En opinión de Gustavo Castro Soto.
En el estado de Jalisco, a orillas de la ciudad de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, el gobierno estatal en manos del Partido de Acción Nacional (PAN) pretende construir la presa llamada Arcediano. Ahí se ubica un puente colgante con el mismo nombre que data del siglo IX el cual tendría que ser reubicado pieza por pieza, con un costo económico muy elevado. Este puente fue construido en junio de 1894, supuestamente el primer puente en México y el segundo puente colgante más antiguo del continente americano.
Será la obra más costosa del gobierno estatal actual (6,700 millones de pesos) en la llamada barranca Oblatos-Huentitán, y se pretende iniciar su funcionamiento a partir de 2007. El Congreso local aprobó ya el crédito para su construcción. Con el fin de disminuir el endeudamiento la Comisión Nacional del Agua (CNA) pretende aportar el 50% para obras de saneamiento y el 30% para la infraestructura. La presa se construirá en la conjunción de los ríos Verde y Santiago. La razón principal para su construcción es que la ciudad de Guadalajara se está quedando sin agua y es necesario abastecerla. Cabe indicar que algunas fuentes señalan que las fugas de agua en la red de distribución en Guadalajara desperdicia hasta un 43% de ella. Al respecto la Comisión Mundial de Represas (CMR) en su Informe Final del año 2000 donde evaluó el desempeño de las grandes represas en el mundo, señaló que “La distribución de abastecimiento de agua también es injusta; los pobres en ciudades utilizan fuentes poco confiables y de escasa calidad y pagan cantidades excesivas a vendedores de agua. Las demandas urbanas reciben a menudo trato prioritario por encima de las rurales”. (CMR, p.161)
La presa Arcediano tendrá un embalse que inundará 803 hectáreas; una cortina de 520 mts de longitud y una altura de 140 mts; un vertedor de cresta libre de 250 metros de longitud y con una capacidad de almacenamiento de 404 millones de metros cúbicos de agua. Para la construcción de la presa Arcediano un poblado de 170 habitantes ha sido desplazado en medio de muchas presiones por parte del gobierno y los intereses creados en torno a la construcción de la represa. Y es que el proyecto representa un jugoso negocio para las empresas de la construcción y otros sectores económicos ya que se planean áreas de esparcimiento, restaurantes, deportes acuáticos de lujo, etcétera. Con razón la CMR señaló que “una vez que el proyecto propuesto de represa superaba las pruebas preliminares de factibilidad técnica y económica y atraía intereses políticos, el impulso que adquiría el proyecto con frecuencia prevalecía por encima de otras consideraciones” (CMR, p. XXXV).
La construcción de esta presa representa muchas dificultades y problemas por las cuales ha sido muy criticada desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la calidad de agua se menciona que se almacenaría para consumo humano. Sin embargo, en los ríos se vierten desechos de más de 300 industrias además de las aguas negras de la ciudad y otros estados. Muchos estudios y análisis existen al respecto. Pero tomemos al menos uno de ellos. En la revista local "Paralelo 20" del 8 de septiembre de 2003 se analiza la contaminación: "El Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), confirma la presencia de metales pesados en el Río Santiago. Según el estudio elaborado entre 1990 y 2000, en el río fueron encontrados entre otros, zinc, plomo y mercurio, éste último en cantidades sumamente tóxicas. Por si fuera poco, tesis elaboradas para la Universidad de Guadalajara, encontraron además en el Río Santiago en el año 2002, arsénico y plaguicidas como DDT y lindano, ambos supuestamente prohibidos por su toxicidad.”
