Calderón gastará este año $60 millones extras en su seguridad

Constituye un nuevo rubro previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009

■ El Estado Mayor Presidencial, encargado de su custodia personal, recibirá $345 millones

Claudia Herrera Beltrán

La Jornada

Ampliar la imagen Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos, en una imagen reciente Foto: José Carlo González

La Presidencia de la República gastará este año una nueva partida de 60 millones de pesos “en apoyo a las medidas de seguridad” de Los Pinos y del jefe del Ejecutivo federal.

A diferencia del año anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PEF) incluye dicho rubro. Esto sin considerar los más de 345 millones de pesos destinados al Estado Mayor Presidencial (EMP), responsable de la seguridad del presidente Felipe Calderón y de su familia.

En el documento difundido en las página de Internet de Los Pinos, fechado el 1º de enero de 2009, también se menciona que invertirá 1.3 millones de pesos adicionales en el “fortalecimiento de la seguridad en los inmuebles de la Presidencia de la República”.

Dicha cantidad se suma a los 36.9 millones que Los Pinos destinó en 2008 para equipar con elementos tecnológicos de seguridad la vigilancia y los inmuebles de las oficinas presidenciales mediante un sistema de circuito cerrado de televisión, así como otros 23 millones de pesos en equipo y otros “elementos tecnológicos” de seguridad para la vigilancia en los accesos a los inmuebles.

La nueva partida de 60 millones de pesos destinada a seguridad representa la mayor parte de los 108.17 millones de pesos adicionales que recibió la Presidencia de la República, ya que su presupuesto se incrementó 6 por ciento respecto del de 2008. En total dispondrá de mil 798 millones 61 mil 366 pesos.

Los otros casi 50 millones de pesos adicionales serán destinados a las áreas de Imagen, de Estrategia y Mensaje Gubernamental, de Comunicación Social y de Asesores.

Decremento en el EMP

Si bien el EMP es el área que ejercerá más recursos para el cumplimiento de sus funciones, en esta ocasión tendrá 345 millones de pesos, lo que representa un decremento de 3.4 por ciento en relación con 2008.

No obstante, los Programas y Proyectos de Inversión de la Presidencia, consignados en el PEF, indican que el EMP será el más beneficiado, ya que contará con 11.2 millones de pesos para la sustitución de muebles obsoletos para el apoyo logístico, seguridad y actividades administrativas, y con otros 9.6 millones de pesos que permitirán actualizar parte de su parque vehicular.

También habrá 9.5 millones de pesos para la adquisición de equipo diverso para la sustitución de muebles obsoletos en áreas sustantivas de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial.

Este año en que el presidente Calderón Hinojosa comenzará a presidir el Consejo de Seguridad Nacional –luego de la reforma legal publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación–, este órgano recibirá 3 millones de pesos adicionales para actividades de asesoría, coordinación, difusión y apoyo de sus acciones, según indica el presupuesto de egresos.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

Una nueva historia

cecilia lavalle - proceso

México, D.F., 11 de octubre (apro-cimac).- No siempre la historia se escribe desde el poder, lo que en México frecuentemente quiere decir desde la impunidad que otorga el poder. Algunas veces gana la justicia. Y a veces, menos veces, gana a pesar de la impunidad y los prejuicios, que suelen ser, éstos últimos, tan poderosos como el poder a secas. Por eso, y a pesar de los pesares, el caso Castaños debe formar parte de una nueva historia.

La semana pasada, por primera vez en la historia reciente de nuestro país --y al parecer de Latinoamérica-- cuatro soldados del Ejército mexicano fueron condenados no por el fuero militar, sino por el fuero común, por el delito de violación cometida contra 14 mujeres en el municipio de Castaños, Coahuila.

El conocido como caso Castaños derribó más de una barrera que se suponía infranqueable: juzgar a militares en momentos en que sus servicios contra el crimen organizado son más valorados y ensalzados que el petróleo, las remesas y el turismo, no es poca cosa.

Por otra parte, se derribó la barrera de los prejuicios, tan a flor de piel cuando se trata de la violación a mujeres; máxime cuando se dedican al trabajo sexual. Como si una agresión sexual no fuera lo mismo para una monja o para una bailarina.

El 11 de julio de 2006, militares pertenecientes al 14 Regimiento de Caballería Motorizado, destacados en Castaños, tenían el encargo de resguardar material electoral. Uno de ellos, vestido de civil, acudió a la zona de tolerancia compuesta por dos salones “Las Playas” y “El Pérsico”. Tras enfrentarse a golpes con unos parroquianos, fue sacado del sitio por policías municipales.

Al regresar al destacamento y contar lo sucedido, una veintena de compañeros regresaron a la zona uniformados, con armas y vehículo militar, y durante más de cuatro horas mantuvieron tomada la zona.

Golpearon a parroquianos y policías. En “Las Playas” violaron a dos mujeres y en “El Pérsico” a otras 12, además de amenazarlas con sus armas y humillarlas. En las agresiones sexuales participaron 12 soldados, quienes fueron plenamente identificados por las víctimas.

Al día siguiente, las mujeres y los policías presentaron denuncias ante el Ministerio Público. Ocho de esos soldados fueron detenidos poco después, tres están prófugos y uno más fue liberado días más tarde.

Con la intervención de autoridades estatales y federales, de la iglesia estatal, de organizaciones civiles y del periodismo comprometido, con visión de género, comenzó el vía crucis que significan demandas de justicia de este tipo, especialmente tratándose de militares.

El vía crucis constó de 52 mil 532 fojas, 19 expedientes, 102 audiencias, 418 personas que concurrieron en distintos momentos del juicio y 32 apelaciones. También incluye un bebé, producto de una de las violaciones, muchas lágrimas, mucha rabia, muchas vidas por recomponer; entre ellas, claro, las de las víctimas y sus familias, pero también las de las familias de los victimarios.

A poco más de un año, cuatro militares fueron declarados culpables por el delito de violación agravada. Tres purgarán penas que van de 20 a 40 años de prisión. El otro, acusado de violar sólo a una de las víctimas, pagará una fianza de más de 20 mil pesos.

Tres de los cuatro soldados restantes fueron absueltos del delito de violación, una vez que sus víctimas se retractaron. Pagarán fianzas por lesiones cometidas contra policías. El otro soldado --cuya víctima también se retractó-- fue absuelto del todo.

Las sentencias absolutorias han generado profunda inconformidad entre las agraviadas. No todas pudieron tener el temple, la fortaleza y valentía necesarios para soportar intimidaciones, presiones y acoso.

Y es que, en nuestro país, las víctimas son las más desprotegidas, de modo que no es inusual que en el camino se retracten. Tampoco es inusual que el juzgador no tome en cuenta muchos otros elementos que permitirían hacer justicia.

En todo este largo camino estuvo presente el periodismo comprometido y con perspectiva de género de Cimacnoticias, que generó 111 notas, la mayoría de Soledad Jarquín, quien por su reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo. Ella le dio seguimiento al caso de manera profesional y sensible, lo cual, sin duda, contribuyó a derribar los prejuicios tan presentes en este tipo de agresiones.

Por todo ello, creo que, a pesar de los pesares, el caso Castaños debe formar parte de una nueva historia. Una que siente precedente. Una que apunte que, independientemente de la institución a la que se sirva, quien comete un delito debe ser castigado por ello. Una que ayude a derribar prejuicios. Una que, más allá del poder y los prejuicios, permita que la justicia se siente a la mesa.

cecilialavalle@hotmail.com


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

PARA SEDENA LA VIDA DE UNA PERSONA VALE 145 MIL PESOS

Despúes de los asesinatos del pasado 31 de mayo en los Alamillos Sinaloa, por parte de efectivos del ejercito mexicano, la SEDENA dispuso pagar a los deudos de cada muerto 145 mil pesos, y 35 mil por herido. Es un insulto dicha indemnización sobre todo por los crimenes cometidos

En esta CHINGADERA MURIERON 5 PERSONAS, dos mujeres y tres niñas, son tres los heridos un hombre de 29 años una jovencita y otra niña.

Por tratarse de mujeres y niños los asesinados es presumible alguna venganza entre grupos de delincuencia, pero la zaña de asesinar mujeres siempre implica un forcejeo y por tratarse de mujeres que por supuesto trataron de huir, puedieron haber sido victimas de violación.

A los castrenses sobre todo en este año ya les llevamos contados dos casos de impunidad y escándalo, el caso de Ernestina en Zongolica Veracruz y este de las mujeres de Alamillos Sinaloa, en lo que es sin duda otro PINCHE CRIMEN DE GÉNERO

El Presidente y las fuerzas armadas

Arnaldo Córdova

Es muy sorprendente que varios juristas de gran renombre e indiscutible calidad opinen que en la Constitución no hay referentes sobre el uso que el Presidente está autorizado a hacer de las fuerzas armadas y, en especial, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para empezar, yo me permitiría señalar que, de acuerdo con la letra de nuestra Carta Magna, no hay ni un solo mandato que autorice al titular del Ejecutivo a disponer arbitrariamente y per se de las fuerzas armadas. En el artículo 29 se instituyen los casos en que el Presidente puede suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a casos de invasión, perturbación grave de la paz o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. En tales casos el mandatario debe pedir la autorización del Congreso y, en los recesos de éste, a la Comisión Permanente, pero sólo para convocar de inmediato al Congreso para que decida la autorización.

El artículo 129, a su vez, es muy claro al establecer la función que deben desempeñar las fuerzas armadas de la nación: en primer lugar, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. El Presidente es la primera de todas ellas, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, y la disposición, hay que suponer, se refiere a él en primer lugar. En seguida, el 129 establece que sólo habrá comandancias militares en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan del gobierno de la Unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que deben estar fuera de las poblaciones. No parece haber ninguna oscuridad en el texto, ni algo que no esté claro.

Es sólo la fracción VI del artículo 89, que instituye las facultades y obligaciones del Presidente, la que parecería, sin más, que lo autoriza a disponer de las fuerzas armadas: "Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación". La VII lo autoriza a disponer de un cuerpo que jamás ha existido, la Guardia Nacional. El artículo 73, que versa sobre las facultades del Congreso, reitera como la principal en este respecto dar la autorización al Ejecutivo que requiere el artículo 29. Y no más.

