ECOCIDIO DE LA REPSOL ESPAÑOLA EN MANZANILLO.
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domingo, octubre 05, 2008
lunes, marzo 10, 2008
Presenta AMLO dos contratos más de Mouriño con Pemex
En calidad de apoderado legal de Ivancar, el actual secretario de Gobernación firmó uno de ellos en 2000 y el otro en 2001, años en que presidió la Comisión de Energía en San Lázaro.
La Jornada On Line
Publicado: 10/03/2008 12:54
México, DF. Tal como lo había anunciado días antes, Andrés Manuel López Obrador presentó dos contratos más del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Petróleos Mexicanos (Pemex).
En conferencia de prensa, el "presidente legítimo" mostró dos documentos signados por el ahora funcionario federal en su calidad de apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar con Pemex Refinación.
Anunció que dichos contratos, uno fechado el 20 de diciembre de 2001 y el otro a finales de 2000, serán puestos a disposición de los legisladores que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), quienes impulsan conformar una comisión legislativa para investigar a Mouriño Terrazas por presunto tráfico de influencias.
Preciso que el FAP ya tiene el apoyo de 125 diputados y senadores necesarios para poder integrar dicho cuerpo legislativo, y que por ello mañana martes comenzarán los trámites para su creación.
Con esta nueva documentación son cinco los contratos con los que el político tabasqueño sustenta sus señalamientos y acusaciones en contra del titular de la SG, en el sentido de que ha violentado el artículo 50 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público.
Según dicho artículo, las dependencia y entidades deben abstenerse de establecer algún contrato con personas que en el sector público intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.
De acuerdo con las fechas que aparecen en referidos contratos -2000 y 2001- Mouriño Terrazo se desempeñaba en aquel como diputados federal, lo cual contraviene con lo estipulado en la ley.
Ante tal irregularidad, el político tabasqueño señaló que el funcionario debe comprobar, con documentos ante notario, la fecha en la que renunció como apoderado de dichas empresas.
También aseguró que el gobierno federal aprovechará la Semana Santa para presentar un proyecto de reforma del sector energético, el próximo 25 de marzo.
La Jornada On Line
Publicado: 10/03/2008 12:54
México, DF. Tal como lo había anunciado días antes, Andrés Manuel López Obrador presentó dos contratos más del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Petróleos Mexicanos (Pemex).
En conferencia de prensa, el "presidente legítimo" mostró dos documentos signados por el ahora funcionario federal en su calidad de apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar con Pemex Refinación.
Anunció que dichos contratos, uno fechado el 20 de diciembre de 2001 y el otro a finales de 2000, serán puestos a disposición de los legisladores que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), quienes impulsan conformar una comisión legislativa para investigar a Mouriño Terrazas por presunto tráfico de influencias.
Preciso que el FAP ya tiene el apoyo de 125 diputados y senadores necesarios para poder integrar dicho cuerpo legislativo, y que por ello mañana martes comenzarán los trámites para su creación.
Con esta nueva documentación son cinco los contratos con los que el político tabasqueño sustenta sus señalamientos y acusaciones en contra del titular de la SG, en el sentido de que ha violentado el artículo 50 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público.
Según dicho artículo, las dependencia y entidades deben abstenerse de establecer algún contrato con personas que en el sector público intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.
De acuerdo con las fechas que aparecen en referidos contratos -2000 y 2001- Mouriño Terrazo se desempeñaba en aquel como diputados federal, lo cual contraviene con lo estipulado en la ley.
Ante tal irregularidad, el político tabasqueño señaló que el funcionario debe comprobar, con documentos ante notario, la fecha en la que renunció como apoderado de dichas empresas.
También aseguró que el gobierno federal aprovechará la Semana Santa para presentar un proyecto de reforma del sector energético, el próximo 25 de marzo.
Nota relacionada:
- Da a conocer Convergencia dos nuevos contratos que vinculan a Ivancar
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::
martes, noviembre 27, 2007
Video sobre Alan Rodriguez
Enlace en Internet - http://www.youtube.com/watch?v=ennBkfYKBPc
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
A un año de la muerte de Néstor Alan Rodríguez la justicia sigue sin alcanzar a los responsables
Nadie parece interesarse en esclarecer los hechos, incluido el presidente Felipe Calderón
Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Alvarez del Castillo se escudan en sus influencias y siguen libres
Mónica Licea Padilla, madre de Néstor Alan Rodríguez, el joven muerto en un accidente automovilístico ocasionado por hijos de influyentes, limpia la ofrenda instalada en avenida Vallarta esquina con Enrique Díaz de León, lugar donde falleció su hijo, a un año del infortunio Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
MAURICIO FERRER
En 365 días, Néstor Rodríguez Gómez ha aprendido sobre legislaciones, cosa que antes no sabía. Ha aprendido a utilizar la Internet, que tampoco conocía. Ha utilizado la manifestación, herramienta de la que nunca hizo uso. En un año, las canas le han salido en la cabeza y ha bajado tres kilos. Todo eso a cambio de algo: la muerte de su hijo.
El 26 de noviembre de 2006, “mi hijo Néstor Alan Rodríguez Licea fue privado de la vida y del derecho a la justicia”, expresó ayer ante la amenaza del llanto, Néstor Rodríguez.
Hace un año, Néstor Alan, de 18 años entonces, manejaba por la avenida Vallarta de oriente a poniente. Era de madrugada. Al cruce con Enrique Díaz de León, fue impactado por dos autos que corrían a toda velocidad. Los vehículos, eran conducidos por Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Alvarez del Castillo, quienes manejaban alcoholizados.
“A sus 18 años, dicen que Néstor murió inmediatamente. A pesar de su imprudencia, los jóvenes lograron salir bajo fianza gracias a que el examen de alcoholemia fue retrasado ocho horas para que resultara negativo. Asimismo, el peritaje de vialidad estipula que iban a 80 kilómetros por hora; sin embargo, por los daños causados, es evidente que viajaban a una velocidad mucho mayor”, explicó ayer el padre de Néstor.
Según los relatos del hombre, el padre de Christian Arias, Fernando Arias Pérez, actual vocero de la Secretaría de Gobernación, y en esas fechas, del gobierno del estado, llegó inmediatamente al lugar de los hechos ese día y “se presume, movió sus influencias para favorecerlos”. Meses después, Francisco Xavier Alvarez del Castillo, en otro incidente vial, fue detenido, tras comprobarle un tercer grado de alcoholemia.
En un año, la familia Rodríguez Licea, ha tocado puertas que pareciera que detrás de ellas no hay nadie: dos marchas al Congreso del Estado, una al Palacio de Justicia, una más al Instituto Cultural Cabañas, un envío del expediente del caso al presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, otra copia al Congreso de la Unión. Nada.
También dos solicitudes para dar a conocer el caso: una en Televisa y otra en TV Azteca. Ni un cuadro al aire.
Lo que por poco también hubiera quedado en nada es la queja 2600/2006/II en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). En febrero de 2007, gracias a la intervención del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) el proceso avanzó: ahora está en la parte del desahogo de pruebas.
De acuerdo con Francisco Macías Medina, coordinador del Cepad, de la investigación en conjunto con la CEDHJ, se desprende la responsabilidad en los hechos de dos agentes del Ministerio Público adscritos al Servicio Médico Forense (Semefo) y a la Agencia B especial para detenidos; un secretario del Ministerio Público adscrito al Semefo; dos policías investigadores del Estado dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado; un agente de Vialidad; cuatro peritos químicos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); y dos peritos médicos del IJCF.
“Esperamos que en el momento de resolverse la inconformidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúe de forma imparcial y utilice todas sus facultades para que se pronuncie por lo ocurrido y que determine que en los hechos se violaron derechos fundamentales, además que deslinde responsabilidades y proponga modificaciones legales que impidan la repetición de este tipo de hechos”, pidió Macías Medina.
De acuerdo con el segundo visitador de la CEDHJ, Arturo Martínez Madrigal, encargado de llevar el caso en el organismo, hacia el mes de diciembre se recabará más información.
En conversación con La Jornada Jalisco, el visitador pronosticó que para el mes de febrero podría darse ya una resolución a la queja en la que se han analizado entre otras pruebas, las llamadas que se hicieron al IJCF esa madrugada.
Y es que, no solo queda pendiente la conclusión del caso en la CEDHJ. Según el padre de Néstor Alán, queda una sentencia por ser dictada en el juzgado 8 de lo penal al expediente número 710/2006-B.
Ayer, familiares y amigos de Néstor, repartieron información sobre los hechos en la misma esquina en que murió el joven, en el cruce de Vallarte y Enrique Díaz de León. De igual forma, solicitaron alimentar con información el blog hecho por los amigos de Néstor (http://justiciaparanestoralan.blogspot.com), en el que se puede ver un primer trabajo documental hecho en conjunto con el Cepad que después se dará a conocer en universidades, escuelas, en diferentes centros del conocimiento, todo, para “que esto no se olvide, para que sirva de algo bueno este hecho”, comentó el papá de Néstor.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Alvarez del Castillo se escudan en sus influencias y siguen libres
Mónica Licea Padilla, madre de Néstor Alan Rodríguez, el joven muerto en un accidente automovilístico ocasionado por hijos de influyentes, limpia la ofrenda instalada en avenida Vallarta esquina con Enrique Díaz de León, lugar donde falleció su hijo, a un año del infortunio Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLOMAURICIO FERRER
En 365 días, Néstor Rodríguez Gómez ha aprendido sobre legislaciones, cosa que antes no sabía. Ha aprendido a utilizar la Internet, que tampoco conocía. Ha utilizado la manifestación, herramienta de la que nunca hizo uso. En un año, las canas le han salido en la cabeza y ha bajado tres kilos. Todo eso a cambio de algo: la muerte de su hijo.
El 26 de noviembre de 2006, “mi hijo Néstor Alan Rodríguez Licea fue privado de la vida y del derecho a la justicia”, expresó ayer ante la amenaza del llanto, Néstor Rodríguez.
Hace un año, Néstor Alan, de 18 años entonces, manejaba por la avenida Vallarta de oriente a poniente. Era de madrugada. Al cruce con Enrique Díaz de León, fue impactado por dos autos que corrían a toda velocidad. Los vehículos, eran conducidos por Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Alvarez del Castillo, quienes manejaban alcoholizados.
“A sus 18 años, dicen que Néstor murió inmediatamente. A pesar de su imprudencia, los jóvenes lograron salir bajo fianza gracias a que el examen de alcoholemia fue retrasado ocho horas para que resultara negativo. Asimismo, el peritaje de vialidad estipula que iban a 80 kilómetros por hora; sin embargo, por los daños causados, es evidente que viajaban a una velocidad mucho mayor”, explicó ayer el padre de Néstor.
Según los relatos del hombre, el padre de Christian Arias, Fernando Arias Pérez, actual vocero de la Secretaría de Gobernación, y en esas fechas, del gobierno del estado, llegó inmediatamente al lugar de los hechos ese día y “se presume, movió sus influencias para favorecerlos”. Meses después, Francisco Xavier Alvarez del Castillo, en otro incidente vial, fue detenido, tras comprobarle un tercer grado de alcoholemia.
En un año, la familia Rodríguez Licea, ha tocado puertas que pareciera que detrás de ellas no hay nadie: dos marchas al Congreso del Estado, una al Palacio de Justicia, una más al Instituto Cultural Cabañas, un envío del expediente del caso al presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, otra copia al Congreso de la Unión. Nada.