Por su lado, para el investigador Gallardo Valdez en los sedimentos del río se encuentran metales pesados como cadmio, arsénico, cobre, cromo, níquel, mercurio, plomo y zinc. Estos metales son neurotóxicos que alteran el sistema nervioso central; otros son bioacumulables que con el tiempo generan la degradación de órganos como el hígado, el páncreas y el riñón. Por su parte, para Alfredo Menchaca de la organización Amigos de la Barranca, el proyecto de la presa Arcediano es costosa “e inútil” ya que no existen tecnologías capaces de eliminar los metales pesados que contiene el río Santiago. Sin embargo, el gobierno confirma que se puede limpiar el río de metales y demás tóxicos en 4 años, lo que parece imposible. Para Elsa Stettner, una de las investigadoras más activas contra este proyecto, la represa del Arcediano constituye un ecocidio de grandes dimensiones. Al respecto la CMR llegó a la conclusión de que “han contribuido al deficiente desempeño económico, social y ambiental de muchas grandes represas los marcos reguladores débiles y la falta de sanciones a nivel nacional, en particular para evaluación de opciones y requisitos sociales y ambientales, y el no hacer cumplir las regulaciones existentes” (CMR, p.198). Más adelante confirma que “con frecuencia se ven las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) sólo como un obstáculo que hay que superar para conseguir que se les dé luz verde y se apruebe el proyecto”. (CMR, p.242)
Desde el punto de vista del impacto económico que se argumenta contra la presa, es que el proyecto se pretende construir mediante préstamos de fuentes indefinidas, pero cuyo endeudamiento público de casi siete mil millones de pesos a pagar en 25 años, implicaría también el aumento de costos de los servicios básicos principalmente del servicio del agua. Esto toma relevancia en el marco del proceso de privatización de las redes de distribución del agua de las grandes ciudades que el presidente Vicente Fox ha firmado con el Banco Mundial, y que conlleva la privatización de las fuentes de agua (pozos, ríos, afluentes, presas y mantos freáticos). Sobre esto la CMR concluye que “El Banco Mundial comenzó a financias grandes represas en los años 50, dedicando en promedio más de mil millones de dólares anuales (...) para el periodo de 1970 a 1985 esta cantidad se había elevado a 2 mil millones anuales”. (CMR, p.177)
Uno de los impulsores del proyecto de la presa Arcediano es el actual secretario de gobierno, Héctor Pérez Plazola, quien decretó en 1997 a la barranca como Area Natural Protegida (ANP). Esta es otra dificultad desde el punto de vista ecológico ya que se argumenta que, además de que la barranca tiene una función de oxigenación para una ciudad con mucha presencia industrial, en ella habitan un sinnúmero de especies como lechuzas, jaguarundis, armadillos, serpientes, ocelotes y flora endémica que están en peligro de extinción. Otro funcionario y empresario interesado en el proyecto es el actual director de la Comisión de Agua y Saneamiento (CEAS), Enrique Dau Flores, a quien se le acusa de responsabilidad en las terribles explosiones ocurridas en la ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1992. Cuando era alcalde de Guadalajara, e inmediatamente luego de la terrible explosión del alcantarillado en una colonia de la ciudad, envió las máquinas de su empresa constructora para remover escombro mientras ahí yacían los heridos. Curiosamente el gobierno de la entidad tardó en lograr el aval de los ayuntamientos que conforman el sistema intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y el municipio de Tonalá) para que la Comisión Estatal de Agua sea responsable de la obra.
Pese a la batalla de diversos sectores de la sociedad civil, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la represa Arcediano a finales del mes de octubre de 2003. El acto de entrega del dictamen fue encabezado por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Se especifican 25 condiciones que deben ser cumplidos en el lapso de cuatro años. Estas condiciones son:
1. Pagar fianza para garantizar el cumplimiento de las condiciones, así como un seguro de 25 mil pesos por hectárea, para atender contingencias.
2. Cumplir todas las medidas de prevención, protección, control, mitigación, restauración y compensación propuestas.
3. Solicitar autorización para un eventual cambio de materiales de construcción de la obra.
4. Cumplir las normas oficiales en agua y medio ambiente.
5. Resolver los problemas de disposición y confinamiento de residuos domésticos y peligrosos que surjan con la obra.
6. Realizar un programa de rehabilitación y restauración ambiental con el aval de una institución académica.
7. Gestionar y decretar un área natural protegida de carácter estatal en 9 mil hectáreas alrededor del vaso.
8. Tratar las especies animales y vegetales protegidas por la NOM 059 de manera que se garantice su permanencia.
9. Establecer alternativas para evitar la derrama de lixiviados del tiradero de Matatlán.
10. Presentar estudios sobre contaminación del suelo.
11. Presentar convenio con CFE para retirar hidroeléctricas.
12. Reportar periódicamente construcción de colectores y plantas tratadoras.
13. Presentar un Programa de Supervisión Ambiental del sitio.
14. Almacenar de manera adecuada los combustibles que se usen para la obra.
15. Desmonte de 1,307 hectáreas que serán anegadas (inundadas).
16. Triturar el material vegetal para mejorar suelos contiguos.
17. Retirar todo el material de desmontes del sitio del vaso.
18. Instalar letrinas y confinar residuos que generen los trabajadores.
19. Exhibir autorización para el uso de explosivos.
20. Las quemas, el uso de herbicidas y agroquímicos deberán realizarse de forma manual.
21. Depositar desechos en la zona y proceder a su quema.
22. Al llenarse la presa deberá garantizar el paso por la cortina de 2 m3 por segundo para “gasto ecológico” aguas abajo.