Cuando he tratado el tema con algunos colegas constitucionalistas, el elemento definidor que siempre salta a la palestra es el de la llamada emergencia. Cuando de eso se trata, no hay mucho tiempo para decidir y, desde luego, para pedir autorizaciones. La idea es perfectamente atendible; pero yo siempre pregunto por qué el Constituyente impuso la necesaria colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para tomar decisiones en esta materia. Claro que no fue de modo gratuito. En todo caso se trata de evitar cualquier arbitrariedad que vaya en daño de la población civil expuesta a la acción de las fuerzas militares. ¿Qué es más importante? Para mí, evitar la arbitrariedad y todo lo que puede conllevar (asesinatos, robos, violaciones, maltratos, abuso de la fuerza); por eso la Carta Magna exige que el uso del Ejército esté autorizado, en todos los casos, por el Legislativo. Además, sólo es cuestión de unas horas si los poderes de la Unión funcionan normalmente. Por último, y por si fuera poco, es lo que la Constitución establece, y no puede haber emergencia que la derogue.

Si las anteriores bases constitucionales se toman en cuenta, podría concluirse, de llegarse a un acuerdo, que el Presidente, en todo caso, debe estar autorizado por el Congreso para el uso de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado y atendiendo al criterio de la emergencia. Pero debería quedar claro que el narcotráfico y la delincuencia organizada no configuran ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 29, que a veces se llega a invocar para justificar el proceder del Presidente. Aparte de eso, queda todavía por aclarar si el Ejército es de verdad idóneo para la lucha contra esas fuerzas delincuenciales. Parece que todos están de acuerdo en que no lo es, por su propia naturaleza.

El Ejército no es policía, en primer término. Está hecho para otras cosas. Inclusive sus servicios de inteligencia deben ocuparse de otra materia. No puede ser eficaz para una lucha de esas características y de esas dimensiones. El Ejército, según lo manda la Constitución, debe estar sólo en sus cuarteles y en los lugares que debe resguardar, y no en ningún otro lado. Para combatir al crimen necesitamos una buena policía, la que sí está hecha (o debería estarlo) para cumplir esa función. Si seguimos empecinados en destinar el Ejército a esa misión, lo que vamos a conseguir es corromper a nuestros soldados, desmoralizarlos y, no me cabe la menor duda, convertirlos también a ellos en delincuentes y, no se diga, en violadores contumaces e inconscientes de los derechos humanos. El deber del Estado, hoy en día, es crear un cuerpo de policía especializado y bien entrenado para que se aboque a esa tarea. Si no podemos hacerlo, entonces estamos perdidos.

Existe, además, otro saldo terrible: el soldado no sabe comportarse como civil, como se supone que debe hacerlo un policía, y ya se ha hecho notar con abundancia de razones. El soldado, ante la gente del pueblo, entrenado para la guerra, sólo busca al enemigo y la trata como tal; de ahí sus abusos indescriptibles, de los que tenemos testimonios recientes. No deberíamos exponer al soldado a ese horror y, menos aún, a nuestros ciudadanos, a nuestras mujeres y a nuestros niños. Yo diría que a nuestros soldados hay que tratarlos mucho mejor y estimar en todo lo que vale lo que hacen por nosotros. Y, al igual que a nuestros policías, hay que encontrar el modo de pagarles bien (los gringos siempre han recomendado que encontremos suficiente dinero para darles un sueldo de entre mil y mil quinientos dólares). No habrá otro modo de tener mejores policías y mejores soldados. Hay muchas cosas que tenemos que hacer por nuestro Ejército; pero lo más importante es no hacer lo que estamos haciendo ahora con él: enfrentarlo a nuestro pueblo, a sus ciudadanos. Eso no es justo para nadie y nuestros soldados no se lo merecen.

Cometen abusos que el gobierno encubre.

Lo sucedido en Castaños evidencia el abuso de poder, subraya, “ya que las agresiones y violaciones sexuales se llevaron a cabo por elementos militares en sus uniformes, armas y vehículos oficiales”.

Cometen abusos que el gobierno encubre.
Por: Carolina Velásquez.
Ante los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de elementos del Ejército mexicano en distintos lugares de la República, es cuestionable la estrategia que puso en marcha Felipe Calderón de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública donde los militares juegan un papel primordial.

Señaló lo anterior el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), tras considerar que “los hechos demuestran que el Ejército goza de impunidad ante los abusos del uso de la fuerza y que el gobierno está dispuesto a encubrir sus abusos en aras de mantener la iniciativa de seguridad nacional, ante el incremento de la violencia de las mafias de narcotraficantes y la ineficacia de las policías para hacerles frente”.

La estrategia actual del gobierno federal se lleva a cabo “al verse rebasadas las instituciones de seguridad tradicionales”, opina en un comunicado Cencos, ONG defensora de derechos humanos en México, y en ella “parecen estar confundidas estrategias de seguridad nacional con la seguridad pública”.

Respecto al papel de las fuerzas armadas en México, el general José Francisco Gallardo, quien fue castigado por proponer la creación de un Ombudsman dentro del Ejército, ha manifestado que de acuerdo a la misión que tienen encomendadas constitucionalmente “deben cumplir únicamente con su mandato: defender la independencia y soberanía de la nación, y tutelar el orden interno e institucional del Estado”.

Paradójicamente, subraya Gallardo, para cumplir con estas misiones “altamente políticas”, el Ejército debe permanecer en sus cuarteles, anclado en el cauce constitucional, subordinado a la autoridad civil y sujeto a la rendición de cuentas.

LOS DAÑOS
Cencos hace un recuento de algunos de los casos que han llegado a la luz pública, donde a partir de este año ha participado el Ejército mexicano como parte de esta estrategia de “seguridad nacional”.

Durante el festejo del Día de las Madres, en el municipio tamaulipeco de Miguel Alemán, un grupo de militares irrumpió y disparó en el interior del auditorio municipal, lo que propició que el gobierno estatal solicitara la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el tumulto dos mujeres resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Entre ellas, Yazmín Valdez Hernández, de 26 años, declaró a la policía que un soldado le dio un puñetazo en la boca y una patada porque volteó a ver a quienes dispararon.

En el municipio, cientos de personas manifestaron su repudio frente a la zona militar de Miguel Alemán, y exigieron el retiro de los uniformados.

Otro caso de cómo la militarización de la seguridad pública ha cobrado víctimas es el que sucedió en el estado de Sinaloa, la madrugada del pasado 2 de junio, cuando Adán Esparza Parra y su familia fueron acribillados por miembros del Ejército mexicano.

La familia Esparza regresaba a su casa por una brecha en la sierra sinaloense, en el poblado “La Joya”, municipio de Sinaloa de Leyva. De la oscuridad salieron 20 soldados que sin más abrieron fuego sobre la camioneta pick up en la que transitaban, matando a la esposa de Esparza Parra, Griselda Galaviz Barraza; y a sus hijos Grisel de cinco años; Edwin de siete y Juana de dos años, así como a Alicia Esparza, maestra rural y hermana de Adán.

En el vehículo viajaban también Josué Carrillo, sobrino del conductor y la profesora rural Teresa Flores Sánchez, quienes junto con Esparza Parra convalecen en el hospital por heridas de bala.

La justicia militar inició una averiguación previa, removió al general Arturo Olguín Hernández, comandante de la Novena Zona Militar, y un juez militar de la Tercera Región Militar dictó auto de formal prisión contra los 19 elementos consignados por este hecho.

Sin embargo, dice Cencos, “con la consignación de los soldados por la misma justicia militar, se obstaculiza la acción penal ya que el Ejército mexicano se convierte en juez y parte”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró en el lugar de los hechos cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica, por lo que pide a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los resultados de exámenes de laboratorio de los 19 soldados detenidos, referentes a “alcoholemia cuantificada y panel de drogas en sangre y orina”, ya que se sospecha que actuaron bajo el influjo de la droga o el alcohol.

El 3 de junio del 2007, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quedó de manifiesto la forma en que los miembros del Ejército ejercen su trabajo en los retenes. Jesús Alonso Saucedo no pudo detener su camioneta cuando los militares le marcaron el alto y fue atacado con una ráfaga de disparos sobre su vehículo, matando a su amigo Adrián Salazar Hernández, que iba en el asiento del copiloto.

Otro caso similar aconteció en Reynosa, donde los uniformados abrieron fuego contra un automóvil, matando igualmente al copiloto de un balazo en la cabeza.

Al igual que Cencos, el Frente Cívico Sinaloense y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” condenaron los hechos de Sinaloa y Tamaulipas.

En su momento, ambas organizaciones manifestaron que “estos lamentables hechos son una muestra más de los altos riesgos que implica el involucrar al Ejército como parte de la estrategia de combate frontal al narcotráfico desarrollada por el gobierno federal” y pone de manifiesto “los riesgos derivados de vincular lógicas diferentes de acción como son la policial y la militar”.

Y exigieron que, en los hechos de Sinaloa, los responsables sean investigados por autoridades civiles.

VIOLACIONES A MUJERES
Otro caso que señala Cencos son las mujeres de la zona de Castaños en Monclova, Coahuila, a casi 260 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando en la madrugada del 11 de julio de 2006, 14 mujeres fueron agredidas sexualmente por militares. Durante cinco horas estas mujeres fueron humilladas y, en sus palabras, “tratadas como animales”.
Lo sucedido en Castaños evidencia el abuso de poder, subraya, “ya que las agresiones y violaciones sexuales se llevaron a cabo por elementos militares en sus uniformes, armas y vehículos oficiales”.

El 25 de febrero del 2007 falleció Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, y autoridades estatales sostuvieron en un principio que había indicios de que la mujer de 73 años había muerto víctima de una violación tumultuaria, pero posteriormente, al haber militares involucrados, la Procuraduría Militar atrajo el caso y encubrió a los sospechosos.

El Ombudsman nacional sostuvo que la indígena nahua falleció por causas naturales y por problemas gastrointestinales, dictamen que incluso la Comisión estatal de Derechos Humanos puso en duda, una versión que hasta el momento familiares y miembros de la sociedad civil rechazan.