También dos solicitudes para dar a conocer el caso: una en Televisa y otra en TV Azteca. Ni un cuadro al aire.
Lo que por poco también hubiera quedado en nada es la queja 2600/2006/II en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). En febrero de 2007, gracias a la intervención del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) el proceso avanzó: ahora está en la parte del desahogo de pruebas.
De acuerdo con Francisco Macías Medina, coordinador del Cepad, de la investigación en conjunto con la CEDHJ, se desprende la responsabilidad en los hechos de dos agentes del Ministerio Público adscritos al Servicio Médico Forense (Semefo) y a la Agencia B especial para detenidos; un secretario del Ministerio Público adscrito al Semefo; dos policías investigadores del Estado dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado; un agente de Vialidad; cuatro peritos químicos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); y dos peritos médicos del IJCF.
“Esperamos que en el momento de resolverse la inconformidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúe de forma imparcial y utilice todas sus facultades para que se pronuncie por lo ocurrido y que determine que en los hechos se violaron derechos fundamentales, además que deslinde responsabilidades y proponga modificaciones legales que impidan la repetición de este tipo de hechos”, pidió Macías Medina.
De acuerdo con el segundo visitador de la CEDHJ, Arturo Martínez Madrigal, encargado de llevar el caso en el organismo, hacia el mes de diciembre se recabará más información.
En conversación con La Jornada Jalisco, el visitador pronosticó que para el mes de febrero podría darse ya una resolución a la queja en la que se han analizado entre otras pruebas, las llamadas que se hicieron al IJCF esa madrugada.
Y es que, no solo queda pendiente la conclusión del caso en la CEDHJ. Según el padre de Néstor Alán, queda una sentencia por ser dictada en el juzgado 8 de lo penal al expediente número 710/2006-B.
Ayer, familiares y amigos de Néstor, repartieron información sobre los hechos en la misma esquina en que murió el joven, en el cruce de Vallarte y Enrique Díaz de León. De igual forma, solicitaron alimentar con información el blog hecho por los amigos de Néstor (http://justiciaparanestoralan.blogspot.com), en el que se puede ver un primer trabajo documental hecho en conjunto con el Cepad que después se dará a conocer en universidades, escuelas, en diferentes centros del conocimiento, todo, para “que esto no se olvide, para que sirva de algo bueno este hecho”, comentó el papá de Néstor.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Justicia para Néstor Alan Rodríguez Licea ¿Cuándo?
Para Néstor y Mónica, padres de Néstor Alan
La Jornada Jalisco - 26 Nov 2007
Hoy hace un año que en un acto criminal murió Néstor Alan Rodríguez Licea. Tenía apenas 18 años. Y al igual que desde el mismo día de su deceso, sus padres, sus familiares, sus amigos y gran parte de la ciudadanía, todavía esperan que las autoridades del gobierno del estado dejen de lado sus intereses clientelares y políticos y procuren en verdad justicia.
Como se recordará, hace un año Néstor Alan regresaba de una reunión con amigos y compañeros de preparatoria de la que era alumno de último semestre. Y justo a seis cuadras de su casa murió trágicamente cuando el vochito que manejaba fue impactado por un par de automovilistas alcoholizados que venían jugando carreritas.
Los conductores no eran conductores comunes y corrientes. Eran Cristian Arias de la Torre y Francisco Javier Alvarez del Castillo, casi de la misma edad de Néstor Alan pero miembros de prominentes familias que han estado acostumbradas a pregonar el “respeto irrestricto al estado de derecho y las leyes por encima de intereses particulares”. Uno de ellos es hijo de Fernando Arias, actual director de Comunicación Social de Francisco Javier Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación, y el otro es nieto del recientemente fallecido ex gobernador y ex procurador de la República, Enrique Alvarez del Castillo.
Arias de la Torre y Alvarez del Castillo festejaban seguramente que Ramírez Acuña había sido llamado a Gobernación por Felipe Calderón por ser “un hombre respetuoso y garante de la ley” y ebrios no sólo de cerveza y alcohol aplaudían que el padre de uno de ellos, Fernando Arias, se encargaría de divulgar información y comunicación “certera” y “objetiva” al servicio del pueblo, tal y como lo hizo en Comunicación Social del gobierno del estado con Ramírez Acuña. Por eso corrían al parejo buscando ejemplificar las meteóricas carreras que cada uno tenía por delante. “El que no corra es espurio”, seguramente se decían el uno al otro, o bien, “¡viva el gobierno que nos ha dado tanto!”, o por lo menos algo parecido.
De esta forma, Arias de la Torre y Alvarez del Castillo, acostumbrados al ejercicio discrecional que dan las influencias de sus respectivas familias para inhibir a cualquier patrullero o agente de Tránsito que osara detenerlos, venían por avenida Vallarta a toda velocidad pasándose los altos. A lo mejor pensaron: “¿para qué otra cosa puede servir tener un Jetta y una Ram último modelo?”. Néstor Alan apenas arrancaba con la luz verde en Enrique Díaz de León cuando recibió en su costado los mortíferos golpes de los dos vehículos que le cegaron la vida. El vochito quedó hecho añicos por el encontronazo y quedó prensado contra un poste de acero.
¿Y Derechos Humanos?
Fernando Arias, como buen padre amoroso, se presentó de inmediato en el lugar a dar instrucciones como si fuera perito forense y manejar y tener control del área, que de inmediato se llenó de docenas de patrullas que dieron la impresión de que era un incidente grave a la todavía “pareja presidencial”, o bien, a un noble y “alto personaje de la política”.
A partir de ahí, más injusticias y atropellos tanto del gobierno de Ramírez Acuña (¿a poco a Octavio Solís se le dejó gobernar?) como del gobierno entrante de Emilio González Márquez, que se ha encargado legalmente del caso, y que sólo han favorecido la impunidad. La credencial de elector de Néstor Alan desapareció misteriosamente. Y con un sistema de identificación domiciliaria que sólo funciona cuando se trata de perjudicar a la gente que se quiera, no sirvió para informar de inmediato a los padres de Néstor Alan, quienes supieron casi 12 horas después lo sucedido. La tarjeta de circulación se escondió. Arias de la Torre y Alvarez del Castillo fueron custodiados y escoltados para ser llevados a hospitales privados para que les practicaran exámenes a pedido a fin de ser “desintoxicados” y evadir la responsabilidad penal del caso, en lugar de los populares exámenes que se practican en la Cruz Roja o Verde para los que no tienen influencias. Y por si quedara alguna duda, se modificó el expediente para simular que ni venían tomando y sólo venían a “vuelta de rueda”. El celular de Néstor Alan quedó intacto, recibía y entraban llamadas y nadie fue bueno para llamar a sus familiares.
¿Emilio González Márquez demostrará que en verdad es gobernador de la entidad? Y el procurador Tomás Coronado, además de afirmar que no se relaciona sexualmente con jovencitas y que no consigna bajo consigna, ¿podrá afirmar y demostrar que procurará justicia para un joven que no fumaba ni tomaba, no obstante que el primer Ministerio Público se prestó a alterar los hechos? Y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez (magistrado, “el que dicta y administra sabiamente la justicia”) ¿podrá demostrar que tiene jurisdicción, autonomía e independencia para impartir justicia pronta y expedita, cuando el juez octavo de lo penal “se doble” ante la tibieza del Ministerio Público?
¿Podrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitir a tiempo una recomendación ante las múltiples irregularidades judiciales del caso en contra de los amigos de Ramírez Acuña y de diputados que llevaron al cargo a Felipe Alvarez Cibrián? O a un año de distancia, ¿el secretario ejecutivo de la CEDHJ que se desgarró las vestiduras por la censura impuesta a varios reporteros que informaban del caso, podrá emitir ahora desde este cargo, sin autocensura, aunque sea una simple pero contundente opinión ante el caso?
La familia y amigos de Néstor Alan estarán el día de hoy en el cruce de Vallarta y Díaz de León a partir de las 9 de la mañana; se entregarán volantes y flores blancas, y por la noche, a las 8, se realizará una ceremonia religiosa. No falten.
Por otra parte, como respuesta a la sigilosa censura que intenta Cinepolis (¿polis por lo de policía?) a la película Fraude: México 2006, no hay que dejar de ir a verla. Aprovechando este próximo fin de semana, por acá estarán en la FIL los moneros de El Chamuco y su director, Federico Arreola, también productor de la cinta.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
Para Néstor y Mónica, padres de Néstor Alan
La Jornada Jalisco - 26 Nov 2007
Hoy hace un año que en un acto criminal murió Néstor Alan Rodríguez Licea. Tenía apenas 18 años. Y al igual que desde el mismo día de su deceso, sus padres, sus familiares, sus amigos y gran parte de la ciudadanía, todavía esperan que las autoridades del gobierno del estado dejen de lado sus intereses clientelares y políticos y procuren en verdad justicia.
Como se recordará, hace un año Néstor Alan regresaba de una reunión con amigos y compañeros de preparatoria de la que era alumno de último semestre. Y justo a seis cuadras de su casa murió trágicamente cuando el vochito que manejaba fue impactado por un par de automovilistas alcoholizados que venían jugando carreritas.
Los conductores no eran conductores comunes y corrientes. Eran Cristian Arias de la Torre y Francisco Javier Alvarez del Castillo, casi de la misma edad de Néstor Alan pero miembros de prominentes familias que han estado acostumbradas a pregonar el “respeto irrestricto al estado de derecho y las leyes por encima de intereses particulares”. Uno de ellos es hijo de Fernando Arias, actual director de Comunicación Social de Francisco Javier Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación, y el otro es nieto del recientemente fallecido ex gobernador y ex procurador de la República, Enrique Alvarez del Castillo.
Arias de la Torre y Alvarez del Castillo festejaban seguramente que Ramírez Acuña había sido llamado a Gobernación por Felipe Calderón por ser “un hombre respetuoso y garante de la ley” y ebrios no sólo de cerveza y alcohol aplaudían que el padre de uno de ellos, Fernando Arias, se encargaría de divulgar información y comunicación “certera” y “objetiva” al servicio del pueblo, tal y como lo hizo en Comunicación Social del gobierno del estado con Ramírez Acuña. Por eso corrían al parejo buscando ejemplificar las meteóricas carreras que cada uno tenía por delante. “El que no corra es espurio”, seguramente se decían el uno al otro, o bien, “¡viva el gobierno que nos ha dado tanto!”, o por lo menos algo parecido.
De esta forma, Arias de la Torre y Alvarez del Castillo, acostumbrados al ejercicio discrecional que dan las influencias de sus respectivas familias para inhibir a cualquier patrullero o agente de Tránsito que osara detenerlos, venían por avenida Vallarta a toda velocidad pasándose los altos. A lo mejor pensaron: “¿para qué otra cosa puede servir tener un Jetta y una Ram último modelo?”. Néstor Alan apenas arrancaba con la luz verde en Enrique Díaz de León cuando recibió en su costado los mortíferos golpes de los dos vehículos que le cegaron la vida. El vochito quedó hecho añicos por el encontronazo y quedó prensado contra un poste de acero.
¿Y Derechos Humanos?
