Algo parecido sucederá en Jalisco con la aprobación del Código Urbano.
Julia Carabias
26 Jun. 08
Reforma
Resulta inverosímil que a pesar de las evidencias de la acelerada pérdida de la riqueza natural nacional y de que las áreas naturales protegidas (ANP) son la mejor opción para conservar el patrimonio natural, sigamos siendo testigos, en pleno siglo XXI, de que estos valiosísimos espacios del territorio, a los que por causa de interés público la nación asignó para la protección, estén amenazados por intereses privados.
No parece que hayamos aprendido aún las lecciones de las adversas consecuencias sobre la calidad de vida que estamos padeciendo por un desarrollo a costa de la naturaleza, como la escasez de agua, la pérdida de recursos naturales, el incremento de los huracanes, entre otros. Se sigue presionando a los últimos pequeños espacios naturales contenidos en las ANP, que, a pesar de sólo abarcar el 9.5 por ciento de la superficie nacional terrestre, conservan lo mejor del patrimonio natural nacional.
El protagonista ahora es el Parque Nacional Tulum. Fue creado mediante decreto expropiatorio por el Ejecutivo federal en 1981, por lo que sus terrenos constituyen bienes del dominio público de la Federación. Es la única área natural protegida terrestre de la Rivera Maya, zona que, a pesar de contar con el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) Corredor Tulum-Cancún, en los últimos años ha perdido vertiginosamente la mayoría de sus ecosistemas naturales dando paso a la implacable infraestructura hotelera y residencial turística.
En las 664 hectáreas del Parque Nacional Tulum se encuentran diversos ecosistemas como son las selvas tropicales secas y subhúmedas, los humedales, la vegetación costera, las playas y los cenotes. En ellos habita una muestra representativa de la diversidad de especies de plantas y animales de la región. Varias de estas especies se encuentran en la categoría de amenazadas o en peligro de extinción, como las tortugas marinas, blanca y caguama, que anidan en las playas del parque nacional, y otras son endémicas, es decir que se originaron en esta zona y no se distribuyen en ninguna otra parte del planeta, como es el caso del perico Amazona xantholora y la chara yucateca Cyanocorax yucatanicus.
El Parque Nacional Tulum es, además, una zona de monumentos arqueológicos decretada por el INAH en 1993. Se trata de una de las ciudades mayas más importantes del postclásico (años 1200 a 1550) y la más importante de Quintana Roo. Su valor histórico, aunado a su riqueza natural y su belleza paisajística, le ha dado al parque fama a nivel mundial y por ello es visitado anualmente por casi un millón de turistas.
El parque, desde su creación, no ha estado exento de problemas y ha sido afectado en cerca de 10 por ciento de su superficie por construcciones hoteleras y viviendas. Sin embargo, las nuevas amenazas han surgido por las modificaciones decretadas (9 de abril del 2008) por las autoridades locales al Programa de Desarrollo Urbano de Tulum (PDU), con la finalidad de permitir la construcción de infraestructura hotelera y viviendas y dejar a la autoridad local la decisión de los cambios de uso de suelo al interior del parque.
El PDU actual contempla la construcción de más de 4 mil 400 nuevos cuartos de hotel en el parque. Lo inadmisible es que a una pequeñísima porción del Corredor Tulum-Cancún, que no significa más que 0.35 por ciento de su superficie, y que se encuentra protegido en la figura del Parque Nacional Tulum, pretendan también impactarla por las construcciones hoteleras y de viviendas.
Esta modificación al PDU invade la competencia del Poder Ejecutivo federal. El PDU anterior (decretado en 2002) dejaba fuera del ámbito de su aplicación al parque nacional, respetando la jurisdicción de la Federación, pero el nuevo decreto lo incluye como parte del centro de población.
Recientemente (29 de mayo) el gobierno federal, a través de la Semarnat, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del decreto del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum.
El tema es de altísima gravedad. Lo que está en juego es mucho más que la existencia o no de nuevos hoteles o de más inversión privada. Lo que está en riesgo, en este caso, es la viabilidad del instrumento más importante de gestión ambiental para conservar el patrimonio natural mediante las áreas naturales protegidas y la autoridad de la Federación para administrar estos territorios.
Sería un gran acierto y oportunidad del recién creado municipio de Tulum que sus autoridades debuten revirtiendo las modificaciones al PDU realizadas por las autoridades anteriores, ahorrando con este gesto un gran costo a la nación, y con ello retirar la controversia constitucional. En tanto esto no ocurra la decisión está en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, decisión que fortalecerá o debilitará la política de conservación del país. Hoy está en entredicho si la riqueza natural nacional se puede conservar en las áreas naturales protegidas para el interés público o se va a permitir que sea destruida para el beneficio privado. Esperamos que la decisión de la Suprema Corte no "desproteja" a las áreas naturales protegidas y que las autoridades del nuevo municipio se sumen a la conservación del patrimonio natural de todos los mexicanos.
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