Para Cencos, lo que pasó a la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, “es uno de los casos más alarmantes de los últimos tiempos, ya que engloba uno de los expedientes de encubrimiento más escandalosos con los que abre el sexenio”: una historia de torpezas, mentiras, impunidad y encubrimientos entre las distintas instituciones de justicia que han manejado la investigación en torno a las causas de su fallecimiento.

ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO
Ante estos hechos, para Cencos queda demostrado que no son los militares quienes deben cuidar las carreteras y municipios del país, pues esta ONG “no concibe las muertes de personas inocentes como parte de lo que ha denominado el Ejecutivo Federal una guerra contra el narcotráfico”.

Para evitar que las fuerzas armadas del país sigan contraviniendo los derechos civiles y el orden institucional y jurídico del Estado, opina el general José Francisco Gallardo en la introducción del libro Derechos humanos y las fuerzas armadas, es inaplazable que se rompa la estructura que lo auspicia o tolera.

“Es necesario abrogar los mecanismos de apariencia legal que permiten mantener a las fuerzas armadas fuera del cauce constitucional: el fuero de guerra, la facultad del alto mando para administrar la justicia militar y las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la actuación del Ejército en el orden interno”, concluye.

Daños colaterales

josé gil olmos - proceso

México, D.F., 6 de junio (apro).- Mientras los calderonistas festejaban su triunfo en la asamblea nacional del PAN, en un reten de Sinaloa militares mataron a cinco personas e hirieron a dos más, sin que el gobierno federal diera una explicación. ¿De qué gobernabilidad hablan cuando dicen que Felipe Calderón ganó dentro de su partido precisamente esta condición fundamental para conducir al país?

Los gritos, la estridencia con los que los calderonistas acallaron a Manuel Espino y su grupo, vencieron en los medios el ruido de las decenas de disparos que los militares hicieron a la camioneta en la viajaba la familia Esparza y que esa noche tuvo la mala fortuna de circular por ese punto de revisión militar cercano a La Joya que, de acuerdo con la ley es ilegal porque atenta contra el derecho al libre tránsito que está inscrito en la Constitución.

Esa noche del viernes primero de junio el gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se enteraron del asesinato de los tripulantes de la camioneta: Griselda Galaviz Barraza, sus tres hijos de 7, 4 y 2 años, así como Alicia Esparza Parra, de 19 años; así como de los heridos, un niño de 5 años de apellido Esparza, Teresa de Jesús Flores, de 16, y Adán Abel Esparza, el conductor, quienes fueron internados en el hospital general de Culiacán.

Este hecho grave por el cual deberían renunciar altos mandos de la Sedena no fue mencionado por Calderón en los días siguientes. En realidad estaba muy entretenido en tejer la estrategia para derrocar a quien considera su enemigo, Manuel Espino, olvidando que su verdadero enemigo, el narcotráfico, estaba siendo beneficiado por el gazapo de los militares apostados en ese reten de Sinaloa.

Cuando uno observa cómo los medios más influyentes del país, principalmente las televisoras, se alinean al gobierno del PAN, festejando la grandiosa victoria de Calderón sobre la “ultraderecha”, no se puede dejar de comparar lo estos mismos medios hacían con el PRI. No hay ninguna diferencia.

Sobre todo cuando se detecta que gracias a esa estrategia de medios, la noticia del asesinato y ahora el supuesto castigo a 19 militares que fueron detenidos pasaron casi desapercibidos.

En un principio se hizo correr el rumor de que los tripulantes de la camioneta roja llevaban armas y droga. Pero la especie resultó demasiado burda ante la contundencia de los hechos: los disparos fueron hechos a mansalva.

Después la Sedena guardó silencio por tres días y sólo informó de las medidas adoptadas en contra de los soldados y sus respectivos mandos, hasta que Felipe Calderón ya estaba de gira por Europa, encontrándose en primer lugar con el papa Ratzinger en la sede del Vaticano.

Pero ni siquiera saliendo de la Santa Iglesia de San Pedro, el presidente Calderón se dignó a dar el pésame a la familia sinaloense que fue acribillada por los soldados en esta “guerra” contra el narcotráfico. Total, son daños colaterales.

Si el presidente Calderón y su grupo creen lo que algunos de sus columnistas preferidos han escrito en los últimos días, de que gracias a su aplastante victoria en la asamblea nacional en contra del “espinismo” ya ganó la gobernabilidad que le hacía falta, incurrirán en un peligroso error.

La gobernabilidad no está en el interior del PAN sino en las calles, plazas, pueblos y ciudades donde el narcotráfico se ha apoderado de la vida cotidiana.

Y también está en la forma en cómo se combate el mayor peligro de la seguridad nacional. No es posible se deje sólo en manos del Ejército la lucha antinarco. Los casos de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León y Michoacán, donde los militares han incurrido en violaciones a derechos humanos, agresiones sexuales y asesinatos, son señales claras que el problema se les ha ido de las manos.

Así que más valdría la pena poner atención en lo importante, que es gobernar al país, y no en lo secundario, que es controlar a su partido, igual que lo hacían antes los presidentes emergidos del PRI.

Ahora que regrese Felipe Calderón de su primera gira por Europa, lo primero que tendría que hacer es ofrecer una disculpa pública a los deudos de los acribillados por el Ejército, y después replantear su estrategia en la “guerra” contra el narcotráfico, desconcentrando las acciones de las Fuerzas Armadas y dar una lucha más integral, porque la va perdiendo con lamentables costos humanos.

Al mismo tiempo, cumplir con las demás condiciones que dan la gobernabilidad, como aumentar el empleo, impulsar programas del campo, combatir la pobreza, abatir los rezagos en salud y educación, mejorar el medio ambiente y ofrecer mayores niveles de seguridad pública a la ciudadanía.

De no hacerlo, la situación empeorará y los famosos daños colaterales, en los cuales las víctimas son ciudadanos inocentes, se podrían ir repitiendo sin que al gobierno y a su partido, el PAN, le importe, repitiendo la misma historia del PRI.

LOS OPERATIVOS MILITARES.

LOS OPERATIVOS: ¿ESTREGIA FALLIDA O PLAN PARA FRACASAR?

Por : REPORTE DE INTELIGENCIA MTY .

Las ejecuciones continúan y ni siquiera la autoridad puede hacer algo.
Todos los periódicos nacionales reportaron lo que podrían ser ya dos días "típicos" de la situación de inseguridad en México. El 25 de mayo se reportan en El Universal que las ejecuciones continúan pese a los operativos" y se reportan 7 de ellas ocurridos en Michoacán, Nuevo León y otros estados. También el día 20 de mayo en que el Excelsior reporta al menos 10 ejecuciones. También están los casos de estados en donde la violencia se ha incrementado como es el de Nuevo León en donde ya se suman 75 ejecuciones para los primeros días de junio. Están siendo atacados fuertemente las instituciones de seguridad y en ese sentido destaca la ejecución de José Nemesio Lugo Félix, quien era Coordinador del Centro de Planeación Análisis e Información para el Combate al Crimen Organizado de la PGR y, según el periódico La Jornada "el numero dos en inteligencia" nacional.

Esta situación ha llevado a que organismos del sector privado como lo hizo el 15 de mayo la CAINTRA de Nuevo León a pedir una "revisión, un cambio de la formula" de la lucha contra el narcotráfico. Igualmente lo hacen columnistas favorables al gobierno federal como Francisco Grafías de Excelsior quien en su columna del 26 de mayo también propone un "ajuste" en la estrategia o también de parte de Jorge Zepeda Petterson, un columnista normalmente crítico del gobierno que escribe en El Universal y quien el 20 de mayo sostiene que "todos los indicadores señalan la necesidad de hacer un alto en la campaña, evaluar métodos y estrategias, para relanzar el combate. Los precios de las drogas no han subido (señal de que no se ha dañado la actividad) las ejecuciones han aumentado y no se han detenido a capos importantes. Cuando los pelotones del ejército se retiran, los narcos vuelven…".

Existen críticas todavía más severas como las que vierte Javier Ibarrola, de la columna de Fuerzas Armadas de Milenio quien en sus artículos del 16, 23 y 30 de mayo hace durísimas críticas a la "ausencia de liderazgo e incapacidad de los civiles " así como a la "absurda campaña mediática" con la que el gobierno federal utiliza la labor del ejército en las calles , en donde éste, según Ibarrola da "palos de ciego" por falta de ese liderazgo y libra "luchas callejeras" que han dañado su imagen. Ibarrola vuelve a señalar también de lo apresurado" e "improvisados "que fueron los operativos ordenados por el Comandante en Jefe" de las fuerzas armadas que es el presidente de la república. También crítica y reitera "la notoria ausencia de un liderazgo político" y advierte que la "obediencia del ejercito es consustancial al mando" y que la "política militar" la necesita el gobierno puesto que "crea el útil armado que éste necesita "para llevar a cabo sus objetivos "a pesar de la oposición externa e interna…" Jorge Zepeda Petterson habla también de que ni las Fuerzas Armadas ni el propio presidente Felipe Calderón estaban "preparados" para lanzar estos operativos que fueron hechos solamente por objetivos políticos y sin planificación y sin las operaciones de inteligencia necesarias.

José Luís Piñeyro, maestro de la Escuela de Guerra y analista de El Universal le pide al congreso de la república en su columna del 26 de mayo, que le proponga a Felipe Calderón una "política de estado en seguridad pública, y por supuesto, una política social que combata de manera integral a la pobreza y una política económica de generación de empleos permanente y bien renumerado. Se buscan estadistas no gobernantes sexenales…".

EL GOBIERNO RECHAZA CAMBIAR LA ESTRATEGIA.
El 24 de mayo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió al presidente Calderón el "instrumentar una estrategia de fortalecimiento de las policías de investigación, prevención y protección" que le permita "evitar el despliegue del ejercito" en las calles y que este permanezca en ellas durante "los próximos 6 años…". Los congresistas señalan además que el uso del ejército ha adquirido "proporciones mesiánicas" en la lucha contra el narcotráfico. Los diputados panitas se opusieron al llamado encabezado por el PRI y el PRD que son mayoritarios en dicha Comisión Permanente.

