Son los derechos humanos, estúpido

Jorge Zepeda Patterson
1 de junio de 2008
El Universal

Antes de que la opinión pública siga rasgándose las vestiduras acusando a la Iniciativa Mérida de simple intervencionismo yanqui, habría que decir lo que el gobierno está ocultando: se trata menos de un asunto de soberanía y más de un tema de derechos humanos. La famosa frase de Clinton “is the economy stupid”, es una buena referencia para exhibir lo que está haciendo el gobierno mexicano en torno al tema.

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ofreció con torpeza y de manera involuntaria algunas claves para entender lo que sucede. Afirmó que el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en México, Amerigo Incalcaterra, salía del país luego de intentar quedarse con los fondos de la Iniciativa Mérida. La acusación de Soberanes parecía una baladronada desesperada con el afán de justificarse, luego de que se supo que él había solicitado al gobierno mexicano que le quitaran de encima a este funcionario internacional. Recordemos que los reportes emitidos por esta comisión de la ONU (así como los de Amnistía) reprobaban a México y ponían en evidencia la ineficacia, si no es que la complicidad, de la CNDH.

Y es que en efecto, parece haber un pacto entre Soberanes y Gobernación. El primero se hace de la vista gorda con respecto a las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, a cambio de que el segundo minimice e inutilice los reportes de organismos internacionales que dan cuenta de la inoperancia de la CNDH en México. Todo indica que tal pacto se habría amarrado a partir del caso de la anciana asesinada en Zongolica, Veracruz, cuando la CNDH dio un giro de 180 grados, aunque la “colaboración” de Soberanes con Gobernación en temas políticamente sensibles data de hace varios años (casos de Lydia Cacho o Atenco, por ejemplo).

La Iniciativa Mérida ponía en riesgo la efectividad de esta alianza. Hace unos días un grupo de ONG dedicadas a los derechos humanos enviaron un exhorto al Senado estadounidense, que habla por sí mismo:

“Los cuerpos policiales, los militares y el sistema judicial tienen una larga historia de abusos contra los derechos humanos incluyendo la detención arbitraria, la tortura, la creación de evidencias falsas y violación a los estándares internacionales del debido proceso. Las autoridades mexicanas han fracasado repetidamente en llevar ante la justicia a los responsables de estos actos. La falta de imparcialidad e independencia de los tribunales de justicia militar ha asegurado una casi total impunidad para los oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

“Por otro lado, las y los defensores de derechos humanos, activistas políticos y gente que participa en manifestaciones sociales han sido víctimas de un uso excesivo de fuerza a manos de agentes de seguridad pública intentando silenciar a quienes ejercen su legítimo de derecho de manifestación.

“Consideramos oportuna la colaboración estadounidense en temas de seguridad, entre los cuales destacamos la conveniencia de establecer mayores controles para regular la venta de armas. Creemos por otra parte que es esencial incluir en el paquete de ayuda la creación de un mecanismo mexicano de monitoreo que permita observar el cumplimiento de metas específicas relacionadas con la seguridad pública y los derechos humanos. Este sistema de monitoreo debe incluir una presencia sustancial de la sociedad civil mexicana así como los mecanismos pertinentes que garanticen su independencia.” (Fin de la cita)

Esta es la parte que aterroriza a Soberanes y al gobierno mexicano: la posibilidad de que alguien que no sea la CNDH supervise las violaciones del Ejército a los derechos humanos. El exhorto de estas ONG no es en el sentido de que el gobierno norteamericano haga esa supervisión; se trata simplemente de que contemple partidas económicas para asegurar el monitoreo por parte de organismos internacionales y de la sociedad mexicana, al margen de la CNDH. De allí su carácter explosivo. Todo indica que el Congreso norteamericano ha recogido esta sugerencia.

Alguien podría cuestionar que ONG mexicanas se dirijan al Congreso de otro país en su afán de defender los derechos humanos en el nuestro. Yo diría que el desesperado va a todas. El gobierno mexicano firma acuerdos internacionales con la confianza de que puede violar sus compromisos dentro de sus fronteras. Aunque luego se vea en la necesidad de presionar la salida del país de funcionarios de organismos internacionales que muestran la incongruencia de las prácticas oficiales.

No es de extrañar que el gobierno esté a punto de cancelar la Iniciativa Mérida bajo el pretexto de intervencionismo. Camilo Mouriño y el aparato de comunicación a su servicio se han envuelto en la bandera de la soberanía y en nombre del nacionalismo habrán de repudiar la ayuda.

Pero no deja de ser sospechoso, considerando todas las imposiciones que el gobierno mexicano acepta pasivamente, que las únicas condicionantes que lastiman la epidermis patriótica del gobierno de Calderón y compañía sean las relativas a los derechos humanos. La soberanía parece importarles poco en materia económica, alimentaria o energética. Con nuestro petróleo pueden hacer lo que quieran, y ya no digamos con la frontera y los paisanos que la transitan, pero eso sí: “No vengan a decirnos cómo tratar a nuestros disidentes”. Pueden quedarse con otros derechos, pero los humanos son nuestros y de la CNDH, parecería ser el mensaje de Gobernación. La Iniciativa Mérida no es un asunto de defensa de soberanía, sino de Soberanes y lo que va con él.