Fernando Arias, como buen padre amoroso, se presentó de inmediato en el lugar a dar instrucciones como si fuera perito forense y manejar y tener control del área, que de inmediato se llenó de docenas de patrullas que dieron la impresión de que era un incidente grave a la todavía “pareja presidencial”, o bien, a un noble y “alto personaje de la política”.
A partir de ahí, más injusticias y atropellos tanto del gobierno de Ramírez Acuña (¿a poco a Octavio Solís se le dejó gobernar?) como del gobierno entrante de Emilio González Márquez, que se ha encargado legalmente del caso, y que sólo han favorecido la impunidad. La credencial de elector de Néstor Alan desapareció misteriosamente. Y con un sistema de identificación domiciliaria que sólo funciona cuando se trata de perjudicar a la gente que se quiera, no sirvió para informar de inmediato a los padres de Néstor Alan, quienes supieron casi 12 horas después lo sucedido. La tarjeta de circulación se escondió. Arias de la Torre y Alvarez del Castillo fueron custodiados y escoltados para ser llevados a hospitales privados para que les practicaran exámenes a pedido a fin de ser “desintoxicados” y evadir la responsabilidad penal del caso, en lugar de los populares exámenes que se practican en la Cruz Roja o Verde para los que no tienen influencias. Y por si quedara alguna duda, se modificó el expediente para simular que ni venían tomando y sólo venían a “vuelta de rueda”. El celular de Néstor Alan quedó intacto, recibía y entraban llamadas y nadie fue bueno para llamar a sus familiares.
¿Emilio González Márquez demostrará que en verdad es gobernador de la entidad? Y el procurador Tomás Coronado, además de afirmar que no se relaciona sexualmente con jovencitas y que no consigna bajo consigna, ¿podrá afirmar y demostrar que procurará justicia para un joven que no fumaba ni tomaba, no obstante que el primer Ministerio Público se prestó a alterar los hechos? Y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez (magistrado, “el que dicta y administra sabiamente la justicia”) ¿podrá demostrar que tiene jurisdicción, autonomía e independencia para impartir justicia pronta y expedita, cuando el juez octavo de lo penal “se doble” ante la tibieza del Ministerio Público?
¿Podrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitir a tiempo una recomendación ante las múltiples irregularidades judiciales del caso en contra de los amigos de Ramírez Acuña y de diputados que llevaron al cargo a Felipe Alvarez Cibrián? O a un año de distancia, ¿el secretario ejecutivo de la CEDHJ que se desgarró las vestiduras por la censura impuesta a varios reporteros que informaban del caso, podrá emitir ahora desde este cargo, sin autocensura, aunque sea una simple pero contundente opinión ante el caso?
La familia y amigos de Néstor Alan estarán el día de hoy en el cruce de Vallarta y Díaz de León a partir de las 9 de la mañana; se entregarán volantes y flores blancas, y por la noche, a las 8, se realizará una ceremonia religiosa. No falten.
Por otra parte, como respuesta a la sigilosa censura que intenta Cinepolis (¿polis por lo de policía?) a la película Fraude: México 2006, no hay que dejar de ir a verla. Aprovechando este próximo fin de semana, por acá estarán en la FIL los moneros de El Chamuco y su director, Federico Arreola, también productor de la cinta.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
domingo, julio 29, 2007
Opinión - Jorge Carrasco Araizaga
Negocios millonarios
proceso
México, D.F., (apro).- En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha optado por evitar las cuentas con su antecesor. A pesar de las evidencias, ha preferido el silencio ante hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Vicente Fox.
Uno de ellos, más que documentado, está en manos del secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cáceres. Desde septiembre de 2006 está en poder de esa dependencia un dictamen jurídico elaborado para revisar las licitaciones realizadas por Pemex Refinación cuando el director era Juan Bueno Torio, actual senador del PAN por Veracruz y aspirante a gobernar el estado.
Bueno Torio –quien quedó en medio del escándalo al trascender que otorgó contratos de esa división de Pemex a empresas de su familia y a Saint Martin Construcciones, vinculada con los hijos de Marta Sahagún– tuvo como colaboradores a personas que en ese dictamen son señaladas como probables responsables de haberle causado un “grave daño” al Estado mexicano.
Se trata del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, del gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo, Jorge A. Basualdo Ramírez, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano.
Los tres son señalados como presuntos responsables de operaciones ilegales, mediante licitaciones orientadas, de arrendamiento de cuatro buques tanque durante 2005, para transportar productos petroleros en las dos costas de la República Mexicana.
Los contratos fueron por cinco años, sin opción a compra y con un acuerdo técnico elaborado por la gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, a cargo de Basualdo Ramírez. Los buques requeridos eran de entre 37 y 47 mil toneladas.
Elaborado a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, el dictamen señala que los tres involucrados “concertaron, indujeron, licitaron y adjudicaron cuatro buques a las dos únicas empresas mexicanas participantes (una en cada licitación), no obstante, el muy elevado sobreprecio al que fueron ofertados, afectando gravemente con ello al Estado mexicano por los daños y perjuicios económicos derivados de dicha contratación”.
Las dos empresas beneficiadas fueron Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico S.A. de C.V. El dictamen no señala la cifra total, pero por los datos que proporciona, cada empresa logró contratos por 100 millones de dólares; es decir, fueron operaciones por unos 200 millones de dólares.
Arrendadora Ocean Mexicana es parte del Grupo Blue Marine Technology, que preside Juan Marcos Issa, quien trabajó en Pemex como coordinador de asesores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo. Naviera del Pacífico es una filial del Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM).
La primera de las firmas ofreció dos embarcaciones, la Torm Alice y la Torm Agnete, propiedad de la empresa danesa Torm.
De acuerdo con la revisión técnica y jurídica de esa adjudicación, para ambos buques el porcentaje de la tarifa de arrendamiento fue de 35.94% superior respecto de la tarifa original de Pemex. En precios, el contrato se tradujo en una tarifa diaria de 25 mil 500 dólares para el Torm Alice y de 29 mil 5000 para el Torm Agnete.
En todos los casos, los precios incluyen lo que se conoce como el acuerdo técnico, que consiste en el mantenimiento, administración y gestión naútica.
Naviera del Pacífico ofreció, a su vez, las embarcaciones Fearless y Elka Baluni.
Los estudios solicitados por Pemex Refinación en el curso de la licitación recomendaron tarifas muchos más bajas. En el caso del Fearless la estimación recomendada, sin acuerdo técnico, era de 14 mil 500 dólares, pero el contrato fue adjudicado por 21 mil 674 dólares diarios.
Para el busque Elka, la tarifa de arrendamiento se fijó en 29.75 por ciento por encima de la tarifa ofrecida por Pemex. Eso significó que la tarifa diaria que se le pagó a TMM fue de 28 mil 117 dólares.
No sólo fueron los sobreprecios; también la manera en que se hizo la adjudicación. En lugar de ser nacional se debió hacer una licitación internacional, debido a que, de antemano, se sabía que en México no había una empresa que pudiera ofrecer directamente las embarcaciones requeridas.
De esa forma, Pemex habría financiado ilícitamente a las empresas ganadoras el arrendamiento de los buques, pues de acuerdo con el dictamen no hay evidencia de que las embarcaciones sean propiedad de las firmas beneficiadas o que las tengan por arrendamiento financiero.
Las evidencias del daño las tiene Germán Martínez en su escritorio. Él y su jefe y amigo, Felipe Calderón, tienen una oportunidad más para revisar y actuar sobre la cada vez más sospechosa administración foxista. (27 de julio de 2007)
proceso
México, D.F., (apro).- En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha optado por evitar las cuentas con su antecesor. A pesar de las evidencias, ha preferido el silencio ante hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Vicente Fox.
Uno de ellos, más que documentado, está en manos del secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cáceres. Desde septiembre de 2006 está en poder de esa dependencia un dictamen jurídico elaborado para revisar las licitaciones realizadas por Pemex Refinación cuando el director era Juan Bueno Torio, actual senador del PAN por Veracruz y aspirante a gobernar el estado.
Bueno Torio –quien quedó en medio del escándalo al trascender que otorgó contratos de esa división de Pemex a empresas de su familia y a Saint Martin Construcciones, vinculada con los hijos de Marta Sahagún– tuvo como colaboradores a personas que en ese dictamen son señaladas como probables responsables de haberle causado un “grave daño” al Estado mexicano.
Se trata del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, del gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo, Jorge A. Basualdo Ramírez, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano.
Los tres son señalados como presuntos responsables de operaciones ilegales, mediante licitaciones orientadas, de arrendamiento de cuatro buques tanque durante 2005, para transportar productos petroleros en las dos costas de la República Mexicana.
Los contratos fueron por cinco años, sin opción a compra y con un acuerdo técnico elaborado por la gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, a cargo de Basualdo Ramírez. Los buques requeridos eran de entre 37 y 47 mil toneladas.
Elaborado a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, el dictamen señala que los tres involucrados “concertaron, indujeron, licitaron y adjudicaron cuatro buques a las dos únicas empresas mexicanas participantes (una en cada licitación), no obstante, el muy elevado sobreprecio al que fueron ofertados, afectando gravemente con ello al Estado mexicano por los daños y perjuicios económicos derivados de dicha contratación”.
Las dos empresas beneficiadas fueron Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico S.A. de C.V. El dictamen no señala la cifra total, pero por los datos que proporciona, cada empresa logró contratos por 100 millones de dólares; es decir, fueron operaciones por unos 200 millones de dólares.
Arrendadora Ocean Mexicana es parte del Grupo Blue Marine Technology, que preside Juan Marcos Issa, quien trabajó en Pemex como coordinador de asesores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo. Naviera del Pacífico es una filial del Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM).
La primera de las firmas ofreció dos embarcaciones, la Torm Alice y la Torm Agnete, propiedad de la empresa danesa Torm.
De acuerdo con la revisión técnica y jurídica de esa adjudicación, para ambos buques el porcentaje de la tarifa de arrendamiento fue de 35.94% superior respecto de la tarifa original de Pemex. En precios, el contrato se tradujo en una tarifa diaria de 25 mil 500 dólares para el Torm Alice y de 29 mil 5000 para el Torm Agnete.
En todos los casos, los precios incluyen lo que se conoce como el acuerdo técnico, que consiste en el mantenimiento, administración y gestión naútica.
Naviera del Pacífico ofreció, a su vez, las embarcaciones Fearless y Elka Baluni.
Los estudios solicitados por Pemex Refinación en el curso de la licitación recomendaron tarifas muchos más bajas. En el caso del Fearless la estimación recomendada, sin acuerdo técnico, era de 14 mil 500 dólares, pero el contrato fue adjudicado por 21 mil 674 dólares diarios.
Para el busque Elka, la tarifa de arrendamiento se fijó en 29.75 por ciento por encima de la tarifa ofrecida por Pemex. Eso significó que la tarifa diaria que se le pagó a TMM fue de 28 mil 117 dólares.
No sólo fueron los sobreprecios; también la manera en que se hizo la adjudicación. En lugar de ser nacional se debió hacer una licitación internacional, debido a que, de antemano, se sabía que en México no había una empresa que pudiera ofrecer directamente las embarcaciones requeridas.
De esa forma, Pemex habría financiado ilícitamente a las empresas ganadoras el arrendamiento de los buques, pues de acuerdo con el dictamen no hay evidencia de que las embarcaciones sean propiedad de las firmas beneficiadas o que las tengan por arrendamiento financiero.
