontano Diego Enrique Osorno, quien fue uno de los enviados a cubrir el conflicto desde los primeros días de junio de 2006, y uno de los principales puntos de la edición se refiere a la forma en que Ulises Ruiz se ancló como gobernador, en una forma similar a la que lo hizo su mentor Roberto Madrazo Pintado en 1994, cuando Ernesto Zedillo quiso removerlo de la gubernatura de Tabasco.

La impericia e incapacidad del entonces titular de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, impidieron, a su vez, la caída de Madrazo, que se atrincheró. El avión en el que el enviado presidencial viajaba hacia Villahermosa ni siquiera pudo aterrizar. Camiones de la siempre fiel Confederación de Trabajadores de México se atravesaron en la pista.

Osorno revela cómo el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, por instrucciones del ex presidente Vicente Fox, buscó negociar la renuncia de Ruiz Ortiz, al enviar primero a los gobernadores de Nuevo León y del estado de México, Natividad González Parás y Enrique Peña Nieto, respectivamente, a convencer al oaxaqueño de dimitir.

Pero Ulises Ruiz los paró en seco, según el reportero a quien el vocero del gobernador, Héctor Pablo Ramírez, le confirmó la siguiente escena:

En una camioneta rumbo a Bucareli, Ulises Ruiz frenó a González Parás: “mire, gobernador, yo puedo resolver esto en 15 minutos. ¿Cómo? Imagine que le hablo a Andrés Manuel (López Obrador) y le digo: “lo reconozco como presidente legítimo de México”, que le hicieron fraude porque vaya si yo sé de elecciones y que quizá Madrazo también tiene dudas sobre la elección. ¿Sabe usted en cuánto tiempo me desocupa la APPO el Zócalo?”.

Así que cuando llegaron a la oficina de Abascal ya no había punto de negociación. Esa fue la ruta, denunciada desde octubre y noviembre del año pasado, que le impidió al gobierno de Vicente Fox y al equipo de transición de Calderón lograr la deposición del gobernador de Oaxaca, a pesar de que un grupo de elite de la Policía Federal Preventiva (PFP) documentó, por encargo de Ardelio Vargas Fosado, que algunos de los asesinatos cometidos contra activistas de la APPO habían sido ejecutados por grupos ligados al PRI y al gobernador.

El ex comandante policiaco, inclusive, recomendó a la PGR iniciar una serie de aprehensiones contra líderes priístas vinculados a Ruiz Ortiz, pero la administración foxista estaba atada al relevo presidencial y al reconocimiento del PRI hacia Felipe Calderón.

Ya se sabe que los grupos parlamentarios priístas hicieron el quórum para la ceremonia de toma de posesión, a cambio de que Ulises Ruiz se mantuviera en el cargo, a pesar de que se documentó la violación a los derechos humanos de los plantonistas.

Para Calderón, el oaxaqueño fue su seguro para asumir un gobierno que no ganó en las urnas. Y si Zedillo, en 1994, debió asegurar en un discurso que él y Madrazo gobernarían juntos hasta 2000, Calderón lo hará con el discípulo madracista al menos hasta 2011, cuando termine su periodo constitucional.

Del archivero

De la mano del caballero de la Orden de Malta y comendador de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, Roberto O’Farrill Corona, la Arquidiócesis de Guadalajara cuestionó este domingo –a propósito de la visita de Felipe Calderón a Benedicto XVI– la falsa religiosidad de Vicente Fox y, de paso, a reprobar su matrimonio, el 2 de julio de 2001, con Marta Sahagún, cuando la Iglesia nunca aprobó la anulación de sus respectivos enlaces previos. En su edición de ayer, el Semanario publicó el artículo El pulso del Papa –ya distribuido por la Conferencia del Episcopado a media semana–, en el cual asegura que la administración foxista buscó aprovecharse de la relación con los pastores de la Iglesia para, “en un pobre trueque”, obtener reconocimiento del pueblo católico mexicano.

Denuncia que Fox buscó hacerse de la benevolencia del clero pero, al mismo tiempo, “asistía a misa de la mano de su mujer (que era una mujer casada, como lo era él mismo, pues antes de llegar a Los Pinos así lo había dado a entender agregando que nunca jamás se casaría), y prometía a los obispos cumplir con las demandas que le presentaban aunque nunca las cumplió”.