23. Monitoreo permanente de la calidad del agua.
24. Evitar que en la operación de la presa se dañen flora y fauna aguas abajo.
25. Realizar un plan para el eventual abandono de la presa al dejar de ser útil.
LA DESOCUPACIÓN.
Al final a la familia Lara Lara le demolieron la casa que le costó 40 años construir y que se ubicaba al pie del puente Arcediano. Era una de las tres familias que quedaban por desalojar. En dos horas el gobierno del estado de Jalisco acabó con el pueblo de Arcediano. "Mis padres se ayudaron a vivir a lo largo de su vida con la tiendita que tenían en ese lugar y que servía para que los visitantes de la Barranca compraran agua y comida en el lugar", comentó Antonio Lara Nuño, hijo mayor del matrimonio. Sin embargo, el Gobierno del Estado anunció posteriormente que el proyecto global de Arcediano quedaba suspendido por lo que dieron fin a las demoliciones. Las tres últimas familias que vivían en Arcediano se ampararon. El Gobierno del Estado se sorprendió pues ya habían aceptado la indemnización y firmado los convenios, aseguró el Secretario General de Gobierno. El gobierno bloqueó los caminos y la familia Lara interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno del Estado de Jalisco manifestó que no permitiría su intervención. El Secretario de Gobierno aseguró que esta institución "no tiene nada que revisar en el Estado" y que la represa no es una cuestión de derechos humanos. Sobre esto, la CMR constató la violación a los derechos humanos que los gobiernos han cometido en la construcción de las grandes represas. En su informe concluyó: “ (...) la CMR constata que con demasiada frecuencia el desplazamiento físico es involuntario e implica coerción y fuerza, y en algunos pocos casos incluso quitar la vida” (CMR, p.105)
Alfonso Valencia, vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y ex presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, manifestó que la suspensión de la presa significa obstaculizar el desarrollo y agregó: "Se debe actuar en favor del desarrollo, que beneficie a la sociedad (...) deberían darse más facilidades que beneficien a las mayorías". "En China por ejemplo no hay tantas objeciones, siempre viendo que el beneficio es para la población", afirmó con toda ignorancia el empresario ya que no pensarían lo mismo los 10 millones de personas que han sido desplazadas por la fuerza tan sólo por las represas del río Yangtze, en un país donde se han construido más de 22 mil represas, la mitad de las construidas en todo el mundo. (CMR, p. 110)
A finales de enero de 2004, el Gobierno del Estado por fin aportó 49 millones de pesos por las 67 hectáreas ejidales que se verán afectadas por el embalse para pagar a los ejidatarios. El gobierno ya posee las tierras por lo que podrá iniciar las obras ya que las familias que quedaban desistieron del amparo 1575/003 que obtuvieron para evitar ser desalojadas hasta que se les pagara. Se calcula que hasta el momento son cerca de 100 millones de pesos los que se han pagado por indemnizaciones de las casas del poblado de Arcediano y las casi 370 hectáreas que han comprado a los ejidos de los alrededores. Así, en abril de 2004 se pretende dar inicio a la construcción de la Presa Arcediano. Enrique Dau Flores anunció: “En cuanto concluyamos los estudios iniciaremos los trabajos que serán, como lo hemos mencionado, túneles de desvío del río, ataguías para dejar en seco el sitio donde se construirá la cortina y caminos de acceso”.
LAS MOVILIZACIONES
La típica división entre la población se manifestó. Mientras los habitantes del ejido Huentitán el Alto estaban en contra, los habitantes del ejido Arcediano estaban a favor de la represa. Otras organizaciones locales se han movilizado contra esta obra entre ellos intelectuales, universitarios, investigadores, Amigos de la Barranca, Fundación Cuenca Lerma Chapala, el Congreso Intersindical, el Tianguis Cultural, la Pastoral Social, el Comité Prodefensa de Arcediano, el Colectivo Ecologista de Jalisco, la Red Jalisciense de Educación Ambiental, Ciudadanos por el Medio Ambiente, la Red Ciudadana y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
En octubre de 2003 varias Ongs realizaron una movilización en la misma barranca para protestar contra el proyecto de la presa Arcediano. Los organismos señalaron que 20 mil firmas amparan la demanda de que se realice una consulta popular o referéndum. Por su lado el empresario Manuel Villagómez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago, advirtió que “en Jalisco inicia una movilización pidiendo la cabeza de Alberto Cárdenas Jiménez, por su ignorancia ambientalista (sic), al haber tomado una decisión contraria al pueblo de Jalisco, aprobando la construcción de la presa en el río Santiago, junto a Guadalajara, proyecto que inteligentemente Víctor Lichtinger no autorizó”.