Las evidencias del daño las tiene Germán Martínez en su escritorio. Él y su jefe y amigo, Felipe Calderón, tienen una oportunidad más para revisar y actuar sobre la cada vez más sospechosa administración foxista. (27 de julio de 2007)
domingo, mayo 06, 2007
Opinión - Jorge Zepeda Patterson
Mano firme o mano dura
El Universal
Salvo que usted sea tapatío, Abraham González le resultará un perfecto desconocido. Y sin embargo, la tranquilidad o la falta de ella que los mexicanos habremos de experimentar, depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer este funcionario. Se trata del responsable de la Subsecretaría de Gobierno, justamente la oficina de la Segob responsable de la operación política de los principales conflictos abiertos en México (desde Oaxaca y Atenco, hasta el caso de la anciana indígena en Veracruz). De Abraham González depende que estos conflictos no se conviertan en hogueras que terminen incendiando al país.
Por lo mismo llama la atención la falta de experiencia y "credenciales" de este funcionario para encarar la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Ingeniero civil de profesión, empresario, ex líder nacional de pasteurizadores de leche, apenas en el año 2000 incursionó en la administración pública, primero en la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco y luego en la Secretaría de Administración. En ambos cargos se mostró como un buen administrador, ordenado y eficiente. Pero sin mayor experiencia en la brega política. Algo debe saber Calderón sobre González, que los demás ignoramos, para animarse a colocar en esta delicada tarea de apagafuegos políticos a un técnico en administración.
Y no se puede decir que no lo conozca. Hace tres años justamente en el rancho de Abraham González se realizó el festejo para destapar a Felipe Calderón como precandidato presidencial, pese al enojo de Vicente Fox. De hecho, aunque González formó parte del gabinete de Ramírez Acuña en Jalisco, su designación como subsecretario no obedece al ex gobernador ahora secretario, sino directamente a Calderón, a quien responde.
A pesar de tal padrino, tendríamos que preguntarnos si los mexicanos no habremos de pagar muy alto el costo de su aprendizaje en materia política. Hace unas horas lo entrevisté largamente y me quedé con la sensación de que el responsable de la operación política del país no entendía la diferencia entre mano firme y mano dura (la entrevista se transmite este domingo a las 10 de la noche por canal Proyecto 40). Sin embargo, él se mostró muy entusiasta de las virtudes del diálogo entre los actores que participan en un conflicto y está confiado en que puede aplicar el estado de derecho a satisfacción de todas las partes. Habrá que extender el beneficio de la duda.
En todo caso en materia de días sabremos si Abraham González merece esta confianza o tenemos razón para deprimirnos. El próximo 15 de mayo se vence el plazo de la combativa sección 22 del SNTE en Oaxaca, para tener una respuesta de este funcionario a un planteamiento que incluye: liberación de detenidos y eliminación de órdenes de aprehensión, cumplimiento a promesas de apoyos en plazas y recursos al sindicato, recuperación de las escuelas de manos de los maestros favorables a Elba Esther Gordillo y la rezonificación (esta última demanda fue la que detonó la toma del zócalo de Oaxaca justo hace un año).
Hace unos días, el 1 de mayo, 50 mil miembros del sindicato y de la APPO marcharon con la misma fuerza de antes. Los maestros han amenazado con suspender clases y tomar el centro oaxaqueño de manera indefinida si no obtienen respuesta favorable el 15 de mayo. Todo indica que las virtudes y los defectos de Abraham González habrán de ser llevados al límite.
El gobierno de Calderón se ha caracterizado por mostrar una gran iniciativa en materia de conflictos para evidenciar que, a diferencia de la pasividad de Fox, ahora sí hay piloto en la cabina de mando. Pero en esta prisa por ofrecer resultados han confundido la eliminación de las manifestaciones con la estabilidad. Como si la supresión de los síntomas pudiese sanar la enfermedad. Habría que asumir que los conflictos de Atenco o de Oaxaca están muy lejos de haberse resuelto. En ambos casos, las personas que se encuentran en prisión son ciudadanos correspondientes a los movimientos de protesta y no al de los policías que los golpearon, violaron o, en el caso de Oaxaca, asesinaron. Si bien es cierto que los manifestantes infringieron la ley, no es posible acreditar que se hizo justicia si sólo son castigados los delitos de una de las dos partes en conflicto.
Sofocar manifestaciones con esa estrategia inmediatista equivale a sembrar tempestades mucho más severas. Atenco es el mejor ejemplo. Lo que vivimos el año pasado se originó en un incidente menor: la relocalización de una decena de floricultores. Pero se dio en el contexto de un conflicto mal resuelto tres años antes con la comunidad de Atenco con motivo de la construcción de un nuevo aeropuerto. Con Oaxaca o la comunidad minera de Pasta de Conchos puede suceder lo mismo ahora o más tarde.
Ir por el país "resolviendo" conflictos sin ofrecer solución real a los problemas de la gente equivale a hacer del territorio un campo minado. Encarcelar a los líderes de los grupos inconformes para descabezarlos (en ocasiones sembrándoles droga, como es el caso de David Venegas, dirigente de la APPO) ofrece la engañosa sensación de que el conflicto ha desaparecido. O quizá así le parezca a un administrador, pero nunca a un buen político.
El gobierno de Calderón ha optado por proteger a ultranza a los gobernadores priístas como Peña Nieto, Ulises Ruiz y Mario Marín, en su búsqueda de gobernabilidad de corto plazo. El proceso abierto por Gobernación en contra de Brozo por la transmisión de las grabaciones entre Kamel y el gobernador poblano hace unos días revela que nos encaminamos a una nueva etapa de endurecimiento. El coscorrón a Brozo, a pesar de estar en Televisa, es un aviso a todos los medios y periodistas de que la tolerancia ha terminado: la mano firme ya es mano dura. Oaxaca está por confirmarlo. En esta ocasión quisiera equivocarme.
www.jorgezepeda.net
Economista y sociólogo
El Universal
Salvo que usted sea tapatío, Abraham González le resultará un perfecto desconocido. Y sin embargo, la tranquilidad o la falta de ella que los mexicanos habremos de experimentar, depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer este funcionario. Se trata del responsable de la Subsecretaría de Gobierno, justamente la oficina de la Segob responsable de la operación política de los principales conflictos abiertos en México (desde Oaxaca y Atenco, hasta el caso de la anciana indígena en Veracruz). De Abraham González depende que estos conflictos no se conviertan en hogueras que terminen incendiando al país.
Por lo mismo llama la atención la falta de experiencia y "credenciales" de este funcionario para encarar la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Ingeniero civil de profesión, empresario, ex líder nacional de pasteurizadores de leche, apenas en el año 2000 incursionó en la administración pública, primero en la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco y luego en la Secretaría de Administración. En ambos cargos se mostró como un buen administrador, ordenado y eficiente. Pero sin mayor experiencia en la brega política. Algo debe saber Calderón sobre González, que los demás ignoramos, para animarse a colocar en esta delicada tarea de apagafuegos políticos a un técnico en administración.
Y no se puede decir que no lo conozca. Hace tres años justamente en el rancho de Abraham González se realizó el festejo para destapar a Felipe Calderón como precandidato presidencial, pese al enojo de Vicente Fox. De hecho, aunque González formó parte del gabinete de Ramírez Acuña en Jalisco, su designación como subsecretario no obedece al ex gobernador ahora secretario, sino directamente a Calderón, a quien responde.
A pesar de tal padrino, tendríamos que preguntarnos si los mexicanos no habremos de pagar muy alto el costo de su aprendizaje en materia política. Hace unas horas lo entrevisté largamente y me quedé con la sensación de que el responsable de la operación política del país no entendía la diferencia entre mano firme y mano dura (la entrevista se transmite este domingo a las 10 de la noche por canal Proyecto 40). Sin embargo, él se mostró muy entusiasta de las virtudes del diálogo entre los actores que participan en un conflicto y está confiado en que puede aplicar el estado de derecho a satisfacción de todas las partes. Habrá que extender el beneficio de la duda.
En todo caso en materia de días sabremos si Abraham González merece esta confianza o tenemos razón para deprimirnos. El próximo 15 de mayo se vence el plazo de la combativa sección 22 del SNTE en Oaxaca, para tener una respuesta de este funcionario a un planteamiento que incluye: liberación de detenidos y eliminación de órdenes de aprehensión, cumplimiento a promesas de apoyos en plazas y recursos al sindicato, recuperación de las escuelas de manos de los maestros favorables a Elba Esther Gordillo y la rezonificación (esta última demanda fue la que detonó la toma del zócalo de Oaxaca justo hace un año).
Hace unos días, el 1 de mayo, 50 mil miembros del sindicato y de la APPO marcharon con la misma fuerza de antes. Los maestros han amenazado con suspender clases y tomar el centro oaxaqueño de manera indefinida si no obtienen respuesta favorable el 15 de mayo. Todo indica que las virtudes y los defectos de Abraham González habrán de ser llevados al límite.
El gobierno de Calderón se ha caracterizado por mostrar una gran iniciativa en materia de conflictos para evidenciar que, a diferencia de la pasividad de Fox, ahora sí hay piloto en la cabina de mando. Pero en esta prisa por ofrecer resultados han confundido la eliminación de las manifestaciones con la estabilidad. Como si la supresión de los síntomas pudiese sanar la enfermedad. Habría que asumir que los conflictos de Atenco o de Oaxaca están muy lejos de haberse resuelto. En ambos casos, las personas que se encuentran en prisión son ciudadanos correspondientes a los movimientos de protesta y no al de los policías que los golpearon, violaron o, en el caso de Oaxaca, asesinaron. Si bien es cierto que los manifestantes infringieron la ley, no es posible acreditar que se hizo justicia si sólo son castigados los delitos de una de las dos partes en conflicto.
Sofocar manifestaciones con esa estrategia inmediatista equivale a sembrar tempestades mucho más severas. Atenco es el mejor ejemplo. Lo que vivimos el año pasado se originó en un incidente menor: la relocalización de una decena de floricultores. Pero se dio en el contexto de un conflicto mal resuelto tres años antes con la comunidad de Atenco con motivo de la construcción de un nuevo aeropuerto. Con Oaxaca o la comunidad minera de Pasta de Conchos puede suceder lo mismo ahora o más tarde.
Ir por el país "resolviendo" conflictos sin ofrecer solución real a los problemas de la gente equivale a hacer del territorio un campo minado. Encarcelar a los líderes de los grupos inconformes para descabezarlos (en ocasiones sembrándoles droga, como es el caso de David Venegas, dirigente de la APPO) ofrece la engañosa sensación de que el conflicto ha desaparecido. O quizá así le parezca a un administrador, pero nunca a un buen político.