Los panistas como Cruz Pérez Cuellar o Alejandro Zapata Perogordo, argumentaron que el retiro del ejército significaría "una derrota" o dejarles las manos libres a los delincuentes. El presidente Calderón respondió dos veces a este llamado. Uno de ellos fue en el mismo día, el 24 de mayo, en Gómez Palacio, Durango en donde, desafiante, les dijo a a los diputados "digan si ese es el futuro que quieren para México ", refiriéndose a la ola de secuestros y ejecuciones en esa región de la Laguna. Después, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente habló de que no se va a "claudicar, ni a retroceder" en la lucha contra el crimen "por mas que algunos insistan en eliminar o restringir las acciones del gobierno federal…".

Durante su discurso ante los gobernadores en Puerto Vallarta el 29 de mayo, Calderón hizo un "reconocimiento" al apoyo que los gobernadores le habían ofrecido a su iniciativa de Reforma al Sistema Judicial así como a las "observaciones" que estos le habían hecho. Los gobernadores emitieron un comunicado oficial en el que respaldan la lucha del presidente y de las fuerzas armadas así como la necesidad de reformas pero advierten sobre que "se debe reflexionar sobre la viabilidad de conceder autonomía técnica, jurídica y operativa al Ministerio Público y a la Policía…".

Solo un gobernador dio su apoyo pleno a las reformas. Se trata de Eduardo Bours el gobernador de Sonora quien calificó de "necesaria y oportuna" la propuesta de Calderón. Bours ganó notoriedad en los últimos días por haber encabezado personalmente una persecución de un comando armado del narcotráfico por varios puntos de la sierra de Sonora , acompañado de las policías estatales bajo su mando y sin recurrir al apoyo de fuerzas federales a pesar de que el delito del narcotráfico es de orden federal.

ESTRATEGIA DE LOS "THINKS THANKS" NEOCONSERVADORES.
Durante su discurso ante la Conago en Puerto Vallarta el pasado 29 de mayo, Felipe Calderón hizo un esbozo de lo que es la estrategia de su gobierno en el combate al crimen organizado. Hizo un llamado a "fortalecer el pacto federal, a incorporar a al sociedad civil en esta lucha contra el crimen. Calderón aseguró que era necesario "el apoyo de la sociedad. Yo veo claramente una ciudadanía ansiosa de participar…". Después explicó la necesidad de las reformas constitucionales para evitar que los criminales utilicen deficiencias de la ley" y la debilidad institucional. Sin embargo, los dos aspectos mas importantes de la estrategia gubernamental son, según explicó el presidente, "la unificación del sistema de información nacional, la llamada "Plataforma México" y el "rescate de territorios controlados por la delincuencia".

El Procurador , Eduardo Medina Mora fue un poco más explicativo sobre la estrategia del gobierno cuando se reunió con diputados el 26 de mayo y señaló que los Operativos consisten en " el uso de toda la fuerza que el estado mexicano tiene a su disposición para recuperar las regiones dominadas por las fuerzas criminales.." lo cual llevará a restablecer la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos y lo cual, a su vez, llevará al objetivo mas importante que es: " la reconstrucción del estado, la recuperación del monopolio del uso de la fuerza al rehacer a las organizaciones policiales bajo estrictos criterios de confianza ".

Según Medina Mora, la razón por la cual existe la ola de violencia es el hecho de que cayeron los precios de la cocaína en los Estados Unidos y aumentó la venta de las drogas sintéticas como la pseudoefedrina. Al bajar los precios los grupos de narcos empezaron a pelear entre si puesto que tienen que "eliminar al competidor" ya que usan un enfoque "exageradamente territorial".

Adicionalmente a esto, en cuanto a la visión del gobierno sobre la guerra al crimen organizado, el presidente Felipe Calderón hizo declaraciones y propuestas en su reciente visita a Italia. En ellas hablo de dos cuestiones fundamentales. La necesidad de una lucha "trasnacional e internacional para combatir a la delincuencia organizada" y además postuló, en una entrevista para la agencia alemana DPA el 4 de junio, que "la causa fundamental del problema que vive México no esta en México sino en los Estados Unidos "y que "ninguna estrategia será suficiente si no se reduce el consumo de drogas en se país". Calderón pidió acciones "mucho mas efectivas" de parte de los Estados Unidos para reducir la demanda de drogas.

La edición de abril-junio de la revista Foreing Affairs en español, editada por el ITAM de México y originalmente publicada por el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York (el CFR por sus siglas en ingles), dedica este número al análisis del fenómeno del narcotráfico, el surgimiento de los cárteles de las drogas, su comportamiento etc. El artículo de Francisco Rojas Aravana, tomado de su tesis académica "EL Crimen Organizado Internacional: Grave Amenaza para las Democracias de América Latina y el Caribe", señala una serie de puntos que quiere hacer resaltar. Que en este momento en América Latina "el estado esta luchando para incrementar el imperio de la ley y el estado de derecho…". Que esta "creciente debilidad estatal en muchos países se manifiesta por la perdida del monopolio del uso de la fuerza como elemento esencial de la estatidad". Habla del enrome contrabando de armas "corta y medianas" que permite al crimen armarse. Después explica que el crimen organizado no es "la delincuencia común" que antes existió y que esta tiene ahora "una marcada dimensión trasnacional…una fuerte especialización en ámbitos específicos como son el tráfico de estupefacientes…así como el blanqueo del dinero".

Por lo tanto, propone Rojas, los gobiernos deben entender que "es necesario contar con una visión trasnacional "y coordinar "políticas globales con las locales" y aceptar que existe una "responsabilidad conjunta" entre las naciones que requieren de este tipo de cooperación para hacerle frente al fenómeno. Rojas habla de crear una "institucionalidad regional y global" y también "regímenes internacionales", cosa que por supuesto, significa la abolición de la soberanía de cada país.

EL CFR LO RECONOCE: LA GLOBALIZACION DESTRUYO AL ESTADO.
Dentro de esta "creciente debilidad del estado" de la que habla Rojas, también agrega que existe una "debilidad institucional de la democracia" debido a la "incapacidad del estado para asegurar los bienes públicos básicos para el conjunto del pueblo". Este número de la revista FA, trae incluido además el análisis de Dirk Krujit y Fees Kooning, ambos académicos norteamericanos, quines explican la razón de este debilitamiento del estado durante los años 80 y 90s. Dos décadas de crisis económicas y de programas de ajustes estructurales que desfavorecieron a la población...fueron reestructuraciones económicas y sociales con grandes consecuencias para las clases medias, las clase obrera urbana, los pobladores de los barrios populares y la población rural…se generalizó la pobreza masiva, la "informalizacion" de la economía y de la sociedad y la exclusión social de considerables sectores…".

Rojas por su parte reconoce que "la liberalización financiera, así como reformas económicas y el desarrollo de paraísos fiscales, han facilitado el movimiento del dinero, y con ello, el blanqueo de dinero que se hace con mas facilidad...algunos procesos de privatización posibilitaron que dineros ilegales se insertaran en el circuito legal…". Kiijt y Kooning hablan por lo tanto de "vacíos locales del gobierno" y de un "estado ausente" en ciertas zonas de las grandes ciudades latinoamericanas como Bogota, Buenos Aires, Rió de Janiero, Ciudad de México, Guadalajara etc. en donde una "prolongada ausencia de la ley" hace que se vaya creando una simbiosis"entre el traficante de drogas, las policías locales y demás poderes locales, los líderes religiosos etc. y se impongan su propia versión de la ley.

Sin embargo, los analistas del CFR y su revista no proponen una alternativa a la globalización y a sus políticas económicas como si lo hacen en este momento gobiernos como el de Argentina, Venezuela o Ecuador. Por el contrario, el mismo número de la revista FA, trae un artículo de James L. Zackrizon, maestro del Centro Hemisférico de Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (El Pentágono) quien justifica el surgimiento de los cárteles de la droga y la "delincuencia organizada trasnacional" que es, según su visón, tan antigua como la ley y el crimen y los compara con los piratas ingleses de los años 1710-1740, que operaban en Centroamérica traficando esclavos, bienes, dinero, especies etc. en contra de la corona española y sus leyes y reglamentos.

Según Zackrizon, quien además fue miembro de la Oficina de Inteligencia Naval, esos piratas, y su "equivalente actual", los cárteles de la droga trasnacionales, son "un ejemplo de cómo, cuando los gobiernos imponen restricciones a las fuerzas naturales del mercado, invariablemente aparecerá alguien para corregir tal situación y satisfacer la demanda, independientemente de las restricciones impuestas o de las fuerzas desplegadas para ponerlas en ejecución...". El analista militar también agrega que esos cárteles y los piratas son un ejemplo de cuando "el gobierno intenta solucionar un problema, en este caso uno de la aplicación de la ley, se siembra la semilla de otro problema, a veces con consecuencias desastrosas…".

A DONDE CONDUCE ESTA ESTRATEGIA.
Se discute hacer la Constitución a un lado. Sin embargo, otros sectores más conservadores han ido más allá de la propuesta de Calderón. Por ejemplo, el abogado y diputado federal priista de Nuevo León, Francisco Rivera Bedoya junto con el ex senador panista Luis de los Santos le enviaron una propuesta el 27 de mayo al procurador Eduardo Medina Mora a favor de la "conveniencia de que el ejecutivo federal ejerza la facultad de suspender las garantías individuales" de acuerdo al artículo 29 de la constitución. Los abogados -miembros además de un bufete de abogados muy poderosos en el estado- señalan que no es correcto que los criminales "estén favorecidos por ciertas garantías que les facilita su labor delincuencial…".

Según la columna de chismes políticos del periódico El Norte llamada "Makiavelo" del 27 de mayo, los abogados pertenecen a ese poderoso buffet pero el antecedente de esa medida es precisamente "los poderes especiales que se le otorgaron "al presidente George Bush en los Estados Unidos después del 11 de septiembre. El gobernador del estado, Natividad González Paras declaró que aunque "no puede descartarse" la medida de la suspensión de garantías individuales, había que probar antes "otros esquemas…" para hacerle frente al crimen.

Así como se ha cuestionado la iniciativa del presidente para reformar las facultades de la policía y el ministerio público, han sido criticados las otras medidas que se han adoptado recientemente como es el caso del "Cuerpo De Apoyo Federal" que Javier Ibarrola señala que "ya existía desde hace 10 años" un organismo así dentro del ejercito y que era innecesario.

