Opinión - Enrique Mendez

Plaza Liberación

Charro de Jalisco

Impunidad, la línea al PAN

Jornada Jalisco

El gobernador Emilio González Márquez anda muy contento con el nuevo estilito de gobernar que, él cree ingenuamente, le genera más simpatías entre la población, pero que lo acerca más a los barbarismos de su antecesor Francisco Ramírez Acuña y reedita las guasas del foxismo, nada más que un poco más corrientes.

Tal vez a él no le importe –“who cares?”, dijo repitiendo el cinismo gringo– de qué cuenta salieron los 67 millones de pesos para pagarle a Televisa, pero sí a la gente que paga sus impuestos, sobre todo si –como se ha denunciado– el dinero fue tomado cínicamente del presupuesto destinado a la atención a grupos vulnerables. Y, con ese lance, buscó imponer un manto de oscuridad sobre la partida de la que salió el cheque para Emilio Azcárraga. Es decir, igualito que Paco el Opaco. O, para utilizar su propio lenguaje, Paco reloaded.

En su obnubilación, el gobernador cree que al retar al Congreso a revisar sus cuentas y hacerlo con la frase “aquí está su charro” incrementará su popularidad, como si se tratara del malo de la película que, pistola en mano, dispara al aire en el Tenampa para amedrentar a los parroquianos y se “gana”, así, el respeto de una sociedad atemorizada.

Ya lo dijo, además, que lo suyo, lo suyo, lo suyo, es la imagen. Así que, el mandamás del Palacio de Gobierno se fajó sus pantaloncitos y pagó seis y medio millones de dólares a Televisa para que el nombre de Jalisco estuviera 20 segundos en horario triple A, en el espacio de noticias, y a él un insert de 15 segundos en el Canal de las Estrellas presentándose ante un auditorio juvenil con una cachucha ridícula, remedo de Azcárraga.

Qué caro le salió a Jalisco que su gobernador jugara futbolito en la estafa de Televisa a los universitarios.

Posiblemente para el populismo de Emilio González esa cifra sea una bicoca, sobre todo porque no se trata de recursos que haya pagado de su bolsa. Además, si él no firmó el cheque, ni siquiera sería sujeto de responsabilidad.

No es, sin embargo, el único al que se le podría atribuir el desvío de recursos públicos. No sólo peca el que mata la vaca, y la mayoría parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado, a la que le correspondería fiscalizar el buen uso del presupuesto del estado, impidió que se le citara a comparecer para que explicara el origen de los recursos y justificara, si ello fuera posible, el gasto.

Se trata de un gesto para encubrir al charro gobernador, en un ejercicio netamente autoritario, que de haber sido ejecutado en tiempos de la dictadura priísta habría provocado que los panistas pusieran el grito en el cielo. Nada más que ahora se trata de encubrir las irregularidades del gobierno blanquiazul.

Esa misma bancada panista es la que se apresta a aplicar la aplanadora para el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que de darse en el actual ombudsman Carlos Manuel Barba García, dejará una carga que le impediría actuar en la violación a los derechos humanos a lo largo del actual gobierno, ya no digamos en revisar el pasado reciente.

Porque el manoseo panista en el proceso para elegir o reelegir al presidente de la CEDHJ no puede desligarse de la demanda social por revisar la violación a las garantías individuales de altermundistas en la protesta de mayo de 2004, en el mandato de Ramírez Acuña, pero que involucran al ex alcalde de la capital.

La cuestión es si, reelecto por la mayoría panista con línea desde el Palacio de Gobierno, Barba García podrá manejar una línea independiente y cuestionar los abusos que pudieran cometerse por el charro con pantaloncitos, y reiniciar la investigación por la violación a los derechos humanos a la que Emilio González contribuyó como jefe de la policía de Guadalajara.

Y al paso que va el gobernador que en campaña prometió ser el Peje de Jalisco, los ciudadanos del estado comenzarán a extrañar a Ramírez Acuña. Y eso ya es mucho decir.

Del archivero

En Gobernación, ayer fue admitida la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el uso de la fuerza pública, en noviembre pasado, en contra de los maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El ombudsman consideró que la pasividad gubernamental permitió el abuso oficial en contra de los ciudadanos que exigen aún la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Admitido el documento, sin embargo, aún queda esperar que la administración de Felipe Calderón acepte que se cometió la violación a derechos humanos en esa entidad, y aceptar la recomendación implicaría admitir que su antecesor Vicente Fox permitió, por omisión, los asesinatos en la entidad y el desalojo violento del Zócalo, que hoy volverá a ser tomado simbólicamente por la APPO y la Sección 22 del SNTE. Como Fox, Calderón ha permitido que continúen impunes los abusos y, según Ruiz Ortiz, confirmó su asistencia a la Guelaguetza, en julio, celebración que será boicoteada por segundo año consecutivo por la sociedad oaxaqueña en resistencia.

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