El gobierno de Calderón ha optado por proteger a ultranza a los gobernadores priístas como Peña Nieto, Ulises Ruiz y Mario Marín, en su búsqueda de gobernabilidad de corto plazo. El proceso abierto por Gobernación en contra de Brozo por la transmisión de las grabaciones entre Kamel y el gobernador poblano hace unos días revela que nos encaminamos a una nueva etapa de endurecimiento. El coscorrón a Brozo, a pesar de estar en Televisa, es un aviso a todos los medios y periodistas de que la tolerancia ha terminado: la mano firme ya es mano dura. Oaxaca está por confirmarlo. En esta ocasión quisiera equivocarme.
www.jorgezepeda.net
Economista y sociólogo
viernes, mayo 04, 2007
Excluye Semarnat de consulta pública a grupos opositores a proyecto hotelero
El Consejo para la Defensa de la Costa Pacífico exige la destitución del titular de la Dgira
Fue una simulación para apoyar el desarrollo conocido como Rancho Don Andrés: Székely Sánchez
RAUL TORRES
Durante la consulta pública realizada el martes pasado en el municipio de La Huerta, Jalisco, para analizar el proyecto hotelero Rancho Don Andrés, que ejercería una fuerte presión sobre la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, no hubo ninguna objeción de carácter ambiental, porque las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impidieron arbitrariamente la participación de los grupos que se oponen a la construcción del complejo turístico.
Por esta razón, el Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico exige la destitución inmediata del titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, sobre quien ya existen al menos 19 quejas por distintas situaciones ante la Secretaría de la Función Pública.
“Fue una simulación de consulta”, aseguró en entrevista telefónica Alberto Székely Sánchez, abogado del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, quien fue excluido del evento a pesar de que se inscribió a éste desde el 19 de abril.
La intervención de Székely Sánchez se basaría en un documento enviado a los funcionarios de Semarnat días antes, y en el que, a través de 271 argumentos científicos y técnicos, se intenta demostrar la ilegalidad del proyecto Rancho Don Andrés.
Aunque los burócratas federales reconocieron haber recibido la solicitud del abogado, el día en que se llevó a cabo la consulta no lo dejaron participar, argumentando la falta de un requisito “indispensable”: un formulario al que se podía acceder a través de la página de Internet de Semarnat.
“Les demostré que había otra gente en el salón, que se había inscrito, y no estaban en la lista a pesar de que habían llenado todos los formularios que aparecían en la página de Internet; se negaron a hacerlo (dejarlos participar) y le pedí directamente al director de Impacto Ambiental, el señor Juárez, que no violara nuestro derecho de participación en la consulta y no violara nuestra garantía individual de libertad de expresión, y a pesar de ello se negó a dejarnos participar. Es evidente que el evento estaba arreglado para oír nada más a los amigos del proyecto”.
Székely Sánchez asegura que fueron seis o siete personas a las que se les impidió, de forma autoritaria, tener voz en la consulta para evitar que expusieran las irregularidades del proceso.La actitud intransigente de los representantes del gobierno federal obligó a que el apoderado del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico se retirara de la reunión para no dar su aval.
Exigen la destitución de Ricardo Juárez
“Ese funcionario debe ser cesado de inmediato de su puesto”, afirma enérgicamente Sékely Sánchez al referirse a la forma en que actuó el director de Impacto y Riesgo Ambiental.
“Es un acto más de arbitrariedad y autoritarismo del biólogo Ricardo Juárez, estoy procediendo a hacer la denuncia de responsabilidades consecuente, tengo todos los elementos de prueba necesarios”, advierte el abogado.
En su opinión, los proyectos de Tambora y Marina Careyes fueron aprobados por Juárez Palacios de manera similar, atropellando las disposiciones legales.En los últimos seis años, la Secretaría de la Función Pública ha recibido al menos 19 quejas en contra del titular de la Dgira, tal como lo publicó el pasado 16 de abril Angélica Enciso (La Jornada 8136).
Dichas quejas fueron interpuestas por grupos ambientalistas y científicos que argumentan autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) con irregularidades, a favor de empresarios y en detrimento del medio ambiente.
A este respecto, Sékely Sánchez asegura que Juárez Palacios bloqueó el acceso al MIA del proyecto Rancho Don Andrés en la página de Semarnat para que nadie pudiera estudiarlo.
“Por lo menos un mes después de presentada la Manifestación de Impacto Ambiental y subida al sitio de Semarnat en Internet, era imposible bajarla, presenté una protesta y el biólogo Juárez respondió diciendo que el promovente (los empresarios Brignone) le había puesto candado a la página de Semarnat”.
Con esta acusación de interferencia al portal de una institución federal, el funcionario intentó deslindarse de la responsabilidad, lo que demuestra que todo el procedimiento está viciado y se dirige hacia la comisión de un ilícito, sostiene Székely Sánchez.
El Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico interpondrá, por cuarta vez, una denuncia contra el funcionario de Semarnat.
Fue una simulación para apoyar el desarrollo conocido como Rancho Don Andrés: Székely Sánchez
RAUL TORRES
Durante la consulta pública realizada el martes pasado en el municipio de La Huerta, Jalisco, para analizar el proyecto hotelero Rancho Don Andrés, que ejercería una fuerte presión sobre la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, no hubo ninguna objeción de carácter ambiental, porque las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impidieron arbitrariamente la participación de los grupos que se oponen a la construcción del complejo turístico.
Por esta razón, el Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico exige la destitución inmediata del titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, sobre quien ya existen al menos 19 quejas por distintas situaciones ante la Secretaría de la Función Pública.
“Fue una simulación de consulta”, aseguró en entrevista telefónica Alberto Székely Sánchez, abogado del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, quien fue excluido del evento a pesar de que se inscribió a éste desde el 19 de abril.
La intervención de Székely Sánchez se basaría en un documento enviado a los funcionarios de Semarnat días antes, y en el que, a través de 271 argumentos científicos y técnicos, se intenta demostrar la ilegalidad del proyecto Rancho Don Andrés.
Aunque los burócratas federales reconocieron haber recibido la solicitud del abogado, el día en que se llevó a cabo la consulta no lo dejaron participar, argumentando la falta de un requisito “indispensable”: un formulario al que se podía acceder a través de la página de Internet de Semarnat.
“Les demostré que había otra gente en el salón, que se había inscrito, y no estaban en la lista a pesar de que habían llenado todos los formularios que aparecían en la página de Internet; se negaron a hacerlo (dejarlos participar) y le pedí directamente al director de Impacto Ambiental, el señor Juárez, que no violara nuestro derecho de participación en la consulta y no violara nuestra garantía individual de libertad de expresión, y a pesar de ello se negó a dejarnos participar. Es evidente que el evento estaba arreglado para oír nada más a los amigos del proyecto”.
Székely Sánchez asegura que fueron seis o siete personas a las que se les impidió, de forma autoritaria, tener voz en la consulta para evitar que expusieran las irregularidades del proceso.La actitud intransigente de los representantes del gobierno federal obligó a que el apoderado del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico se retirara de la reunión para no dar su aval.
Exigen la destitución de Ricardo Juárez
“Ese funcionario debe ser cesado de inmediato de su puesto”, afirma enérgicamente Sékely Sánchez al referirse a la forma en que actuó el director de Impacto y Riesgo Ambiental.
“Es un acto más de arbitrariedad y autoritarismo del biólogo Ricardo Juárez, estoy procediendo a hacer la denuncia de responsabilidades consecuente, tengo todos los elementos de prueba necesarios”, advierte el abogado.
En su opinión, los proyectos de Tambora y Marina Careyes fueron aprobados por Juárez Palacios de manera similar, atropellando las disposiciones legales.En los últimos seis años, la Secretaría de la Función Pública ha recibido al menos 19 quejas en contra del titular de la Dgira, tal como lo publicó el pasado 16 de abril Angélica Enciso (La Jornada 8136).
Dichas quejas fueron interpuestas por grupos ambientalistas y científicos que argumentan autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) con irregularidades, a favor de empresarios y en detrimento del medio ambiente.
A este respecto, Sékely Sánchez asegura que Juárez Palacios bloqueó el acceso al MIA del proyecto Rancho Don Andrés en la página de Semarnat para que nadie pudiera estudiarlo.
“Por lo menos un mes después de presentada la Manifestación de Impacto Ambiental y subida al sitio de Semarnat en Internet, era imposible bajarla, presenté una protesta y el biólogo Juárez respondió diciendo que el promovente (los empresarios Brignone) le había puesto candado a la página de Semarnat”.
Con esta acusación de interferencia al portal de una institución federal, el funcionario intentó deslindarse de la responsabilidad, lo que demuestra que todo el procedimiento está viciado y se dirige hacia la comisión de un ilícito, sostiene Székely Sánchez.
El Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico interpondrá, por cuarta vez, una denuncia contra el funcionario de Semarnat.
lunes, abril 16, 2007
Opinión - Enrique Mendez
Plaza Liberación
El hermano de Marta
Historias del Hospital San José
Jornada Jalisco
El 8 de diciembre de 2005, el ex director de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, buscó sacudirse la responsabilidad por la adjudicación de contratos millonarios a la Clínica Hospital San José, propiedad del cuñado del ex presidente Vicente Fox, Antonio Sahagún Jiménez, y ante la presión ejercida por los diputados de la comisión especial que investigó el tráfico de influencias a favor de los hijos de Marta Sahagún, respondió:
“No he tenido contacto directo con nadie de la familia Sahagún y en el caso específico del señor Manuel Bribiesca, no tengo ni he tenido ningún contacto con él”.
Sin embargo, no hacía falta que el ex funcionario público tuviera contactos directos con el hermano de Marta Sahagún para que la paraestatal asignara, de manera directa, tres contratos que ese año permitieron al hospital familiar, ubicado en Zamora, Michoacán, mantener su bonanza económica, gracias al poder de Los Pinos.
En su reciente reporte sobre la revisión de la Cuenta Pública del quinto año de gobierno de Fox, la Auditoría Superior de la Federación incluyó un apartado para informar los resultados de la revisión a los contratos CMZG-AD-054-2005 y CMZG-AD-118-2005, que la petrolera llevó a cabo con la clínica por un monto conjunto de 2 millones y medio de pesos por servicios de hospitalización y diversos servicios médicos prestados por el cuñado de Fox.
Sin embargo, la propia auditoría no entró a revisar el contrato CMZG-AD-055-2005, que por otros 604 mil pesos se firmó entre el corporativo y la clínica, por lo que los ingresos de la clínica por sus relaciones con Pemex fueron de 3.1 millones de pesos en sólo un año, monto nada desdeñable si se toma en cuenta que se trata de un hospital local.
Todavía, al cierre del ejercicio, recibió otros 300 mil pesos por finiquito de los servicios médicos de hospitalización, lo que abultó las cuentas bancarias de Alberto Sahagún Jiménez.
La existencia de los contratos fue reconocida desde diciembre de ese año por funcionarios de la empresa que acompañaron a Ramírez Corzo en su comparecencia ante la comisión especial, pero ahora se sabe, por el contenido del informe de resultados de la ASF, que los tres contratos se otorgaron de manera directa, luego de que Pemex declaró “desiertas’’ diversas partidas de la licitación pública internacional 18570240-003-04, porque los concursantes previos “no cumplieron con los requisitos de las bases’’.
A partir de esa declaratoria, la empresa argumentó que “por la naturaleza de los servicios y la imposibilidad de suspenderlos, se adjudicó de manera directa’’ la prestación de servicios al hermano de Marta Sahagún.
Según la propia auditoría, las necesidades y demandas de atención médica para Zamora, en 2004 –el año previo a la adjudicación de los tres contratos– fue de 524 pacientes, de los cuales 99 eran trabajadores activos de Pemex, el resto, sus familiares, así como jubilados; esto, a su vez, requirió que entonces se necesitaran 13 mil 700 consultas de medicina general, mil 26 de pediatría, 461 de odontología, 60 hospitalizaciones, cuatro partos, cuatro cesáreas y 33 cirugías, así como atenciones de especialidad, estudios de laboratorio y de gabinete, que originó un gasto de 2 millones 478 mil 300 pesos.