La senadora priista Maria de los Angeles Moreno advirtió que el senado estará muy atento a los casos en que la formación del "Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Nacional", que entró en vigencia a partir del 29 de mayo por orden presidencial, pudiera a la hora de "proporcionar información" a los Estados Unidos, violar la soberanía nacional.

El 26 de mayo el periódico Los Ángeles Times publicó información sobre un equipo de intervención telefónica donado por el gobierno norteamericano a México y con un costo de 3 millones de dólares. El equipo, según el periódico, se adquirió en la firma Varyn Systems Inc. y al aceptarlo el gobierno mexicano muestra que está "crecientemente dispuesto a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca".

Sin embargo, el mejor cálculo de lo que podrían ser las consecuencias de la actual estrategia antinoarcotrafico y antiterrorismo lo proporciona Uribel Tirado, director del diplomado Fuerzas Armadas de la Universidad Iberoamericana, la Ibero, quien le dio una entrevista al periódico La Crónica Hoy el 17 de mayo. Uribiel explica que frente a los operativos que han conducido al Ejército Mexicano a "un severo desgaste", no se ha visto como resultado "una disminución de la violencia. Lo que tenemos es una escalada de la violencia; las represalias han caído sobre la policía local, luego fueron las AFIS, la PFP, hasta llegar a los mandos militares". Según Uribiel el narcotráfico ha hecho patente "que puede mantener una lucha frontal contra las Fuerzas Armadas". Explicando más el asunto, el analista señala que "los operativos únicamente tuvieron un despliegue de personal y de fuerza, empezaron a barrer loa zonas de conflicto" y no fueron efectivas. Por lo tanto en este momento el ejército presenta "síntomas de un agotamiento" y de no retirarlo de esas acciones, podría conducir a una "crisis de seguridad" porque al haber un fracaso del ejército "no existiría ya otra instancia para hacer frente al crimen…".

LOS ZETAS "MADE IN USA": ¿PARA QUE?
La revista Milenio, en su edición del 28 de mayo, publica un amplio reportaje de Omar Sánchez de Tagle titulado: "El salario del miedo. Zetas: 100 mil dólares mas prestaciones". El reportaje de más de 10 páginas habla todo sobre ese grupo de ex militares. La forma en que operan. Los salarios que pagan. Su capacidad militar y logística. Su incorporación al Cártel del Golfo. La llegada de los Kaibiles, los militares guatemaltecos que hacen lo mismo en México. El alto nivel de deserción en el ejército mexicano y los salarios muy bajos de la tropa y oficiales. El número probable de Zetas que existen etc. etc. Sin embargo, la parte más importante del reportaje y lo cual ya habíamos reportado aquí es sobre el origen de Los Zetas.

GAFES convertidos en zetas.
En efecto son ex militares mexicanos pertenecientes a los cuerpos de elite y al "Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales" o GAFES. Antes de serlo fueron entrenados en Fort Benning en Georgia y Fort Bragg en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Es interesante hacer notar que esos fuertes son la sede de los principales grupos de Operaciones Especiales del ejército norteamericano y este reportaje también lo menciona. Esas fuerzas o "boinas verdes" son especialistas en operaciones encubiertas o fuera de la ley, autorizadas por el gobierno, como podrían ser : magnicidios, golpes de estado, espionaje, sabotaje etc. etc., pero que además comparten un alto nivel de inteligencia en cuestiones políticas y estratégicas.

Es difícil suponer, por lo tanto, que los entrenadores de los GAFES , los futuros Zetas, no tuvieran calculado el hecho de que después de lograr una calificación y entrenamiento de tan alto nivel, estos soldados y oficiales estuvieran conformes con regresar a México a recibir muy bajos salarios y limitaciones de equipo y de entrenamiento.

QUE PERSIGUE LA ESTRATEGIA DE LOS NEOCONSERVADORES.
Existen analistas que hacen un paralelo entre la guerra contra el narcotráfico que conduce Felipe Calderón y la guerra de Irak que conduce el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney de los EU. Primero fue la revista Proceso su equipo de reporteros. Ahora lo hace Jorge Zepeda Petterson quien dice el 20 de mayo en El Universal: "de la misma forma en que Washington creyó que el simple derrocamiento de Saddam Hussein se impondría la democracia, el gobierno mexicano asumió que el despliegue masivo de miles de soldados en la región restauraría el estado de derecho". Para Zepeda, la guerra de Irak se hizo por "motivos políticos", en el caso de Calderón lo hace para poder "consolidarse" y lograr popularidad. Pero esa popularidad ganada hasta ahora puede revertirse y convertirse en su "tumba política" como ha sucedido con Bush con la guerra de Irak.

En efecto, el 4 de julio, el The New York Times reporta que el ejército norteamericano ha perdido el control y "la capacidad de proteger a la población así como la influencia física en 457 barrios de Bagdad que están ubicados en la parte occidental de la ciudad y en donde hay una población mixta de shitas y sunitas. Algunos otros reportajes describen una situación en donde solamente en la llamada "zona verde" de Bagdad, totalmente fortificada, es donde el ejercitó puede estar libre de ataques. Se reportan ya 3,409 soldados norteamericanos muertos desde que se inició la invasión.

La revista de inteligencia Red Voltaire que se edita en Francia tiene varios artículos señalando a Dick Cheney como el responsable de este fracaso y el promotor de nuevas guerras tanto contra Irán como en el propio Líbano en donde se ha desatado un sangriento enfrentamiento entre el ejercito y Al Fata. Red Voltaire señala en uno de sus artículos que Cheney impulsa una guerra que "durará generaciones, comparable con la guerra fría. Se siente cómodo generando una guerra artificial no provocada, basada en la ignorancia y la islamofobia, probablemente sabe que aunque desencadene un infierno total sobre el sudoeste asiático no será castigado".

Según la revista EIR que se edita en Washington, estas guerras tienen un paralelismo con las guerras del Peloponeso que emprendió Atenas contra sus antiguos aliados y que causó su propia destrucción. En este caso, las guerras de Cheney están impulsadas "por el camino al infierno llamado globalización" y señala que los gobiernos recurren cada vez mas a las mentiras para conducir a los Estados Unidos a guerras largas que son el camino a la destrucción y cuyo único objetivo es "repeler el tratado de Westfalia" y llevar al mundo a un remedo de las guerras que España desató en Europa después de la expulsión de los judíos en 1492, las guerras religiosas que se prolongaron durante mas de 100 años hasta 1648 en que el Tratado de Westfalia, que da origen a las naciones europeas, le pone fin al conflicto.

Para la EIR la provocación de estas guerras como la de Irak o una futura en Irán significa "el uso de guerras religiosas otra vez como medio para la destrucción de cualquier orden civilizado que trate de resistirse a la globalización".

Opinión - Pablo Gomez

Militares en tribunales civiles

Publico

La masacre realizada en un camino de Sinaloa contra una familia debe ser investigada por el Ministerio Público y ventilada en tribunales civiles. Así lo dispone el artículo 13 de la Constitución. Sería un grave desacato que los probables responsables fueran juzgados dentro del Ejército.

La cuestión, sin embargo, trasciende el incidente y se inscribe en la costumbre de las autoridades militares de extender el llamado “fuero de guerra” a todo delito cometido por militares en funciones aun cuando las víctimas sean civiles. Esta costumbre, impuesta por el Ejército, no tiene más propósito que aplicar criterios castrenses, ya sea para castigar con mayor energía o para aplicar atenuantes.

El grupo de militares que disparó e hirió de muerte a varias personas en Sinaloa estaba realizando funciones de autoridad civil por órdenes del Ejecutivo federal. Pero en Los Pinos se ha reaccionado con disimulo, en especial cuando Calderón declara que quiere conocer los detalles del suceso en lugar de hacer una enérgica condena. Mas estamos frente a una masacre sin atenuantes, complicada con la aplicación de una línea de gobierno cuestionada en varios de sus aspectos, uno de ellos relacionado con lo ocurrido en Sinaloa.

El Ejército está en los caminos para dar seguridad y perseguir a los narcos, pero dispara contra viajeros. Tal es el problema. Y éste es mayor cuando el poder político llena de homenajes y reconocimientos a los militares, cosa que nunca debe hacerse por parte de la autoridad civil en tiempos de paz. Es un error gigantesco, tanto de los gobernantes como de los propios generales, agradecer a los militares la ejecución de órdenes y presentarlos como salvadores. Esta conducta altera negativamente el papel de las fuerzas armadas y tiende a reducir la fuerza del poder civil.

Calderón le ha dado resonancia a sus decisiones relacionadas con la intervención desplegada del Ejército en la guerra de los narcos con el solo propósito de buscar legitimarse ofreciendo seguridad, cuestión elemental de todo gobierno, en especial cuando se encuentra cuestionado y débil. Pero comete un error que no sólo le afecta a él mismo sino que puede tener consecuencias graves en la vida política del país, además de atropellos y masacres, tal como lo hemos estado viendo en las recientes semanas.

Si el Ejército va a seguir metiéndose en la guerra en curso, ante la debilidad de los cuerpos policiacos, debe hacerlo de la manera más discreta y respetuosa. El poder civil, por su parte, debe dejar de mostrarse con apoyo militar, abandonar los homenajes a los militares y hacer a un lado la verborrea con la que se acompañan las acciones castrenses.

Nada de lo anterior hará Calderón, comprometido con sus propios excesos, pero que se escuche bien que muchas veces la manera de hacer las cosas es decisiva en los resultados. Por lo demás –hay que repetirlo—la guerra de los narcos terminará cuando los cárteles de la droga se pongan de acuerdo en una nueva distribución de rutas y territorios. Lo de ahora es pura contención.

El caso Ernestina Ascensión debe aclararse: funcionario de la ONU

Amerigo Incalcaterra destaca postura contradictoria de la procuraduría de Veracruz

La Oficina del Alto Comisionado, sin elementos para hacer una evaluación, señala

Familiares de la indígena Ernestina Ascensión durante una asamblea de la comunidad en la que se abordó el caso Foto: Archivo/Marco Peláez

VICTOR BALLINAS

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, aseveró que en el caso del fallecimiento de la indígena Ernestina Ascensión Rosario "hay muchas cosas que no se han aclarado debidamente, es necesario que se expliquen de manera más extensa y con más elementos para que la ciudadanía conozca lo que ocurrió realmente".