El caballero de la orden papal recuerda que el fallecido “Juan Pablo II rechazó el encuentro personal con ‘la señora Marta’, y entonces la pareja intentó arrancarle una especie de aprobación en público, pero el Papa nunca la recibió para evitar el utilitarismo de su encorvada figura. Defendió la fe del pueblo de México, porque al Presidente nunca le importó ni la fe de los mexicanos ni la de su mujer, ni la suya propia”. Cuánta falta hizo una evaluación de ese corte cuando Fox aún era Presidente.

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Anuncia AMLO frente en defensa de Flavio Sosa

Solicitará apoyo a Rosario Ibarra y Bernardo Bátiz

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO

San Bartolo Coyotepec, Oax., 13 de mayo. Andrés Manuel López Obrador ofreció el respaldo del "gobierno legítimo de México" a Flavio Sosa Villavicencio, miembro del consejo estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, por "no ser un delincuente sino una gente de bien, que su único pecado fue luchar por un mejor Oaxaca".

Ante decenas de simpatizantes reunidos en la plaza principal de este municipio -de donde es originario Flavio Sosa-, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció: "Vamos a seguir luchando por su libertad, porque ya sabemos cómo actúan estos represores".

El ex candidato a la Presidencia por la coalición Por el Bien de Todos expuso que el encarcelamiento de Flavio Sosa y sus hermanos Erick y Horacio, así como de otros miembros de la APPO, "no es un asunto jurídico sino fundamentalmente político" de los gobiernos "autoritarios" de Felipe Calderón Hinojosa y de Ulises Ruiz Ortiz, pues las acusaciones en su contra "fueron fabricadas totalmente". Consideró que "si se analizan los expedientes, se puede dar uno cuenta que las responsabilidades fincadas no tienen ningún sustento legal".

Además criticó que el Poder Judicial del estado realice tácticas dilatorias en los procesos penales de los detenidos para tenerlos más tiempo en la cárcel y no darles su libertad como legalmente les corresponde.

Igualmente anunció que solicitará a la legisladora Rosario Ibarra viuda de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se Senadores, y al ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, ponerse de acuerdo para sumarse a la defensa por la libertad de Sosa Villavicencio y de los demás presos de la APPO.

Durante el mitin, entre las consignas en referencia al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el presidente Felipe Calderón, "¡Repudio total a URO y a Fecal!", "¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!" y "¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!", Beatriz Castañeda Pedro, esposa de Sosa Villavicencio, dijo que su cónyuge fue encarcelado "por luchar con la gente pobre y con la gente de abajo".

López Obrador también instó a sus partidarios y seguidores de la APPO a "seguir adelante y no desmayar", porque "tarde que temprano va a triunfar este movimiento".

Además, llamó a no abandonar la lucha por la vía electoral democrática, al que consideró el único camino para cambiar México, "a pesar de estar lleno de obstáculos, baches, fraudes y trampas". Argumentó que si se toma el camino de la violencia "nada más servirá como pretexto a los opresores para golpear más, y provocar más sufrimiento en el pueblo".

En Puerto Escondido, López Obrador sostuvo que México está sumido en caos, en crisis y en un clima de inseguridad generalizada, que ha rebasado la capacidad de Felipe Calderón, quien desde hace seis meses, cuando "usurpó" la Presidencia de la República, "no ve la puerta, no encuentra la salida y no sabe cómo hacerle" en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que enfrenta la nación, entre ellos la violencia y los ajusticiamientos en diversos puntos de la geografía nacional.

En entrevista que concedió a la prensa local, el "presidente legítimo" afirmó, interrogado sobre el incremento del número de efectivos militares en las tareas de combate al narcotráfico, que Calderón pensó que de esa manera iban a resolver un problema que debe de abordarse desde sus causas y orígenes.

con información de Ciro Pérez

Opinión - Ramon Guzman Ramos

Atenco o el síndrome del autoritarismo

Jornada Jalisco

En estos días se está cumpliendo un año del inicio de la escalada represiva que el entonces presidente Vicente Fox implementó en contra de varios brotes de descontento social que habían surgido en el país y que amenazaban con poner en serio peligro el plan de continuidad de la derecha en el gobierno. Marcos, el Delegado Zero, se encontraba realizando lo que desde el inicio había denominado como la Otra Campaña. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con Ignacio del Valle como uno de sus dirigentes visibles, había mostrado sus simpatías por esta nueva estrategia política del EZLN y se había adherido a ella. Entonces vino la provocación.

La policía municipal intentó desalojar a un grupo de vendedores de flores del mercado de Texcoco y se generó un enfrentamiento violento. Fue la chispa que desencadenaría un golpe represivo como pocas veces se había visto en la historia de nuestro país. Vicente Fox mostró allí lo que llegaría a ser una estrategia de represión contra los movimientos sociales y políticos disidentes: la combinación de fuerzas federales con locales para sofocar a sangre y fuego tales movimientos, como lo había intentado ya con los mineros de Sicartsa en Michoacán, como lo habría de implementar también contra la APPO en Oaxaca.