Para el siguiente año, la demanda de atención médica bajó y aún así el costo de los contratos se incrementó.
En marzo de 2006, cuando el movimiento de deudores El Barzón entregó a la Cámara de Diputados pruebas sobre los negocios de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, el ex coordinador general de esa organización, Gerardo Yamamoto, refirió que antes de iniciar el sexenio de Vicente Fox, dos de los principales activistas en Zamora, Michoacán, que participaron en movilizaciones para evitar el remate de propiedades fueron el fallecido doctor Alberto Sahagún de la Parra, padre de Marta Sahagún, y Alejandro García Tortorielo, suegro de Jorge Alberto.
“El doctor Sahagún tenía una deuda de 15 millones y su Hospital San José estaba en riesgo; García Tortorielo estaba a punto de perder dos empresas, una de ellas el Molino Aurora. Por eso se metieron a El Barzón, e inexplicablemente, después del año 2000, el Hospital San José no sólo liquidó sus deudas, sino que es una de las empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos”, dijo entonces.
Hasta ahora, la investigación de los diputados se ha centrado en los hijos de la “pareja presidencial’’, pero con las aportaciones que realiza la ASF sobre la adjudicación directa de los contratos a la Clínica Hospital San José tiene materia para ahondar en el tráfico de influencias que creció, sin rubor, en el “gobierno del cambio’’.
Del archivero
En el PRD jalisciense ya se dieron cuenta que la Gran Alianza por Jalisco podría convertirse en un remedo de la consulta virtual hacia el Plan Nacional de Desarrollo del calderonismo. Ahora falta que el gobernador, Emilio González Márquez, tenga un chispazo de lucidez. Pero con eso de que anda más preocupado por la competencia con su antecesor…
El hermano de Marta
Historias del Hospital San José
Jornada Jalisco
El 8 de diciembre de 2005, el ex director de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, buscó sacudirse la responsabilidad por la adjudicación de contratos millonarios a la Clínica Hospital San José, propiedad del cuñado del ex presidente Vicente Fox, Antonio Sahagún Jiménez, y ante la presión ejercida por los diputados de la comisión especial que investigó el tráfico de influencias a favor de los hijos de Marta Sahagún, respondió:
“No he tenido contacto directo con nadie de la familia Sahagún y en el caso específico del señor Manuel Bribiesca, no tengo ni he tenido ningún contacto con él”.
Sin embargo, no hacía falta que el ex funcionario público tuviera contactos directos con el hermano de Marta Sahagún para que la paraestatal asignara, de manera directa, tres contratos que ese año permitieron al hospital familiar, ubicado en Zamora, Michoacán, mantener su bonanza económica, gracias al poder de Los Pinos.
En su reciente reporte sobre la revisión de la Cuenta Pública del quinto año de gobierno de Fox, la Auditoría Superior de la Federación incluyó un apartado para informar los resultados de la revisión a los contratos CMZG-AD-054-2005 y CMZG-AD-118-2005, que la petrolera llevó a cabo con la clínica por un monto conjunto de 2 millones y medio de pesos por servicios de hospitalización y diversos servicios médicos prestados por el cuñado de Fox.
Sin embargo, la propia auditoría no entró a revisar el contrato CMZG-AD-055-2005, que por otros 604 mil pesos se firmó entre el corporativo y la clínica, por lo que los ingresos de la clínica por sus relaciones con Pemex fueron de 3.1 millones de pesos en sólo un año, monto nada desdeñable si se toma en cuenta que se trata de un hospital local.
Todavía, al cierre del ejercicio, recibió otros 300 mil pesos por finiquito de los servicios médicos de hospitalización, lo que abultó las cuentas bancarias de Alberto Sahagún Jiménez.
La existencia de los contratos fue reconocida desde diciembre de ese año por funcionarios de la empresa que acompañaron a Ramírez Corzo en su comparecencia ante la comisión especial, pero ahora se sabe, por el contenido del informe de resultados de la ASF, que los tres contratos se otorgaron de manera directa, luego de que Pemex declaró “desiertas’’ diversas partidas de la licitación pública internacional 18570240-003-04, porque los concursantes previos “no cumplieron con los requisitos de las bases’’.
A partir de esa declaratoria, la empresa argumentó que “por la naturaleza de los servicios y la imposibilidad de suspenderlos, se adjudicó de manera directa’’ la prestación de servicios al hermano de Marta Sahagún.
Según la propia auditoría, las necesidades y demandas de atención médica para Zamora, en 2004 –el año previo a la adjudicación de los tres contratos– fue de 524 pacientes, de los cuales 99 eran trabajadores activos de Pemex, el resto, sus familiares, así como jubilados; esto, a su vez, requirió que entonces se necesitaran 13 mil 700 consultas de medicina general, mil 26 de pediatría, 461 de odontología, 60 hospitalizaciones, cuatro partos, cuatro cesáreas y 33 cirugías, así como atenciones de especialidad, estudios de laboratorio y de gabinete, que originó un gasto de 2 millones 478 mil 300 pesos.
Para el siguiente año, la demanda de atención médica bajó y aún así el costo de los contratos se incrementó.
En marzo de 2006, cuando el movimiento de deudores El Barzón entregó a la Cámara de Diputados pruebas sobre los negocios de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, el ex coordinador general de esa organización, Gerardo Yamamoto, refirió que antes de iniciar el sexenio de Vicente Fox, dos de los principales activistas en Zamora, Michoacán, que participaron en movilizaciones para evitar el remate de propiedades fueron el fallecido doctor Alberto Sahagún de la Parra, padre de Marta Sahagún, y Alejandro García Tortorielo, suegro de Jorge Alberto.
“El doctor Sahagún tenía una deuda de 15 millones y su Hospital San José estaba en riesgo; García Tortorielo estaba a punto de perder dos empresas, una de ellas el Molino Aurora. Por eso se metieron a El Barzón, e inexplicablemente, después del año 2000, el Hospital San José no sólo liquidó sus deudas, sino que es una de las empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos”, dijo entonces.
Hasta ahora, la investigación de los diputados se ha centrado en los hijos de la “pareja presidencial’’, pero con las aportaciones que realiza la ASF sobre la adjudicación directa de los contratos a la Clínica Hospital San José tiene materia para ahondar en el tráfico de influencias que creció, sin rubor, en el “gobierno del cambio’’.
Del archivero
En el PRD jalisciense ya se dieron cuenta que la Gran Alianza por Jalisco podría convertirse en un remedo de la consulta virtual hacia el Plan Nacional de Desarrollo del calderonismo. Ahora falta que el gobernador, Emilio González Márquez, tenga un chispazo de lucidez. Pero con eso de que anda más preocupado por la competencia con su antecesor…
miércoles, marzo 14, 2007
Denuncian lopezobradoristas tráfico de influencias de Calderón y colaboradores
César Nava jugó doble papel en litigio Pemex-municipio de Coatzacoalcos en 2002
Alma E. Muñoz - La Jornada
El equipo de Andrés Manuel López Obrador denunció en el programa televisivo La verdad sea dicha, que el presidente Felipe Calderón, su secretario particular, César Nava, y el esposo de Cecilia Romero -comisionada del Instituto Nacional de Migración-, Emilio Baños Urquijo, incurrieron en tráfico de influencias, en la construcción de un túnel en Coatzacoalcos, Veracruz.
Octavio Romero Oropeza, "secretario para la honestidad y austeridad republicana del gobierno legítimo", informó que la promoción de la obra produjo un litigio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el municipio, y que ambas partes fueron representadas por el despacho de abogados de Nava, cuando éste era abogado general de la paraestatal.
Cuando el ayuntamiento resultó ganador del pleito, el municipio obtuvo apoyo de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) -cuando era dirigido por Calderón-, por 400 millones de pesos.
Manifestó que tan sólo del ayuntamiento, el bufete del yerno de Baños Urquijo recibió un pago de 44 millones.
Romero Oropeza recordó que el caso ocurrió en 2002, cuando el esposo de Romero promovió la construcción del túnel sumergido para comunicar dos orillas del río Coatzacoalcos. Afirmó que el entonces presidente municipal, Marcelo Montiel Montiel, demandó a Pemex un millonario pago de impuestos -entre ellos predial-, aunque "la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz había declarado que ese pago no era procedente". No obstante, subrayó, el ayuntamiento contrató a un despacho de abogados para el litigio".
Lo mismo, dijo, hizo la paraestatal mediante su dirección jurídica. Sin embargo, señaló, "la contraloría interna de Pemex descubrió, más adelante, que el despacho (Abogados Internacionales, SC)", que a las dos partes representó, eran "uno mismo".
Planteó que el municipio ganó el pleito y Pemex le pagó por ello 220 millones de pesos, a los cuales se les restaron los 44 millones para liquidar al "despacho que llevaba su pleito".
Manifestó que, luego de esta operación, el ex alcalde de Coatzacoalcos dio entrada a la construcción del túnel subterráneo y para ello "solicitó a Banobras, al gobierno federal, apoyo".
El director de la institución financiera en ese momento, continuó el representante del "gobierno" que encabeza López Obrador, "se llama Felipe Calderón", quien autorizó, por conducto del Fondo de Inversión en Infraestructura, "una aportación de 400 millones de pesos, pero a fondo perdido, es decir, sin posibilidad de ser recuperado".
Aunado a ello, indicó, se acordó canalizar el cobro de cuotas del puente Coatzacoalcos, "durante cerca de 20 años" para terminar la construcción del túnel.
Tras esta denuncia, Octavio Romero dio cuenta de los personajes involucrados en la operación: Baños Urquijo "está casado con una connotada panista que se llama Cecilia Romero, quien ha sido diputada y senadora, que ahora es la titular del Instituto Nacional de Migración. El panista tuvo, en su primer matrimonio, una hija (María Covadonga Baños Ardavín), quien está casada con César Nava.
"Y allí se cierra el círculo de tráfico de influencias, de conflicto de interés entre suegro, yerno; entre amigo y subalterno", finalizó la denuncia en la sección que fue denominada "Una historia de familia".
Alma E. Muñoz - La Jornada
El equipo de Andrés Manuel López Obrador denunció en el programa televisivo La verdad sea dicha, que el presidente Felipe Calderón, su secretario particular, César Nava, y el esposo de Cecilia Romero -comisionada del Instituto Nacional de Migración-, Emilio Baños Urquijo, incurrieron en tráfico de influencias, en la construcción de un túnel en Coatzacoalcos, Veracruz.
Octavio Romero Oropeza, "secretario para la honestidad y austeridad republicana del gobierno legítimo", informó que la promoción de la obra produjo un litigio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el municipio, y que ambas partes fueron representadas por el despacho de abogados de Nava, cuando éste era abogado general de la paraestatal.
Cuando el ayuntamiento resultó ganador del pleito, el municipio obtuvo apoyo de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) -cuando era dirigido por Calderón-, por 400 millones de pesos.
Manifestó que tan sólo del ayuntamiento, el bufete del yerno de Baños Urquijo recibió un pago de 44 millones.