Precisó que, debería ser "la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz la que informe detalladamente a la sociedad, de lo que ocurrió con sus investigaciones, porque es la institución que ha manejado información controversial. Ahí, en ese caso, se requiere mucha precisión".

Sobre este punto, cabe señalar que al conocerse la agresión a la mujer indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, la procuraduría estatal informó desde un inicio que "Ascensión Rosario había sido violada y que además había homicidio".

Posteriormente, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos negó que hubiera ocurrido la violación, y que la mujer indígena falleció por anemia, la procuraduría de Veracruz insistió en que "Ernestina Ascensión sí había sido violada", pero, posteriormente, apoyó la investigación de la CNDH, y en conferencia de prensa, la procuraduría estatal aseveró que "la mujer indígena murió de anemia y que no hubo violación".

La CNDH, en entredicho

Amerigo Incalcaterra manifestó que la oficina en México del Alto Comisionado "no hizo una investigación del caso, no contamos con elementos propios para hacer una evaluación al respecto, pero sí señaló que hay algunas cosas que no han sido debidamente aclaradas en este caso y deben ser explicadas a detalle y con mayores elementos".

El funcionario de la ONU señaló que no conoce la indagatoria que realizó la CNDH, pero "si ese órgano nacional de defensa de los derechos humanos ha dicho ciertas cosas, seguramente se ha basado en investigaciones científicas y técnicas para hacer sus evaluaciones".

La oficina del Alto Comisionado en México, resaltó Incalcaterra, "está abierta a escuchar, y si la CNDH considera correcto llevar con nosotros los resultados de su investigación con muchísimo gusto escuchamos, nosotros no tenemos interlocución directa con las víctimas ni con las autoridades que investigaron el caso, Por eso, no tenemos los elementos que tiene la CNDH, ni los que tiene la procuraduría estatal, pero lo cierto es que hay dos situaciones, lo cual para la sociedad civil es necesario aclarar con mayor precisión hasta dónde han llegado las investigaciones".

En tanto, la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, destacó que el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario "puso en entredicho a la CNDH; hubo contradicciones, hay que fortalecer la figura del ombudsman, no sólo que muestre informes, sino que convenza".

Agrede EMP a una diputada del PRD; la hospitalizan

como siempre, la 'amabilidad' caracteristica de los elementos del emp...

Claudia Herrera y La Jornada On Line

10/05/2007 19:59

México, DF. La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Adriana Díaz fue retirada por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) cuando intentaba encadenarse a un acceso a Los Pinos como parte de una protesta.

La legisladora acudió junto con la señora Mavic Jaimes Miranda, quien demanda la intervención de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para recuperar a sus dos hijos, y con ese fin acudió a Los Pinos para entregar una carta.

Según un reporte de Monitor de la Tarde, la legisladora perredista fue llevada al Hospital Mocel la colonia San Miguel Chapultepec debido a una crisis nerviosa y a un esguince vertical y golpes múltiples.

Según la radiodifusora, Díaz presenta un golpe muy fuerte en un brazo, y le fue colocado un collarín. Permanecerá bajo observación en el nosocomio.

Jaimes refiere dolor en la cadera y presenta moretones en los brazos.

De acuerdo con el reporte de Monitor…, Jaimes vivió en Estados Unidos y su ahora ex esposo le arrebató a sus hijos, por lo que requirió el apoyo de la diputada para acudir a Los Pinos.

Ya en la residencia oficial, Jaimes decidió encadenarse en las rejas de la puerta. Los elementos del EMP intentaron retirarlas con unas pinzas.

La señora Mavic Jaimes refirió que el EMP desalojó tanto a ella como a la legisladora y a Juan Angel Flores, asistente de Díaz, con empujones, uso de la fuerza y algunos golpes y empujones de intensidad.

Incluso, agregó, la legisladora se desvaneció. Mavic aclaró que cada uno de ellos tuvo que soportar la agresión de diez elementos del EMP.

Por su parte, la Presidencia de la República confirmó que la diputada fue "retirada y conducida amablemente" por elementos del EMP hasta el parabús de Chivatito.

La legisladora acudió junto con la señora Mavic Jaimes Miranda, quien demanda la intervención de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para recuperar a sus dos hijos y con ese fin acudió a Los Pinos para entregar una carta.

El diputado Javier González Garza, líder del PRD en la Cámara de Diputados, advirtió que presentará una denuncia de carácter penal y político, pues Díaz es diputada y goza de fuero. Agregó que la legisladora se identificó como tal en Los Pinos y que se ensañaron con ella.

"Hay agresiones totalmente desproporcionadas y absurdas. Preocupa mucho el ambiente general que está creando el gobierno federal, específicamente (Felipe) Calderón; se quiere volver generalito", sostuvo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la delegación Miguel Hidalgo ya hicieron acto de presencia en el hospital Mocel para obtener la declaración de la legisladora.

Astillero. Reversibles

Julio Hernández López

Lo que el Papa quiso decir
San Tiago se arrepiente
Guarderías electorales

Su infalible Santidad ha reculado. Por medio de su Rubén Aguilar, el Santo Padre ha hecho saber que no quiso decir lo que dijo a bordo del avión que lo llevaba a Brasil para participar en una importante reunión de obispos latinoamericanos. En el aire, el B-16 alemán se mostró dogmático (al fin y al cabo fue el jefe de la versión actual del Santo Oficio) y habló de que los políticos que aprueban legislaciones abortistas están fuera de la Iglesia no por veleidades contemporáneas sino por reglas eclesiásticas antiguas e invariables. Pero luego su vocero vaticano hizo saber que lo que los periodistas habían escuchado y transmitido no era exactamente lo que quería decir don Benedicto. Cual si fuera procurador veracruzano de justicia, Federico Lombardi (así se dice Rubencito Aguilar en italiano) se echó atrás de sus propias palabras. Primero, según AP, había dicho que "los políticos que habían votado a favor del aborto se habían excomulgado automáticamente por sus actos". Pero luego, en la doble marcha en reversa, el vocero excusó a su jefe, B-16, y a sí mismo, de las hogueras de leña verde que habían montado contra Marcelo Ebrard y los legisladores asambleísticos chilangos.

Otro al que pareciera que la Virgen se le ha aparecido es al arrepentido santo mexicano Creel (San Tiago), quien ha hecho ejercicios espirituales de contrición para liberarse de los pecados de conciencia que le dejaron algunas aventurillas mundanas recientes. Tentado por los demonios de las ambiciones presidenciales, el beato crédulo se entregó a los placeres de los juegos de azar y las vanidades televisivas. Pero ahora, de hinojos declarativos, el Señor de los Books se arrepiente de todo, ¡bingo!, y ha dicho que la aprobación de las reformas llamadas ley Televisa fue producto de una imposición (a la que él, pobrecito, no se pudo oponer porque era secretario de Gobernación y principal aspirante panista a la candidatura de 2006) y, cuando los beneficiados por esa ley le han revirado, San Tiago se ha flagelado más, al puntualizar que las presiones no fueron individuales sino "producto del entorno político", de "un clima particularmente agitado" que "eran la constante, como es natural, en tiempos electorales". ¡Bienaventurados los que se arrepienten, porque de ellos será el reino de los Bartlett!

Y, después de muerto el niño en varias partes del país, pero sobre todo a partir del bazucazo de Apatzingán, el gobierno federal pretende tapar un hoyo jurídico al crear, a partir de hoy, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, nuevo poder operativo que enfrentará fenómenos y "situaciones excepcionales" en el país, todo bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso sí: el Ejército y la Fuerza Aérea sólo entrarán en acción a partir de órdenes directas del Presidente de la República y por solicitud "expresa, fundada y motivada" de las autoridades civiles.

En materia de recular, varios lectores le aplicaron a este tecleador una variación adjetival doble (gracias al prefijo re) que equivale a miedoso u ojéis: reprochan al escribano que hubiese omitido críticas y referencias a la otra parte del cuadro de corrupción en que participó Carlos Ahumada. No hablar de René Bejarano y de su jefe Andrés Manuel López Obrador, y no extender las suspicacias y catilinarias de esta columna a esa pareja perredista sería, dicen esos lectores, una demostración de que el firmante de este espacio ejerce un periodismo sesgado, partidista, proclive a AMLO y al PRD por razones oscuras o demasiado claras.

Donde ya no saben si recular o avanzar es en el gobierno capitalino. Luego del servicio de martirologio propocionado a Carlos Ahumada la madrugada en que de las puertas de la cárcel fue llevado a una inexplicable "presentación" ante un agente del Ministerio Público, el comité de campaña de Marcelo Ebrard no sabe si arraigar al monólogo de la Argentina, y correr el riesgo de que un juez no encuentre razones para procesarlo por otras acusaciones de fraude, o dejar que al pájaro defendido por el jefe Diego le den ganas de correr mundo.

Astillas

Las guarderías infantiles manejadas por la secretaría federal de Desarrollo Social forman parte del proyecto de proselitismo electoral del PAN, según han denunciado trabajadores de la mencionada secretaría. "No sólo las delegaciones estatales de Sedeso están llenas de panistas", comentó a esta columna uno de esos empleados, sino que "la lista de las responsables del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles está elaborada a partir de los grupos de apoyo a la campaña de Felipe Calderón". Al frente de ese programa está la directora general de Políticas Sociales, Lía Limón García, quien fue esposa de Luis Carlos Ugalde, actual consejero presidente del IFE. Quienes visitaron Astillero para presentar quejas aseguran que la señora Limón (hija del ex secretario de educación pública Miguel Limón Rojas) trata de manera altanera al personal de Sedeso. Además, denunciaron que el nombramiento de las responsables de las guarderías se hizo a partir de "listas de recomendados", y entregaron una copia de pantalla de un correo electrónico enviado a los delegados estatales de Sedeso el 20 de febrero pasado por Alexandra Solana, de la Unidad de Coordinación de Delegaciones para que, por instrucciones de la citada Lía Limón, y de Myriam Arabián, coordinadora de delegaciones, reciban "el directorio recomendado para contratación de personal, ya sea como responsables (de guarderías) o como enlaces en caso de ya contar con un responsable". También se sugiere la contratación de "grupos de señoras que conformen voluntariados para ofrecer asistencia social a su comunidad". Ayer, Felipe Calderón anunció la creación del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Lo acompañaron Margarita Zavala, la secretaria Beatriz Zavala y la delegada Gabriela Cuevas... Y mientras sigue la guerra en Apatzingán, el tribunal electoral se pregunta si el sindicato elbista tuvo mucho que ver en la creación del Panal, Zedillo consigue calcetines rotos para aspirar al Banco Mundial, ¡hasta mañana, en espera de que se organice el apoyo real a Atenco y a los líderes aberrantemente sentenciados!