El gobierno de Fox se propuso dar un doble golpe con el mismo tiro. Tomaría revancha en contra de quienes se habían opuesto, con machete en mano, dispuestos a todo, a la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto internacional. Y de paso tocaría a la Otra Campaña, que amenazaba con crecer en su recorrido y llenarse de masas descontentas y provenientes de las zonas más bajas de la sociedad, allí donde los condenados de la tierra se debaten entre el lodo y la luz. Fue tan brutal el golpe, que desarticuló al FPDT y dejó paralizada, totalmente sorprendida, sin saber qué hacer ante la violencia oficial, a la Otra Campaña. No es descabellado pensar que otro de los objetivos presidenciales podría haber sido el de provocar al EZLN para que respondiera con las armas y tener así la justificación para echar toda la fuerza del Estado en su contra, tal como Zedillo lo había intentado en otras circunstancias.

No es necesario hacer aquí una nueva reseña de la violación bárbara que las corporaciones policiacas, tanto de la Federación como del estado de México, cometieron contra los derechos constitucionales de los pobladores de Atenco. Además de la golpiza brutal que les propinaron, de las persecuciones hasta el interior de los domicilios, de aquel jovencito muerto por el estallamiento cerca de su cabeza de una granada de gas lacrimógeno, está también la violación tumultuaria de las mujeres y de algunos hombres mientras eran trasladados en los vehículos oficiales hasta su lugar de reclusión, así como su encarcelamiento ilegal. De esta manera, las víctimas se convirtieron en criminales ante la justicia foxista. Los verdaderos victimarios quedaron protegidos por una cortina poderosa de impunidad. Hasta la fecha.

En efecto, porque lo que fue un movimiento, radical si se quiere, de resistencia contra las medidas arbitrarias de parte del gobierno, y luego por la gestoría de los problemas más importantes que aquejan a los pobladores, fue convertido en una conspiración del orden común. Los atenquenses eran los violentos, los que pregonaban la anarquía y se burlaban de las leyes y las instituciones, los que mataban a patadas a los policías y secuestraban funcionarios públicos como lo hacen las bandas de criminales. Fue lo que repetían hasta la saciedad los grandes medios de información, sobre todo los electrónicos, especialmente la televisión, quizá como un ensayo del papel infame que jugarían también durante la guerra sucia electoral.

Ahora podemos deducir que esa estrategia política de sofocar como sea toda expresión de disidencia organizada es una herencia que Felipe Calderón ha hecho suya. El uso excesivo, inconstitucional –porque no se ha declarado un estado de excepción en el país–, del Ejército para que se haga cargo de las tareas policiacas es un síntoma del sentimiento de debilidad con que Calderón tomó posesión de su cargo. Y un gobierno que se siente débil recurre a la fuerza pública para sostenerse y para disuadir a la oposición de sus intenciones de desatar un movimiento nacional de cuestionamiento de la legitimidad presidencial. Por eso el escarmiento de ahora.

La condena de 67 años y medio de cárcel que se ha arrojado sobre los dirigentes del FPDT, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, es la continuidad por otros medios –el jurídico, precisamente– de la estrategia represiva que ha adoptado sin reservas la derecha en el poder. Es el modo como un régimen autoritario, que padece ausencia de consensos, que se caracteriza por la irracionalidad y la falta de fundamento en sus decisiones, que se ha propuesto imponer un orden social opresivo y carente de libertad, que concentra el poder político y económico en unas cuantas manos, y que se propone eliminar toda diversidad democrática en la sociedad, se erige sobre la sociedad y se convierte en un monolito cerrado que excluye y combate toda expresión organizada que no esté bajo su control total.

Atenco no es un síntoma aislado de este fenómeno del autoritarismo. Allí están los demás casos que todo México conoce. Sicartsa, Atenco y la APPO son los signos que reflejan el rostro duro con mano de hierro del gobierno. También la APPO tiene sus muertos, sus perseguidos y sus presos políticos. Y nadie ha hecho justicia sobre los dos mineros que murieron en el puerto de Lázaro Cárdenas ante la arremetida de las policías federal y estatal. Y los otros casos más recientes en otros estados. El proceso de construcción de nuestra democracia está sufriendo un viraje terrible hacia la derechización de la política, que es como decir la fascistización de la vida nacional.