Romero Oropeza recordó que el caso ocurrió en 2002, cuando el esposo de Romero promovió la construcción del túnel sumergido para comunicar dos orillas del río Coatzacoalcos. Afirmó que el entonces presidente municipal, Marcelo Montiel Montiel, demandó a Pemex un millonario pago de impuestos -entre ellos predial-, aunque "la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz había declarado que ese pago no era procedente". No obstante, subrayó, el ayuntamiento contrató a un despacho de abogados para el litigio".
Lo mismo, dijo, hizo la paraestatal mediante su dirección jurídica. Sin embargo, señaló, "la contraloría interna de Pemex descubrió, más adelante, que el despacho (Abogados Internacionales, SC)", que a las dos partes representó, eran "uno mismo".
Planteó que el municipio ganó el pleito y Pemex le pagó por ello 220 millones de pesos, a los cuales se les restaron los 44 millones para liquidar al "despacho que llevaba su pleito".
Manifestó que, luego de esta operación, el ex alcalde de Coatzacoalcos dio entrada a la construcción del túnel subterráneo y para ello "solicitó a Banobras, al gobierno federal, apoyo".
El director de la institución financiera en ese momento, continuó el representante del "gobierno" que encabeza López Obrador, "se llama Felipe Calderón", quien autorizó, por conducto del Fondo de Inversión en Infraestructura, "una aportación de 400 millones de pesos, pero a fondo perdido, es decir, sin posibilidad de ser recuperado".
Aunado a ello, indicó, se acordó canalizar el cobro de cuotas del puente Coatzacoalcos, "durante cerca de 20 años" para terminar la construcción del túnel.
Tras esta denuncia, Octavio Romero dio cuenta de los personajes involucrados en la operación: Baños Urquijo "está casado con una connotada panista que se llama Cecilia Romero, quien ha sido diputada y senadora, que ahora es la titular del Instituto Nacional de Migración. El panista tuvo, en su primer matrimonio, una hija (María Covadonga Baños Ardavín), quien está casada con César Nava.
"Y allí se cierra el círculo de tráfico de influencias, de conflicto de interés entre suegro, yerno; entre amigo y subalterno", finalizó la denuncia en la sección que fue denominada "Una historia de familia".
miércoles, febrero 14, 2007
Denuncia el empresario Edgar Arroyo despojos y atropellos por parte de Juan Pablo Fox Quesada
El hermano del ex presidente le arrebató un terreno de 500 hectáreas en Puerto Vallarta
El protegido político también intentó plagiarle una importante patente médica, informó
JORGE COVARRUBIAS - Jornada Jalisco
Como si se tratara de un thriller político, la vida de Edgar Arroyo y su familia dio un vuelco completo después de conocer a Juan Pablo Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox. Así, Arroyo, empresario exitoso y químico de profesión, desarrolló un producto para sanar a su hijo de una enfermedad aparentemente incurable, cuando los pronósticos clínicos no le daban esperanza de llegar a los ocho años de edad.
La fórmula interesó al hermano del mandatario, quien se propuso crear una sociedad donde él sería el principal socio y comercializador del medicamento; sin embargo, su ambición llegó al extremo de intentar apoderarse de manera ilegal de la patente y la incipiente industria farmacéutica, cuyo valor se estima en más de 400 millones de dólares.
Sometido a presiones y extorsiones del hermano incómodo, Edgar Arroyo fue despojado de manera irregular de un terreno de 500 hectáreas que tenía en Puerto Vallarta, y posteriormente encarcelado y torturado por presunto fraude en un negocio que aún no comenzaba.
En su libro En el nombre de mi hijo, publicado por la editorial Grijalbo, el cual se presentó ayer en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el empresario denuncia la existencia de una red de complicidades que involucran no sólo al hermano del ex mandatario, sino también a abogados de Vicente Fox, notarios públicos de Jalisco, Monterrey y San Luis Potosí, así como a autoridades policiacas de Aguascalientes y Nuevo León.
“A mí me quitan mi libertad, me ponen en la cárcel, yo tengo cinco empresas, todas con área jurídica. Bueno, nomás para que te des una idea, me tuvo que defender un abogado de oficio ¿Por qué?, pues porque estaba incomunicado, no tenía forma de hacer nada, finalmente un juez por un supuesto daño de 10 millones de pesos, tengo que aportar una fianza de casi 40 millones de pesos, es un acto además de nuevo injusto, en cada una de las partes lo hacían de esa manera con intención de que yo firmara una cesión de derechos de este producto, más la planta, más registros, más patentes”, dijo.
Ataviado en un traje negro como si en él expresara el profundo agobio que le embarga, Edgar Arroyo relata que el despojo de su tierra se consumó en 2004, casi a mitad del sexenio del hoy secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, y un año antes de que se destapara la mafia de corrupción inmiscuida en el Registro Público de la Propiedad.
“Documentos, en un día inhábil que es domingo se hace un traslado de dominio, o sea, un registrador que abre los domingos, pues ¡caray! no sé en que país, pero estoy seguro que en México no son tan obligados a trabajar los domingos. No, no, tantas cosas que se te revolvería el estómago de ver lo que se hizo, muchas de esas cosas están documentadas en el libro”, refirió.
A Edgar Arroyo le cuesta trabajo pensar que Vicente Fox no estuviera enterado de los atropellos y ambiciones de su hermano, quien durante una entrevista que sostuvieron le sugirió firmar la cesión del derecho de patente para sacarlo de la trampa que ellos mismos le tendieron.
“Yo no sé, pero me cuesta mucho trabajo que no se haya enterado porque en alguna ocasión fue su notario personal, un señor que se llama Marcelo Gallerda, él se ostentó y de hecho está grabado, se ostentó como representante de Vicente Fox, inclusive habló en nombre de un asesor personal de Vicente Fox para pedir que se arreglaran las cosas, es decir, la cesión de derechos, entonces claro que estuvo enterado, me cuesta mucho trabajo no entenderlo, y si no , pues bueno debería enojarse con sus asesoras, porque ellos hicieron cosas muy indebidas cuando él estuvo en el poder. No creo que Vicente sea una mala persona, pero a mí me fue muy mal, ya no quiero decir más”.
Escrito con lágrimas y conferido como una carta póstuma a su familia (pues Edgar pensó que no sobreviviría al poder del Estado), el libro fue redactado durante su estancia en prisión, en un lapso de tres días y medio con “libretitas” que le pasaban envueltas en un “rollito”.
“Empecé a escribir, escribir, escribir, escribir a escondidas, porque no podía tener pluma, no podía tener rastrillo, no podía tener cepillo de dientes en ese lugar en donde me tenían, fueron tres días y medio, pon tú que hayan sido cuatro día y noche, y fue básicamente un escrito que no se confirió como un libro, se confirió como un escrito, como despedida para justamente, para mi hijo Diego, que tenía tres años y era básicamente porque cada equis momento que podían, iban me amenazaban con la intención de obligarme a firmar la cesión de derechos, como yo me oponía, pues obviamente me amenazaban de que me iban a matar, que me iban a mandar a un penal que se llama Topochico, con la intención de que allí les iba costar 350 pesos con cualquier reo”.
Su hijo al que los médicos no le daban esperanza de vida, cumplió hace ocho meses once años, pero no está aquí en el país que lo vio nacer, razones de seguridad motivaron a Edgar Arroyo a enviar a su primogénito a Francia.
“Mis hijos apostaron todo su patrimonio para un proyecto de un perfil muy social, y como regalo este país les dio lo que te acabo de comentar, tener que salir de México por seguridad”, concluyó.
El protegido político también intentó plagiarle una importante patente médica, informó
JORGE COVARRUBIAS - Jornada Jalisco
Como si se tratara de un thriller político, la vida de Edgar Arroyo y su familia dio un vuelco completo después de conocer a Juan Pablo Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox. Así, Arroyo, empresario exitoso y químico de profesión, desarrolló un producto para sanar a su hijo de una enfermedad aparentemente incurable, cuando los pronósticos clínicos no le daban esperanza de llegar a los ocho años de edad.
La fórmula interesó al hermano del mandatario, quien se propuso crear una sociedad donde él sería el principal socio y comercializador del medicamento; sin embargo, su ambición llegó al extremo de intentar apoderarse de manera ilegal de la patente y la incipiente industria farmacéutica, cuyo valor se estima en más de 400 millones de dólares.
Sometido a presiones y extorsiones del hermano incómodo, Edgar Arroyo fue despojado de manera irregular de un terreno de 500 hectáreas que tenía en Puerto Vallarta, y posteriormente encarcelado y torturado por presunto fraude en un negocio que aún no comenzaba.
En su libro En el nombre de mi hijo, publicado por la editorial Grijalbo, el cual se presentó ayer en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el empresario denuncia la existencia de una red de complicidades que involucran no sólo al hermano del ex mandatario, sino también a abogados de Vicente Fox, notarios públicos de Jalisco, Monterrey y San Luis Potosí, así como a autoridades policiacas de Aguascalientes y Nuevo León.
“A mí me quitan mi libertad, me ponen en la cárcel, yo tengo cinco empresas, todas con área jurídica. Bueno, nomás para que te des una idea, me tuvo que defender un abogado de oficio ¿Por qué?, pues porque estaba incomunicado, no tenía forma de hacer nada, finalmente un juez por un supuesto daño de 10 millones de pesos, tengo que aportar una fianza de casi 40 millones de pesos, es un acto además de nuevo injusto, en cada una de las partes lo hacían de esa manera con intención de que yo firmara una cesión de derechos de este producto, más la planta, más registros, más patentes”, dijo.
Ataviado en un traje negro como si en él expresara el profundo agobio que le embarga, Edgar Arroyo relata que el despojo de su tierra se consumó en 2004, casi a mitad del sexenio del hoy secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, y un año antes de que se destapara la mafia de corrupción inmiscuida en el Registro Público de la Propiedad.
“Documentos, en un día inhábil que es domingo se hace un traslado de dominio, o sea, un registrador que abre los domingos, pues ¡caray! no sé en que país, pero estoy seguro que en México no son tan obligados a trabajar los domingos. No, no, tantas cosas que se te revolvería el estómago de ver lo que se hizo, muchas de esas cosas están documentadas en el libro”, refirió.
A Edgar Arroyo le cuesta trabajo pensar que Vicente Fox no estuviera enterado de los atropellos y ambiciones de su hermano, quien durante una entrevista que sostuvieron le sugirió firmar la cesión del derecho de patente para sacarlo de la trampa que ellos mismos le tendieron.
“Yo no sé, pero me cuesta mucho trabajo que no se haya enterado porque en alguna ocasión fue su notario personal, un señor que se llama Marcelo Gallerda, él se ostentó y de hecho está grabado, se ostentó como representante de Vicente Fox, inclusive habló en nombre de un asesor personal de Vicente Fox para pedir que se arreglaran las cosas, es decir, la cesión de derechos, entonces claro que estuvo enterado, me cuesta mucho trabajo no entenderlo, y si no , pues bueno debería enojarse con sus asesoras, porque ellos hicieron cosas muy indebidas cuando él estuvo en el poder. No creo que Vicente sea una mala persona, pero a mí me fue muy mal, ya no quiero decir más”.