Opinión - Marcela Gomez Zalce

Detrás de la Ley Televisa

• El acuerdo de Fox y Calderón
• ¿Resultados verde olivo?

Publico

Las únicas buenas historias, mi estimado, son las contadas por quienes jugaron un rol fundamental en los acontecimientos. Mientras en la arena de la seguridad pública se libra una original batalla por espacios entre narcotraficantes y nuestras fuerzas armadas, todo en medio de la inmisericorde guerra entre dos cárteles, donde se está fortaleciendo, unilateralmente, a uno de ellos, en la otra pista mediática aflora el atractivo iceberg de medias verdades legislativas en torno a lo ocurrido tras bambalinas con la aprobación de la célebre Ley Televisa.

Y ya sabe, my friend, que la simpática moneda tiene dos caras y en un muy ocurrente timing, Santiago Creel arrancó uno de los siete velos obligando a muchos a tratar de salir airosos del conocido cochinero.

Hay demasiadas cosillas por puntualizar acerca de la presión existente detrás de la aprobación legislativa en San Lázaro primero, donde el billete televisivo alcanzó a los legisladores que tripularon el fast track en minutos, y en el Senado donde el jaloneo y la desconfianza entre el PRI y el PAN estuvo cerca de darle flit al sueño corporativo.

Lo primordial, my friend, es que Vicente Fox no se aventó ese tiro solo.

¿Listo? Corra por su drink porque ahí le va.

Felipe Calderón, recién ungido candidato fue llamado a una junta en Los Pinos donde, ante la presencia de varios testigos —suyos, del partido y del gobierno federal– el Presidente le solicitó su postura para juntos tomar una decisión sobre el apoyo o rechazo de la polémica ley... que ya calentaba los ánimos electorales. Y como ya sabe que la decisión no es precisamente un atributo del hoy inquilino de Los Pinos, Felipe daba, ante la mirada atónita foxista, una tibia respuesta entre ambigua y temerosa.

O sea, el entonces candidato rechazaba la mentada ley, pero a su vez temía –y lo decía en voz alta– las repercusiones mediáticas (en ambas pantallas) y el peligroso costo para su campaña de cara a los comicios de julio. Finalmente se acordó por unanimidad la urgencia de la aprobación y se designaron grupitos para la amena operación tanto con los priistas, dentro del PAN, en Los Pinos y del círculo calderonista donde por cierto... Josefina Vázquez Mota fungió como enlace y, a través de ella sobre todo días antes de la discusión en Xicoténcatl, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa enviaban sus cordiales saludos. Va de más mencionar los constantes viajecitos a Los Pinos de Bernardo Gómez & friends para sacar el paquetón y una muy entretenida encerrona en casa de Roberto González Barrera, previa a la votación, donde se dieron cita muchos de los que hoy juegan al Tío Lolo escupiendo desconocer sobre seductoras “presiones”.

Todo iba viento en popa cuando a las lacritas tricolores las apretaron desde Televisa the usual suspects, y, con el argumento de evitar que se les vieran los calzones en la Cámara, decidieron solicitarle pruebas duras de lealtad al gobierno, al candidato Calderón que estuvo al tanto... minuto a minuto del tema... y al PAN. Do I still have your attention? Bien. Sigamos.

El requerimiento era sencillo: Las firmas (en un papel) con el nombre y apellido de los senadores que aprobarían el frankenstein, para saber el número exacto de votos (para las zanahorias) y por si las moscas... tener el nombre de los traidores. Y mientras el PAN hacía la talacha, en el PRI Madrazo presionaba con categóricos mensajeros y el duopolio... también. Sobre estas linduras, una vez más, my friend, la pistolita educativa de Josefina podría dar su versión de las llamadas y de los tonos amenazantes que utilizaron los operadores de Televisa y Gamboa & connections.

El final del culebrón (we´ll save it for another day) no tiene desperdicio. Ni los millonarios premios, los jaloneos, la histeria colectiva azul, el nivel de coacción y los tonos utilizados previos a una junta nocturna en Los Pinos, con Vicente Fox, un día antes de la aprobación en el Senado, con los operadores de Calderón y del PAN para después, más tarde, acudir a una emocionante cita con miembros del PRI donde se terminó de consolidar el temible despojo a la nación que hoy pende de un fallo de los ministros de la SCJN. Ni más, my friend, pero ni menos.

Por la Mirilla

El rol emprendido por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico, donde Carácuaro y Apatzingán son controvertidos botones verde olivo sobre la estrategia y sus resultados, comienza a provocar más preocupación que certeza. Cuidado. Ahí viene el balconeo con todo y boomerang...

gomezalce@aol.com

Esperan sanción a culpables

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Pobladores de Soledad Atzompa expresaron ayer su confianza en que el Ejército Mexicano sancionará, como ofreció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, a los soldados que habrían participado en la presunta violación de la anciana Ernestina Ascensión Rosario.

En conferencia de prensa conjunta con diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Antonio Hernández expresó: "si no tuviéramos confianza en el gobierno y sus instituciones, no pediríamos que nos ayuden".

Por su parte, Braulio Antonio Rosario afirmó que al reclamar justicia, los indígenas de la sierra de Zongolica, Veracruz, no denigran la imagen de una persona o del Ejército: "lo que nos pasó es de verdad, es cierto. Si fuera una calumnia, no estaríamos aquí. Lo que queremos es que se esclarezca el crimen cometido por el Ejército. En vez de combatir a la delincuencia, los soldados fueron a delinquir".

Frente al argumento de que el destacamento militar se asentó en la comunidad para combatir grupos ligados a la delincuencia organizada, dijo: "ahí nos conocemos muy bien, no hay criminales, no hay guerrilla, ni tampoco el narcotráfico. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque no nos podemos defender porque somos muy humildes?"

Aproximadamente 50 personas, entre niños, mujeres, adolescentes y hombres que viven en Soledad Atzompa se presentaron en la Cámara de Diputados para insistir en que haya justicia y castigo para "aquellos que han cometido ese crimen".

Durante la conferencia, las diputadas Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y Aliette Bautista cuestionaron el "papel de víctima" en el que se colocó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

"Se tiró al suelo y se hizo la víctima -dijo Maricela Contreras a los pobladores de Atzompa-. Lo más injusto es que quería presentar las fotos de la necropsia. Era una cuestión de ética no permitirlo. Ya lo había hecho, de manera irresponsable, en una conferencia de prensa".

Aliette Bautista aseguró que Soberanes conocía, de antemano, el formato de su comparecencia "y sabía a qué venía". Así que, dijo, su intento de presentar fotografías y pruebas sólo era para "dar un espectáculo. El doctor Soberanes está equivocado, defiende a los presuntos violadores y no los derechos humanos de las mujeres".

José Antonio Hernández tradujo un mensaje de Eustasia González, quien expresó en náhuatl su inconformidad "por el acto que se cometió por parte de los militares" y porque "este caso sea resuelto y sean ajusticiados los culpables".

Hernández dijo que las mujeres de Soledad Atzompa tienen la certeza de que la anciana sí fue violada por militares y por ello también tienen el temor "de que todos los soldados sean los mismos que cometieron esta anomalía. Tienen miedo de que si salen a la tienda, les suceda lo mismo" que a Ernestina.

A una pregunta respecto de si la comunidad conocía que Ernestina Ascensión Rosario estuviese enferma, y ello justificaría la versión oficial de su muerte por anemia, Javier Antonio Hernández dijo: "no estaba enferma. Ella se dedicaba a cuidar sus ovejas. Ella era una ciudadana común y por eso no nos explicamos por qué ese acto maléfico y tanto enredo".

Opinión - Jorge Rocha

Si nadie es culpable, todos son culpables, todos mienten

Jornada Jalisco

La crisis política del momento tiene a un cuarteto como protagonista: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Presidencia de la República, el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). En los diversos medios de comunicación hay argumentaciones encontradas, hechos contradictorios, acusaciones mutuas, hechos inexplicables y una defensa a ultranza de instituciones y personas que han llegado al extremo de plantear un escenario de confrontación, que más que a la reflexión, atiende a un declaracionismo cuasi-religioso: “yo le creo a Soberanes”, “yo le creo a Fidel Herrera, “yo le creo al Ejército” “yo le creo a Calderón”.

Evidentemente en este grado de neblina política que sólo provoca confusión en los ciudadanos, es necesario plantear interpretaciones que nos ayuden a discernir, no sólo para saber quiénes mienten o quiénes dicen la verdad (donde seguramente descubriremos que todos mienten), sino ¿por qué están pasando estas cosas? ¿por qué Ernestina Ascensión (mujer, anciana, indígena y pobre) terminó muerta?, ya sea por gastritis no atendidas o por violación tumultuaria, en ambos casos la causa es una grave violación a los derechos humanos. Es necesario recordar y exponer algunos hechos:

a) Felipe Calderón ha puesto en la base de su Gobierno a la Sedena. Los dichos y hechos concretos ha llevado a innumerables analistas a afirmar que el Presidente requiere de un Ejército fuerte para lograr la gobernabilidad que no logró en las urnas, por lo tanto no puede permitirse el lujo de “ensuciar” y dañar la credibilidad de esta institución y menos en el inicio de su gestión.

b) El Ejército Mexicano no tiene un buen historial en materia de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desde el gobierno de Ernesto Zedillo han hecho una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para que resuelva casos concretos de violación a derechos humanos perpetrados por militares, para que se retire el fuero militar y que no se utilice a esta institución para labores de seguridad pública. Además, tenemos los casos no resueltos de la guerra sucia y de la represión al movimiento estudiantil de 1968, las acusaciones de comunidades indígenas de las actuaciones de los militares en sus territorios donde han consumado violaciones a los derechos humanos y en este momento los escándalos de Zongolica y la violación a 13 mujeres perpe-trada por un grupo de militares, en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila. En este último caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el obispo Rául Vera y Jackie Campbell, responsable del área de comunicación de la Diócesis de Saltillo, han sido objeto de amenazas y difamaciones por acompañar y defender a las mujeres violadas. Es de notar que en todos estos hechos la impunidad es la constante.

c) La actuación del doctor José Luis Soberanes como ombudsman nacional ha dejado muchas dudas por la inconsistencia de su labor. Es cierto que en el caso de Atenco y los altermundistas de Guadalajara se emitieron informes valiosos y valientes (aunque habría que decir que sobre el 28 de mayo no hubo recomendaciones, sólo un informe especial, lo que le quita contundencia a esa acción). Sin embargo, frente al caso de Oaxaca y Zongolica, las ONG de defensa de Derechos Humanos han planteado serias y profundas críticas a las posiciones de la CNDH, al considerar que más que defender los derechos humanos, parece que pretenden ocultar la responsabilidad de los agresores. Es decir, son posiciones “a modo” para evadir la justicia de los violadores a los derechos humanos. En el caso de Ernestina Ascensión han caído en claras y preocupantes contradicciones.