En un comunicado de prensa, el diputado local electo por el Partido Verde Ecologista (PVEM) criticó fuertemente al ex gobernador panista de Jalisco: “Cárdenas se convirtió en un criminal ecológico al entregarle a Enrique Dau Flores un permiso para construir una presa en [...] un río que contiene metales como arsénico o plomo. La incidencia de cáncer en Guadalajara se relaciona con la mala calidad del agua”. Además, señala a Cárdenas “en su infinita ignorancia ecológica, técnica y jurídica” al permitir la llegada de agua que aparte de su dudosa calidad, será costosa por la altura del bombeo de 580 metros que exigirá su entrega en la Zona Metropolitana de Guadalajara”. Al respecto la CMR concluye que las grandes represas que “se construyen para suministro municipal e industrial de agua en general no han cumplido con los objetivos establecidos en cuanto a calendario y abastecimiento de agua en grandes volúmenes y han presentado una recuperación financiera y un desempeño económico deficientes”. (CMR, p.71)
El Global Nature Found envió una misiva en el mes de septiembre de 2003 al Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, donde se le comunica que La Barranca fue declarada zona en restauración ecológica por un Decreto del Gobierno Federal de 1934; que el 12 de junio de 1997 el Cabildo de Guadalajara decretó a la barranca de Oblatos-Huentitán Area Natural Protegida; y que además el proyecto de la presa de Arcediano no cuenta con la autorización Federal de Alberto Cárdenas Jiménez titular de la Secretaria de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así mismo señala que el estudio de Impacto Ambiental que se presentó para consulta pública es nulo “por no haber pasado con éxito el examen de los científicos técnicos, del sector académico y de los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos.” Sobre ello, la CMR confirma que efectivamente nunca se ha tomado en cuenta la aprobación pública con la participación de los afectados.
El Global Natura Found agregó: “Pero no sólo desde el punto de vista ecológico, sino también en su dimensión social, existen serias dudas respecto a la viabilidad de la Presa de Arcediano: Las aguas del Río Santiago están altamente contaminadas (vertidos de aguas residuales de los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara, las aguas negras del Valle del Silicio, y de las ciudades de Ocotlán, Atotonilco, Poncitlán y Arandas, contaminación de aguas industriales etc.). Los análisis realizados por la prestigiosa Escuela Nacional Superior Montpellier de Francia y del Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica del Estado de Jalisco, afirman que estas aguas no son aptas para el consumo humano.”
Ojalá todavía sea tiempo de encontrar otras alternativas.
OTRA PRESA MÁS: SAN NICOLÁS
Pero hay otra amenaza de presa en Jalisco. La presa San Nicolás cuyo embalse tendría la capacidad de almacenar 700 millones de metros cúbicos (el doble de Arcediano) para abastecer desde Jalisco a la ciudad de León en el estado de Guanajuato. Los estudios se han concluido y la Comisión Nacional del Agua considera que existen los requerimiento técnicos para la construcción de la cortina. Así, mientras se daba el visto bueno para la construcción de Arcediano, en el mismo mes de octubre e 2003 se reunían para analizar el proyecto San Nicolás en Guadalajara los funcionarios de la CNA, del Gobierno de Guanajuato, del Gobierno de Jalisco y algunos Presidentes Municipales de los municipios que resultarían afectados. Cerca se encuentra también la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón en el estado de Nayarit que tendrá una inversión de 800 millones de dólares, será la segunda presa más grande del país y se pretende terminar en seis años.
Y TAMBIÉN SUCEDIÓ EN CHILE
En Chile las comunidades indígenas perdieron una batalla de lucha y resistencia que iniciaron desde 1996 cuando las últimas mujeres indígenas que resistían terminaron por vender sus tierras en medio de muchas presiones del gobierno y de la poderosa transnacional española. Este ha sido un duro golpe contra el movimiento indígena, el movimiento antirepresas y para el medio ambiente mundial. Así, en noviembre de 2003 se anunció que la compañía ENDESA inundará más de 3.500 hectáreas de tierra perteneciente a comunidades indígenas, afectando la biodiversidad del Alto Bio-Bio en el sur de Chile y terminando con cementerios, historia y cultura pewenche, para construir la represa Ralco cuya inversión será de 570 millones de dólares y representará el 8% del Sistema Interconectado Central de electricidad de Chile.