Escrito con lágrimas y conferido como una carta póstuma a su familia (pues Edgar pensó que no sobreviviría al poder del Estado), el libro fue redactado durante su estancia en prisión, en un lapso de tres días y medio con “libretitas” que le pasaban envueltas en un “rollito”.
“Empecé a escribir, escribir, escribir, escribir a escondidas, porque no podía tener pluma, no podía tener rastrillo, no podía tener cepillo de dientes en ese lugar en donde me tenían, fueron tres días y medio, pon tú que hayan sido cuatro día y noche, y fue básicamente un escrito que no se confirió como un libro, se confirió como un escrito, como despedida para justamente, para mi hijo Diego, que tenía tres años y era básicamente porque cada equis momento que podían, iban me amenazaban con la intención de obligarme a firmar la cesión de derechos, como yo me oponía, pues obviamente me amenazaban de que me iban a matar, que me iban a mandar a un penal que se llama Topochico, con la intención de que allí les iba costar 350 pesos con cualquier reo”.
Su hijo al que los médicos no le daban esperanza de vida, cumplió hace ocho meses once años, pero no está aquí en el país que lo vio nacer, razones de seguridad motivaron a Edgar Arroyo a enviar a su primogénito a Francia.
“Mis hijos apostaron todo su patrimonio para un proyecto de un perfil muy social, y como regalo este país les dio lo que te acabo de comentar, tener que salir de México por seguridad”, concluyó.
jueves, enero 11, 2007
La Corte concede amparo a los hermanos Bribiesca
Jesús Aranda - La Jornada 10/01/07
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el amparo en revisión interpuesto por los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún en contra de la creación de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados para determinar si los hijos de Marta Sahagún de Fox incurrieron en actividades empresariales ilícitas. De manera expedita, el máximo tribunal dio entrada al recurso presentado por los hermanos Bribiesca, pese a que en primera instancia el juzgado sexto de distrito en materia administrativa les negó la protección de la justicia federal. Los quejosos argumentan que es inconstitucional el acuerdo que creó la comisión investigadora para revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contrato de suministro de bienes de consumo o compraventa de bienes inmuebles otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas. Sin necesidad de que el asunto pasara por un tribunal colegiado, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia admitió la demanda y la remitió, por turno, a Sergio Salvador Aguirre Anguiano con el número de expediente 2018/2006.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el amparo en revisión interpuesto por los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún en contra de la creación de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados para determinar si los hijos de Marta Sahagún de Fox incurrieron en actividades empresariales ilícitas. De manera expedita, el máximo tribunal dio entrada al recurso presentado por los hermanos Bribiesca, pese a que en primera instancia el juzgado sexto de distrito en materia administrativa les negó la protección de la justicia federal. Los quejosos argumentan que es inconstitucional el acuerdo que creó la comisión investigadora para revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contrato de suministro de bienes de consumo o compraventa de bienes inmuebles otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas. Sin necesidad de que el asunto pasara por un tribunal colegiado, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia admitió la demanda y la remitió, por turno, a Sergio Salvador Aguirre Anguiano con el número de expediente 2018/2006.
domingo, diciembre 17, 2006
Opinión - Mónica Perez Taylor
Cosa de leyes
Mural - 16/12/06
La historia cuenta que Vicente Fox y Roberto Hernández se conocieron en la Universidad Iberoamericana y desde entonces surgió una gran amistad. Años después financiaría desde su precampaña hasta su campaña a la Presidencia de la República.
Como candidato le compramos a Fox su férrea intención de revisar el Fobaproa y prometió hacer justicia. Pero fuimos ingenuos, advertidos como estábamos, de que el ex banquero era su viejo amigo y mecenas; que su gobierno sería uno de empresarios para empresarios; que Banamex fue señalado en el informe Mackey; y que se involucró a Hernández con lavado de dinero.
Fox mintió para, una vez con su constancia de mayoría, relajarse en la isla caribeña de su anfitrión, en donde convivieron dos semanas. "Ahora sí, Vicente –le habrá dicho Roberto -eres presidente electo. Olvida ya las promesas."
Pero ahí no terminó el pago de favores. A ocho días de finalizar el sexenio de Fox, Semarnat le autorizó un desarrollo turístico en la Costa Sur de Jalisco denominado Marina Careyes que urbanizará 256 hectáreas en el Municipio de la Huerta, en donde ya es dueño del complejo El Tamarindo, y con la misma prisa se autorizó otro desarrollo turístico llamado La Tambora del señor Ari Nieto Vélez.
Ambos predios se encuentran dentro del polígono de la mega reserva del programa El hombre y la biosfera de la UNESCO que incluye la más importante zona de selva seca del País: la reserva de la biosfera Chamela-Cuitzmala; uno de los cuatro santuarios de tortugas marinas en extinción en Jalisco: Playa Teopa y las doce islas de la bahía de Chamela, protegidas por decreto presidencial como santuarios desde 2002. Además está incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional de La Convención de Ramsar.
En pocas semanas ambos proyectos fueron "evaluados" y "autorizados" a pesar de los argumentos, pruebas y denuncias en contra por parte del Ayuntamiento de la Huerta, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional para Uso y Conservación de la Biodiversidad, de la estación de biología de Chamela de la UNAM y del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, pues impactarán de manera directa los santuarios y reserva de la biosfera. Lo alarmante es la baja disponibilidad de agua dulce, pues se trata de selva seca, y la brecha entre demanda y suministro será pronto insostenible. Pero la Semarnat da permiso a Marina Careyes para perforar pozos, en beneficio exclusivo del gran turismo, para obtener 448 mil metros cúbicos de líquido.
Los terrenos en donde se construirían estos desarrollos incluyen áreas que cumplen una función de corredor biológico natural, desde las dunas de la playa de Teopa hasta los humedales de Salina Careyes y Cajones, en el sistema natural con más especies endémicas que se tenga en todo México.
No fue suficiente para Hernández que Fox le exentara del pago de impuestos de 3 mil millones de dólares por la venta de Banamex y elevarlo a categoría Forbes. José Luís Luege Tamargo, actual director de la Comisión Nacional de Agua, le abona otro pago a días de dejar la Semarnat y se acomodan los incondicionales en puestos clave para seguir haciendo negocios en contra de los intereses de la nación.
En el caso de las grandes obras de infraestructura en Jalisco, la camarilla de panistas y empresarios tapatíos que destapó y/o apoyó con recursos económicos a Felipe Calderón representados por Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña como titulares de la Secretaría de Agricultura y de Gobernación, respectivamente.
Pero ya no es tan fácil hacer de la ley letra muerta, ni de los recursos estratégicos negocio particular. El representante legal del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, Alberto Székely denunció ante la Secretaría de la Función Pública a funcionarios de la Semarnat y de la Profepa por haber torcido los procedimientos, por falsificación de documentos y tráfico de influencias.
Este Consejo, los colectivos ecologistas de Jalisco y el Instituto de Derecho Ambiental acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para impedir la destrucción de la Costa Sur de Jalisco, que es la reserva que tiene más protecciones legales de todo el mundo. Se tratará de dar marcha atrás a estos proyectos depredadores e ilegales que anulan cualquier posibilidad de desarrollo y crecimiento sostenible. Hacer valer la ley contra un sui generis "Estado de Derecho" donde los derechos son casi exclusivos de la clase política-empresarial.
Mural - 16/12/06
La historia cuenta que Vicente Fox y Roberto Hernández se conocieron en la Universidad Iberoamericana y desde entonces surgió una gran amistad. Años después financiaría desde su precampaña hasta su campaña a la Presidencia de la República.
Como candidato le compramos a Fox su férrea intención de revisar el Fobaproa y prometió hacer justicia. Pero fuimos ingenuos, advertidos como estábamos, de que el ex banquero era su viejo amigo y mecenas; que su gobierno sería uno de empresarios para empresarios; que Banamex fue señalado en el informe Mackey; y que se involucró a Hernández con lavado de dinero.
Fox mintió para, una vez con su constancia de mayoría, relajarse en la isla caribeña de su anfitrión, en donde convivieron dos semanas. "Ahora sí, Vicente –le habrá dicho Roberto -eres presidente electo. Olvida ya las promesas."
Pero ahí no terminó el pago de favores. A ocho días de finalizar el sexenio de Fox, Semarnat le autorizó un desarrollo turístico en la Costa Sur de Jalisco denominado Marina Careyes que urbanizará 256 hectáreas en el Municipio de la Huerta, en donde ya es dueño del complejo El Tamarindo, y con la misma prisa se autorizó otro desarrollo turístico llamado La Tambora del señor Ari Nieto Vélez.
Ambos predios se encuentran dentro del polígono de la mega reserva del programa El hombre y la biosfera de la UNESCO que incluye la más importante zona de selva seca del País: la reserva de la biosfera Chamela-Cuitzmala; uno de los cuatro santuarios de tortugas marinas en extinción en Jalisco: Playa Teopa y las doce islas de la bahía de Chamela, protegidas por decreto presidencial como santuarios desde 2002. Además está incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional de La Convención de Ramsar.
En pocas semanas ambos proyectos fueron "evaluados" y "autorizados" a pesar de los argumentos, pruebas y denuncias en contra por parte del Ayuntamiento de la Huerta, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional para Uso y Conservación de la Biodiversidad, de la estación de biología de Chamela de la UNAM y del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, pues impactarán de manera directa los santuarios y reserva de la biosfera. Lo alarmante es la baja disponibilidad de agua dulce, pues se trata de selva seca, y la brecha entre demanda y suministro será pronto insostenible. Pero la Semarnat da permiso a Marina Careyes para perforar pozos, en beneficio exclusivo del gran turismo, para obtener 448 mil metros cúbicos de líquido.
Los terrenos en donde se construirían estos desarrollos incluyen áreas que cumplen una función de corredor biológico natural, desde las dunas de la playa de Teopa hasta los humedales de Salina Careyes y Cajones, en el sistema natural con más especies endémicas que se tenga en todo México.
No fue suficiente para Hernández que Fox le exentara del pago de impuestos de 3 mil millones de dólares por la venta de Banamex y elevarlo a categoría Forbes. José Luís Luege Tamargo, actual director de la Comisión Nacional de Agua, le abona otro pago a días de dejar la Semarnat y se acomodan los incondicionales en puestos clave para seguir haciendo negocios en contra de los intereses de la nación.
En el caso de las grandes obras de infraestructura en Jalisco, la camarilla de panistas y empresarios tapatíos que destapó y/o apoyó con recursos económicos a Felipe Calderón representados por Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña como titulares de la Secretaría de Agricultura y de Gobernación, respectivamente.
Pero ya no es tan fácil hacer de la ley letra muerta, ni de los recursos estratégicos negocio particular. El representante legal del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, Alberto Székely denunció ante la Secretaría de la Función Pública a funcionarios de la Semarnat y de la Profepa por haber torcido los procedimientos, por falsificación de documentos y tráfico de influencias.
Este Consejo, los colectivos ecologistas de Jalisco y el Instituto de Derecho Ambiental acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para impedir la destrucción de la Costa Sur de Jalisco, que es la reserva que tiene más protecciones legales de todo el mundo. Se tratará de dar marcha atrás a estos proyectos depredadores e ilegales que anulan cualquier posibilidad de desarrollo y crecimiento sostenible. Hacer valer la ley contra un sui generis "Estado de Derecho" donde los derechos son casi exclusivos de la clase política-empresarial.
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