Por otra parte, cuando Soberanes se reelige como presidente de la CNDH, se hicieron una serie de acciones que ponían en entre dicho su ética y compromiso por la defensa de los derechos humanos. Una de estas acciones fue celebrar un congreso de derechos humanos al que invitó a muchas ONG de asis-tencia social a Playa del Carmen con gastos pagados y con cargo al erario, por supuesto. Luego estas ONG fueron sus principales aliados en la reelección. Por otra parte los principales organismos civiles de defensa de derechos humanos en el país decidieron no asistir. Hasta ahora la relación entre CNDH y estos grupos es inexistente. Claro que si sabemos que el presupuesto del año pasado de la CNDH fue de 742 millones de pesos estas inconsistencias se tornan demasiado caras.

d) El gobierno de Fidel Herrera es el PRI viejo, caciquil, autocomplaciente y megalómano. De ellos se puede esperar todo, hasta una permanente campaña de comunicación social que todo asocia con Fidel.

Todos estos hechos pueden tener un hilo conductor, y es que Felipe Calderón no puede permitir que el actor eje de su política quede debilitado y en entre dicho. No puede permitir que los mexicanos tengan la imagen de militares violando mujeres, no puede permitir que el garante de su gobierno se resquebraje. Por otro lado, José Luis Soberanes ha demostrado ser un oportunista político y ha usado a la CNDH para sus fines. Con Vicente Fox intentó recuperar la imagen de un ombudsman fuerte, que incluso lo llevo a ser nombrado como posible presidente interino tras el pasado conflicto electoral. Sin embargo, con Calderón cambió su posición, se “acomodo” a los intereses del Ejecutivo. Calderón, la Sedena y Soberanes saben que la “piedra de toque” del Ejército es el respeto a los derechos humanos, quizá por ello niegan y amenazan cuando se presentan casos tan escandalosos como los de Castaños y Zongolica. Como ciudadanos no nos queda más que seguir exigiendo la verdad.

Entrevista: Emeterio López • Procurador de Justicia de Veracruz

El fiscal estatal asegura que en la zona anal de Ernestina Ascensión había rastros de una proteína prostática, lo que refuerza la tesis de una agresión sexual.

Publico

Para Emeterio López, procurador de Justicia de Veracruz, la investigación de la muerte de Ernestina Ascensión sigue apuntando a una violación. Los elementos para mantenerse en la tesis se acumulan, asegura el funcionario, aunque la piedra angular para sostenerse es un proteína prostática (sólo la producen los hombres) que los exámenes periciales detectaron en la zona anal de la anciana.

Va a ser difícil, lo sabe, que la recomendación que genere la CNDH lo trate sin dureza. El procurador comenta que desde su punto de vista ya hay una actuación a priori de la comisión, adelantada y por encima de sus atribuciones constitucionales, descalificando una indagatoria que aún está en curso.

¿Qué situación guardan las investigaciones?
Investigamos desde el primer indicio que tuvimos (de violencia contra la anciana). Los dictámenes de la doctora adscrita a la agencia especializada del MP se incorporaron a la investigación y desde ese primer momento se señalaba que había lesiones, sobre todo algunos desgarros.

Al final, la señora desafortunadamente fallece. El médico legista de la procuraduría procede a hacer la necropsia y establece las causas de la muerte: persiste en el señalamiento de una serie de lesiones en la región anal. Es un asunto científico y técnico de los médicos legistas.

Finalmente, en la necropsia que solicita la CNDH, se mantiene la detección de lesiones en la vía rectal y en base a estos certificados, nosotros sostenemos nuestra línea de investigación. Será el MP el que al final diga si hubo o no violación, pero indudablemente hay más indicios que nos van encaminando a ello.

¿Cuál es el principal elemento que le dan los peritos para continuar la línea de investigación vinculada a una violación?
Estaba presente la proteína P30 (un elemento que sólo pudo proceder de una eyaculación) en la zona anal. Esta proteína procede necesariamente de un varón. Todo esto es parte del proceso de investigación, de los peritajes y estamos trabajando, recopilando más pruebas. Sí podemos decir que hay elementos que se acumulan y apuntan a la violación.

Estamos concluyendo prácticamente la primera parte de la indagatoria: establecer los delitos y será el Ministerio Público quien señale estos delitos de manera contundente.

¿Qué hay en cuanto a la eventual participación de soldados?
Nosotros nunca, en ningún momento hablamos de soldados, nuestro deber era comprobar el cuerpo del delito y no podemos decir quiénes hayan sido antes de investigar.

Esta versión no es parte de lo que ha hecho la procuraduría. Es en una segunda etapa en la que se establecerán presuntos responsables, sólo cuando se comprobó que hubo delitos.

La CNDH descarta violación y descarta muerte por violencia…
En toda la integración de la averiguación hemos encontrado estos elementos y evidencias. En cuanto a la violencia, ésta es prácticamente un complemento de la violación, hay algunos hematomas y golpes, aunque en esto nos faltan diligencias. A lo mejor la señora, luego de pedir auxilio, pudo sufrir lesiones y de allí proceden los hematomas; o que se haya caído solita después. Hay muchos aspectos que queremos ver aún en esto.

La CNDH pone en duda la capacidad técnica de la procuraduría para realizar la investigación: se usó una vulgar hielera para tratar de conservar evidencia, se perdieron tablillas con pruebas periciales incluido el “semen abundante”…
Se ha dicho que se perdieron elementos, que en la primera necropsia incluso no se extrajeron todos los órganos para la revisión. Todo eso es un error.

Hay documentos, consta en el proceso de investigación que se hicieron pruebas al hígado, a los demás órganos de la señora.

En cuanto a lo que se llamó “semen abundante” éste pudo haberse debido al gel que se usó para la exploración. Esa sería una explicación: el líquido que se vio pudo ser en parte el gel, pero será el MP el que tendrá que preguntar sobre eso a quienes realizaron las primeras exploraciones.

Ahora, en cuanto a las muestras recogidas del cadáver, que se dijo que no las queríamos dar a la CNDH, algunas de ellas se agotaron por las muestras periciales. Eso es lo que está pasando y no que se hayan perdido o que haya resistencia a entregarlas: se usan y se agotan. Después ya no se pueden usar para nuevas pruebas. Si se intentan usar, esas muestras ya no sirven, ya no están vírgenes.

Además, la CNDH mandó sus observadores a la exhumación. Se les ofrecieron muestras periciales en ese momento, pero prefirieron no tomarlas, dijeron que sólo venían como observadores y después exigían que les diéramos las pruebas periciales. Pero esto ya está solucionado: ya se les dio todo. Nunca hubo reticencia a auxiliar en los trabajos de la CNDH.

¿Las pruebas positivas de la presencia de la proteína prostática están en poder de la CNDH?
Sí, ya está todo en sus manos.

Va a ser difícil que usted no aparezca como actor principal de una recomendación muy dura de la CNDH.
No hemos concluido las indagatorias y sin embargo ya se habló de varias cosas. Los comentarios fueron a priori, apartándose de las atribuciones que marca la Constitución. Nosotros nos estamos apegando en todo a lo que nos marca la ley.

Quiero aclarar que siempre se dará un trato respetuoso a todo lo que haga la CNDH, pero yo siento que nosotros tenemos respaldos jurídicos para todo lo que hemos hecho.

"Mis peritajes fueron correctos"

••• El perito médico Ignacio Gutiérrez, cuyos análisis del cadáver de Ernestina Ascensión fueron cuestionados, comenta a MILENIO que tiene pruebas documentales de que su actuación fue correcta y sus conclusiones están sustentadas en una prueba científica. De cada peritaje, sostiene, hay fotos, documentación que comprueba sus dichos y que no se equivocó: “los dictámenes son correctos”.

Señala que antes de tocar el cadáver luego de la exhumación solicitada por la CNDH, lo fotografió e inspeccionó visualmente. Para él no hay posibilidad de que su actuación sea señalada como dolosa o negligente.

Explica que desde el punto de vista técnico, la proteína P30 resulta definitiva para la presunción de violación: “sería rarísimo que se haya alojado en la zona anal esta proteína por otros medios. Tomé las pruebas en hisopos, los mandé al laboratorio y fue allí donde dieron positivos para esta proteína”.

No sólo eso, comenta que en un nuevo hallazgo se detectó una mancha en las vestimentas de Ernestina. “Se detectó un cromosoma” procedente necesariamente de un varón. Se abre la puerta a la hipótesis de un segundo agresor, pues aún no se determina si esta mancha procede del mismo cuerpo que, según la procuraduría estatal, dejó rastros de la proteína P30 en la zona anal.

Gutiérrez fue suspendido temporalmente para prestar sus servicios en la procuraduría en tanto se resuelven las controversias en torno al caso de Ernestina.

Descarta que la detección de lesiones en la zona rectal pudieran ser producidas después de la muerte: “tenían sangre, tenían coágulos”.

Muestra finalmente su inconformidad con los funcionarios de la CNDH que se presentaron a la segunda necropsia y luego impugnaron sus resultados: “les ofrecimos que se llevaran muestras, se negaron. En cambio, los médicos militares sí se llevaron muestras de cada uno de los procedimientos que se hicieron”.

Arturo Ramos