Esto se logró pese a las denuncias de agrupaciones indígenas, de grupos ecologistas, de las críticas de diversos sectores sociales, del Relator de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Amnistía Internacional (AI) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Para lograrlo el gobierno destituyó a dos directores indígenas que se oponían al proyecto y que ocupaban cargos en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el ente gubernamental para tratar los asuntos de las etnias, por defender la Ley Indígena de 1993 que impedía hacer la represa sin la aceptación de sus dueños. Ante las presiones también renunció la directora de la Corporación Nacional del Medioambiente (CONAMA) por oponerse a la destrucción del sistema ecológico de la cuenca del Bio-Bio según el plan de ENDESA.
Por otro lado, el gobierno chileno se niega a ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); mantiene en la cárcel a muchos dirigentes mapuches por participar en movilizaciones y luchas por la defensa de la tierra. Instauró el uso de "testigos sin rostro" en procesos contra indígenas para facilitar que los acusaran principalmente de "terroristas". El Congreso negó por segunda vez el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios que habitan en Chile. El gobierno, empresarios, medios de comunicación conservadores, latifundistas, empresas forestales y grupos financieros vinculados al capital externo festejaron el proyecto. El argumento central es que “la represa ayudará al país a contar con energía, la base energética estará más modernizada y no se pueden detener estos planes por intereses "parciales" de comunidades indígenas”.
El proyecto de la represa hidroeléctrica Ralco logró marginar a los indígenas de la decisión. Con razón la CMR concluyó que “Las grandes represas han causado graves impactos en las vidas, los medios de subsistencia, cultura y existencia espiritual de grupos indígenas y tribales. Debido a la negligencia y falta de capacidad para garantizar la justicia, los grupos indígenas y tribales, por razón de injusticias estructurales, disonancia cultural, discriminación y marginación políticas, han sufrido de manera desproporcionada los impactos negativos de las grandes represas, además de que a menudo se les ha excluido del reparto de beneficios”. (CMR, p.112)
OTRAS LUCHAS DE RESISTENCIA: SÍ SE PUEDE
En junio de 2003 ambientalistas y afectados por represas celebraron que compañías de aluminio de alto consumo eléctrico cancelaran el proyecto de represa hidroeléctrica Santa Isabel sobre el río Araguaia en el Amazonía brasileña. Esta represa que se pretendía iniciar su funcionamiento en el 2009 habría costado 800 millones de dólares, hubiera inundado 240 km2 poniendo en riesgo los delfines de río y tortugas, amenazado 20 especies de peces que solo se encuentran en el Araguaia, inundado 140 sitios arqueológicos, creado serios problemas en los ecosistemas de humedales y desplazado 6800 personas. Por más de dos años los activistas brasileños e internacionales escribieron a los directores de las compañías y enviaron miles de faxes en protesta por el proyecto. Pero todavía hay otros retos para el movimiento antirepresas en el mundo. Otros proyectos sobre el mismo río y la represa de Estreito sobre el río Tocantins amenazan con construirse. Recientemente Luis Pinguelli Rosa, Presidente de la compañía estatal Eletrobrás, manifestó ante 1200 personas afectadas por represas en el congreso nacional del Movimiento contra las Represas de Brasil (MAB por sus siglas en portugués), que las represas causan serios impactos a miles de familias, y que de ahora en adelante los planes para la construcción de nuevas represas serían discutidas con MAB.
Los pobladores que resisten contra la presa Itzantún en el municipio de Huitiupán en Chiapas, lograron una victoria luego de 15 años de lucha. Los campesinos e indígenas lograron la cancelación total de este proyecto que inundaría más de 11 mil hectáreas de tierras.
La CMR concluye en su informe: “Los conflictos en torno a las represas han aumentado en las dos últimas décadas debido en gran parte a los impactos sociales y ambientales de las represas (...)” (CMR, p.XXXV). Y es que en el fondo de la discusión sobre las grandes represas está el modelo de desarrollo que se propone (en función y en prioridad de la producción); y la lógica del capital (la ganancia por la ganancia). Pero hay otras alternativas. Otro mundo es posible.
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