Opinion - Jaime Preciado Coronado

Anécdota como perversión

Publico

En lo que va del año hemos visto un creciente deterioro de la política, de los políticos, de todo aquello relacionado con la función pública; hasta la anécdota se ha pervertido con lo dichos de Emilio. Un poder Ejecutivo corroído por la arbitrariedad, el desprecio por la ciudadanía, la ignorancia de críticos y opositores, un poder carcomido, además, por la falta de rumbo articulado en sus políticas públicas. El túnel de Las Rosas lo expresa nítidamente, pues ni se deslindan responsabilidades respecto de la administración pasada, ni se explica por qué no se ejerce el presupuesto a tiempo en mantenimiento y previsión. Pasivamente, el gobierno de Jalisco juega a las caiditas ante el reparto de la renta petrolera; aprovecha que los diputados federales ganaron ampliar el presupuesto para Jalisco en comparación con el año fiscal anterior.

Mientras tanto, los diputados locales simplemente aprobaron, previas diferencias formales que se extinguieron rápidamente, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo jalisciense. Partidas que fortalecen la obra pública estatal no se han ejercido, pues al gobierno estatal se le queman las habas por “invertir” en su imagen. Ahora que el cardenal Sandoval sugirió que se regresaran los 30 millones de pesos de la macrolimosna, tarde se le hace a Emilio González encontrar otras fuentes de publicidad para mejorar su imagen personal, que si festivales musicales, que si carreras de autos; cualquier escenario de atención mediática es observado por el gobernador jalisciense como oportunidad para agrandar su figura. Al fin y al cabo, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas está severamente limitada; los diputados locales se encargan de torpedear la legislación en la materia, al dificultar que el gobernador y ellos mismos sean sujetos obligados.

Hay un círculo perverso que alimenta la arbitrariedad: los partidos políticos amplían su influencia sobre espacios públicos que se distribuyen por cuotas; el Congreso local legisla mediante candados y amarres las disposiciones que les garantizan esos repartos, de espalda a la ciudadanía; el poder Ejecutivo envía iniciativas de ley que, previas negociaciones, fortalecen la partidocracia; el poder Judicial es dominado bajo la misma lógica de negociación por cuotas y algunas corporaciones sociales y eclesiásticas son cómplices hasta que no se evidencie públicamente la arbitrariedad de esas medidas. Así, los diputados locales limitaron la fiscalización de sus actos al cercenar atribuciones y autonomía de la Contaduría Mayor de Hacienda; así, los diputados partidarios negocian como si fueran curules a los consejeros ciudadanos del Instituto de Transparencia, a los del Tribunal Electoral, a los del Consejo de la Judicatura y en su momento lo harán con los consejeros del nuevo organismo electoral.

Se va cerrando así el círculo perverso, pues arbitrariedad e impunidad son las divisas de la cosa pública. Y, sin voces independientes de poderes partidarios, corporaciones sociales y jerarquías eclesiásticas —deseosas de poder terrenal—, reina un poder político y gubernamental sin contrapesos, que no rinde cuentas, que no asume responsabilidades. Nos va ganando la anécdota social, como dijera Emilio, pues el cardenal Sandoval queda como héroe por sugerir el regreso de la macrolimosna, cuando ese donativo tiene repercusiones anticonstitucionales que juzgar; Televisa no ha siquiera concedido que se obtenga información sobre el financiamiento público que otorgó el gobierno de Emilio. Los diputados eligen consejeros ciudadanos sin invitar al escrutinio público de las personas propuestas, mientras que se cuestionan hasta los antecedentes éticos de algunas de ellas. En el Poder Judicial, también se cuecen perversiones pues ante demandas y recomendaciones de diversas comisiones de derechos humanos, el Procurador estatal ha sido incapaz de dejar su puesto para que se investigue sin limitaciones el caso de violación y perversión de menores que se le imputa.

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